Fotografía: Jorge Cabrera
Texto: Leonardo Aguilar
El campesino Alfonso Rivera, de 55 años, habitante de la aldea El Socorro perteneciente a la Finca 8 en El Progreso, Yoro, llora mientras habla por celular con una de sus hijas que vive en los Estados Unidos. Le muestra, a través de una videollamada, cómo quedó la comunidad e intenta explicarle que, otra vez —en menos de dos años—, se perdió el maíz que habían sembrado, el que ya estaba listo para la cosecha. También le cuenta que permanece durmiendo a la intemperie en lo que queda del bordo que protegía su comunidad.
A pocos metros de Alfonso Rivera, está su vecina Ana Rosa Núñez, de 35 años, quien asegura haber perdido cuatro manzanas cultivadas con maíz.
El pasado 18 de septiembre, después de la primera inundación, la gente de la Finca 8 regresó a sus casas a limpiar. Pero solo pasaron tres días y con la tormenta Julia tuvieron que evacuar de nuevo. «Otra vez a cuidar nuestras cosas en la orilla de este bordo», dice Ana Rosa y agrega que mucha gente le aconseja que venda sus terrenos y se marche a otro lugar: «Imagínese, ¿volver a comenzar de cero?, es que no hay como tener lo de uno. Si me voy a la ciudad, una casa no me baja de 200,000 lempiras (aproximadamente 8,000 dólares). En la ciudad hay que comprar plátanos, mientras que aquí en la comunidad uno lo tiene todo, aquí cualquier vecino le dice: “Tenga, llévese este huevo”, y con eso se pasa el día, pero en la ciudad la vida es más cara. Por eso optamos por continuar aquí, aunque nos toque volver a pasar de nuevo por estos procesos. Si usted hubiera estado en esta aldea antes de estas inundaciones, ¡viera ese campo!, súper bonito, la escuela de la comunidad estaba súper arreglada. Aquí hay de todo, hay maíz, hay plátanos y yuca… y duele dejar esto, ¡duele!», expresa Ana Rosa.
A pesar de estas tragedias, la esperanza puede verse en el rostro de campesinas y campesinos como Alfonso Rivera y Ana Rosa, que sin apoyo estatal se han levantado una y otra vez en la larga y extenuante carrera por la supervivencia. Miles de ellos se quedaron sin nada en noviembre de 2020 tras el paso de dos ciclones tropicales, pero a pesar de eso decidieron retirar el lodo de sus casas, limpiar sus campos y comenzar de cero.
Después de los huracanes Eta e Iota, los campesinos hicieron su parte, de sol a sol optaron por seguir sembrando, por seguir confiando, por seguir creyendo en la institucionalidad de un Estado que desde hace décadas les da la espalda. Y esperaron. Esperaron durante meses a que las instituciones correspondientes —sin importar el color político— repararan los bordos que debían proteger sus casas, que desarrollaran los proyectos de contención que debían resguardar sus cultivos. Aguardaban, día tras día, a que llegaran a dragar los ríos. Aun sin ver esas promesas materializadas, campesinos como Alfonso Rivera y Ana Rosa apostaron de nuevo a sembrar en sus extensas milpas cultivadas con el dolor de sus manos, algunas financiadas con el sacrificio de sus hijos, entre ellos migrantes, quienes envían dinero desde EE. UU. o desde España para trabajar la tierra, para mejorar sus casas, para ver brillar el fruto de las legumbres y de las hortalizas en este fértil valle.
Rafael Alegría, subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), afirmó que debido a la tormenta Julia se perdieron 1,500 millones de lempiras en el sector agrícola a causa de las lluvias. Octavio Pineda Paredes, el ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), informó que hubo estragos en las zonas vulnerables del Valle de Sula por el nivel de los caudales de los ríos Ulúa y Chamelecón, en donde se dañaron algunas de las principales vías de comunicación. Además, hubo daños en 193 de los 298 municipios de Honduras.
Y mientras campesinas y campesinos como Alfonso Rivera y Ana Rosa esperan a que el agua baje para comenzar, otra vez, de nuevo, el Gobierno de Xiomara Castro ha respondido con promesas: construir bordos de contención y, como respuesta adicional, un «plan de rescate» que consiste en el manejo de la Cuenca del Valle de Sula: «Vamos con 3 represas, el ordenamiento y la reconstrucción de 116 puntos, actualmente ya trabajamos en 68», indicó Héctor Zelaya, hijo de la presidenta Xiomara Castro, quien funge como su secretario privado.
