Luego de que la presidenta Xiomara Castro ordenara la desmilitarización de los centros penitenciarios en todo Honduras, la Policía Nacional tomó el mando del sistema penitenciario y tendrá 10 meses para reordenar a las autoridades de las distintas cárceles con la finalidad de frenar la violencia y mejorar las condiciones de los privados de libertad. Distintas organizaciones de derechos humanos aseguran que esto no se podrá garantizar a menos de que sean civiles los que estén al mando del Sistema Penitenciario.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera
En marzo de 2022, la presidenta Xiomara Castro ordenó la desmilitarización de los centros penales; para lo que dio un plazo estimado de 10 meses con la finalidad de trasladar el control de las cárceles y del Instituto Nacional Penitenciario (INP) a la Policía Nacional.
La militarización de los centros penales fue la respuesta del expresidente Juan Orlando Hernández a los hechos violentos que con frecuencia ocurrían en algunas prisiones del país durante su mandato; el ministro de la presidencia en ese entonces, Ebal Díaz, fue quien anunció la intervención militar, así como la suspensión de las autoridades del INP de sus cargos en diciembre de 2019.
La Ley del Sistema Penitenciario Nacional —creada en el 2011 y aprobada en el 2012— señala que el INP debe ser un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, con jurisdicción nacional; entre sus funciones tiene la organización, administración y el funcionamiento del sistema penitenciario nacional. Sin embargo, luego de que destituyeran a las autoridades anteriores del INP, en el año 2020 se reformaron varios artículos del Reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario.
Por órdenes del expresidente Hernández, el 17 de diciembre de 2019, 1,200 militares tomaron el control del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y del Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores (Inami). La comisión asignada para intervenir el sistema penitenciario fue integrada por militares de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).
Honduras cuenta con 30 centros penitenciarios, según cifras del INP; de estos, tres son de máxima seguridad. La cárcel del Valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán; «La Tolva», ubicada en El Paraíso; y la cárcel de «El Pozo», ubicada en el departamento de Santa Bárbara. Estas dos últimas son las más recientes, creadas en 2016.
En 2019, en la cárcel de máxima seguridad conocida como «El Pozo», fue asesinado Magdaleno Meza, presunto narcotraficante acusado por los delitos de lavado de activos, uso indebido de nombre, almacenamiento ilegal de armas de fuego de uso prohibido, y quien se presume era miembro del cartel de los Valle Valle en el occidente del país. . Meza fue detenido en 2018 en posesión de las denominadas «narcolibretas», en donde había información de Antonio «Tony» Hernandez, hermano del expresidente Hernández. En sus libretas, Magdaleno Meza detalló los envíos de droga recibidos por Tony Hernández y su hermano, el expresidente Juan Orlando Hernández.
Mientras esperaba su audiencia de evacuación de pruebas, prevista para inicios del 2020, Meza fue ultimado por 20 disparos y 21 puñaladas en el centro penitenciario en donde se encontraba recluido. El director de «El Pozo», Pedro Ildefonso Armas, fue suspendido de su cargo luego de ese incidente y, un mes después, fue acribillado.
El proceso de traspaso de mando del Sistema Penitenciario a la Policía Nacional, anunciado por Xiomara Castro el pasado 25 de febrero, consta de seis fases; siendo la primera un proceso de análisis de cada centro penitenciario en específico y sus necesidades. La presidenta Xiomara Castro afirmó que este proceso busca concluir en la formación de una Policía Penitenciaria independiente de las FF. AA. y de la Policía Nacional, apoyándose en una Policía Comunitaria; esta última es una de las promesas de su administración.
Poco después del anuncio de Xiomara Castro, cuatro personas murieron ahorcadas en una reyerta en la cárcel de máxima seguridad «La Tolva», ubicada en Morocelí, zona oriental de Honduras. Previo a esto, en enero de 2022, cuatro prisioneros fueron encontrados muertos y 11 resultaron heridos en una riña al interior de una cárcel ubicada en El Porvenir, Atlántida, al norte de Honduras. Delma Ordoñez, presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, aseguró que el amotinamiento suscitado en la cárcel de El Porvenir fue provocado por pandillas contrarias dentro del centro penitenciario.
Durante el 2021, la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) documentó seis reyertas en centros de máxima seguridad del país, que resultaron en ocho privados de libertad muertos y más de 55 heridos. En su informe, la Oacnudh también menciona el ingreso ilegal de armas de fuego a los centros penitenciarios como algo «particularmente preocupante».
El informe de la Oacnudh sobre la situación de derechos humanos en Honduras 2021, indica que, aparte del hacinamiento, todas las personas privadas de libertad a nivel nacional carecen de acceso a atención médica; así como su comunicación con sus representantes legales y familiares es limitada, y están expuestos a altos niveles de violencia. Del mismo modo, la oficina expresó en su informe que es preocupante «que no exista un plan claro de traspaso progresivo de la administración penitenciaria a las autoridades civiles».
Ante los hechos violentos y los señalamientos, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el comisionado Otoniel Castillo Lemus, explicó que el Directorio Estratégico del INP se encuentra en una etapa de análisis; es decir, en la fase 1, que incluye visitar cada centro penitenciario, hacer un estudio de sus necesidades y estudiar las maneras en las cuales se pueda asegurar el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad.
«Como Instituto Nacional Penitenciario estamos enfocados en la rehabilitación, la reeducación, la reinserción y el respeto a los Derechos Humanos de los privados de libertad y de todos los actores que están involucrados en el sistema penitenciario», dijo el comisionado Castillo Lemus, quien agregó que esto no será fácil debido a las precarias condiciones de los centros penitenciarios a nivel nacional y a las deficiencias del INP dejadas por la administración anterior.
Glenda Ayala, directora del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura (Conaprev), afirmó que la desmilitarización de los centros penitenciarios en Honduras no garantiza que cese la violencia dentro de los mismos y que solo por medio del control de civiles egresados de la Academia Penitenciaria se podrá asegurar el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad.
«Mientras las mismas personas estén al frente de las instituciones, con las mismas líneas y con los mismos vicios de trabajo, difícilmente se podrá lograr este avance en el sistema penitenciario, y lo que seguiremos viendo son muertes bajo custodia del Estado. Estamos conscientes de que la violencia no la podemos erradicar con violencia, y los militares y policías no han sido formados para lidiar con el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de las personas privadas de libertad, por eso hemos visto un ambiente de represión en las cárceles», señala la directora del Conaprev.
El Sistema Penitenciario hondureño, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INP) contabiliza a 20,687 personas adultas privadas de libertad, dentro de las cuales 1,219 son mujeres;sin embargo, las cárceles a nivel nacional solo tienen la capacidad para albergar a 14,780 personas. «El uso excesivo de la prisión preventiva, a pesar de su carácter excepcional según la ley, continúa siendo un gran desafío para el descongestionamiento del sistema penitenciario», indica el informe de la Oacnudh.
Según el informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras de la Oacnudh, el sistema penitenciario está viviendo una situación crítica de hacinamiento, en las que más de cinco mil privados de libertad superan la capacidad máxima de los centros penitenciarios.
En el Consejo de Ministros de la semana anterior, el presupuesto asignado al Instituto Nacional Penitenciario (INP) quedó en 1,979,838,991.00 lempiras; aumentando 741,308,98.00 lempiras conforme al anterior (1,238,530,010.00 lempiras). Las secretarías de Seguridad y de Defensa también gozaron de un aumento considerable en la reasignación del nuevo presupuesto, en donde esta última tiene 1,485,897,621.00 de lempiras más que la secretaría de Seguridad, aun cuando la Policía Nacional está adquiriendo cada vez más responsabilidad en la presente administración.
Mujeres privadas de libertad: más invisibilizadas que nunca en el Sistema Penitenciario
Glenda Ayala manifiesta que desde el Conaprev han visto con mucha preocupación el trato discriminatorio que se les da a las mujeres en los centros penitenciarios. Ante esto, la abogada menciona que en una de sus visitas a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), encontraron a un oficial hombre de la Policía Nacional encargado y responsable de la seguridad de las privadas de libertad dentro del establecimiento.
«¿En verdad queremos avanzar en el reconocimiento de la dignidad de las personas y, sobre todo, de las mujeres privadas de libertad o solo queremos apantallar algo que no es? Nunca un centro de privación de libertad de mujeres puede estar siendo dirigido por miembros masculinos, tienen que ser agentes penitenciarias, hay muchas que han sido formadas en la academia penitenciaria para regir y para ser las responsables de la seguridad de las mujeres», indicó la directora del Conaprev.
Según la Ley del Sistema Penitenciario en su artículo 30, «todos los establecimientos, así como los pabellones y secciones para mujeres en establecimientos mixtos serán dirigidos y estarán exclusivamente a cargo de personal femenino, sin perjuicio de que los servicios religiosos, médicos, educativos y de seguridad exterior sean desempeñados por hombres».
Glenda Ayala, directora del Conaprev, asegura que mientras no sean civiles los que estén al mando del sistema penitenciario en el país, difícilmente se podrá cambiar la situación y los hechos violentos continuarán bajo la custodia de entes del Estado.
La directora del Conaprev dio como ejemplo el caso de ocho mujeres privadas de libertad originarias de Trujillo, a quienes se les trasladó el 17 de diciembre de 2021 a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas) sin seguir las Reglas de Bangkok, las cuales establecen que estas mujeres deben de estar lo más cerca de su domicilio. Por este traslado, las mujeres pasaron de tener una cama en el centro penitenciario de Trujillo a dormir en el suelo en situación de hacinamiento en el Pnfas.
«Este es un acto deliberado, desproporcionado, inhumano y degradante en contra de las mujeres privadas de libertad. ¿Por qué razón a los hombres no se les trasladó y se les dejó allá bien tranquilitos cerca de sus hogares cometiendo delitos más abominables que las mujeres? Nosotros lo denunciamos, ya mandamos la recomendación y no hemos tenido respuesta. Estas mujeres son cabezas de hogar, porque en nuestra sociedad la mujer es el sustento del hogar, la que está al frente de los hijos y la que, muchas veces, por la situación de pobreza, es la que cae privada de libertad. Queremos que se retome de verdad la legalidad para que a las víctimas de estas decisiones arbitrarias se les restituyan sus derechos y que cese esa persecución hacia las mujeres en los centros penales», explicó la abogada Glenda Ayala.
Preocupación ante trato discriminatorio brindado a las mujeres privadas de libertad, las autoridades de la intervención militar, más de 400 mujeres desarraigadas de sus familias trasladadas a PNFAS, hemos retrocedido en materia de DH. Exigimos cece ese trato indigno a las mujeres pic.twitter.com/1nYSByL4XT
— MNP - CONAPREV (@CONAPREV) January 26, 2022
Actualmente son 1,184 las mujeres privadas de libertad en el sistema penitenciario hondureño. De estas, el 58 % ya están judicializadas y el 52 % condenadas. Glenda Ayala agrega que algunas de estas mujeres han sido obligadas por hombres para meter drogas en cárceles. Del mismo modo, más de 256 presidiarias tienen enfermedades crónicas que no han sido atendidas, y al menos 26 de ellas están con sus hijos menores de cuatro años dentro de las instalaciones.
Jenny Almendares, asesora legal del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (Cptrt), considera que a las mujeres privadas de libertad se les debe proporcionar información en materia de salud sexual y reproductiva de la mujer, y, sobretodo, garantizar la civilidad en los centros penales para que tengan una mejor condición de vida.
En cuanto a las acciones de la nueva dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el director de esta institución, Otoniel Castillo Lemus, asegura que se tomarán acciones inmediatas al respecto dentro del Pnfas, y que son conscientes de la situación de las mujeres y la falta de atención a esto de la administración anterior.
«Con el comisionado Robert Naín Nuñez, subdirector de Desarrollo Institucional, tenemos grandes proyectos a inicios del mes de abril. Se les impartirá a las mujeres cursos de belleza y se les brindará la debida educación. Además, se les acercaran a las reclusas a sus lugares de origen, porque sabemos que se han traído a algunas reclusas al Pnfas para tenerlas centralizadas. Esto sucederá después de hacer los debidos análisis», manifiesta el comisionado director del INP, Otoniel Castillo Lemus.
Propuestas a soluciones no atendidas
El comisionado Castillo Lemus, asegura que la situación en la que encontraron el sistema penitenciario es deplorable y que no cuentan con los recursos para crear más centros penitenciarios; tampoco hay ninguna propiedad a nombre del Instituto Nacional Penitenciario ni carros asignados a la institución. El comisionado manifiesta que solo hay recursos económicos para pagar salarios al personal administrativo del INP y para la alimentación de los privados de libertad.
«Debemos trabajar con la empresa privada para que, cuando estas personas salgan de prisión, tengan una oportunidad de empleo, ya que los proyectos que trabajan en los distintos centros penitenciarios deben seguir caminando afuera. Ahora estamos teniendo mucha actividad agrícola en los centros penales del occidente del país, por ejemplo», indica el comisionado, quien agrega que en las cárceles está la debida capacitación formal en educación primaria y secundaria, así como distintos talleres en donde los privados de libertad aprenden a hacer hamacas, trabajan madera y otros oficios.
Glenda Ayala asegura que la intervención en el INP continúa debido a que los órganos de control no funcionan en el marco de lo prescrito en la ley, la cual establece que se debe seguir una cadena penitenciaria conformada por personas egresadas de la Academia Penitenciaria. Ante esto, la solución es que civiles egresados de esta academia tomen el mando del sistema penitenciario hondureño. Ayala contabiliza a más de mil personas egresadas de la academia hasta el momento; entre ellas, licenciados y licenciadas en derecho y psicología.
«Ya dejemos de introducir miembros del orden en temas penitenciarios porque hay una incompatibilidad terrible; el que detiene no puede ser el mismo que rehabilita. Los resultados de eso han sido violaciones a los derechos humanos de personas que están en las cárceles», asegura Glenda Ayala. La directora del Conaprev también reconoce que se les ha tomado en cuenta en reuniones con el INP, pero advierte que esto no asegura que sus propuestas sean escuchadas.
Jenny Almendares, del Cptrt, concuerda con que se debe de seguir un sistema progresivo que oriente a civiles al mando del sistema penitenciario, esto para que la persona privada de libertad pueda irse rehabilitando progresivamente.
«Es muy importante tomar en cuenta que quienes están en centros penitenciarios son personas que no necesariamente son peligrosas; para eso hay estudios y consejos que estudian la peligrosidad de las personas. Lo que deben existir son cárceles que atiendan las condiciones de cada persona, porque son seres humanos, son hombres y mujeres que se encuentran en una condición de sus vidas. Privados de libertad, sí, pero que deben ser tratados como seres humanos y no vistos como un peligro», asegura Jenny Almendares, asesora legal del Cptrt.
En lo que va del año, ocho personas privadas de libertad han muerto en hechos violentos dentro de centros penitenciarios, y once han resultado heridas luego de riñas entre reclusos pertenecientes a pandillas contrarias. Aún con el anuncio de la desmilitarización de los centros penitenciarios y su avance progresivo hacia una Policía Penitenciaria, la presidenta Xiomara Castro no ha anunciado reformas a la Ley del Sistema Penitenciario hondureño.
