Después de la extradición de Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos en un avión de la DEA, la Corte del Distrito Sur de Nueva York publicó el oficio «United States of America vs. Juan Orlando Hernández a.k.a. “JOH”», el cual detalla que, además de participar en actividades del narcotráfico y poseer armas de fuego, el exmandatario también recibió sobornos del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Gúzman, cometió fraude en las elecciones del 2013 y 2017, y obtuvo el apoyo de otros expresidentes para realizar actividades del narcotráfico en Honduras. Un juez del Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó en detención al expresidente a la espera de su audiencia el próximo 10 de mayo.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera
El 6 de abril de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó sin efecto la última instancia que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández para evitar su extradición declarando inadmisible el recurso de amparo interpuesto por la defensa. Desde esa resolución, el país vivió un clima de incertidumbre al saber que en cualquier momento Hernández Álvarado sería llevado ante los tribunales estadounidenses. Después de 15 días, finalmente, el exmandatario hondureño fue extraditado hacia Estados Unidos.
El jueves 21 de abril de 2022, Juan Orlando Hernández fue escoltado desde el Comando de Operaciones Especiales (Cobras) por un grupo de agentes de la Policía Nacional y por el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, hasta un helicóptero que lo transportaría a la base aérea Hernán Acosta Mejía, ubicada en Tegucigalpa, capital de Honduras. Mientras esto se desarrollaba, su esposa, Ana García Carías, publicó en sus redes un vídeo en el que Juan Orlando Hernández manifestó: «Soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a este proceso de manera injusta».
¡Mi amor @JuanOrlandoH, creo en ti, creo en tu inocencia, tu familia y tu nación por la que tanto luchaste estarán esperando por ti; estamos convencido que #VOLVERAS, claro que #VOLVERAS porque eres #INOCENTE. Estamos contigo y #Dios Todopoderoso te hará #JUSTICIA! pic.twitter.com/cDLXwqPp9W
— Ana García de Hernández (@anagarciacarias) April 21, 2022
Actualmente, el expresidente Hernández deberá presentarse en un tribunal federal de Nueva York el próximo 10 de mayo, 11:00 a. m. hora de Nueva York, en donde deberá declarar su inocencia o culpabilidad. Además, uno de los abogados defensores de Juan Orlando Hernández, Raymón Colón, expresó que Juan Antonio «Tony» Hernandez podría ser testigo de la fiscalía de Estados Unidos y así atestiguar en contra de su hermano.
El avión de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA en inglés) fue identificado como N430JT y arribó a la base aérea Hernán Acosta Mejía alrededor de las 1:20 p. m. A las afueras del Aeropuerto Internacional Toncontín un grupo de hondureños celebraba mientras el avión partía con dirección hacia los Estados Unidos aproximadamente una hora después. «¡Fuera Joh! ¡Sí se pudo! ¡Para afuera Juanchi!», gritaban mientras se abrazaban unos a otros.
«Esto es un espejo para los demás gobernantes y funcionarios de gobierno, para que actúen con manos limpias y sepan que están siendo observados por la población», manifestó Rody Medina, un ciudadano que esperó más de una hora para ver partir el avión que llevó extraditado a Juan Orlando Hernández.
Otros recordaron a los que ya no están aquí para contar su historia. Jessica Castillo pidió justicia por los mártires y personas que han sido víctimas del régimen de Hernández Álvarado. Jessica sostenía un rótulo con el nombre de su hermano, Tomás Enrique García Castillo, quien fue asesinado en las protestas del golpe de Estado en 2009. “¡Adelante, adelante, que la lucha es constante!”, exclamaba por medio de un megáfono.
El abogado Joaquín Mejía Rivera, doctor en derechos humanos, manifestó que durante estos 12 años Juan Orlando Hernández acumuló un poder que hizo que Honduras no solo se convirtiera en una narcodictadura sino que también en una autocracia, en donde controlaba todas las instituciones. «Esto se vio reflejado en un deterioro alarmante de la situación de derechos humanos en Honduras, existiendo dos situaciones: la impunidad estructural y corrupción generalizada, y la existencia de una justicia selectiva que actúa de manera tardía cuando se trata de violaciones a derechos humanos y favoreciendo aquellas personas que tienen vínculos con el poder político, económico y empresarial del país», dijo.
Joaquín Mejía asegura que la narcodictadura y autocracia comandadas por el expresidente Juan Orlando Hernández reflejan el deterioro alarmante de la situación de Derechos Humanos en Honduras.
Mejía destacó el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el cual explica que durante el 2021 en Honduras «No hubo avances significativos en las investigaciones con relación a las alegaciones de violaciones de derechos humanos ocurridas durante el golpe de Estado de 2009 y en el contexto postelectoral de 2017».
Además, la OACNUDH observó con preocupación el sobreseimiento de dos casos por muertes violentas ocurridas durante las manifestaciones contra el fraude electoral de 2017.
Una vez que el avión que transportaba a Juan Orlando Hernández salió de Honduras, el Departamento de Justicia de Estados Unidos convocó a una conferencia de prensa en Washington D.C. a las 6 p. m. (3 p. m. de Honduras), en la cual el Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, sostuvo que el exmandatario abusó de su autoridad para convertir a Honduras en un «narcoestado», utilizó dinero del narcotráfico para financiar sus campañas electorales y para comprar votos, y traficó 500 mil kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos
El fiscal agregó que Hernández Alvarado vició instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional. Las acciones en contra del narcotráfico por parte del Estado de EE. UU., explica el fiscal Garland, son para desmantelar las redes de tráfico de droga que dañan al pueblo estadounidense y, además, proteger a las comunidades y al país norteamericano de delitos violentos.
Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, expuso que Juan Orlando Hernández utilizó sus poderes políticos para proteger y ayudar a los narcotraficantes y líderes de carteles para poder advertirles de posibles sanciones y permitir a las Fuerzas Armadas apoyar el tráfico de drogas.
Según el analista político Josué Murillo, la extradición de Juan Orlando Hernández y la postura del Departamento de Justicia de los Estados Unidos han marcado un antes y un después en la historia de Honduras, en donde se ha dejado en claro que el caso de Hernández Álvarado sirve como ejemplo para el resto de liderazgos de la región. «Esto es una carta en la estrategia geopolítica de los Estados Unidos y particularmente en su combate contra la corrupción, contra las redes del narcotráfico y el crimen organizado», asegura Murillo.
Josué Murillo afirma que los partidos políticos deben reformularse, renovarse y revitalizarse para que sus intenciones sean compatibles con las necesidades del pueblo. Asimismo explica que existe ahora la necesidad de rescatar el sistema de justicia que no operó contra los actos que ejecutaba Juan Orlando Hernández. «No lo investigó y tampoco lo sancionó, inclusive cuando su hermano fue sentenciado en los Estados Unidos, esto refleja la subordinación de la justicia hondureña a los intereses particulares de esa familia», manifiesta el analista político.
Murillo también menciona que en el caso del expresidente es importante señalar que no fue solamente él quien operó en actos delictivos durante todos estos años, sino que una parte de la clase empresarial, una fracción de sociedad civil y muchos líderes religiosos también fueron cómplices de alguna manera del régimen de Hernández.
Las acusaciones
Según el oficio publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el primer contacto del expresidente hondureño con el narcotráfico se remonta a aproximadamente 2005 cuando aceptó, mientras era diputado del Congreso Nacional, aproximadamente 40 mil dólares por parte del narcotraficante Victor Hugo Díaz Morales, conocido como «El Rojo». Posteriormente, se afirma que en 2009 Hernández Alvarado recibió por parte de «El Rojo» 100 mil dólares mientras postulaba su campaña para reelegirse como diputado del Congreso Nacional. Esto lo ayudaría a obtener la presidencia del Legislativo.
Entre 2004 y 2016, según el documento, «El Rojo» recibió información confidencial acerca de las actividades de oficiales y militares que podrían resultar una amenaza para su negocio con el narcotráfico. Esa información incluía datos sobre las operaciones de la Fuerza Naval hondureña, asimismo tuvo acceso a información sobre los esfuerzos de Estados Unidos para entrenar a pilotos de aeronaves militares en operaciones antinarcóticos y acerca del radar militar para que sus envíos de droga no fueran rastreados. Durante ese tiempo, Díaz Morales y «Tony» Hernandez trabajaron juntos en el transporte de aproximadamente 140 mil kilogramos de cocaína a través de Honduras.
En 2009, indica la acusación, tiempo en el que el expresidente Porfirio Lobo Sosa inició su campaña para ser electo como presidente de Honduras, él junto a Juan Orlando Hernández obtuvieron alrededor de 2 millones de dólares por parte de Amilcar Alexander Ardon Soriano, más conocido como «Chande», un narcotraficante y luego alcalde proveniente de El Paraíso, departamento de Copán. A cambio de esto, Lobo Sosa y Juan Orlando Hernpandez le ofrecieron a Ardón no ser extraditado a los Estados Unidos.
En 2013, se señala que Juan Orlando Hernández aceptó 1 millón de dólares por parte de Joaquín Guzman Loera, alias «El Chapo», narcotraficante méxicano. En ese tiempo, se explica en el documento, el expresidente Hernández estaba postulando como presidente de la república y prometió continuar protegiendo las actividades del Cártel de Sinaloa en Honduras, comandado en ese entonces por Luis Valle y Miguel Valle, formando el cartel de los Valle Valle, organización con la cual estuvo en constante comunicación «Tony» Hernández y «Chande» Ardón.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos indica que en las elecciones de ese mismo año, oficiales de distintos centros de votación fueron sobornados para manipular los votos a favor de Juan Orlando Hernández.
Según el oficio del departamento de Justicia de los Estados Unidos, Juan Orlando Hernández utilizó dinero del narcotráfico para financiar ambas de sus campañas presidenciales y para financiar el fraude electoral en 2013 y 2017.
Según el oficio publicado, Juan Orlando Hernández no es acusado solamente de transportar cocaína hacía los Estados Unidos sino de fabricarla y de verse interesado en acceder a uno de los narcolaboratorios que tenía en Geovanny Fuentes Ramirez cerca de un puerto en Honduras. En esta misma conversación –indica el documento– Juan Orlando Hernández le manifestó a Fuentes Ramirez que iba a «meter la droga en las narices de los gringos».
Lo anterior también fue mencionado en el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez en 2021, quien en febrero de 2022 fue sentenciado a cadena perpetua por la importación de cocaína y a 30 años por delitos relacionados con armas. En el juicio, Ramírez Fuentes aseguró que Juan Orlando Hernández tuvo acceso a su narcolaboratorio en el departamento de Cortés y que el expresidente le entregó maletas llenas de dinero.
Lo mismo que en 2013 sucedió en 2017, cuando el exmandatario se reeligió como presidente inconstitucionalmente. Aquí Juan Orlando Hernández –inseguro de obtener los votos suficientes para ganar la presidencia– le solicitó a Ardon Soriano que financiara sus actividades de campaña electoral en los departamentos de Copán y Lempira, a cambio de obtener protección y que no fuera extraditado. Ardón accedió, y le proporcionó 1 millón y medio de dólares a Juan Orlando Hernández.
En la acusación contra Juan Orlando Hernández se menciona explícitamente que Geovanny Fuentes le entregó aproximadamente 25,000 dólares al exmandatario a cambio de que sus negocios en el narcotráfico no fueran investigados por la justicia hondureña. Además, el oficio detalla que mientras el juicio de su hermano Antonio «Tony» Hernández estaba pendiente, Juan Orlando Hernández –señalado como uno de los coconspiradores para el tráfico de droga hacía los Estados Unidos en el juicio de «Tony»– continuó reuniéndose con narcotraficantes en Honduras, entre ellos Fuentes Ramirez, con quien se reunió el 29 de mayo de 2019 en Casa Presidencial.
Al finalizar el documento, la Fiscalía de Estados Unidos solicita a Hernández que entregue todas las propiedades que hayan sido adquiridas como resultado de los delitos cometidos previamente mencionados. De ser vendidos o transferidos estos bienes, Estados Unidos podrá tomar cualquier otro bien de valor que posea el expresidente hondureño.
De ser encontrado culpable por los crímenes que se le señalan, Juan Orlando Hernández podría enfrentar tres cadenas perpetuas en una prisión estadounidense.
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— Contracorriente (@ContraC_HN) April 22, 2022
El papel del Gobierno actual después de la extradición de JOH
Joaquín Mejía, abogado defensor de DD. HH.hh, asegura que a Honduras le queda un gran desafío luego de la extradición de Juan Orlando Hernández, esto debido a que el expresidente solo representa la cabeza visible de una gran estructura criminal que ha convertido al país en una dictadura.
«Luego de la extradición, la estructura criminal quedó intacta y en ella está incrustada la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el Ministerio Público, la participación de estos entes en esa estructura es el gran desafío que enfrentamos como país», indica Mejía.
Mejía señala como preocupante la asignación de recursos para las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa en el nuevo Presupuesto General de la República.
«El presupuesto otorgado para el desarrollo social por parte del Gobierno de la República ha sido muy bueno y positivo, pero no es bueno otorgar tanto dinero a las Fuerzas Armadas sin que exista un proceso de rendición de cuentas. Según el juez Kevin Castel, las FF. AA. le dieron seguridad a los narcotraficantes y permitieron el tráfico de cocaína por el territorio hondureño. Creo que es tiempo de que la sociedad hondureña exija al nuevo Gobierno un diálogo social para reflexionar sobre el papel que deben jugar las FF. AA., porque, citando al analista Víctor Meza: “Las Fuerzas Armadas son la principal pesadilla para la democracia en Honduras”», argumenta Joaquín Mejía.
Por su parte, Josué Murillo expresa que si Juan Orlando Hernández o el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, quien está en proceso de extradición, deciden confesar y brindar información en sus respectivos juicio, se develarán redes de corrupción en la empresa privada, sociedad civil, en los distintos gremios y en la institucionalidad.
«Es importante que nos mantengamos pendientes de los resultados de este juicio, ya que esto le puede dar mucha luz a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih), que está próxima a instalarse en Honduras. Además, los nuevos jueces y fiscales deberán actuar a favor de nuestros intereses como pueblo hondureño», puntualiza Josué Murillo.
