Según datos de Casa Alianza, se han registrado 189 muertes violentas y ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en lo que va del mandato de la presidenta Xiomara Castro. La situación de violencia, desplazamiento forzado y migración a la que se enfrentan los menores de edad es, según expertos, un llamado a implementar de manera urgente políticas públicas que garanticen los derechos a las niñas y niños.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera
El pasado 7 de noviembre en Guaimaca, Francisco Morazán, Jeremy y Sherly, de 10 y 12 años respectivamente, caminaban en dirección a la casa de su abuela. En el camino, decidieron parar a comprar un jugo en un puesto de golosinas. Ahí, frente al puesto, sin explicación alguna, un hombre, llegó a amenazarlos con el filo de un machete.
Jeremy y Sherly salieron corriendo, pero el agresor alcanzó a Jéremy, hiriendo su brazo izquierdo. Sherly, que había escapado, regresó minutos después a donde se encontraba su primo, pero este había fallecido.
Por este hecho, la Policía detuvo a Roger Gálvez Marcias, un hombre de 24 años, quien «llevaba años» habitando en Guaimaca. El detenido estuvo cerca de ser linchado por varios miembros de la comunidad que llegaron después a la escena, sin embargo, las autoridades policiales intervinieron —ahora sí— para impedirlo.
Según algunos habitantes de Guaimaca, el ahora acusado tenía antecedentes de haber atacado a otras personas de la comunidad y de haber abusado sexualmente de una mujer en el departamento de Comayagua.
Ante el aumento de denuncias sobre la presencia de maras y pandillas en la zona, los habitantes de Guaimaca descartan que Roger Gálvez pertenezca a un grupo criminal, pero aseguran que sus ataques han quedado impunes debido a que tiene vínculos familiares en la Policía Nacional.
Según el informe sobre la Impunidad en Homicidios por la Alianza por la Paz y la Justicia en el año 2019, de 4,096 homicidios 875 fueron ingresados al Poder Judicial y solamente 567 recibieron sentencias condenatorias. En este sentido, el índice de resolución de casos en ese año fue de 65 %, y el Índice de Impunidad en Honduras (IIH) fue establecido en 86 %.
Xiomara Zúniga, la tía paterna de Jeremy, cuenta que Sherly, su hija, le ha dicho que el asesinato la dejó traumatizada al grado de sentirse culpable por no haber podido salvar la vida de su primo mientras éste agonizaba. Actualmente, por recomendación de la Fiscalía, la menor está en tratamiento psicológico.
El pasado 11 de noviembre, la comunidad de Guaimaca y la familia de Jéremy se trasladaron en buses al Juzgado de Letras de lo Penal de Talanga, municipio aledaño determinados a exigir justicia por el asesinato del menor, y organizaron un plantón en las afueras del juzgado. Pocos minutos habían pasado cuando la manifestación se tornó violenta entre los manifestantes y la Policía en el momento en que el sospechoso por la muerte de Jeremy llegó al juzgado.
Debido a que Honduras tiene una puntuación de 23 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021, Xiomara siente cierto alivio con la medida de prisión preventiva: «Se hizo justicia», dijo.
«No creo que ningún castigo sea suficiente por el crimen que él cometió contra un niño indefenso. Cuando llegué ese día (al juzgado), yo me le lancé y me le lancé porque dije: “Que le responda a uno, porque uno si se va a defender, pero no con un niño”, y me golpearon los policías», explica Xiomara, mientras señala los moretones y rasguños ocasionados por el enfrentamiento ese día.
#ActualidadCC | Familiares, vecinos y amigos de la familia de Jeremy Zúniga —menor de 10 años que fue asesinado en Guaimaca, Francisco Morazán— llegaron a la posta policial de Talanga a exigir justicia luego del asesinato del menor el pasado lunes. pic.twitter.com/aSsmdwbIq4
— Contracorriente (@ContraC_HN) November 11, 2022
El Juzgado Penal de Talanga dictó Auto de Formal Procesamiento con la medida de Prisión Preventiva para Roger Gálvez Marcias.
La tía de Jeremy cuenta que en el juicio la familia del asesino trató de presentarlo como alguien con un trastorno o discapacidad mental, pero que no presentaron el diagnóstico solicitado por el juez.
«Las pruebas que ellos tenían fueron hechas un día antes, ¿por qué no las presentaron el día que cometió el crimen? Una persona así no puede estar en la calle con armas», argumenta la tía de Jeremy.
Inseguridad y violencia incrementa al interior del país
La abuela de Jeremy, María Sofía Zúniga, una señora de la tercera edad y que ha vivido toda su vida en Guaimaca, explica que la inseguridad en el municipio ha incrementado.
«Yo creo que solo hay como cuatro o cinco policías aquí. Y cuando uno los llama, hasta que ya ha sucedido la tragedia es que llegan», explica doña María.
Marlon Fernández, director de la escuela en la que estudiaba Jeremy, también asegura que la falta de entes policiales y de estrategias de prevención de violencia ha afectado en el combate a la violencia en el municipio.
«Muchos jóvenes han quedado solos, los padres se han ido para Estados Unidos o para España, entonces, esa migración ha permitido que los jóvenes vayan creciendo sin una figura que les pueda orientar en valores. Además, el alcoholismo es un problema aquí en el municipio muy fuerte, y también la drogadicción», asegura Marlon Fernández.
Según el informe especial de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), unas 942 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado y tuvieron que abandonar sus hogares en el 2021. Según el Conadeh, estos desplazamientos se dieron por la violencia generalizada en el país.
El informe señala que en el caso de los niños y niñas, este continúa siendo uno de los sectores de la población hondureña directa o indirectamente más afectados ante el desplazamiento forzado por la violencia.
La UDFI del Conadeh indica que al menos 561 personas menores de 18 años (284 niñas y 277 niños) integraron los hogares desplazados o en riesgo en el 2021, de los cuales el 70% fueron menores de 12 años y el 17% adolescentes.
Habitantes de Guaimaca —quienes prefieren mantenerse en el anonimato— aseguran que la violencia en Guaimaca se ha disparado con la llegada de maras y pandillas.
«Guaimaca está hundido, han venido a instalarse muchas pandillas. Aquí hay un lugar que se llama Bellavista por ejemplo, al que ahora todo mundo lo conoce por “El Infiernito”, y ahí es donde se van a refugiar todos los mareros», indicó una de las fuentes.
Según el informe Mensual de la Situación de los Derechos de las Niñas, Niños y Jóvenes en Honduras (septiembre del 2022) de la organización Casa Alianza, en el transcurso del octavo mes de gobierno de Xiomara Castro Sarmiento, se registran 189 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en el país, es decir, aproximadamente 24 muertes violentas al mes.
El comparativo entre la situación de violencia contra la niñez de Honduras en los distintos gobiernos señala que en la administración de Porfirio Lobo Sosa se registró un promedio de 81.6 muertes violentas de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años al mes, el más alto de los cinco gobiernos.
Lizeth Coello, doctora y coordinadora de proyectos en la Red de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), asegura que la migración y el desplazamiento forzado por las maras y pandillas es algo que afecta directamente a la salud integral de los niños y niñas en Honduras.
La doctora Coello dice que cuando las pandillas se instalan en un pueblito que relativamente tranquilo, en el cual las situaciones violentas son muy excepcionales, estas se van tornando cada vez más frecuentes y eso afecta el sistema de tratamiento a hechos delictivos en las zonas rurales, ya que no existen los mejores recursos ni la estructura institucional.
«Esto afecta directamente a los niños porque se ven afectados por el desplazamiento de los grupos delictivos a sus comunidades y el desplazamiento de sus familias que huyen de estas situaciones. Es por eso que no podemos desconocer el impacto de los grupos delictivos y su desplazamiento en el territorio y la afectación que tiene en el entorno familiar, comunitario y particularmente en los niños y las niñas», explica la coordinadora de proyectos del Coiproden.
La doctora señala que en el tema de migración son muchas familias las que están en riesgo de llegar a lugares en los que no están a salvo e insertarse en mecanismos de supervivencia, afectando principalmente a los niños y niñas, quienes en ocasiones son víctimas de mecanismos de cooptación de maras y pandillas.
«Por ejemplo, 10 o 15 años atrás generalmente eran los padres de familia los que se iban (migran fuera del país), pero hoy en día el fenómeno de migración ha cambiado radicalmente, y son las mujeres las ahora mismo están abandonando su familia en búsqueda de oportunidades y una mejor vida para sus hijos, y, además, el 25 % de los niños huyen del país solos y sin ningún familiar que los acompañe», explica Coello.
El Estado hondureño continúa sin garantizar la protección y los derechos de los niños y niñas
La coordinadora de proyectos del Coiproden señala que, a 33 años de haber firmado la Convención Internacional de Derechos de Niñez, la situación de la niñez en Honduras es bastante crítica. «Son más de 14,000 niños los que están saliendo del país, y son muchos los que han muerto trágicamente, además del incremento en los casos de trata de personas y la prostitución infantil», apunta.
Para Lizeth es importante que se dé una respuesta a la protección de los menores y que se garanticen sus derechos de manera integral. Con la llegada del COVID-19 al país en marzo de 2020 y las tormentas tropicales Eta e Iota ese mismo año, no solo la deserción estudiantil incrementó, sino la violencia en los hogares, la desnutrición y el trabajo infantil.
La Red Coiproden aglutina a distintas organizaciones que trabajan en favor de los derechos de los niños, entre ellos, Casa Alianza, Aldea Global y Save de Children. Lizeth Coello explica que, aunque se trata de organizaciones no gubernamentales, estas brindan servicios al Estado de Honduras mediante la tercerización de servicios que hace la estatal Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).
«Son 500,000 los niños hoy día en Honduras que por las instituciones de la red Coiproden tienen alimentos, educación, salud, y oportunidades de superación, pero no le corresponde (al Coiproden), porque todas somos organizaciones de sociedad civil, debería ser el Estado a través de los gobiernos que debe asumir estas responsabilidades, sin embargo, imagínese usted si hoy de la noche a la mañana desapareciéramos, ¿Qué pasaría con ese más de medio millón de niños y niñas en el país que por estas iniciativas están teniendo respuestas sus necesidades básicas?», indica Lizeth Coello.
Lizeth Coello de la Red Coiproden asegura que, a través de las instituciones afiliadas a la Red, se proporciona atención a medio millón de niños y niñas en Honduras.
Ana Girón, jefa del Programa de Protección de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), explica que desde la dirección han implementado nuevos mecanismos de protección para los niños y niñas en situación de vulnerabilidad; entre ellos, nuevos locales para la atención de denuncias y un sistema de protección especial para los menores de edad.
Este sistema, explica la psicóloga, va enfocado a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad y de abandono, y se trabajará con las distintas secretarías.
«Nosotros para aplicar una medida de protección lo hacemos de una forma integral y en coordinación con otras instancias; porque, aunque somos garantes de derechos, quien garantiza salud es la Secretaría de Salud y quien garantiza educación es la Secretaría de Educación y así sucesivamente», explica la psicóloga, quien agrega que esta política todavía no ha sido aprobada en el Congreso Nacional, pero el proyecto ya fue presentado al hemiciclo legislativo.
Por otra parte, Lizeth Coello de la red Coiproden, dice que ya existe una Política Nacional de Prevención de la Violencia Hacia la Niñez y Juventud decretada en 2013, pero que ha sido la falta de voluntad política en las agendas de los gobiernos y los cambios de administración los que han impedido que se ejecute este plan y que se consideren los planteamientos de sociedad civil.
«En este Gobierno nosotros estamos llamando a las autoridades, especialmente a la presidenta de la República, porque según este decreto ella tiene que convocar a todos sus ministros para echar a andar este sistema de protección y esto aún no se ha hecho. Es por eso que consideramos que no existe una agenda prioritaria para los niños y las niñas en Honduras actualmente», señala Lizeth Coello.
Claudia, Xiomara y doña María, la madre, tía y abuela de Jeremy, aseguran que ni la Dinaf ni ninguna otra institución estatal ha llegado a proporcionarles ayuda o atención psicológica por el asesinato de Jeremy. .
«Yo les digo aquí que es doloroso –dice doña María, abuela de Jeremy–, pero a él lo vamos a recordar por todas sus cosas buenas; era un niño al que le gustaba cantar y era muy inquieto. Mientras uno no los olvide, ellos continúan con nosotros».
1 comentario en “Asesinato de Jeremy Zúniga retrata el abandono estatal a la niñez hondureña”
Es urgente una agenda del actual gobierno en la que, la niñez sea prioritaria en la inversión pública. Esto demuestra, más que discurso político, la responsabilidad en el interés superior por la protección y respuesta a la emergencia social en que se encuentra hoy la niñez hondureña