El 7 de noviembre de 2022, policías y militares irrumpieron en un campamento en Punta Gorda, Roatán, y capturaron a seis personas por el delito de usurpación. Entre mar y selva, en la isla más codiciada de Honduras, los once acres de tierra en disputa forman parte de un movimiento más amplio del pueblo garífuna: el de «recuperación de tierras ancestrales» para asentar las nuevas generaciones y garantizar la supervivencia de su cultura. Tras el desalojo que dejó varios heridos, el Gobierno alegó ignorancia y reforzó su «compromiso» con los derechos humanos. Este reportaje relata el divorcio que todavía hay entre las autoridades y los garífunas.
Texto: Célia Pousset
Fotografías: Fernando Destephen
Videos: Amílcar Izaguirre
Este reportaje se realizó con el apoyo de International Women in Media Foundation (IWMF)
En Punta Gorda, aldea garífuna del municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía, todos conocen «La Recuperación». Los habitantes dicen «ahí arriba» para diferenciarla del conjunto de casas y restaurantes que bordean la orilla del mar Caribe. El campamento se sitúa en la parte alta de Punta Gorda y goza de una vista espléndida. Es un terreno accidentado, ahuecado por una quebrada y cubierto de palmas de coco, pero a lo largo de un camino de tierra se han instalado carpas y casas de palos con techos de hojas de manaca. Desde septiembre, una parte de los aldeanos garífunas viven en este terreno como parte del proyecto de recuperación de sus tierras ancestrales.
Llamaron a este lugar «Wagueira Lee», lo que significa en garífuna «esta es nuestra tierra», en honor al primer asentamiento garífuna en Roatán, en 1797, después que la población indígena negra fue expulsada de la isla de San Vicente por esclavistas ingleses.
El 10 de septiembre de 2022, una ciudadana hondureña con nacionalidad estadounidense, Norman Jones Ritzy Wanda, interpuso una denuncia por delito de usurpación, declarándose la dueña legítima de estos 44, 515,18 metros cuadrados, registrados en el Instituto de la Propiedad. El mismo día, la policía fue al sitio para comprobar que, efectivamente, había gente ocupando el terreno. El 29 de septiembre, las autoridades presentaron un requerimiento fiscal en contra de «Geovany Francisco Gevara Benedit y otros». Después, el Poder Judicial ordenó un desalojo, sin mayor investigación, pues se trató de un desalojo «preventivo». A partir de esta orden, la policía tenía 48 horas para actuar.
Así fue como, en pocas palabras, llegó el 7 de noviembre.
El desalojo que nadie esperaba
Cortar leña, limpiar trastos, cargar garrafones de agua, traer el pescado para el almuerzo, reconstruir las casas, hacer guardia. Tres días después del desalojo, en el campamento de Punta Gorda, la cotidianeidad ha vuelto de forma espontánea y con ella las discusiones apacibles bajo los nuevos techos.Sentadas al lado de un horno, un pequeño grupo de mujeres recuerda el día del desalojo con asombro. «Me tienen sorprendida esos policías –expresa Baldomena Chávez, de 69 años–. No pensaba que nos iban a agredir así, menos bajo este Gobierno. La verdad es que este color negro lo miran como si no fuera el de una persona», dice enseñando la piel de sus brazos. Britney, de 20 años, añade: «Los policías que vinieron a desalojar nos gritaron “negros vende pan”. Yo pudiera decirles: sí soy negra y tú te comes el pan que hacemos, te encanta este pan. Además, quemaron nuestras casas y botaron el Guli, nuestro altar sagrado. Uno de ellos dijo: “Pura creencia de estos morenitos este humo”. Después ellos van a decir que les hacemos brujería… Pero si ellos no respetan nada».
Treinta miembros de la escala básica de la Policía Nacional Preventiva, cinco oficiales, 20 miembros de las Fuerzas navales, un oficial de la Fuerza Naval y tres agentes de la Dirección de Policía de Investigación (DPI), fueron los actores presentes, según el acta de desalojo emitido por la jueza ejecutora, Sandra Salgado. Presenciaron también el operativo Stephanie Nicole Tatum, representante del Comisionado de Derechos Humanos (Conadeh), Yescenia Carnisales, la fiscal del Ministerio Público, y Samuel Antonio Ortega, abogado de Norman Jones.
Llegaron a las 10 de la mañana y terminaron a las 5:45 de la tarde. En este lapso de tiempo,las fuerzas de seguridad ejecutaron un desalojo violento, marcado por un trato discriminatorio, según los afectados.
«Nunca en mi vida pensé que iba a pasar por algo así», relata Jarely, madre de 7 hijos y quien se encontraba en primera línea el día del desalojo. «Estaba en frente con los compañeros, tratando de hablar con los policías. La jueza nos dijo que venían por las buenas. ¿Cuáles? Si venían con escudos y las armas listas? Nos dieron una hora para que nuestro abogado llegara, pero su vuelo se atrasó y ni esperaron la hora para entrar. Luego, nos arrollaron, no les importó que había niños o mujeres embarazadas. A mí me golpearon en la espalda con el tolete de madera. Nosotros tuvimos que defendernos. Yo mordí la mano de una policía que me arrebató el celular porque estaba grabando en vivo. Me jaló del pelo muy duro, me dobló la espalda. Nosotros respondimos como ellos nos agredieron».
Jarely cuenta cómo la policía detuvo de manera arbitraria a compañeros y compañeras garífunas: «Estaban golpeando a una chica que estaba embarazada y querían detenerla. Entonces una mujer les gritó llorando: “Ella está embarazada”. Un policía le dijo: “Ella no se va, pero vos sí”. Otro chico iba a su trabajo y estaba grabando el relajo, lo agarraron y se lo llevaron. A Armando, un chico pacífico de la comunidad que casi no habla, lo agarraron de la nada y lo empezaron a golpear. Se defendió y lo detuvieron también».
Fueron arrestados durante este desalojo Melissa Martínez, Dorotea Arzú, Richard Armando Martínez, Abot Efrahín Sánchez, Keyden Tishany Gonzales y Augusto Moisés Dolmo. Todos están procesados judicialmente por el delito de usurpación, menos Richard Armando a quien se le imputó adicionalmente el delito de atentado contra el orden.
Geovany Francisco Gevara Benedit, el hombre contra quien estaba dirigida la orden de captura no aparece en la lista. Y con razón, «el hombre está muerto», asegura la comunidad. «Para criminalizar aún más a los Garífunas, quieren revivir los muertos», se ironiza en el campamento. En la comunidad nadie sabe quién es este hombre, pero escucharon que murió hace años.
Vista panorámica del campamento garífuna «esta es nuestra tierra» (Wagueira Lee) en Punta Gorda, Roatán, Islas de la Bahía. Foto CC/Fernando Destephen
El subcomisionado Carlos Ramón González Sosa, jefe de la Policía de las Islas de la Bahía, no quiso dar entrevista formal, pero en una plática de veinte minutos nos reiteró varias veces que el desalojo no fue violento. Sostuvo que sólo acataron la orden de desalojo, alegó que no quemaron nada y que, en comparación con otros desalojos, este no fue violento. Afirmó también que todos los policías venían de las Islas de la Bahía y que no se pidió refuerzo de tierra firme.
Sin embargo, en el expediente del desalojo, consta un acta de declaración de un agente de policía que vive en Santa Rita y trabaja en Progreso, Yoro, a 170 kilómetros de distancia de Roatán, en tierra firme.
Así describió, este agente policial, los hechos ocurridos el 7 de noviembre: «Llegamos al bien inmueble, ubicado en Punta Gorda, a realizar un desalojo por orden judicial N 124-2022 por el delito de usurpación en perjuicio de Norman Jonez, el cual íbamos al mando de mi subcomisionado Ramón González y de la Fiscal Yessenia Canisales. Al momento de llegar al lugar encontramos la cantidad aproximadamente de cincuenta personas, las cuales se encontraban alteradas realizando quemas de llantas en la calle principal. Por órdenes de la Juez ejecutora Sandra Salgado procedimos a realizar el desalojo de las personas. Empezaron a agredir a los funcionarios de la policía nacional con piedras y palos. Cabe mencionar que se le dio detención al ciudadano Richard Armando por orden de la Fiscal, el cual se encontraba en el lugar usurpando la propiedad […] y actuó de forma agresiva hacia el oficial de policía, golpeándolo en diferentes partes del cuerpo. […] Se trasladó a las oficinas de CEIN a realizar el procedimiento correspondiente».
Respecto a estas acusaciones de atacar con piedras y palos, Astrid Meléndez niega vehemente: «Nosotros tocábamos tambores y maracas para darnos ánimo, es lo que nos representa como pueblo negro. Estas fueron nuestras únicas armas». Esta madre soltera de 27 años vive en el campamento desde septiembre. Afirma con la voz ronca del cansancio: «Fue un día difícil. No pensamos que iban a entrar. Teníamos miedo que nos desaparecieran. Porque aquí en Honduras ya ha pasado. Se llevan a nuestros compañeros y no los volvemos a ver».
Para entender la reacción de la comunidad ante las autoridades, hace falta recordar que, en julio de 2020, personas armadas y con chalecos de la DPIsecuestraron a cuatro garífunas, entre los cuales se encontraba Albert Snaider Centeno, el presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz. Esta desaparición forzada sigue sin resolverse, pero los habitantes de la aldea sostienen que el crimen se origina, una vez más, en un conflicto de tierra.
La discrepancia entre los dichos de las autoridades y los de los garífunas no es la única. En el acta de desalojo redactado por la jueza ejecutora se dice lo siguiente: «La señora Melissa Fabiola Martínez Reyes manifestó que se le diera una hora mientras llegaba su apoderado legal para presentar la documentación de dicho terreno a desalojar, se le respetó esa petición y en ningún momento se violentó los derechos de las personas que se encontraban en el lugar dentro y fuera de la propiedad, y se les dio la lectura a la resolución que ordena el desalojo». Se declara también que procedieron a desalojar de «forma pacífica», pero que los garífunas no colaboraron y que la jueza escapó de un «botellazo».
Melissa Martínez, coordinadora de la Casa de Salud Ancestral de Punta Gorda, fue detenida y pasó una noche en una celda de Coxen Hall. Desde la cárcel, nos informó que estaba herida en la pierna y el estómago, y que dos hombres capturados habían sido golpeados. Tras la audiencia de declaración de imputados, llevada a cabo el martes 8 de noviembre de 2022, pudo salir con medidas cautelares como los otros acusados (entre las cuales deben firmar en el juzgado una vez a la semana y no tienen autorización para salir del país).
Contrariamente al acta, Melissa afirma que la policía ingresó al campamento 40 minutos después de lo acordado y que no se les presentó la orden de desalojo:
«Bajaron tres cuadras en la carretera porque su idea era rodearnos y entrar directamente. Insistimos para que nos mostraran la orden de desalojo, pero en ningún momento lo hicieron. Empezamos a tocar tambores para mostrar que no queríamos violencia. Empujaron a las mujeres que estaban en el portón, pisotearon las banderas de Honduras y del pueblo garífuna que habíamos colgado. No respetaron nada. Gritaban “estos negros tienen que salirse de aquí”. En mi mente pensé: nos van a matar».
El Gobierno responsabiliza al Poder Judicial y a la Policía de Roatán
En un comunicado publicado por la noche del 7 de noviembre, la Secretaría de Derechos Humanos manifestó: «Responsabilizamos al Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, por actuar de forma contraria a los estándares internacionales de Derechos Humanos y en contraposición con su mandato de representar los intereses de la sociedad en su conjunto».
En efecto, el uso de la represión bajo el «Gobierno popular» de la mandataria Xiomara Castro llega a ser un elemento incómodo para el Gobierno que siempre ha recalcado su esmero en respetar los derechos humanos y en apoyar a las comunidades indígenas y garífunas.
En el día de la toma de posesión, Xiomara Castro recibió la vara alta lenca, un símbolo sagrado para las autoridades de los pueblos originarios. «De esta manera los pueblos indígenas y negros le damos el compromiso a la presidenta Xiomara Castro para que acompañe la lucha histórica por las causas justas y que libre los territorios del saqueo, corrupción y explotación», publicó el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en un comunicado.
Al día siguiente del desalojo, la presidenta Xiomara Castro alegó ignorancia y condenó el operativo publicando en su Twitter: «He solicitado informe del violento desalojo ordenado judicialmente. No fui informada previo a ejecutar el desalojo. Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio no a desalojo que criminaliza derechos. Exijo libertad inmediata y respeto a DDHH (sic)».
Bajo orden de la presidenta, se creó una comisión de emergencia conformada por Gobernación, el Instituto de la Propiedad, el Instituto Nacional Agrario, la Policía, el Conadeh y el alto comisionado de la ONU. Liderada por la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, esta comisión fue enviada a Roatán para atender la situación y tratar de prevenir una escalada del conflicto.
«Lo que sucedió no fue ni autorizado ni había conocimiento del Poder Ejecutivo. La orden de desalojo no se tiene que consultar porque corresponde a la independencia del Poder Judicial, pero la policía depende de la Secretaría de Seguridad. Y las instrucciones de la presidenta han sido claras: cero represión. Tenemos que indagar por qué una unidad desconoce los lineamientos de la jefatura más alta, la presidenta. Puede ser considerado como un acto de insubordinación», afirmó Natalie Roque.
Asimismo, manifestó que la violencia desatada contra la comunidad garífuna es una herencia de prácticas históricas que han sido legitimadas bajo el Gobierno de Juan Orlando Hernández: «Hemos escuchado comentarios de las víctimas respecto al trato racista. Estas acciones se han enquistado en las instituciones desde una década, autorizadas por una narcodictadura donde todo se resolvía con represión. Además, las Islas de la Bahía han sido tan desconectadas de la institucionalidad y de la centralidad que son espacios donde se asumió históricamente que “aquí mandamos nosotros”. Al no haber presencia gubernamental, ciertas prácticas han subsistido. Es complicado desmontarlas, pero por esto estoy aquí. A nivel de la Secretaría, junto con el alto comisionado de la ONU, vamos a sacar un protocolo de emergencia en caso de conflictos de tierra, para que la policía tenga claro que estas cosas no pueden ocurrir».
Sin embargo, las cosas no ocurrieron en la absoluta ignorancia del Gobierno. Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, reveló que, la noche antes del desalojo, le envió un mensaje a la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, para avisar que este estaba planeado en Punta Gorda al día siguiente. «Fueron 12 horas claves en las que se pudo detener el operativo. Pero no hubo reacción», lamentó.
Después de las lluvias el calzado permanece afuera de las tiendas de campaña en el campamento Wagueira Lee. Foto CC/Fernando Destephen.
Hugo Soler, Gobernador de las Islas de la Bahía, miembro del Partido Libre, mencionó por su parte que una persona «quien no es una autoridad» le comentó acerca del desalojo el lunes en la madrugada, pero supuso que era una mentira, pues «estas cosas nunca se ven en la isla».
¿Qué pasó para que nadie reaccionara, para que ninguna información fuera tomada en serio previamente al desalojo?
Carla García, coordinadora de relaciones exteriores de la Ofraneh, expresó su inquietud en el Twitter Space de Contracorriente, espacio de debate abierto el viernes 12 de noviembre:
«Es terrible pensar que vamos a pasar los próximos 4 años con el miedo de que a una persona se le va a pasar por alto avisarle a otra que nos van a golpear. No podemos esperar otro desalojo violento, no podemos seguir esperando que los jueces conozcan tratados internacionales. Entendemos la separación de poderes, la independencia de los poderes, pero también entendemos que para que haya gobernanza tiene que haber comunicación entre esos poderes y de ahí, comunicación con el pueblo».
En el campamento de Punta Gorda, Alsenia Álvarez no da mucho crédito a las promesas del Gobierno: «Hablan bonito. Pero no hacen nada. Ahora mismo se están lavando las manos», afirma.
Punta Gorda se suma a la lista de los conflictos de tierras garífunas
El desalojo preventivo —es decir realizado sin investigación profunda— es autorizado por la ley desde la reforma al código procesal penal de octubre de 2021. Se ejecuta con base en indicios de usurpación en el terreno, sin embargo, no se procede a efectuar un tracto sucesivo para determinar la pertenencia real de la tierra.
En el caso de Punta Gorda, la inspección fue realizada el 10 de septiembre por la DPI, tras la denuncia interpuesta por Norman Jones en la que ella declaró: «Han usurpado mi propiedad cortando los alambres del cerco, cortando los árboles, realizando quemas y colocando en el acceso que rompieron una bandera nacional y la bandera garífuna, violentando mi derecho legítimo de mi propiedad que ha sido de mi familia desde el año 1969, por lo que interpongo la denuncia para que ordene con carácter urgente el desalojo inmediato de todas las personas que se encuentren usurpando mi propiedad».
El informe de la inspección de la DPI cabe en una página y menciona que «al ingresar al terreno se observó un grupo de 50 personas, las cuales al ver la presencia de la DPI comenzaron a correr de la entrada hacia el fondo del terreno. […] logramos ubicar una gran parte deforestada donde habían construido una pequeña caseta de palos».
El juez Allan Joel Urbina García fue quien autorizó el desalojo y lo hizo ejecutar por la jueza Sandra Salgado. Nos comentó que no puede dar entrevista hasta el final del proceso penal. Nos enseñó sin embargo las fotos del informe de la DPI y dijo que solamente vio champas en un terreno, pero «no a una comunidad garífuna». Fue él también quien presidió la audiencia de declaración de los 6 imputados garífunas en la que falló que los acusados obtuvieron medidas cautelares distintas a la detención preventiva, porque «no había peligro de fuga».
Cuando le pedimos su posicionamiento acerca de la reprobación del Poder Ejecutivo hacia la orden de desalojo, afirmó que no se siente afectado en su independencia y que si llegara a ocurrir podría recurrir a la CSJ. «Duermo bien, trabajo desde lo que veo y lo que tengo en el expediente, no leo los medios de comunicación ni lo que dice la presidenta sobre el caso».
El expediente, además del informe de la DPI, está compuesto también y sobre todo por el requerimiento fiscal que redactó el abogado Blas Arturo Domínguez, fiscal del MP de Roatán, pidiendo «el desalojo de las personas que ocupan ilegalmente el inmueble».
El Convenio 196 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por el Estado de Honduras en 1995, debería en teoría proteger a las comunidades autóctonas. El artículo 14 menciona que «los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión». Más adelante, se establece que «deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos».
Lo dicho en el artículo 19 es todavía más crucial porque resalta la obligación de asignar las tierras conforme al crecimiento poblacional de la comunidad «cuando las que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal».
La comunidad del campamento Wagueira Lee construyendo otra vez las champas con madera y corozo.Foto CC/Fernando Destephen.
Este tratado ha sido a lo largo de los años ignorado por los Gobiernos y la justicia de Honduras, a pesar de que el artículo 18 de la Constitución garantiza que, si una ley nacional contradice un tratado internacional, éste debería prevalecer.
En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), emitió sentencias en el caso de las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra en donde se encontró al Estado de Honduras responsable por violación de varios derechos de la comunidad garífuna, entre los cuales el derecho a la propiedad colectiva. Tras siete años de espera, el pueblo garífuna cuenta con el Gobierno de Xiomara Castro para que se cumplan las medidas de reparación previstas en las sentencias.
En el campamento de Punta Gorda, se conoce bien la impunidad que rodea los crímenes en contra la comunidad garífuna, así como la falta de voluntad política para proteger a sus miembros. Las mujeres que nos hablaron del desalojo, desde esa cocina que olía a leña y especies, forman parte de la Ofraneh, salen a protestar para exigir justicia y respeto, pero ya no sueñan con justicia para los garífunas desaparecidos en la comunidad de Triunfo de la Cruz en el que todavía existe un conflicto de tierras.
«El lema sigue siendo igual. “Vivos los queremos”. Es lo que tenemos que gritar en las calles. Pero no hay que engañarse, sabemos que están muertos. Ya perdimos la esperanza», dice Baldomena.
Un «patrimonio nacional garífuna» sin título
Es viernes 11 de noviembre y en «La Recuperación», Elmer, Edgar y Davilson se encaminan hacia el punto más alto del campamento, cargando sillas y refrescos. En algunos minutos debe llegar la comisión de emergencia con técnicos del Instituto de la Propiedad de Tegucigalpa. Se les espera escuchando música y ahuyentando zancudos con incienso. Los tres hombres recibieron de la dirigencia de la Ofraneh la instrucción de escucharlos, nada más. En ningún caso deben permitir la entrada o aceptar la propuesta que es sabido van a hacer— hasta que lo decida —de manera colectiva— la comunidad en asamblea general.
Además, los Garífunas no confían en el Instituto de la Propiedad, porque según ellos es la institución que permitió y favoreció el despojo sistemático de sus tierras ancestrales. Así que, de buena fe, van a recibirlos en asientos bajo sombra colocados en dirección al mar Caribe, pero con mucho recelo.
«Si nosotros no nos ponemos vivos, vamos a repetir nuestra historia cuando nos corrieron de la isla de San Vicente», dice Edgar.
Dos horas más tarde, llega la comisión encabezada por la ministra de Derechos Humanos, el Gobernador y el abogado Oneill Toledo de la Dirección General de Regulación Predial del IP. Este último anuncia al grupo de garífunas reunidos la intención de medir el terreno.
«Necesitamos tener la certeza de que se trate de un territorio ancestral. Si lo logramos comprobar técnicamente, ustedes podrán presentar nuestro análisis el 23 de noviembre, el día de la audiencia inicial, cuando les tocará desvirtuar la carga de usurpación», declara. Emite también la idea de que se podría iniciar un mecanismo de regularización de la tierra.
«Desde el Gobierno solidario asumimos la responsabilidad de tratar de desenredar toda la maraña que se hizo en los registros del IP», interviene Natalie Roque. «El personal técnico está aquí para determinar que esta tierra es de ustedes…», dice, y se oyen risas y murmullos entre los Garífunas. La ministra reiteró: «O sea, la tierra es de ustedes, pero queremos determinarlo legalmente. Todos los juzgados resuelven con documentos. A las comunidades les pasan sucediendo estas situaciones porque no tienen sus títulos ancestrales ahí al alcance de la mano, metidos en la maleta».
De hecho, la falta de reconocimiento legal de las tierras garífunas es el principal problema al que se enfrenta el equipo de defensa de los garífunas. Caleb Navarro, abogado de la Ofraneh, recalca el carácter arbitrario de los títulos en posesión de los garífunas: «Esos títulos tienen vicios de nulidad porque no fueron concebidos bajo la cosmovisión garífuna. Las mediciones fueron dadas arbitrariamente sin observar el territorio ocupado históricamente. La comunidad sabe cuál es la extensión de sus tierras porque han sido enseñadas de generación en generación, lo tienen muy claro, sin embargo, el que no ha querido reconocerlo es el Estado».
Detalle de las herramientas usadas en la construcción de un techo en el campamento garífuna Wagueira Lee en Punta Gorda, Islas de la Bahía. Foto CC/Fernando Destephen.
Menciona también que resulta muy difícil para la comunidad garífuna obtener títulos de propiedad:«Para que comunidades garífunas hayan podido legalizar sus territorios, tuvieron que constituirse como empresas campesinas. Es la única figura legal para que el Instituto Nacional Agrario les otorgue títulos. Aun así, hubo violaciones por las ventas que se realizaron. La naturaleza de estos títulos estipula que los territorios no pueden ser objeto de venta, ya que pertenecen a la comunidad entera, pero las municipalidades, el IP o el INA, emitieron títulos que no tenían que emitirse y así fue como esos terrenos pasaron a manos de personas extranjeras».
En el caso de Punta Gorda, la familia Norman Jones goza de una “«escritura», un documento legal otorgado por un notario, mientras que el título de propiedad es un documento proporcionado por las autoridades públicas.
Norman Jones obtuvo este terreno a raíz de una compra. Cómo se realizó esta compra y a quién se lo vendió, eso queda por determinar. Lo seguro es que ahí no se consideró el carácter ancestral de las tierras de Punta Gorda a la hora de ejecutar la transacción. Contactamos al abogado de Norman Jones, pero no hemos tenido respuesta hasta ahora.
En un decreto de junio de 1996, el Congreso Nacional reconocía que « el lugar de Punta Gorda fue el punto de arribo del pueblo garífuna a nuestro país, el 12 de abril de 1997» y que « el pueblo garífuna como las demás etnias que forman el conglomerado nacional, tienen el derecho de mantener vigente el vínculo con su pasado histórico y el acendrado amor por el terreno que los vio nacer». Por lo tanto, el Congreso declaró Punta Gorda patrimonio nacional y que se construyera un monumento conmemorativo en honor a la llegada del pueblo garífuna.
Justo frente a este cartel conmemorativo ocurrió el desalojo.
Mural contiguo a la entrada del campamento Wagueira Lee con una leyenda a Punta Gorda como la primera comunidad garífuna en Honduras.
En 2012, vía otro decreto legislativo en el que se acordaba un intercambio de terreno entre el Instituto de Previsión Militar y la Procuraduría General de la República, el Congreso mostraba preocupación por resolver el problema de tierras garífunas en Punta Gorda.
«Considerando que el bien inmueble denominado “Punta Gorda”, propiedad del IPM, se encuentra asentada una comunidad garífuna y en aras de buscar una solución definitiva, legal y pacífica al problema de la tenencia de la tierra en esta zona, se llegó a la determinación de realizar una permuta de inmuebles…».
A través de este decreto, el Congreso autoriza que el Instituto de Previsión Militar, dueño de dos terrenos en Punta Gorda, ceda uno de ellos a las Fuerzas Armadas para establecer una Unidad Naval y otro terreno al Estado —a través de la Procuraduría General de la República— con el fin de «resolver el problema de tenencia de la tierra de la comunidad garífuna asentada en Punta Gorda».
Lo que demuestra este decreto legislativo es que el Estado tenía conciencia de la necesidad de interferir para titular la tierra a favor del pueblo garífuna.
Los años han pasado desde 2012 sin que el Estado regularice la pertenencia de las tierras ancestrales garífunas. Este conflicto abierto brota como respuesta a esta negligencia.
Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, quien llegó a «La Recuperación» de Punta Gorda para apoyar la lucha, dijo que «a la luz de lo que pasó, es urgente que el Estado ratifique nuestros territorios ancestrales y que se reforme la Constitución para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afroindígenas».
Misión del Instituto de la Propiedad en el campamento Wagueira Lee en Punta Gorda, Islas de la Bahía, y con el acompañamiento de la secretaria de Derechos Humanos, Natali Roque, y Hugo Soler, gobernador de Islas de la Bahía.
Miranda expresa también que ya es hora de cambiar la narrativa y atender la cuestión territorial de manera profunda, sin conformarse con lo que está actualmente registrado o legalmente expuesto: «No se trata de que un abogado presente un documento y que el otro abogado haga lo mismo. Ya no debemos plantearnos esos conflictos como “tenemos tres manzanas y ellos diez”. Va más allá. Es una cuestión antropológica, cultural, política».
Y Miriam habla del cambio de narrativa porque uno de los problemas que ha expuesto el pueblo garífuna en Roatán es el racismo al momento de hablar de lo que sucede en sus comunidades, tanto desde las instituciones como desde los medios de comunicación. Las líderes de Punta Gorda han acusado al medio Roatán hable claro, y especialmenteal periodista Rigoberto Torres, de alimentar una campaña de odio contra la comunidad a través de sus publicaciones.
Torres se defiende y dice que él solo dio espacio para la denuncia: «La señora Norman Jones llegó al medio y me buscó con pruebas de que estaban invadiendo su terreno. Conozco a su abogado porque soy un isleño realmente nativo y conozco la mayoría de las personas en Roatán. Procedimos a hacer la publicación con el reclamo que nos proporcionó Norman Jones, a raíz de una investigación realizada en el catastro de la municipalidad. Establecemos que era dueña legítima de este predio. Publicamos entonces condenando el hecho de la invasión. Después vino la joven Melissa Martínez diciendo que lo que había publicado era condenable y ponía en peligro la vida de personas».
En medio de la conversación, Rigoberto Torres alegó que «Melissa Martínez no es ni garífuna ni isleña» y que tiene pruebas de amenazas en su contra. Pruebas que hasta hoy no han sido expuestas.
«Estos conflictos se están usando para crear caos y polarizar a la comunidad, dividiendo y amenazando para que dejemos de luchar –alerta Miriam Miranda–. Yo creo que existe un plan de genocidio contra la comunidad garífuna. Nadie me puede quitar la idea de la cabeza. Como todo está organizado y ejecutado me lleva a pensar que hay una intención de desaparecer al pueblo garífuna. Estamos frente a un nuevo destierro. O nos defendemos y luchamos para sobrevivir, u optamos por desaparecer», afirma.
La mañana del sábado 12 de noviembre, los habitantes del campamento recibieron la visita de un grupo de diputados. Vinieron a conversar con los Garífunas en el marco de una comisión multipartidaria creada para «investigar el desalojo». El abogado Ramón Enrique Barrios, de la bancada de Libre, forma parte de esta comisión aprobada por el Congreso Nacional el 8 de noviembre por unanimidad de votos. Solicitamos una entrevista para conocer más sobre qué se planea implementar a nivel legislativo para proteger a las comunidades garífunas y reconocer sus tierras ancestrales. Varios mensajes han sido enviados, pero hasta ahora no se ha recibido respuesta.
Resistencia garífuna en la isla más «gringa» de Honduras
Noche y día, el campamento de Punta Gorda está bajo vigilancia. En la entrada, una hamaca colgada de dos árboles raquíticos y una silla plástica conforman el puesto de guardia. Dos hombres armados con walkie-talkies reciben a los visitantes, les permiten o les niegan el ingreso, y, cuando oscurece, están atentos a cualquier ruido sospechoso. Uno de ellos se llama Fernando. Cuenta que ha trabajado seis años en alta mar, a levantar nasas cargadas de langostas sobre barcos que navegan por ocho meses. «Las langostas son los zopilotes del mar –afirma– huelen lo podrido y se comen cadáveres, así las atraemos y entran ciegamente en las nasas».
De noche en el campamento Wagueira Lee, Punta Gorda, Islas de la Bahía Foto CC/Amilcar Izaguirre.
Ahora ya no se quiere embarcar. Si los primeros años fueron lucrativos, los últimos no le permitían vivir dignamente. El mar lo agotó, y ahora sueña con tierra. Sueña con este terreno de 11 acres donde, dice, «la tierra es excelente para sembrar». Aquí, señala, se hará una huerta, se construirá una escuela, se instalará una cancha de fútbol. «Soy de aquí y quiero vivir aquí. Punta Gorda es tan grande y lo han hecho tan pequeño –lamenta–. Si no peleamos por este terreno, ¿dónde van a vivir los hijos de nuestros hijos?».
Justo antes de entrar en «La Recuperación», Fernando tenía un trabajo peculiar: hacía playas. O sea, le pagaban para que las playas de Roatán se vieran bonitas y atractivas para los residentes que tienen casas al borde del Caribe. «A mi exjefe lo contratan los gringos que tienen casas aquí. Los gringos quieren que se vean bien blanquitas y limpias sus playas privadas», explica. El oficio consistía en entrar en el mar y cortar las algas para que no ensucien la orilla o bucear para recuperar sacos de arena blanca frente a la isla. Un negocio ilegal porque daña el arrecife.
Luego se esparcía la arena por la costa y «quedaba como si fuera natural», dice prometiendo que nadie se imaginaría que alguien la hiciera.
Roatán es un paraíso turístico donde aterrizan vuelos directos de Miami o Houston y anclan cruceros gigantescos procedentes de Florida, cargados de turistas que vienen a disfrutar de las playas con agua cristalina en la isla más grande del archipiélago de la bahía. Un taxista nos contó que aquí un turista puede gastar 400 dólares al día y que la economía isleña gira en torno a lo que se le puede ofrecer a los turistas.
Roatán es también el lugar de fundación de la Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) más emblemática de Honduras: Próspera, la cual promete «una calidad de vida como en Estados Unidos», según su secretario técnico, Jorge Colindres.
El Gobernador de Islas de la Bahía, Hugo Soler, admite que la isla se mueve por el dinero: «Más dinero tiene usted, mejor le irá en todos los aspectos. Estamos viviendo situaciones complicadas a causa de esto. Es conocido que Roatán tiene problemas de tierras, todas son privadas y la manera de adquirirlas fue a menudo fraudulenta. Usted llegaba y decía: “Esta tierra no tiene dueño, voy a apropiarme de ella”».
El abogado de la Ofraneh, Caleb Navarro, apunta también que la lucha de los Garífunas de Roatán se enfrenta a grandes intereses económicos. «El problema de las tierras no es sólo en Punta Gorda, sin embargo, se acentúa en esta zona atractiva para el turismo donde hay extranjeros involucrados. Pareciera que las Islas de la Bahía son otro país», sostiene.
De hecho, en las Islas de la Bahía, el idioma más hablado es el inglés. Por ejemplo, en los restaurantes la mayoría de los menús están escritos únicamente en inglés. A nivel de seguridad, la tasa de homicidios es la más baja de Honduras, después de la del departamento de Gracias a Dios. En 2021,se registraron 25 homicidios, En comparación, en Cortes se contabilizaron 755 homicidios. La presencia de extranjeros asegura un clima más seguro que en el resto de Honduras, pero los Garífunas expresan que, en la isla, se enfrentan a una justicia de dos velocidades.
Es el punto de vista de Edgar, habitante de Wagueira Lee: «El gobierno de EE. UU. financia la policía de aquí para sacarnos de nuestro propio país. El extranjero vale más que nosotros que somos de aquí. Si llamamos a la policía, nos responden que no tienen combustible para asistir o que el carro no está. Pero si llama un gringo, inmediatamente llegan y resuelven». Edgar se rehúsa a trabajar para los estadounidenses porque siente que el trabajo que proponen es una esclavitud. «Se aprovechan de nosotros, utilizan nuestra cultura como argumento de venta, pero nos pagan mal. Te ofrecen quizás 15,000 lempiras al mes en una isla donde una renta te puede costar el mismo monto. ¿Usted cree que vamos a vivir con eso? Aquí mucha gente trabaja en la construcción por 500 lempiras (alrededor de 20 dólares) al día, es el precio de un almuerzo en un restaurante aquí. Los extranjeros han esclavizado a la comunidad garífuna por muchos años».
Entre dependencia a los trabajos generados por la inversión estadounidense y rechazo a la humillación, la comunidad garífuna lucha por hacer vivir su cultura fuera de la explotación mercantil.
«Honduras es un Estado que responde al capital transnacional –opina Miram Miranda–; el Gobierno se convirtió en ente administrador de los poderes corporativos. Honduras es un Estado cooptado y los que fortalecen y sustentan esta situación son las instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de la Propiedad, el Instituto Agrario o los medios de comunicación».
A un kilómetro del campamento, bajando por la carretera, se encuentra la calle más animada de Punta Gorda. Detrás de esta calle, está el mar. Ahí, se vislumbran siluetas menudas. Un grupo de niñas juega entre las raíces de los manglares. Melia, con los tobillos en el agua, avanza hacia ellas con un dulce en la mano. Un zopilote posado en un mástil observa la escena. Los adultos no están. Se siente libertad. José, Ángel y Saúl, de 8, 5 y 9 años, han atrapado un cangrejo de pinzas azules. Lo tienen atravesado por una estaca, pero todavía se mueve. Dicen que lo traen a casa para la cena. Con chanclas de plástico, los amigos cruzan un pedazo del Caribe a pasos lentos. Son el futuro de Punta Gorda. Son los niños a quienes se les prometió una tierra.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.
