La degradación de la frágil democracia hondureña ha llegado hasta el extremo de que elBetelsmann Transformation Index(BTI), en su edición de 2020, califica la nación centroamericana como una autocracia electoral.
Los gobiernos del Partido Nacional han declarado estados de emergencia para enfrentar las crisis sociales, y han bloqueado cualquier intento de fiscalización de la acción gubernamental y del uso de los recursos públicos. Lo hizo Lobo Sosa y también lo ha hecho el actual gobierno de Juan Orlando Hernádez, quien decretó el 13 de marzo un estado de emergencia con toque de queda, que se ha prolongado 11 meses.
Para la socióloga y economista Leticia Salomón, poner a las Fuerzas Armadas a cargo de instituciones estatales indica que éstas no funcionan como deberían, que son incapaces o ineficientes, o que quienes están al frente no cuentan con los requisitos fundamentales para resolver las situaciones a las que se enfrentan.
«Las FFAA funcionan como una empresa que vende al Estado servicios con recursos físicos y humanos pagados por el Estado y el Gobierno los contrata como si fueran una empresa civil. En el cobro incluyen transporte (gasolina, aceite, depreciación), alimentación para soldados y oficiales, gastos administrativos y de conducción y otros», señala Leticia Salomón.
El presidente Hernández creó una comisión (fuerza de tarea) para coordinar las acciones frente a la pandemia, que no fue liderada por las instituciones de salud, sino por otras que no tienen la experiencia necesaria. Esa doble institucionalidad dictó las medidas y también administró los recursos sin incluir al gremio médico.
