–En Latinoamérica, Honduras ha sido uno de los países pioneros en la exportación de derivados de la palma aceitera. A pesar de denuncias internacionales por daños al ambiente, las autoridades competentes al interior del país no registran sanciones contra empresas palmeras ni productores independientes.
–La empresa Aceydesa es señalada de infracciones ambientales graves en la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible y uno de sus fundadores es un político del departamento de Colón que ha estado envuelto en escándalos internacionales.
Texto: Lizz Gabriela Mejía/ Contracorriente
Fotografías: Martín Cálix/ Contracorriente
Editado por Jennifer Ávila y Antonio Paz
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Modificación de escrituras de propiedad para disponer de zonas de protección ambiental establecidas por el Estado, falsificación de datos, soborno a trabajadores y agencias estatales, manipulación del sistema de pesado del fruto y operación sin licencias ambientales, son solo algunos de los cargos que figuran en una denuncia presentada contra la empresa Aceites y Derivados S. A. (Aceydesa) ante la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), organización creada para promover el cultivo, producción y consumo responsable de la palma aceitera.
Y esta, ciertamente, no es la única denuncia que enfrenta Aceydesa en la RSPO. Existen también quejas dentro del ámbito laboral, que van desde amenazar a empleados para omitir información, hasta el incumplimiento de las leyes que regulan el trabajo y la falta de equipos de protección personal para los empleados.
Poca información de esta denuncia es de carácter público, pues la parte demandante solicitó confidencialidad. Según el portal de la RSPO, desde que empezó la investigación de este caso recibido el 6 de abril del año pasado, la empresa demandada solo se ha comunicado en una ocasión con la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible. Esto, mediante una carta firmada por la gerencia de Aceydesa con fecha del 7 de julio de 2020.
Según la información publicada por RSPO sobre este caso, solo hasta el 25 de mayo de este año la mesa de quejas de la organización recibió de parte del Organismo de Certificación un informe especial con el que posteriormente se programó una reunión para el 30 de agosto —entre el Organismo de Certificación y la secretaría de la RSPO— para revisar la auditoría realizada. Desde entonces nada más ha pasado y, nuevamente, no se tienen más detalles debido a la confidencialidad del proceso.
Aceydesa, en su página web, indica que es una empresa altamente responsable con la sociedad y la naturaleza y muestra sus certificaciones ambientales. Contracorriente y Mongabay Latam contactaron a Ana Cesiah Molina González, representante legal de Aceydesa y quien firmó la carta que la compañía palmicultora envió a la RSPO, pero dijo que no estaba autorizada a dar información referente al caso ante personas ajenas a la Mesa.
A pesar de todo este proceso que se sigue en contra de la compañía, en Honduras, las autoridades locales no reportan denuncias ni sanciones referente a daños ambientales en contra de Aceydesa o productores que venden la fruta de la palma aceitera a esta empresa procesadora. El Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) entregó, a partir de un pedido de información, tres expedientes relacionados a proyectos de la compañía: Palmas de Atlántida, en Ceiba Grande, departamento de Atlántida, y Durango IV y Durango V en Bonito Oriental, departamento de Colón. En estos expedientes se establece que las licencias ambientales, estudios de impacto ambiental, escrituras y otros estudios realizados se han entregado a tiempo y siguen vigentes.
Francisco Naranjo, director de la RSPO para Latinoamérica, asegura que esta es la primera vez que se interpone una denuncia en contra de Aceydesa. «La queja actualmente se encuentra en estado de investigación. Durante esta fase se comparte a la compañía las acusaciones hechas por el denunciante y se le pide que responda y presente evidencias que soporten sus respuestas». Según dice, una vez que la empresa ha respondido, se le comparten esas respuestas al denunciante quien puede responder nuevamente. La ida y venida de preguntas y respuestas se puede repetir hasta que el panel de quejas y reclamos considere que está en posición de tomar una decisión.
Dependiendo de los hallazgos se pueden aplicar sanciones que van desde la implementación de un plan de acción correctivo o incluso la expulsión de la compañía de la RSPO. Sin embargo, Naranjo dijo no poder dar más información sobre el caso en particular porque la queja no ha sido resuelta.
Ante esta denuncia en la RSPO y el proceso iniciado para determinar responsabilidades, solicitamos en la Secretaría de Mi Ambiente en Honduras, ente encargado de monitorear el impacto ambiental y ejecutar sanciones en caso de no cumplir con las leyes, los expedientes donde aparecen los informes de evaluación de impacto ambiental y el cumplimiento de artículos de la Ley General del Ambiente. Según esos expedientes, Aceydesa no ha cometido ningún delito y tampoco hay registro de una denuncia parecida a la interpuesta ante la RSPO.
Para la investigación Tras las huellas de la palma se construyó una base de datos con 231 casos que reúne las multas y sanciones, entre 2010 y 2020, contra más de 147 empresas y personas vinculadas al negocio de la palma en cuatro de los principales países productores en la región —Colombia, Honduras, Guatemala y Ecuador—. La Alianza Periodística Tras las huellas de la palma hizo 3 pedidos de información a autoridades hondureñas. Se obtuvieron 2 respuestas pero en 11 años solo se logró identificar un caso contra una persona en el departamento de Atlántida.
Honduras fue el país que menos casos registró en la base de datos. Aunque hay denuncias internacionales, no hay acciones al interior del país. Estos son los datos más relevantes.
Una empresa fundada por el cacique político de Colón
Aceydesa fue constituida como sociedad el 13 de septiembre de 1999, con un capital de 20 millones de lempiras (cerca de 825,000 dólares), y fue la primera empresa hondureña, según su página web, en recibir un certificado de la norma RSPO, el 4 de diciembre de 2015. Uno de sus socios fundadores es Óscar Ramón Nájera Zapata, quien se desempeña como diputado del Partido Nacional por el departamento de Colón desde el año 1990. Al crear esta sociedad anónima, Nájera Zapata aportó 800,000 lempiras (aproximadamente 33,000 dólares) para adquirir un total de 8000 acciones.
Nájera, quien es ingeniero agrícola de profesión y produce palma aceitera desde hace más de 50 años, asegura que las acciones que tenía en la empresa se las ha dado a su hija, pues él ahora es productor independiente y ya no se dedica a procesar el fruto de la palma sino a vender las cosechas. Aunque su vínculo societario se haya anulado, le aseguró a la Alianza Periodística Tras las huellas de la palma que mantiene un vínculo comercial con la empresa pues vende el fruto a quien mejor pague o le dé mejor trato, entre ellos Aceydesa.
Ni la gerencia ni la encargada de la certificación de Aceydesa respondieron a nuestros pedidos de entrevista para conocer sobre la denuncia en contra de la compañía. Sin embargo, Nájera, quien prepara su campaña política para alcanzar su octava reelección como diputado en el Congreso Nacional, accedió a hablar de la empresa, argumentando que su hija aún es parte de ella y tiene pleno conocimiento de cómo se maneja y de su responsabilidad social y ambiental.
«Aceydesa es una empresa que está generando miles y miles de empleos directos e indirectos, están produciendo unas 300,000 toneladas por año», dijo y agregó que la planta extractora no está en ninguna zona ambientalmente protegida.
Al consultarle por la queja en la RSPO, precisó que es completamente falso lo que tiene que ver con temas ambientales, ya que la aldea de Los Leones —donde se encuentra la planta procesadora de Aceydesa— está ubicada al otro lado del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto, un área protegida del municipio de Trujillo. El diputado reconoce que hay daños en esta área protegida pero, según él, han sido causados por cooperativas palmicultoras a las que el Estado les ha entregado tierras.
Al preguntarle al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) por estas afirmaciones, la entidad dijo que no tenía información sobre afectaciones ambientales en el municipio de Trujillo.
«Yo le garantizo con propiedad (dijo el diputado Nájera) que Aceydesa no ha sembrado una mata de palma africana en ninguna zona protegida, mucho menos en manglares, riachuelos o reservas naturales que son insignias del departamento de Colón, principalmente en la ciudad de Trujillo, como lo es el parque nacional Capiro y Calentura o la Laguna de Guaimoreto. En ninguna parte».
Ni una sola sanción ambiental
El parque nacional Capiro y Calentura es una área natural protegida ubicada a 4 kilómetros de la zona urbana de Trujillo, departamento de Colón. Su extensión es de 62 kilómetros cuadrados y fue declarado como área protegida, junto al Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto, el 1 de junio de 1992. Su nombre se debe a las cumbres más altas que posee: Capiro con 667 metros sobre el nivel del mar y Calentura con 1235.
Según una base de datos elaborada por Contracorriente con información de instituciones estatales, en Honduras hay 73 áreas protegidas, de las cuales 21 son parques nacionales. De la totalidad de zonas bajo protección, al menos 5 de ellas tienen concesiones activas de hidroeléctricas o mineras que amenazan la flora y la fauna. Otras 9 zonas protegidas tienen denuncias sobre cultivo de palma aceitera o café, pero Capiro y Calentura no están en esa lista. En el resto de áreas protegidas, 5 tienen proyectos habitacionales, de infraestructura o hidroeléctricos dentro de sus límites y 10 tienen denuncias o investigaciones por construcciones, tala de bosque, cultivos e incendios forestales. Es decir, 29 enfrentan algún tipo de amenaza.
Alba Ocampo, encargada regional del (ICF), dijo que en la zona del litoral atlántico, donde hay más de 190,000 hectáreas de palma aceitera, no hay denuncias por delitos ambientales cometidos por empresas palmicultoras porque «ellos tienen licenciamiento ambiental y están en la zona de amortiguamiento (los cultivos en estas zonas son legales en Honduras, aunque en muchos países de la región son áreas restringidas). Son plantaciones de hace muchos años. En el caso del área protegida Blanca Jeanette Kawas, ubicada en el municipio de Tela, Atlántida, hay problemas con pequeños productores y hemos presentado denuncias ante el Ministerio Público, que ya están trabajando en ello».
Por su parte, la Fiscalía del Ambiente, dependencia del Ministerio Público, en respuesta a una solicitud de información para esta investigación, indicó que hasta el momento no existen denuncias o demandas contra empresas que se dedican a la producción y procesamiento de la palma aceitera, y que solo hay un proceso en contra del señor Concepción Quintanilla Cortés por el delito de descombro en el Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas, para sembrar palma dentro del área protegida. Ese caso se encuentra en proceso de investigación.
A esta información, la Fiscalía agregó que todo lo relacionado con la imposición de faltas administrativas y sanciones, su cumplimiento y el seguimiento del proceso legal corresponde exclusivamente al Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, no a la Fiscalía del Ambiente.
Sin embargo, el ministerio respondió a una solicitud de información e indicó que «en esta Secretaría de Estado no existe registro alguno en sus archivos acerca de demandas contra empresas dedicadas al rubro de la palma por perjuicios y daños al ambiente, por delitos o faltas administrativas cometidas, ni existen instancias procesales pendientes de ninguna índole, por lo que no es posible brindar un número de expediente que contenga las diligencias solicitadas».
En Honduras, ninguna de las autoridades competentes ha registrado daños al ambiente por palma de aceite, con excepción de un caso pequeño y aislado dentro del parque Blanca Jeannette Kawas.
Llama la atención, sin embargo, que la información que brinda el Estado no coincide con las quejas recibidas por la RSPO o con las denuncias hechas por organizaciones de la sociedad civil sobre la invasión dentro de áreas protegidas por parte de productores de palma aceitera. Solicitamos información más detallada a nueve organizaciones ambientales en la zona norte del país, pero se abstuvieron de dar nombres por temor a represalias.
El exfiscal especial del Ambiente, Mario Enrique Chinchilla, aseguró que MiAmbiente cada vez tiene más trabajo y menos personal y presupuesto, lo que explica por qué las autoridades no están enteradas de todo lo que sucede con las empresas palmicultoras.
Chinchilla también comentó que las grandes plantaciones de palma cambian la vegetación e influyen en el clima de esa zona. Algunos ecosistemas son barreras de protección contra tormentas tropicales y mareas altas, y al desaparecer, pues esa función no la cumplen los cultivos de palma.
La verdad sobre el comportamiento de las empresas palmicultoras en Honduras pareciera ser un secreto de Estado. El diputado Nájera habla de Aceydesa y comenta que esta empresa, además de generar empleos de manera directa e indirecta, también hace coinversión con medianos y pequeños productores para desarrollar la zona de manera sostenible.
Sin embargo, el testimonio del diputado, quien asegura que no existen cultivos de palma aceitera en zonas ambientalmente protegidas, se vuelve dudoso tras ser mencionado en un juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntamente recibir sobornos para la protección de los narcotraficantes que controlaban, desde el departamento de Colón, el tránsito de la cocaína hacia Estados Unidos.
El cartel de Los Cachiros, cuya entrega a las autoridades estadounidenses desembocó una serie de juicios en Estados Unidos contra narcotraficantes hondureños, salpicó a la clase política del país que les dio beneficios como contratos con el Estado, concesiones mineras y proyectos palmeros. En este entramado se vio envuelto Nájera y, aunque asegura que todo lo que han dicho los narcotraficantes sobre él es falso, ya figura en las listas de funcionarios corruptos sancionados por Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky, creada en 2012 para sancionar a funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, y la reciente Lista Engel, creada en 2021 para sancionar a funcionarios del triángulo norte de Centroamérica que han estado involucrados en actos de corrupción de alto nivel.
Las comunidades aceiteras
Trujillo, en el departamento de Colón, fue la primera capital de Honduras y es conocida por albergar los restos del filibustero William Walker, cuya tumba es uno de los atractivos turísticos más publicitados por los hoteles de la zona. Desdeel 17 de octubre de 2014, los cruceros llegan a la bahía de Trujillo y los turistas se llevan las imágenes de unos atardeceres espectaculares. A pocos metros de la playa, sin embargo, donde ya no llegan los visitantes, está el pueblecito polvoriento y abandonado, cuya carretera lleva hasta el lugar donde las tierras se inundan con palma de aceite. En las comunidades de este municipio, la principal actividad económica es este cultivo.
Florentino Pérez, conocido como «Tino» por sus vecinos y amigos de la comunidad Guadalupe Carney en Trujillo, es parte de una pequeña cooperativa de palma llamada Luchemos Juntos. En esta organización, 2 de los 10 miembros son mujeres y solo familiares de los fundadores laboran en el corte y la recolección del fruto. Desde las 6:00 hasta las 10:00 u 11:00 van a la plantación de 94 hectáreas de tierra, donde los hombres se dedican a cortar los racimos con una herramienta llamada malayo. Mientras tanto, las mujeres, con un saco, recogen el fruto.
La cooperativa Luchemos Juntos da empleo a los familiares de sus asociados. Dos de ellos conversaron con la Alianza Periodística Tras las huellas de la palma y comentaron que es preferible laborar como lo hacen ahora, en lugar de ser empleado de una de las grandes empresas procesadoras, ya que en la cooperativa el sueldo es mejor. Cada 15 días llegan a la plantación con su malayo para cosechar los frutos que después son vendidos a un intermediario, una empresa en Trujillo que les compra aproximadamente a 167 dólares la tonelada de fruto de palma. Peréz agrega que este no es el precio siempre, ya que hace un año bajó a solo 50 dólares.
Dos de los jóvenes asociados que ahora trabajan en Luchemos Juntos, laboraron durante seis meses en Aceydesa, cargaban y descargaban los camiones, hacían turnos, una semana en el día y la siguiente semana durante la noche. Al preguntarles si habían visto prácticas que atentaran contra el ambiente, mencionaron que la empresa descarga las pilas de oxidación cada dos meses en los ríos aledaños, tiñéndolos de negro, y agregaron que los motores de la procesadora están encendidos todo el día, lo que genera un ruido constante y molesto que afecta a los pobladores de la aldea de Los Leones y contamina el aire por la cantidad de humo que emiten. Contactamos a directivos de Aceydesa para pedir su versión sobre estas afirmaciones, pero no accedieron a una entrevista.
La estación de Policía en Trujillo está cerrada. El día que visitamos la zona para acceder a la planta procesadora de Aceydesa, la Policía no estaba en servicio y varios campesinos que prefirieron hablar bajo anonimato contaron que el lugar está controlado por una banda criminal que porta armas de grueso calibre y se dedica a robar vehículos y frutos de palma. Desde que comenzó la pandemia del COVID-19 no hay transporte público en la zona y esto se ha convertido en un factor más que suma a la inseguridad.
La Alcaldía de Trujillo y la Unidad Municipal Ambiental que deberían conocer de las denuncias contra la empresa palmicultora, ya que está bajo su jurisdicción, tampoco atendieron a las solicitudes de entrevista.
«En el caso de la Fiscalía no le van a dar ninguna información de eso, porque recuerde que todos los entes legales del Estado se mantienen de las empresas privadas, más en el sector de nosotros, Colón», aseguró Florentino Pérez al preguntarle si conoce casos de delitos ambientales cometidos por las compañías palmicultoras.
Efectos ambientales por cultivo de palma
A pesar de que en Honduras se habla poco de los efectos que tiene el cultivo y el procesamiento de la palma aceitera, y de la poca vigilancia estatal a este negocio, el biólogo Walther Monje Brizuela, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, asegura que los efectos en el ambiente suelen ser negativos. «No es que la palma arruine por completo los suelos ni los endurece, es el hecho de que la palma esté allí ocupando ese suelo que puede ser productivo para otro tipo de proceso ecológico».
Para operar, las empresas procesadoras de palma aceitera deben cumplir con ciertos artículos de la Ley General del Ambiente, específicamente los referentes al manejo de residuos líquidos y sólidos. En esta ley se indica que está prohibido verter líquidos y sólidos en aguas continentales, considerando que pueden afectar la salud de las personas y a la vida acuática. Además, se exige que los residuos de estas empresas sean técnicamente tratados para evitar alteraciones en suelos, ríos, lagos, lagunas y aguas marítimas.
Aunque las quejas y denuncias de las comunidades por contaminación de agua y suelos por parte de industrias palmicultoras son conocidas en el país, las autoridades ambientales no tienen procesos abiertos. En el caso de Aceydesa, la empresa es investigada internacionalmente por malas gestiones ambientales, entre ellas falsificar documentos y operar sin licencias ambientales, pero llama la atención que los documentos facilitados por el Ministerio de Ambiente indican que todo está en orden.
Monje explica que el mal manejo de residuos tiene un efecto negativo en la biota acuática: «Tenemos el efecto en las cadenas tŕóficas, los contaminantes van pasando a través de los organismos que están en el agua y son comidos por los organismos terrestres y la contaminación se acumula en los tejidos, llevando a la muerte en los peores casos», puntualiza.
El biólogo comenta que la palma se cultiva solo en el litoral atlántico del país por los requerimientos que tiene como la temperatura, precipitación y altura: «A las palmas les gustan las tierras planas, arenosas, bien drenadas y esas son las características que predominan en la zona norte».
A nivel nacional, en los departamentos de Atlántida, Cortés y Colón hay 13 empresas miembros de la RSPO, de las cuales dos —incluida Aceydesa— están certificadas en el cultivo y procesamiento de palma aceitera. A pesar de esto, persisten los conflictos sociales con comunidades locales y estos estarían lejos de terminar si se materializa una de las ideas del diputado Nájera que se encuentra en su campaña reeleccionista.
