La exrepresentante del Partido Libre en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada, ahora titular de la Secretaría de Finanzas, reveló que el presupuesto aprobado por el Gobierno de Juan Orlando Hernández es falso y ha sido fuente de corrupción para el pago de funcionarios. En contraposición al informe del gobierno actual, Wilfredo Cerrato, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH) y exsecretario de Finanzas en administraciones anteriores, asegura que la emergencia fiscal, declarada hace unos días, no tiene sustento ya que aún existe dinero de préstamos solicitados previamente.
Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
«Este presupuesto es falso, no refleja la verdad y es fuente de corrupción», manifestó la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, en una conferencia de prensa el pasado 23 de febrero, en la que presentó la primera parte de un informe que revela la situación financiera de Honduras después de la administración de ocho años del expresidente Juan Orlando Hernández.
Uno de los puntos que se destaca en este informe financiero es el supuesto desvío de L 168 mil millones (6,888 millones de dólares) cuyo paradero se desconoce.
Adicionalmente, la ministra agregó que L 400 millones (aproximadamente 16 millones de dólares), se extrajeron de la Tesorería General de la República (TGR) un día antes de la toma de posesión de la actual presidenta Xiomara Castro para beneficiar a 60 funcionarios de la administración anterior con el pago de prestaciones laborales realizadas de forma arbitraria, y, además, mencionó que 10 empresas —no mencionadas hasta el momento— recibieron más de mil millones de lempiras en exoneraciones en el año 2020. Solo una de estas empresas fue beneficiada con la exoneración de L 360 millones ese mismo año.
El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras para el año 2009 fue de L 64 mil 290 millones. Para el año 2021, el último año de Juan Orlando Hernández, el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional fue de L 228 mil 871 millones.
«El presupuesto para el 2022 es de L 308 mil millones , o sea, más de 12 mil millones de dólares, fue formulado y aprobado por el régimen de Juan Orlando Hernández en diciembre del año pasado después de perder las elecciones. La administración pasada maquilló cifras, incluyó programas y proyectos sin estudios de endeudamiento y no cabe duda de que fue elaborado de manera impúdica y descarada con conocimiento de que a partir del 27 de enero iniciaba la nueva administración que requería de su propio presupuesto para cumplir el proyecto por el cual el pueblo votó», manifestó la ministra de Finanzas.
Por otra parte, Wilfredo Cerrato, expresidente del Banco Central (BCH) quien también fue nombrado ministro de Finanzas el año 2012 durante el Gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y permaneció en ese puesto hasta el 2018, aseguró que el informe presentado por Rixi Moncada tiene inconsistencias sustanciales.
Cerrato aseguró que en ese informe no están detallados los desembolsos procedentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) depositados en la TGR durante los años 2020 y 2021. El expresidente del BCH detalla, respaldándose en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que en las arcas del Estado quedaron L 10, 650 600 millones hasta el 30 de diciembre del año 2021, contrario a lo publicado en el informe de la ministra de Finanzas, según el cual solo quedaron L 800 millones en caja.
Wilfredo Cerrato indicó que las cifras contenidas en el informe de Moncada no son reales debido a que, un día después de la conferencia de prensa del 24 de febrero, a la cuenta de la Tesorería General de la República (TGR) entraron L 616.4 millones para el uso de la administración central. Con esto el exfuncionario explicó que, de tomarse en cuenta ese día, en la cuenta de la TGR habría más dinero que el detallado por Rixi Moncada.
«El 24 de febrero, día después de la conferencia de prensa, ya habían L 11, 209 millones, es decir, L 559 millones más de lo que había el 30 de diciembre del año pasado», aseguró Wilfredo Cerrato. Además, el exministro manifestó no saber nada sobre las 10 empresas beneficiadas con la entrega de exoneraciones por la administración anterior, tampoco sobre los funcionarios favorecidos con este presupuesto.
El economista Claudio Salgado destacó que la administración anterior no entregó ningún informe financiero por escrito. «Según me confiaron algunos miembros de la Comisión de Transición, lo expuesto por la administración anterior en materia financiera solo fueron presentaciones, nunca un documento oficial», indica el analista.
Salgado añade que es importante saber que en los informes financieros las cifras van y vienen y que los estados contables dependen de la fecha en que son emitidos. «Esto es lo que sucede a la hora de rendir cuentas sobre el estado financiero de la Tesorería General de la República (TGR). El verdadero estado de las cuentas de la TGR solo lo podrá determinar una auditoría forense», añadió Claudio Salgado.
El expresidente del BCH, Wilfredo Cerrato, tampoco se refirió a la deuda flotante no incluida en el presupuesto de la República, aprobado antes de que tomara posesión la presidenta Xiomara Castro. En ese sentido, Claudio Salgado recalca que el endeudamiento mencionado por Wilfredo Cerrato, no incluye la alta tarifa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), deuda que ronda los L 60 mil millones.
«Después de 12 años de desastre, hay que comenzar por algo, y obviamente lo que ella señala [Rixi Moncada] y las acciones que se van a tomar a mí me parecen correctas, ya que el gobierno está en muchas dificultades financieras. Sin embargo, de la noche a la mañana no se va a resolver todo lo que la ministra señala, ya que es un periodo [de gobierno] para revisar todos los fideicomisos. Además, se debe tomar en cuenta si la información de la administración previa aun existe o si pudo haber sido eliminada», expresa el economista Claudio Salgado.
Kilvett Bertrand, líder del Partido Nacional, dijo que no se debería adjudicar al Partido Nacional el que haya funcionarios pertenecientes a ese partido entre los 60 beneficiados con el pago arbitrario de prestaciones laborales, tal como lo señaló el informe presentado por la ministra de Finanzas. «El partido es una institución de personalidad jurídica, no es una persona natural y no puede responder por las acciones individuales. Al final del día lo que se tiene que hacer es investigar este tema y que se deduzcan las responsabilidades, pero si esta tambien votado en el Congreso Nacional en el que hubo una representación de todos los partidos politicos tambien creo que hay mucha tela que cortar por ahí», agregó Bertrand.
Como no van a estar mal las finanzas si en Casa Presidencial, los Gerentes y sub Gerentes tenían rango de Ministros, recibían su salario, mas bonos de seguridad, alimentación, transporte y de semana santa, percibían de 150 a 350 mil mensual, mas vehículo, combustible y viáticos. pic.twitter.com/O3uOUinOma
— 𝙇𝙪𝙞𝙨 𝙅𝙖𝙫𝙞𝙚𝙧 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙤𝙨 𝘾𝙧𝙪𝙯 (@Luis_Santos_C) February 22, 2022
Además, el nacionalista expresó que Wilfredo Cerrato «dejó muy en claro que lo dicho por Rixi Moncada recientemente carece de verdad y carece de terner un verdadero conocimeinto de lo que es el area financiera de un pais. Nos preocupa mucho porque el riesgo de país subió casi un 80% cuando estamos viendo que esto le va a costar miles y millones de lempiras a hondureñas y hondureños, no al Estado, no al Gobierno, sino que a los hondureños y hondureñas».
Emergencia fiscal: única alternativa para rescatar el país asegura el Gobierno actual
La declaratoria de emergencia fiscal, aprobada el pasado 15 de febrero por el Congreso Nacional, fue una de las primeras iniciativas de ley enviadas desde el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional a través de la secretaría de Finanzas al mando de la abogada Rixi Moncada.
A través de esta emergencia fiscal se pretende recuperar las finanzas del Estado de Honduras y así poder solicitar préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta iniciativa de ley, argumenta el Ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, es necesaria debido al estado financiero del país y porque no se tiene el dinero para que las instituciones del Estado operen debidamente.
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«El déficit nos obliga a acudir a la banca para que nos financie préstamos hasta por 2 mil 600 millones de dólares», manifestó la ministra de Finanzas, refiriéndose a la necesidad de declarar en emergencia fiscal y financiera al Estado hondureño. Además, mencionó que la Secretaría de Finanzas no tiene el registro del gasto de salarios, viáticos, consumos, transferencias del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo de la presidencia pasada, así como del Ministerio Público y de otras instituciones.
«Por eso, Ministro de Salud y Ministro de Educación, por más llamadas que me hagan, no tengo dinero de donde pagar los empleados, no hay para pagar las planillas», indicó Rixi Moncada, ante las manifestaciones del personal magisterial y de la salud, exigiendo el pago de planillas y plazas otorgadas por el Gobierno anterior. A esto se refirió el ministro de la presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, en una entrevista previa para Contracorriente, en la que explicó que su equipo trabajaba ad honorem, debido a que en estos momentos «es imposible el pago de prestaciones a empleados de la administración anterior y el pago de salarios a trabajadores del Gobierno actual».
Rixi Moncada, ministra de Finanzas, asegura que debido al pobre estado financiero en el que se encuentra el país, no hay fondos para pagar a empleados de las distintas secretarías.
Ante esto, la ministra de Finanzas asegura que la situación financiera es un desafío para la administración actual, pero es superable, siempre y cuando se adopten las medidas y los distintos sectores de la sociedad entiendan el momento que se vive como país y se encuentren las soluciones al respecto. «Ayer entraron a caja L 9 millones, los requerimientos solo para pago de salarios en Educación andan L 140 millones y en Salud, hasta el día de ayer, estaba cargado por L 40 millones», puntualizó la ministra.
Del mismo modo, Rixi Moncada explicó que en el presupuesto aprobado para el presente año se contemplan L 2, 300 millones en transferencias a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y a entes beneficiarios, y que en el mismo presupuesto no se contempla cómo cubrir el pago de prestaciones ni derechos laborales de los trabajadores, ni tampoco desastres naturales ni epidemias.
«Hoy, el Banco Central, dirigido por la licenciada Rebeca Santos en el directorio y gracias al decreto de emergencia financiera que aprobó el Congreso, ha aprobado por unanimidad los fondos por casi L 19 mil millones para poder inyectar la caja, no para derrocharlos sino para empezar a cumplir de forma ordenada las obligaciones», aseguró en la conferencia de prensa la ministra.
Rixi Moncada detalló que, entre el 3 y el 26 de enero de este año, la Tesorería General de la República (TGR), «violentando todas las normas legales y el orden de prelación», realizó pagos por L 6, 976 millones a programas proveedores seleccionados políticamente, entre ellos, los de la Vida Mejor, dejando deudas de pagos por más de 45 días que superan los L 3 mil millones y dejando también una deuda flotante de L 12 mil millones.
Además, agregó que la Tesorería General de la República es una caja vacía en este momento, en vista de que pagó alrededor del 54% del total de la deuda flotante acumulada en 2021, lo cual dejó a la secretaría de Finanzas sin fondos para pagar el mes que se vence por los salarios a los maestros y al personal de salud en primera línea. «No hay de dónde, hay que recoger diario, pagar a diario y por partes», indicó.
Contrario a esto, Wilfredo Cerrato aseguró que declarar en emergencia fiscal al país le costará L 1, 428 millones anuales a los hondureños, y que, además, luego de la declaratoria de emergencia fiscal y después de las declaraciones de Rixi Moncada, la prima de riesgo de Honduras pasó de 3.24% en diciembre de 2021 a 5.42% actualmente (febrero 2022).
«Después de la declaración de emergencia fiscal, la prima creció a 3.87%, y después de la conferencia de ministra ascendió a 5.42%. Así identificaron los mercados locales e internacionales el cierre de la conferencia. Esto le va a salir caro a cada ciudadano, esas declaraciones que no han sido correctas y la declaratoria de emergencia sin necesidad», manifiesta el expresidente del BCH.
Wilfredo Cerrato, expresidente del BCH, afirma que la emergencia fiscal declarada en el país fue un error y que traerá más endeudamiento a Honduras, dado que ya se contaba con dinero de préstamos anteriores.
Además, Cerrato afirmó que esta declaratoria de emergencia fiscal traerá más endeudamiento al país, ya que los L 25 mil millones (aproximadamente 2 mil millones de dólares) se aprobaron sin haber utilizado el endeudamiento que ya estaba autorizado en el presupuesto de la República, que son L 51 mil millones. «Declaramos emergencia fiscal habiendo dinero en la caja», sostiene el exministro de Finanzas, quien señala que la deuda actual, luego de la declaratoria de emergencia fiscal, aumentó a L 100, 443 millones.
Conforme a lo anterior, el economista Claudio Salgado aseguró que las aproximaciones de Wilfredo Cerrato no son más que una presunción, debido a que, para saber si los hondureños pagarán más debido a este endeudamiento, se tiene que corroborar si los valores se mantienen o cambian una vez se tenga que pagar.
Fideicomisos, Alianzas Público Privadas y nuevas medidas en las finanzas del país
Otro de los puntos que más se destacaron durante la presentación del informe financiero fue el de los fideicomisos. La funcionaria Moncada detalló que en diciembre de 2021, después de las elecciones, la TGR transfirió a los bancos fiduciarios un monto de L 2, 200 millones conforme a las actas de los comités técnicos. Entre ellos están los fideicomisos pagados para infraestructura vial, para promover y fortalecer el deporte, para la comisión administradora de la zona libre turística de Islas de la Bahía, para la conversión del sistema de carburación y uso de combustibles, para construcciones y fideicomisos para otros servicios.
Además, manifestó Moncada, el dinero de estos fideicomisos no entra a la caja de la cuenta única del tesoro y algunos de los mencionados anteriormente pasan solo dejando la huella que evidencia la descapitalización de la cuenta única, disminuida en su capacidad para enfrentar los compromisos del Estado. «Entre ellos está el fideicomiso en BAC Credomatic y los hospitales móviles, un contrato para infraestructura vial que vence en el año 2045 y está constituido como garantía de un préstamo sindicado con participación de varios bancos en la adjudicación. El comité lo integra INVEST-H, la Secretaría de Coordinación de Gobierno (que lo preside), Finanzas, Desarrollo Económico, Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Comité Hondureño de la Empresa Privada (Cohep)», puntualizó la ministra.
«Para esto, el 19 de marzo y el 2 de abril del año anterior se ordenaron los F01 de los hospitales móviles, pero el pago de los L 100 millones no lo hizo ni pasó por Banco BAC, lo hizo la Secretaría de Finanzas (Sefin) directamente al beneficiario en Estados Unidos a través del Banco Central en dólares. Aunque esta operación la pagó la Sefin, presupuestariamente está registrada como inversión en fideicomiso y no como hospitales móviles, la responsable de este pago fue la Sefin directamente, ningún tesorero va a hacer el pago sin orden del ministro, máxime por L 1,100 millones de lempiras», explicó la ministra, quien agregó que cada uno de estos fideicomisos serían revisados para determinar si cumplen con la responsabilidad civil, administrativa y penal.
En el caso de las Alianzas Público Privada (APP), la ministra de finanzas las calificó como una «desgracia de este país» y aseguró que forman parte del modelo de corrupción de Honduras. «Las APP recaudaron más de L 40 mil millones bajo este esquema evasor de la Ley de Contratación del Estado. Sefin no quiere ese pozo de corrupción, Sefin tiene otra finalidad desde el punto de vista constitucional y no administrar la corrupción dejada por las APP», indicó. También agregó que los contratos de APP ahora deberán ser revisados y auditados para determinar responsabilidades y demandas y reclamos administrativos, ya que las demandas y reclamos contra el Estado deben trasladarse a la Procuraduría General de la República (PGR).
Señaló que 11 proyectos fueron adjudicados, pero que estos conllevan concesiones por más de 30 años. En estos proyectos está incluido el fideicomiso de la Empresa Energía Honduras (EHH) y el del Aeropuerto Palmerola. Con los 11 proyectos mencionados al principio, el Estado recibió reclamos por 630 millones de dólares, los cuales hasta el momento se han tramitado, de acuerdo a sus contratos, en espacios relativos a la justicia, mismos que ya fueron pagados a través de la transferencia de más de 2 mil 200 millones de dólares al Poder Judicial. «No tenemos ninguna duda que los proyectos APP son fuente de corrupción y fueron diseñados para eludir las restricciones presupuestarias y posponer el registro de los costos fiscales exponiendo a las finanzas públicas a riesgos excesivos», puntualizó la ministra.
A ninguno de estos temas se refirió el expresidente del Banco central, Wilfredo Cerrato, en su conferencia de prensa.
La promesa de declarar a la ENEE patrimonio nacional
El tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) también salió a relucir en la conferencia de prensa de la ministra de Finanzas. La ministra reveló que la deuda de la ENEE supera los L 76 mil millones y que tiene una pérdida del 33%. «Es importante que el pueblo sepa que cuando se habla de pérdidas de la ENEE se habla de pérdidas del pueblo, el 15% de esas pérdidas lo pagamos todos por disposición de la ley y el resto lo pierde directamente la ENEE y equivale a L 6 mil millones anuales», indicó.
«La ENEE ha sido destrozada y está en la peor de sus crisis, pagando 88 contratos de generación de energía con los precios más caros de la región avalados por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) con concesiones sobre el aire, el sol y el agua por 10, 12 y 20 años, y que el 57% de estas concesiones vence en 2037 y el resto en 2046. A lo anterior se suman los beneficios otorgados a través de exoneraciones. Es probable que muchos no estemos en esa fecha, pero toca ahora tomar decisiones como que vamos a estar», puntualizó la abogada Rixi Moncada.
Además de declarar a la ENEE «patrimonio nacional propiedad del pueblo hondureño», la ministra declaró como «lesivo para el Estado de Honduras» el contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH), el cual establece reducir las pérdidas de la ENEE en un 15%, las que ya rondan un 38%. También exigió a la estatal energética presentar un plan para reducir las pérdidas en el sector energético y reformar la ley de industria eléctrica para construir la represa Jicatuyo y los Llanitos.
Entre otras medidas que tomará el Gobierno en materia financiera que fueron mencionadas por la ministra Moncada está la reformulación del presupuesto, planteado por los ministros de varias secretarías y dentro del cual estará la merienda escolar, un bono tecnológico, matrícula gratis, reparación de centros de educación y la reconstrucción de la infraestructura dañada por ETA e IOTA.
Nuevo Gobierno debe reducir el desmedido tamaño y gasto heredado del gobierno anterior, y crear las condiciones para generar desarrollo económico que impacte y sea más enfocado en la microeconomía.
— Eduardo Facusse (@efacusse) February 25, 2022
Rescate de Mipymes y la reducción de la pobreza deben ser objetivos primordiales.
Además, entre las medidas mencionadas, la abogada Rixi Moncada hizo hincapié en que se deberá presentar un plan de pago de la deuda pública ante la banca privada y los organismos financieros internacionales, eliminar el monto de salario que exceda lo asignado en el presupuesto para el salario de la presidenta que nominalmente es de L 137, 600 quedando en L 95,750 lempiras por las deducciones, así como subastar, junto a otros bienes públicos fuera de uso, el avión presidencial.
Luego de revelar el estado financiero de Honduras —cosa que no se hacía en 12 años— el siguiente paso para la administración actual es sentar las bases de la transparencia y rendición de cuentas, señalar a los culpables por el manejo de fondos estatales y lograr un consenso entre la parte empresarial y el Estado, pensando más allá de 4 años.
