El Proyecto Identifícate, en ejecución desde 2019, planeaba el enrolamiento masivo de 5,5 millones de hondureños en edad para votar en las generales de noviembre, sin embargo, con las elecciones a la vuelta de la esquina 1,7 millones de los documentos aún no han sido entregados.
Texto: Laura García
Fotografías: Martín Cálix
De no ser entregados los documentos nacionales de identificación (DNI) restantes, casi dos millones de hondureños estarían en riesgo de no ejercer el sufragio en las próximas elecciones generales del domingo 28 de noviembre, dilema provocado por la tardanza del Congreso Nacional (CN) en aprobar el presupuesto solicitado por el Registro Nacional de las Personas (RNP) para continuar con la entrega del documento de identidad en las zonas rurales del país.
«De 3,3 millones (documentos de identidad), con todo el personal, entregamos 1,7 millones en 20 días, y el resto lo hemos entregado como hemos podido», indicó el comisionado permanente del RNP, Oscar Rivera, en una conversación con Contracorriente, luego de reconocer el caos en la entrega de identidades, pero al mismo tiempo recordando que la tardanza no ha sido provocada por este organismo, sino por entidades ajenas a su competencia.
El RNP tiene almacenados 1,7 millones de DNI que aún no han sido entregados en las zonas rurales del país. El total de personas enroladas a nivel nacional es de 5,263,479, según las cifras publicadas en la página web del Proyecto Identifícate. El 52.4 % corresponde al sexo femenino y el 47.6 % al sexo masculino.
Las antiguas identidades quedarían obsoletas el 15 de agosto de 2021, sin embargo, el CN ha presentado una iniciativa para que la validez de las identidades se extienda dos meses más, es decir, hasta el 15 de octubre de 2021. En ese mismo sentido, tomando en cuenta la ratificación de actas, el comisionado Rivera señaló que ningún ciudadano tendría excusa para no adquirir su documento de identificación y consecuentemente ejercer su derecho a votar en noviembre. «El Registro está preparado para poder atender, y en cualquier circunstancia, resolver y defender desde la institución el derecho a votar», afirmó.
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El comisionado representante del Partido Libertad y Refundación (Libre), Oscar Rivera, fue investigado por una comisión interna de su mismo partido, después de que en enero de 2021 se viera implicado en un caso de supuestas coimas en el RNP, cuando unos audios fueron difundidos en redes sociales y se le escuchaba negociando cargos políticos a cambio de dinero. El Partido Libre resolvió construir esta comisión interna para evaluar si era separado, sin embargo, finalmente fue liberado de responsabilidades.
El Legislativo, en la sesión del martes 3 de agosto de 2021, dictaminó «aprobar en todas y cada una de las partes el Contrato de Préstamo nro. 2262, entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en su condición de Prestamista y el Gobierno de la República de Honduras, en su condición de Prestatario del financiamiento, por un monto de USD 9,459,622.95, recursos destinados a financiar la ejecución del Proyecto de Modernización del Documento de Identificación en Honduras (Identifícate) Tramo C».
El Tramo C surgió luego de los ajustes presupuestarios y de logística provocados por la pandemia por COVID-19, pues, originalmente, el proyecto solo consistía en la realización de los Tramos A y B, según explicó el comisionado, quien además funge como Secretario Nacional de Asuntos Electorales del Partido Libre.
El Proyecto Identifícate asumió costos extra de materiales de bioseguridad, desde mascarillas, cloro y gel hasta la contratación de quinientas personas más que no estaban presupuestadas para el tema de higienización y alquiler de vehículos para llegar a zonas rurales, pues por la emergencia sanitaria no se podía reunir a muchas personas en un solo centro de enrolamiento, según mencionó Rivera.
Se esperaba esta aprobación presupuestaria desde el 10 de julio, cuando llegó al CN. «Por la emergencia que significaba tener los fondos, han pasado más de tres semanas y hay un debate que no está cerrado en el CN, es más, ni los fondos del CNE (Consejo Nacional Electoral) están aprobados, están faltos de ratificación del acta», aclaró Rivera.
Esto significa que el Poder Legislativo dictaminó la aprobación de ambos presupuestos para el RNP y el CNE —los dos organismos que trabajan indirecta, pero complementariamente en la preparación y transparencia de las elecciones—, sin embargo, aún se espera la ratificación de las actas, proceso que constituirá la validez legal de los presupuestos previamente consensuados por las bancadas en el CN.
Se esperaba esta aprobación presupuestaria desde el 10 de julio, cuando llegó al CN. «Por la emergencia que significaba tener los fondos, han pasado más de tres semanas y hay un debate que no está cerrado en el CN», aclaró Rivera.
Y además señaló que «si se logra aprobar (ratificar) el presupuesto, nosotros tenemos alrededor de una semana para operarlo. Ese presupuesto pasa un proceso con nuestra contraparte que es PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), en el cual tenemos la posibilidad de activar todas las capacidades operativas y técnicas a nivel nacional».
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el encargado del apoyo técnico e implementación del proyecto, esto a través de la asesora técnica principal, Alessandra Rossi. El presupuesto originalmente aprobado fue de USD 70,775,453. El ejercicio fiscal, según los informes publicados por el PNUD, se desglosa así: USD 1,086,811 en el año inicial del proyecto, USD 39,034,164 en el 2020, y USD 26.051.880 hasta la fecha del 2021.
El equipo directamente encargado de la entrega de los documentos de identificación desde el RNP está conformado aproximadamente por 3500 personas, «todas capacitadas con conocimientos técnicos sobre el proceso de entrega de DNI, enrolamiento y actualización domiciliaria, con el equipo y toda la parte de tecnología». El comisionado continuó explicando que estas son herramientas fundamentales para alcanzar la operatividad al 100 % y garantizar a la ciudadanía hondureña tranquilidad de resultados en las próximas elecciones.
Cambios domiciliarios
Con respecto a las denuncias por cambios domiciliarios de las zonas rurales a las principales ciudades del país, el comisionado Oscar Rivera explicó que, tomando en cuenta el universo total atendido durante el enrolamiento del RNP, que es de 5,300,000 ciudadanos, tienen permitido un margen de error que actualmente es del 3 %. El Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (Clarciev), reconoce en este tipo de proyectos que involucran levantamiento y registro de datos, un margen de error de 8 % hasta 10 %.
Los conflictos con los cambios domiciliarios, según explicaciones del RNP, surgen de problemas de homonimia, es decir, zonas residenciales en distintos puntos del país con los mismos nombres. «La aldea El Aguacate en Juticalpa con el Barrio El Aguacate, por ejemplo». Reiteró luego de esto, que la ciudadanía necesita la mayor cantidad de transparencia en unas elecciones con este grado de importancia.
Sobre estas denuncias de cambios domiciliarios que levantan sospechas en la población, el abogado Flavio Nájera, consejero suplente del CNE, explicó que «el Consejo Nacional Electoral tiene abierta una aplicación en la página del consejo donde la gente puede hacer las denuncias, y apersonarse el RNP y corregir (las irregularidades) a través del formularios en dichos registros municipales».
Sin embargo, Omar Menjivar, candidato a la alcaldía municipal de San Pedro Sula por el Partido Libre, responsabiliza de los cambios domiciliarios en la zona norte del país a Luis Estrada, quien funge como supervisor del Proyecto Identifícate y además fue director del RNP. «Fue suspendido formalmente hace un tiempo, pero nunca se materializó esa suspensión», agregó Menjivar.
En ese mismo sentido, Menjivar dijo a Contracorriente que la comunidad ha denunciado a Luis Estrada por efectuar traslados arbitrarios de dominio electoral, sin que sean debidamente autorizados. «Ha traído en buses, gente de Pimienta, Potrerillos y Villanueva para inscribirlos en San Pedro Sula y voten acá. Incluso ha traído buses de Ocotepeque, Choluteca y Santa Bárbara», concluyó.
Por su parte, Flavio Nájera comentó: «Es muy importante, también que necesitamos ir desarrollando este tipo de medidas para corregir todas estas anomalías que se dieron en el proceso de enrolamiento que repercuten en el proceso electoral».
Consecuencias electorales
En la misma sesión del martes, el Legislativo autorizó al CNE que pueda contratar —con todos sus requerimientos y bajo un proceso especial o de forma directa— la adquisición del sistema de verificación por huella digital, sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales preliminares (TREP), para su implementación en las elecciones generales 2021, con todos sus componentes.
En tal presupuesto se incluyen todos los suministros, bienes y servicios, ejecución de obras, arrendamiento de bienes y prestación de servicios de consultoría que sean necesarios para el desarrollo efectivo de dichos comicios electorales, y cuya modalidad de contratación —de acuerdo con el monto— sea de licitación o concurso.
Flavio Nájera explicó que lo que procede ahora, luego de la aprobación de los presupuestos, «es replantear todo el proceso de transmisión de datos, pues el anterior para la junta receptora de votos y su capacitación ya no es viable por los tiempos. Se necesita un nuevo proceso en el que tengamos siempre la misma confianza, la misma certeza que puede generar cualquier sistema de transmisión en el mundo».
La obligación de la transparencia en las elecciones no recae solo en el CNE, explicó el consejero Flavio Nájera: «También son responsables inmediata y directamente las juntas receptoras de votos conformadas por los partidos políticos». De igual manera, Nájera reafirmó la responsabilidad que el CNE tiene con el pueblo de informar todo el proceso de transmisión de votos, cómo se van a transmitir, y qué empresa los va a transmitir para generar confianza y transparencia.
Flavio Nájera, consejero suplente del CNE, explicó que lo que procede ahora, luego de la aprobación de los presupuestos, «es replantear todo el proceso de transmisión de datos pues el anterior, para la junta receptora de votos y su capacitación ya no es viable por los tiempos».
En preparación para las primarias de marzo, se realizó el censo electoral en los últimos meses del 2020. Su propósito era eliminar de las bases de datos todas las inconsistencias con identidades de migrantes y muertos que podrían aparecer aún en los listados electorales, alterando esto la integridad electoral.
Con el mismo objetivo, y para evitar la repetición de la crisis sociopolítica de los últimos años electorales, el CNE está trabajando en el Censo Nacional Electoral Provisional para las generales del 2021. Aunado a esto, el presupuesto aprobado en la sesión legislativa el 3 de agosto, obliga al organismo electoral a que adquiera para las próximas elecciones el sistema de verificación por huella digital, mismo que la población ha exigido en repetidas ocasiones.
