Por Yeye Balam
Fotografía de Archivo Contracorriente/Martín Cálix
En el programa Frente a Frente del 14 de octubre de 2021, Pedro Barquero contaba que, por iniciativa de ellos (el propio Barquero y Salvador Nasralla), decidieron acercarse a las autoridades del Partido Libertad y Refundación (Libre) para acordar una alianza de hecho en la que Nasralla renunció a su candidatura presidencial y pasó a apoyar la candidatura de Xiomara Castro; quien, a la postre, resultó electa como la primer mujer presidenta de Honduras.
Aquella decisión se tomó de forma apresurada y con los tiempos en contra, sin consultar a las bases partidarias que, principalmente en el caso del Partido Salvador de Honduras (PSH), dejó un notable disgusto en algunos candidatos y candidatas al Congreso Nacional.
Como parte de los acuerdos se redactó un inciso que reza: «(…) quien ocupe la presidencia del congreso será designado por Salvador Nasralla (…)» y en aquel momento, con las atenciones principalmente volcadas en el Ejecutivo, la sentencia de que Salvador designaría a dedo la persona para ocupar la presidencia del Legislativo sonó sin retumbar demasiado.
Pasadas las elecciones, a medida que se resolvía el escrutinio de las diputaciones y se consolidaba que la bancada del PSH se establecía en diez escaños como cuarta fuerza política, y la bancada de Libre con cincuenta como la primera, se empezó a especular cuál sería aquella persona ungida por el «Señor de la televisión» (como se le conoce a Salvador Nasralla) para ocupar la presidencia del Congreso y desatar las tormentas. Finalmente un nombre fue dado: Luis Redondo. Y las tormentas fueron desatadas.
Contra el espíritu de las leyes
La moderna división de poderes de las repúblicas representativas fue propuesta por el filósofo francés Charles Louis de Secondat, conocido como Montesquieu, en su obra de 1748 El espíritu de las leyes, basándose en la tesis presentada por John Locke en el Segundo tratado sobre el Gobierno civil. La tesis fundamental de Montesquieu es contra el despotismo, donde el déspota gobierna solo, según su voluntad y sus caprichos, a partir de ostentar en sí mismo los tres poderes del Estado. Así, como mecanismo de contrapesos para evitar el despotismo, Montesquieu sostiene que es necesario que los tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— sean independientes uno del otro; es decir, que en principio un poder no intervenga sobre otro. Es claro que la tesis de Montesquieu presenta sus limitaciones; por aquel entonces no existían ni las instituciones ni los partidos con la forma actual. Pero el principio de «separación de poderes» se ha tratado de hacer encajar en la medida que la estructura de los Estados ha venido evolucionando, particularmente desde la Revolución Francesa, la independencia de los Estados hispanoamericanos y muy marcadamente después de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, dicho encaje se ha logrado más en la teoría que en la práctica, pues «un poder que nombra ostenta el poder de revocar». Este principio de la «separación de poderes» ha sido esgrimido constantemente por Nasralla y Barquero como sustento legitimador del inciso (G) del Acuerdo Político entre Libre, PSH y PINU, pero pronto se vislumbra la contradicción de lo acordado: a un integrante del Poder Ejecutivo (Salvador Nasralla) se le ha otorgado el poder de una injerencia directa en el Poder Legislativo.
Otro problema que presenta el inciso (G), ante las y los disidentes, es que no establece que el presidente del Congreso tenga que ser necesariamente de la bancada del PSH. Literalmente comienza diciendo: «El Partido Salvador de Honduras, sin considerar el número de sus diputados que resulten electos, designará los diputados que integran la junta directiva del Congreso Nacional en conjunto con el Partido Libre». La redacción no es limpia, pero deja claro que la junta directiva sería configurada en conjunto entre Libre y PSH, y que, de dicha configuración, Salvador Nasralla designaría quien sería la o el presidente, independientemente de la bancada. No obstante lo sostenido en medios por Salvador es que él designaría a un o una integrante del PSH para la presidencia del Congreso, siendo ese discurso, y no lo literalmente establecido en el inciso (G), lo que se ha difundido a la población.
Ahora, no es de extrañar este tipo de contradicciones. El Estado de Honduras, a pesar de haber conmemorado su Bicentenario de Independencia, no acumula esos doscientos años en tradición republicana. La independencia de la Capitanía General de Guatemala presidida por Gabino Gaínza, que es la del 15 de septiembre de 1821, no se consolidó, sino que las provincias centroamericanas pasaron a formar parte del Imperio Mexicano de Iturbide. Esto significó que las estructuras feudales heredadas de la Colonia se mantuvieran. Y luego esas mismas estructuras feudales llevarían al fracaso a la República Federal y a la Reforma Liberal. Estos doscientos años no han bastado para sacudirse tales estructuras, y eso explica esa afinidad hondureña por el caudillismo a pesar de la forma republicana del Estado. De allí que todavía se acuerden designaciones «a dedo», se hable de «pacto de caballeros» y la primera respuesta legítimamente republicana sea «palabra de mujer».
Dicho lo cual, quizás la mejor forma de avanzar en la construcción republicana sea yendo contra el espíritu de las leyes, pero de las leyes feudales y tácitas que tras doscientos años de «republicanismo» no han terminado de morir.
El perfil del candidato
Pero la manzana de la discordia no es tanto la contradicción tácita del inciso (G) como la persona propuesta para el cargo. El Partido Libre se define constitutivamente como un partido revolucionario, socialista y feminista, y ahora sus cincuenta diputados y diputadas están llamadas a prestar sus votos para investir presidente a un candidato ultraconservador, abiertamente machista y en contra de los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos civiles de las personas Lgtbiq+.
En la sesión legislativa del 21 de enero de 2021, el Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley que modificó los artículos 67 y 112 de la Constitución de la República para prohibir de manera absoluta cualquier forma de aborto, incluyendo el aborto terapéutico, en detrimento de la salud, derechos reproductivos y vida de las mujeres hondureñas, así como la forma del matrimonio para prohibir toda posibilidad de legalizar el matrimonio homosexual. A la hora y veintitrés minutos de dicha sesión legislativa, intervino Luis Redondo, diciendo: «(…) yo siempre, en todo sentido, en todo momento de mi vida siempre voy a ser provida», y como colofón fue él mismo quien propuso que los artículos reformados solo pudieran reformarse con mayoría de tres cuartas partes del Congreso; es decir, noventa y seis votos; y enfatizando que si por él fuera, tales artículos deberían reformarse solo por unanimidad del pleno del Congreso Nacional.
La intervención de Redondo se enmarca en las falacias de la derecha ultraconservadora que considera a la mujer como una nave reproductiva sin posibilidad de derechos sobre su propio cuerpo. Ni los criterios médicos de inviabilidad o de salud mental, ni los de violencia, ni los económicos de sostenibilidad familiar, ni los civiles de voluntad ciudadana tienen validez alguna para Redondo. Honduras presenta la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en América Latina, muchos de los cuales «son el resultado de delitos de violación sexual e incesto», y aún ante estas cifras, a las que todo legislador tiene acceso y, por su cargo, debe estudiar, prestar atención y considerar, resultó que Redondo no las consideró, sino que primó sus creencias subjetivas particulares y se manifestó claramente en contra de atender cualquier tipo de propuesta que se planteen en contra de tales creencias. Luis Redondo, en contra de la representación parlamentaria del pueblo, se representa antes a sí mismo y se niega a atender al pueblo representado si las opiniones de dicho pueblo no coinciden con sus creencias particulares.
Otro ejemplo del perfil ultraconservador y antidemocrático de Luis Redondo se presentó en 2015, cuando en detrimento de la laicidad constitucional del Estado, que es la garantía de la libertad de culto para la ciudadanía de la República, proponía como proyecto de ley «reconocer la existencia de Dios en la Constitución» y para que en el cono monetario vigente se imprimiera el mensaje: «EN DIOS CONFIAMOS».
Ante tales precedentes (entre otros) no es de extrañar la resistencia de sectores de Libre, organizaciones feministas y sectores académicos a la propuesta de Redondo como presidente al Poder Legislativo, muy a pesar del visto bueno por parte de las autoridades de Libre para apoyar la candidatura de Redondo, que se encuentra en las antípodas del proyecto político impulsado por el partido de izquierda.
Esto deja dos escenarios posibles: a) La bancada de Libre cede sus votos a un candidato ultraconservador, a riesgo de que proyectos de ley progresistas sean engavetados; o bien, b) que el candidato ultraconservador se desdiga y ceda postura para reubicarse en una línea más progresista. Pero en todo caso la candidatura de la presidencia del Congreso sigue estando sujeta a contradicciones fundamentales e ideológicas de arduo sorteo.
Los límites aritméticos y liberales
El politólogo y exvicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, suele repetir que «la política es cabalgar contradicciones». Hay que reconocer que tanto Libre como PSH están haciendo un esfuerzo en cabalgar las contradicciones citadas y que tienen suficientes herramientas y legitimidad para sortearlas y resolverlas, o acarrearlas de una u otra manera. No obstante, 50 más 10 solo suman 60, y para lograr la elección presidencial se necesitan 65 votos. Conseguir esos cinco votos es una tarea parlamentaria.
Desde los tiempos de la democracia arcaica de la Atenas clásica, la gracia de las asambleas parlamentarias es la deliberación. De allí que para aquel pueblo griego la retórica resultara tan fundamental como la oratoria para los romanos. De allí que un filósofo griego como Aristóteles escribiera un tratado de retórica y un filósofo romano como Cicerón, uno de oratoria. Tanto en la democracia ateniense como en la aristocracia romana, la deliberación parlamentaria fue fundamental para sus historias políticas.
Pero, si prestamos atención a la historia, notaremos que no toda la deliberación se hizo ni se hace desde la tribuna parlamentaria, sino que también es necesaria antes del tiempo de palabra de sesión ordinaria. El nombre de «parlamento» no es gratuito, su razón de ser se manifiesta en la propia palabra. Por eso conseguir los votos de fuerzas políticas ajenas, estén coaliadas o no, es parte fundamental del trabajo de todo y toda congresista. Resulta una aberración política (por el ya citado principio de «separación de poderes») esperar que toda una bancada de un poder del Estado se comporte como un monolito en función de los designios de una persona de otro poder del Estado; o todavía más, de lo que dictamine una autoridad partidaria externa a los poderes constituidos. En política la disciplina partidaria no está en conflicto con el disenso.
Sorteadas las contradicciones, Redondo no puede esperar a que los cinco o tres votos faltantes (dependiendo de la posición del diputado de la DC y la diputada del PAC) le sean cedidos por el Partido Liberal de buenas a primeras. Y no es responsabilidad ni de Libre ni de sus compañeros y compañeras del PSH cabildear esos votos. Cuando Nasralla asegura en una conferencia de prensa que están garantizados diez votos del Partido Liberal, en realidad está especulando. Para empezar porque la línea afín a Luis Zelaya es de seis curules, y ello no es razón suficiente para asumir que seguirán a rajatabla las disposiciones de Luis Zelaya. El Congreso Nacional atiende a dinámicas propias, y si el propio Redondo no está dispuesto a ceder postura en función de «sus principios», asumir que los demás sí que lo harán manifiesta una ingenuidad de cómo funciona una correlación de fuerzas en un parlamento.
Ya el Partido Liberal ha manifestado su intención de apoyar una candidatura de Libre por ser esta la bancada mayoritaria, en un intento de desmarcarse del Partido Nacional con el que ha colaborado en los pasados doce años. Las autoridades del Partido Liberal son más conscientes que nunca de que su institución ha venido perdiendo fuerza elección tras elección. Para que el Partido Liberal no desaparezca le es necesario desmarcarse del Partido Nacional, pero su competidor en el espectro político no es tanto el Partido Libre como sí lo es el PSH.
La legitimidad de la cuarta fuerza
Los sondeos preelectorales elaborados por Cespad hasta octubre de 2021 sugerían una intención de voto del 14 % para Salvador Nasralla, pero solo un 5 % de simpatía por el PSH. Si se toma dicho 14 % y se realiza una proyección de marcas se obtiene una horquilla de 16 a 20 curules. A principios de noviembre de 2021 realicé dicha proyección y publiqué tres gráficos para cada una de las hipótesis de la horquilla. Sin embargo, es un error proyectar con ese 14 %; lo correcto era emplear el 5 % que sugerían las encuestas. Si se toma el 5 % para realizar la proyección, la horquilla ronda entre los 9 y 12 curules. Lejos del discurso reiterado de Salvador, la ciencia de datos nos demuestra que el resultado final ha estado dentro de ese margen y no ha existido ningún fraude ni bancadas infladas. El PSH tiene la legitimidad de ser la cuarta fuerza política, concentrada en Francisco Morazán y Cortés, mientras que el Partido Liberal se hunde en estos departamentos —algo que ya se vislumbraba desde un estudio anterior sobre los resultados de 2017— y logra resistir la debacle como un partido rural.
Además de lo anterior, el Partido Liberal dobla en escaños al PSH. Esto acarrea una carga simbólica respecto a la presidencia del Congreso Nacional. La legitimidad de la posible presidencia de Redondo recae precisamente en Libre y no en la pequeña bancada del PSH, que entera es insuficiente incluso para cubrir todos los puestos de la junta directiva; además, la tradición parlamentaria reclama que la presidencia recaiga en la bancada mayoritaria. Estas circunstancias prestan al Partido Liberal la posibilidad de perfilarse como un partido bisagra y su bancada puede enrocarse para negarle la presidencia a Redondo e impulsar a alguien de Libre. Y no porque desde el Partido Liberal quisieran apoyar una candidatura de Libre, sino para demarcar la magnitud de su influencia en la próxima legislatura y así legitimar su peso como tercera fuerza política. Esto último es algo que conviene a las dos alas liberales que, si bien están enfrentadas, su futuro político depende de la sobrevivencia del Partido Liberal.
Conclusiones
La coyuntura política impulsó un acuerdo de última hora que permitió la garantía de victoria de Xiomara Castro en la presidencia del Ejecutivo; sin embargo, en dicho acuerdo se reflejan todavía las estructuras feudales arrastradas desde los tiempos coloniales, manifestándose principalmente en contradicciones alrededor del «principio de separación de poderes». Además de ello, la propuesta del PSH, Luis Redondo, representa una candidatura ultraconservadora en las antípodas del proyecto político sostenido por el Partido Libre. No obstante, se tiene la confianza de sortear tales contradicciones para mantener la propuesta de Redondo a la presidencia del Congreso; pero, para ello, Redondo debe conseguir el apoyo del Partido Liberal, el cual para evitar su desaparición por activa y por pasiva debe proyectarse como una fuerza política influyente, pero desmarcada del Partido Nacional. Guste más o guste menos, la última palabra y el último voto que definirá quien presidirá el Poder Legislativo de la República descansa silenciosamente en el Partido Liberal. Con ello se jugarán no solo la presidencia de la próxima legislatura, sino también todo el futuro del partido. La Junta Directiva que sea electa determinará la dinámica de la agenda legislativa para los próximos cuatro años, y a unos cuantos días de su elección definitiva por ley, quienes estamos atentos y atentas a la resolución de este primer episodio político, expectantes como César antes de cruzar el Rubicón, le acompañamos en la locución alea iacta est (la suerte está echada).
