El pasado 3 de junio se anunció la creación del Centro Contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC), como parte de los esfuerzos de una decena de organizaciones de sociedad civil de Guatemala, Honduras y El Salvador, para luchar contra una de las mayores problemáticas de la región, coincidiendo con el discurso del Gobierno de Estados Unidos que conduce a una aparente «guerra contra la corrupción» para frenar la migración hacia ese país.
Por Fernando Silva
Un total de 11 organizaciones de sociedad civil establecidas en Guatemala, Honduras y El Salvador anunciaron el pasado 3 de junio la creación del Centro Contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC), como un esfuerzo para «luchar contra dos de los grandes obstáculos para el desarrollo, la justicia, el respeto a los derechos humanos y la igualdad en la región», según información de su página web.
La creación de esta iniciativa se da en un contexto en el que en menos de tres años han sido disueltos tres mecanismos anticorrupción impulsados en estos países por instancias internacionales: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), y el pasado 4 de junio —justo un día después del anuncio de la CCINOC— el Gobierno de Nayib Bukele decidió finalizar el acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies).
En el caso de Honduras las organizaciones que conforman la iniciativa son: la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), organizaciones que ya tienen trabajo previo investigando y señalando actos de corrupción en el país.
«Todas estas organizaciones están haciendo un trabajo de combatir a la impunidad, pero se sienten bastante aislados sin mucho apoyo y en muchos casos amenazados y aislados por los propios gobiernos, así que en este contexto en el que los gobiernos cerraron estas organizaciones multilaterales, la sociedad civil buscó trabajar en conjunto para continuar y apoyarse», explicó Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de Seattle International Foundation (SIF) que también forma de la iniciativa y será el soporte económico de la misma en el principio de sus operaciones.
Olson comentó a este medio que, aunque desde la CCINOC no pueden fungir como fiscales y acusar penalmente a los culpables de la corrupción, continuarán con las labores de investigación, pero ahora potenciados por el trabajo conjunto de los tres países para elaborar informes que se tendrían que pasar a las fiscalías especializadas y pedirles que procedan. Además, una de las metas puntuales de la CCINOC sería establecer acuerdos formales de colaboración con las fiscalías del norte de Centroamérica.
«Queremos que esta investigación sirva a los gobiernos y ciudadanos de los tres países, el objetivo es empoderar a los ciudadanos. Además, sentimos el deber y necesidad de mantener informada a la comunidad internacional, al Gobierno de Estados Unidos en principio, pero también de Canadá y gobiernos de Europa que tienen presencia en la región y les interesa lo que está pasando», aseguró Olson.
En el caso del CNA, la abogada Gabriela Castellanos directora ejecutiva de esa organización, explicó que a pesar de la limitante que representa no poder ejercer acción penal, han solicitado que el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco), tenga participación en las investigaciones para que los casos de corrupción que se pasen a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se entreguen con todos los estándares necesarios para proceder a las investigaciones criminales.
La eliminación de instancias multilaterales de combate a la corrupción ha coincidido en estos países con el debilitamiento de la institucionalidad, en el caso de Honduras en parte por los señalamientos de narcotráfico que ha recibido el actual presidente en una Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde su hermano fue juzgado por delitos relacionados con narcotráfico; sumada a la situación de El Salvador donde según Jonathan Menkos Zeissig, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), «el proceso de deterioro de las instituciones de justicia y persecución penal ha sido más rápido que en Guatemala y Honduras».
Zeissig amplió mencionando que este proceso tuvo su momento más álgido a partir del pasado 1 de mayo, con la conformación de una mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa de ese país, promoviendo cambios ilegales, de magistrados y el fiscal general, así como la cancelación del convenio de cooperación con la Cicies.
«En los tres países el discurso oficial anticipa la asfixia de las organizaciones sociales que dan seguimiento al quehacer del poder público, en particular, aquellas que luchan contra la corrupción y la impunidad», asegura.
Por otro lado, Olson reconoce que habrá momentos de incomodidad por parte de los gobiernos hacia el trabajo que la CCINOC realizará, pero que ahora la diferencia es la independencia con la que cuentan, y aseguró que «desde la sociedad civil vamos a hacer las mismas cosas que las organizaciones hacen, se sentirán incómodos, pero no tenemos acuerdos para poder existir».
Estados Unidos contra la corrupción
En el lanzamiento de la CCINOC participaron Ricardo Zuñiga, enviado especial para el norte de Centroamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien estimó que en la región se pierden por la corrupción 13,000 millones de dólares cada año; y Heide Fulton, subsecretaria adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, que expresó su intención de que «los pueblos de Centroamérica sepan que estamos del lado de las víctimas de la corrupción, no del lado de los que se benefician de ella».
Estos representantes del Gobierno estadounidense se sumaron al respaldo que miembros de la Unión Europea y Canadá dieron a la iniciativa, sin embargo, la participación particular de Heide Fulton que, en 2017 —durante las elecciones en las que bajo señalamientos de fraude electoral resultó ganador Juan Orlando Hernández— ostentaba el cargo de encargada de negocios, generó incomodidad en otros activistas y miembros de sociedad civil.
Ese es el caso de Ismael Moreno, activista de oposición y sacerdote de la iglesia Jesuita en Honduras, quien manifestó en su cuenta de Twitter que para que la lucha contra la corrupción sea efectiva Fulton debe reconocer su «aval activo a corruptos y fraude electoral», así mismo señaló a ASJ, pidiendo que aclare el «estrecho respaldo y convivencia con la administración de Juan Orlando Hernández».
Ante estos señalamientos Olson aclaró que la CCINOC no representa al Gobierno de los Estados Unidos y que aunque hay diferencias entre organizaciones de sociedad civil «han tenido la madurez de ver que el problema de la corrupción es mucho más allá de lo que hemos podido hacer y estamos dispuestos a trabajar en conjunto», además asegura que dentro de esta iniciativa no se está buscando justificar las acciones del Gobierno de Juan Orlando Hernández, por lo que las acciones de Fulton quedan a criterio de ella misma.
«Venimos desde diferentes perspectivas, pero lo fundamental y lo que nos une es el trabajo en contra de la corrupción e impunidad», aclaró, y recalcó el hecho de querer mantener independencia política para poder ejecutar las acciones que crean de mayor relevancia, aunque también creen que otras iniciativas pueden sumarse al trabajo en estos países de forma independiente, como la anunciada Fuerza de Tarea en contra de la corrupción del Gobierno de Estados Unidos que anunció Kamala Harris, vicepresidenta de ese país, en su visita a Guatemala y México el pasado 7 de junio, donde también avisó a los migrantes centroamericanos que no eran bienvenidos en ese país.
Y es que el lanzamiento de la CCINOC ha coincidido con el anuncio de dos proyectos del Gobierno estadounidense para detener la migración en la región: la creación de un grupo de trabajo anticorrupción con apoyo del Departamento de Estado y de Justicia, donde participarán fiscales y expertos estadounidenses para investigar y procesar casos de corrupción de los países del Triángulo Norte y el financiamiento de 24 millones de dólares por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), para ayudar a encontrar soluciones en los temas de migración, elecciones y corrupción.
Para atender la crisis migratoria, el Gobierno de Estados Unidos ha cambiado el papel protagónico de la construcción del muro en la frontera que tenía la administración anterior hacía las causas de la migración, entre ellas la corrupción.
La congresista Norma Torres también destacó que la creación del Centro contra la Corrupción es un esfuerzo del pueblo para recuperar sus países y también vinculó sus posibles resultados a la disminución de la migración en la región.
«Están cansados de que lo más valioso, sus hijos, se vayan cuando sus gobiernos les niegan oportunidades de una buena vida. He pasado argumentando y comprobando que no podemos confiar solo con las acciones de esos tres gobiernos para combatir la corrupción», subrayó.
La impunidad sigue su curso
El pasado mes de abril el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, fue absuelto de cuatro delitos de malversación de caudales públicos y tres de violación a los deberes de los funcionarios, referentes a uno de los casos de corrupción más grandes en la historia del país, de esa misma forma otro de los implicados, el exviceministro de Salud, Javier Rodolfo Pastor Vásquez, supuesto responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras fue excarcelado.
Además, una investigación de Contracorriente ha revelado cómo Lena Gutiérrez, exvicepresidenta del Congreso Nacional, logró salir absuelta junto a tres de sus familiares al desligarse legalmente de la empresa que vendió pastillas adulteradas a la Secretaría de Salud, a pesar de que esta familia mantuvo una relación estrecha con la empresa a través de sociedades constituidas en Panamá.
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En ese contexto el abogado Joaquín Mejía en una entrevista con Radio América manifestó que «tiene que ser la Sociedad Civil la que luche contra la corrupción, porque el Ministerio Público y el Poder Judicial muestran incapacidad para llevar a cabo esa lucha y dar con los grandes cabecillas de las estructuras criminales en los actos de corrupción».
«Es decir que estamos hablando que la corrupción en Honduras es realizada por una estructura criminal, pero hasta el momento ni el Ministerio Público, ni La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) fue capaz de llegar a los peces gordos».
En el transcurso de este mes también se espera la publicación de la Lista Engel aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el pasado 22 de diciembre de 2020, en el artículo Algo más que la lista Engel: una ley para limar las esquinas rotas del triángulo norte se señala que esta ley identificará a las personas de Guatemala, Honduras y El Salvador que se determine han estado involucradas en acciones que degraden procesos e instituciones democráticas o que hayan participado en actos graves de corrupción o de obstrucción a la investigación. A las personas de esa lista se les impondrán sanciones que incluyen el retiro de la visa o el ser declarado no elegible para obtenerla así como el retiro del derecho de libertad condicional en los Estados Unidos y cualquier beneficio migratorio.
Esta lista emitida por el Gobierno de Estados Unidos se ha convertido en la gran esperanza de los ciudadanos del norte de centroamérica para que los corruptos reciban un castigo ante la ausencia de justicia en sus países, y representaría una acción concreta alrededor de la retórica del Gobierno estadounidense y su nueva guerra contra la corrupción.
