En la instalación de la segunda legislatura, la designada Doris Gutiérrez en representación del Poder Ejecutivo y Luis Redondo que preside el Congreso Nacional, brindaron sus respectivos informes referentes al primer año de un gobierno que llegó con la esperanza de cambios radicales pero que con el tiempo se han diluido. Con la ausencia del saliente titular del poder judicial Rolando Argueta, y en medio de la tensión por la falta de consensos para la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema, tanto Gutiérrez como Redondo destacaron logros y nosotros los chequeamos.
Texto: Célia Pousset y Fernando Silva
Fotografía: Jorge Cabrera
El miércoles 25 de enero, mientras los diputados negociaban la lista de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y mientras la sociedad civil esperaba la convocatoría de la sesión en la tarde, la designada Doris Gutiérrez y el Presidente del Congreso, Luis Redondo, presentaron sus informes del primer año en el gobierno. La primera lo hizo en medio de pequeñas bromas que desataron risas en el Congreso y anécdotas personales, buscando revivir una complicidad basada en la lucha social y feminista. El segundo reiteró lo que había expuesto, cinco días antes, en un twitter Space titulado «La Verdad sobre la Legalidad Constitucional», a un año de la división de la bancada de LIBRE durante la elección de la junta directiva del Congreso Nacional.
Doris Gutiérrez asumió el papel de ponente en representación de la Presidenta Xiomara Castro, quien se encontraba en Argentina, en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de donde hizo una comunicación virtual, resaltando una vez más el mal estado de las finanzas y su compromiso con la «refundación del país».
Cabe señalar que el discurso que pronunció la Presidenta Castro se asemeja a los que pronunciaba cuando estaba todavía en campaña electoral : «puedo afirmar que Honduras estaba condenada al fracaso y la desarticulación de haber seguido la senda por la que se nos arrastró durante los últimos 13 años, entregando nuestro territorio, con el proyecto de la Zede, las redes de corrupción público-privadas, los fraudes electorales, el narcotráfico y la privatización de las empresas públicas. En medio de la profundización del modelo neoliberal, lo único que se ha derramado sobre nuestra gente es miseria, desempleo, hambre, enfermedades, incontables privaciones».
La intervención de Doris Gutiérrez aportó más elementos concretos identificados como logros o avances mayores del Gobierno «socialista».
Doris Gutierrez - Designada presidencial
VERDAD A MEDIAS
El pasado 20 de abril, el Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y otros decretos relacionados. Si bien ya no se podrán constituir nuevas ZEDE en Honduras, las que existen siguen funcionando y las empresas que se encuentran en Próspera, Ciudad Morazán u Orquídea, no se han adscrito a otros regímenes especiales. Además, el 20 de diciembre, el grupo Próspera demandó al Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de hasta $10,775 millones de dólares por irrespeto a «las garantías de estabilidad jurídica» de sus inversiones.
A principios de marzo, el Congreso de Honduras derogó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, la llamada Ley de Secretos. Esta norma, aprobada por el expresidente Juan Orlando Hernández cuando era Presidente del Congreso Nacional, fue utilizada para ocultar información sobre malversación de fondos públicos. Las instituciones que ocultaron información apegándose a esta ley, tenían un plazo de dos meses para explicar por qué la reservaron, de lo contrario, toda la información que fue clasificada durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) debía ser publicada en los portales de transparencia bajo la supervisión del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Pero, hasta la fecha, la información de muchas instituciones sigue reservada.
El pasado 27 de mayo el Congreso Nacional derogó 19 decretos que propiciaron la creación de fideicomisos gubernamentales que «deterioraron e inmovilizaron las finanzas públicas». Sin embargo, este paquete de reformas propuesto por la presidenta Castro omitió el Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción al Deporte (Finaprode) que fue utilizado para beneficiar a empresarios y diputados de la administración anterior, según una investigación de Contracorriente.
FALSO
Si bien es cierto que el contexto internacional es difícil por la guerra entre Rusia y Ucrania y por el aumento en el precio de transporte marítimo que generan una alza de los precios de mercancías, expertos consultados por Contracorriente consideraron que el Gobierno de Xiomara Castro no está respondiendo adecuadamente a este problema.
El Banco Central de Honduras (BCH) es el encargado de regir la política monetaria del país. En 2022, no ha incrementado la Tasa de Política Monetaria (TPM). Sin embargo, según Ismael Zepeda, economista del Foro Social para la Deuda Externa (Fosdeh), el incremento de la TPM es una medida que fue aconsejada por organismos internacionales de crédito y adoptada en varios países de Latinoamérica.
El economista y catedrático universitario Julio Raudales considera que «si hay un punto que el Gobierno no puede presentar como un logro, es la contención de la inflación.. Sostiene que el Banco Central de Honduras no tomó medidas que ayuden a disminuir la inflación, «a pesar de tener tres herramientas para hacerlo : la Tasa de Política Monetaria (TPM), las operaciones de mercado abierto y la coordinación de créditos». Con 10.2 %, Honduras está entre los países con la inflación más alta de la región latinoamericana.
VERDAD A MEDIAS
Es cierto que esta medida fue tomada, pero según el economista y catedrático, Julio Raudales, no contrarresta la inflación, al contrario fomenta los mercados paralelos y la especulación. De hecho, los precios no bajaron y según un informe del BCH publicado en enero, sobre el índice de precios al consumidor, la inflación interanual de los alimentos y bebidas es de 15.76%.
«Con el congelamiento de los precios, no se ven impactos positivos para contrarrestar la inflación, pero sí hay un impacto en el presupuesto del Gobierno», opinó Alejandra Salgado, economista del Fosdeh.
VERDAD
De enero a julio la Secretaría de Energía (SEN) ha realizado el pago por un monto de L. 713,191,976.91 por concepto de subsidios de combustibles líquidos (diésel) y Gas Licuado de Petróleo (GLP). Esta medida permitió que el precio del combustible se mantuviera menos elevado de lo que hubiera podido ser.
Sin embargo, Alejandra Salgado, economista del Fosdeh, destacó que habría que evaluar el impacto que tuvo este subsidio : «no hay un análisis técnico de la medida». Julio Raudales hizo también ese comentario : «¿ A quién le benefició este subsidio ? A la gente que se mueve en carro y tiene que pagar gasolina; los más pobres que no tienen vehículos pagaron la misma cantidad para moverse en bus».
VERDAD A MEDIAS
El pasado 12 de mayo el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social.
El ingeniero e investigador en los sectores energía y desarrollo humano, Mario Rubén Zelaya, dijo a Contracorriente que «la iniciativa legal es buena, pero no es suficiente para superar las enormes deficiencias que hay en Honduras donde 1.3 millones de habitantes no tienen acceso a la electricidad. Contamos con 85 % de electrificación, es el índice más bajo de Centroamérica y el segundo más bajo de América Latina después de Haití. El problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) es grande, tiene un 38 % de pérdidas por deficiencias técnicas y porque hay gente que, por su condición de pobreza, no puede pagar el servicio».
Por eso, el Gobierno ofreció un subsidio de energía para las familias de escasos recursos. Según Gutierréz, ha beneficiado a más de 1,500,500 de habitantes. Este subsidio aplica a la población que consume menos de 150 kWh al mes. Mario Zelaya considera que es una medida insuficiente por ser «temporal» y no soluciona de manera durable el problema del acceso a la energía.
VERDAD A MEDIAS
La Ley Especial de Energía ordena a la ENEE revisar todos los contratos de generación suscritos. En este contexto, fueron anunciadas negociaciones exitosas con los generadores de energía. El Gobierno habla de un ahorro de mil millones de lempiras anuales. Pero en este tema, el ingeniero Mario Rubén Zelaya destaca dos puntos ciegos: la falta de transparencia y la incertidumbre en el impacto positivo que tendría el ahorro del Estado en las finanzas de la población. «Sería un gran logro si fuera cierto, pero el Gobierno tiene que demostrarlo. Hasta ahora no hay ningún documento que lo establece y que describe las condiciones de la negociación. Tampoco sabemos cómo este ahorro impactará en la tarifa de la electricidad y, por consiguiente, en el poder adquisitivo de las familias».
VERDAD
El SAR ha preparado un proyecto de Ley para suprimir los regímenes especiales que ofrecen grandes exoneraciones a empresarios, pero no está garantizado que el Congreso lo apruebe ya que este tema puede generar crispaciones en las élites económicas del país.
VERDAD A MEDIAS
Doris Gutiérrez lo sugirió: falta mucho por hacer en materia de género. Al principio de su discurso hizo referencia a «los tres regalos» que el Congreso Nacional debería ofrecer a las mujeres de Honduras. Mencionó la aprobación de la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley de Casas Refugios y «la derogación o la revisión de ese Código Penal de la impunidad que favorece a los violadores, favorece a los feminicidas, y favorece a la gran cantidad de agresores». Otros temas están sobre la mesa desde hace un año, pero no han conocido ningún avance, como la aprobación de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y la despenalización del aborto. Además, 2023 arrancó con un número escalofriante de feminicidios (26 casos al 25 de enero según la organización Ecuménicas por el Derecho a Decidir) en un país donde la impunidad en esos casos alcanza el 95%.
Por ser Xiomara Castro la primera mujer presidenta de la historia de Honduras, las expectativas eran altas. Quizás fueron las que más han sido defraudadas.
Luis Redondo – presidente del Congreso Nacional. (click al ‘ + ’ para verificar)
FALSO
Un decreto aprobado por el Congreso Nacional el 27 de mayo de 2022 le otorgó un estatus especial dentro del Ministerio Público a La Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco) con el que, según diputados oficialistas, le daban independencia y mayores capacidades de investigación. Sin embargo, los obstáculos para que esta fiscalía investigue y presente requerimientos fiscales no han tenido que ver con someterse a la autorización del Fiscal General, sino más bien a la falta de reformas estructurales, apoyo técnico y la aprobación de pactos de impunidad.
El decreto Legislativo 67-2022 otorgó poder a la Uferco para ejercer la acción penal sin la autorización de Oscar Chinchilla, actual Fiscal General, condición requerida por el principio de jerarquía contenido en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Además, ordenó aumentar en un 10% el presupuesto de la unidad saltándose la autonomía administrativa del Ministerio, pero sin una ruta clara del proceso para aumentarlo.
En julio de 2022 el abogado Edy Tabora explicó a Contracorrienteque con este decreto le dieron potestades a la Uferco que no estaban pidiendo y que uno de los aspectos que menos ha controlado Chinchilla es la investigación y presentación de requerimientos fiscales dirigidos a las redes de corrupción que esta unidad persigue. Tabora argumentó que el fiscal general ha controlado a la Uferco «quitándole las capacidades técnicas y fiscales».
Otro de los cuestionamientos realizados a este decreto fue la temporalidad del estatus especial otorgado, que especifica su vigencia hasta que se elija un nuevo fiscal general. Sobre esto se pronunció públicamente la abogada Gabriela Castellanos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y aseguró que «se está decretando legislativamente que la independencia de esta unidad especializada culminará cuando un nuevo personaje ocupe la silla de Oscar Chinchilla» y agregó que la solución no debe estar condicionada sino debe ser integral y con efectos permanentes dirigida a fortalecer la institucionalidad.
Luis Javier Santos, fiscal y jefe de la Uferco, apuntó en entrevista con Contracorriente que «en el decreto se nos dan plenos poderes para acceder a la información, pero eso sería una facultad extra para el Uferco si se reformaron otras leyes, porque se dice que nosotros podemos acceder a la información, pero los decretos que estamos solicitando que se deroguen establecen el procedimiento. Por lo cual, si no se derogan esos decretos, pues estos superpoderes de la Uferco no tienen ningún efecto».
VERDAD A MEDIAS
El 2 de febrero de 2022, en pleno conflicto por la legalidad de la Junta Directiva del Poder Legislativo, diputados oficialistas aprobaron una ley que condena al golpe de Estado, propuesta por el diputado Rasel Tomé, que incluye la derogación del decreto 141-2009 que emitió el Congreso Nacional en ese entonces para separar del poder a Manuel Zelaya Rosales. Además, oficializar una plaza con el nombre de Isis Obed Murillo —primer mártir del Golpe—, y la autorización para que la presidenta Castro pueda firmar un convenio para crear una Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción.
En esa misma ley, Tomé propuso un decreto para conceder amnistía para la liberación de presos políticos, quienes tienen procesos judiciales vigentes relacionados con motivaciones políticas, y funcionarios públicos del Gobierno del expresidente Zelaya entre 2006 y 2009. En ese momento el diputado de Libre explicó que sería el Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), quien definirá a los activistas sociales encarcelados que podrán aplicar a la amnistía, sin embargo, en el caso de los funcionarios públicos no dejó claro quiénes podrían ser beneficiados y quién analizará los casos.
Del lado de los activistas sociales encarcelados con la aprobación de este decreto creció la expectativa en ese momento para la liberación de los defensores de Guapinol que se encontraban presos y el cese a la persecución de estudiantes que ejercieron su derecho a la protesta en el gobierno anterior; sin embargo, aunque el Cofadeh contabiliza más de 200 personas que han sido beneficiadas por el decreto, los defensores de Guapinol, por ejemplo, no utilizaron dicho beneficio.
En cambio, políticos acusados de corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya entre 2006 y 2009, sí han sido beneficiados con la Ley de Amnistía. Por ejemplo, el ahora asesor presidencial Enrique Flores Lanza, quien se encontraba en el exilio escapando de la justicia, y Marcelo Chimirri, sobrino de la presidenta Castro, declarado culpable del delito de enriquecimiento ilícito mientras ocupaba el cargo de gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) entre 2006 y 2007, que guardaba prisión previo a la amnistía.
VERDAD A MEDIAS
El mismo 2 de febrero, y en la misma ley de condena al Golpe de Estado, el Congreso Nacional presidido por el diputado Luis Redondo «aprobó» la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH); sin embargo, dicho decreto no garantiza la instalación de dicha instancia en el país ya que este es un acuerdo que debe ser firmado por el Poder Ejecutivo con las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas.
En ese sentido, el 15 de diciembre del 2022 la presidenta Xiomara Castro, el canciller Enrique Reina y Antonio Guterres, secretario general de la ONU, firmaron un memorándum de entendimiento no vinculante que estipula dos fases en las que el gobierno deberá reunir una serie de condiciones para que continúe el proceso.
En ese sentido, Luis Javier Santos de la Uferco asegura que, aunque este es un primer paso importante en la instalación de esta instancia internacional en el país, «es un avance que ha caminado muy lento, en un año y no ha tenido los avances que se requieren. La exigencia de justicia en materia de corrupción en el país requiere mayor celeridad sino pues entonces se vuelve ilusoria la lucha contra la corrupción».
Además apuntó que a pesar de estos pasos adelante no ve claro realmente el establecimiento de la CICIH.
«Hasta ahora yo no tengo claro si la misión se va a establecer este año o el otro año. Yo creo que eso es lo que la sociedad exige, que se les dé algún tipo de seguridad sobre el establecimiento», apuntó Luis Javier Santos.
Además, Urza Zeya, subsecretaria de Estado para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos del gobierno de los Estados Unidos, en su visita a Honduras al inicio de este año 2023 explicó a Contracorriente que la firma del memorándum entre las Naciones Unidas y Honduras en diciembre es «solo el primer paso», y apuntó que «nos gustaría ver lo más pronto posible la llegada del equipo técnico de las Naciones Unidas que hará que este proceso avance y esperamos ver las recomendaciones con respecto a las reformas legales que serán necesarias para hacer que este ente sea posible».
VERDAD A MEDIAS
El 17 de marzo de 2022 el Congreso Nacional aprobó una modificación en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas en el que se restablecieron unos parámetros que habían sido modificados en 2019 por el gobierno anterior. Se trata de los artículos 77 y 106 del decreto 145-2019, que fue publicado en el diario La Gaceta el 5 de marzo de 2020.
La nueva reforma implica que los órganos judiciales y del Estado podrán tener acceso a los registros de este ente, cuando antes solo estipulaba que su accesibilidad era por medio de órganos jurisdiccionales bajo la observancia de los procedimientos legales; además, establecía que para las auditorías internas la selección, designación y destitución del auditor, subauditor y personal auxiliar de unidades de auditoría correspondía exclusivamente al TSC.
Ahora el nombramiento del jefe de la unidad y personal auxiliar de las auditorías internas le compete al Poder Ejecutivo en la administración central, mientras que a las juntas directivas o corporación municipal en el caso de la administración descentralizada, desconcentrada, incluyendo las municipalidades.
El abogado Luis Javier Santos explicó sobre este logro que la limitante de acceso a la información para investigaciones aún sigue con los decretos 057-2020 del Código Procesal Penal que no se ha derogado y les limita la potestad de secuestrar documentos. Además, apuntó que el TSC no ha cumplido con la remisión de los informes de liquidación que ordenó el Congreso Nacional en la primera legislatura.
VERDAD A MEDIAS
En una nota del 16 de mayo de 2022 Contracorriente apuntaba queel 28 de abril, 83 de los 128 diputados que integran el Congreso Nacional votaron a favor de la derogación de la mencionada ley, cuya eliminación fue una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro. Los congresistas acordaron una vacatio legis de 60 días para buscar una salida a los empleados que están trabajando bajo la modalidad. El decreto, cabe mencionar, también prohibía a las empresas despedir a las personas que actualmente trabajan por hora.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) apuntó que según las estadísticas se perdieron 81 mil empleos en 2022, de las cuáles según Santiago Herrera, gerente de Política Económica de dicha institución, detalló que 58 mil de esos empleos se perdieron en el sector privado, muchos de ellos a causa de dicha derogación de la Ley.
Alejandra Salgado, economista del Fosdeh, apuntó a Contracorriente que esta derogación se tuvo que haber acompañado con un plan estratégico para poder ver o analizar antes los efectos que podía tener en la economía.
VERDAD
Según estimaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) el 84% del presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2023, esté dirigido a atender la demanda del gasto corriente en Honduras.
VERDAD
El 28 de diciembre de 2022 el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo aprobó la «Ley de prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente», que tiene la finalidad de responder a familias afectadas por la violencia. Según uncomunicado de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), esta normativa «establece la base para atender las consecuencias que sufren las personas que se han visto obligadas a abandonar sus comunidades y para prevenir nuevos desarraigos».
Además, ACNUR puntualizó que la legislación crea un marco institucional y establece mecanismos de prevención y protección a la población desplazada de amenazas como el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales y la explotación infantil.
