En medio de la pandemia, Honduras se prepara para un año electoral, comenzando con las elecciones primarias en marzo 2021 y terminando en noviembre con los comicios generales. La oposición política denuncia irregularidades en la construcción del nuevo censo electoral, mientras lidia con conflictos internos y se enfrenta a una posibilidad de alianza ante la polémica precandidatura de Yani Rosenthal, quien después de estar preso durante 30 meses en Estados Unidos, ha comenzado su campaña electoral con el Partido Liberal.
«Si aquí continúa una dictadura, yo me voy a tener que ir», esta oración tan repetida por las miles de personas que ante la violencia y falta de oportunidades buscan la ruta migratoria hacia el norte, ahora es un ultimátum del candidato que quedó en segundo lugar de las elecciones generales por la presidencia de Honduras en 2017, Salvador Nasralla. «No podré soportar que se cometa un tercer fraude electoral en mi contra», dice al puñado de periodistas que asisten a su conferencia de prensa en la Corte Suprema de Justicia, tras presentar un recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional, en contra del proceso de enrolamiento para la emisión del nuevo documento de identidad que realiza el Registro Nacional de las Personas (RNP).
Con mascarilla y rodeado de una decena de militantes de su recién inscrito partido político Salvador de Honduras, el excandidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura habla con la prensa y denuncia esta acción del RNP que según él, no dará pie a la construcción de un censo electoral depurado. Además, acusó a los 3 magistrados de esa institución —pertenecientes al Partido Nacional, Libertad y Refundación (Libre) y Partido Liberal— de ser concejales políticos dependientes del gobierno que «en conjunto con la Organización de Naciones Unidas planean un nuevo fraude electoral».
Nasralla da su conferencia de prensa a la par de una bandera izada a media asta por las más de 2000 muertes reportadas por COVID-19 en el país. Ahora él y sus contrincantes tendrán que convivir con la pandemia en medio de sus campañas políticas, después que el pasado domingo fueron convocados al proceso de elecciones primarias a celebrarse el 14 de marzo de 2021. En ese contexto, cada uno construye su camino en medio de las advertencias de los expertos sobre una posible crisis política si no se aprueban reformas electorales, y la formación de alianzas que buscan a un líder que logre vencer al partido oficialista en las elecciones generales de noviembre de 2021.
Censo y reformas electorales
El pasado 14 de septiembre, autoridades del RNP enviaron un comunicado al Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que apuntaban que la base de datos actual no genera confianza para que se de un proceso electoral primario limpio en 2021.
Esto lo apuntan a partir de los datos arrojados por el proyecto Identifícate, donde de casi 1,5 millones de personas registradas o «enroladas» se han encontrado más de 100 000 inconsistencias pendientes de rectificar y que solo podrán subsanarse con el proceso de validación biométrica subsiguiente. Al final del comunicado, los comisionados del RNP llamaban a las autoridades del CNE para que en conjunto demanden el uso de la nueva base de datos, que resulte de la totalidad del proceso de registro y la obtención del Documento Nacional de Identificación (DNI) por la población, para los comicios primarios y generales de 2021. Esta propuesta no estima fechas.
El Sistema de Identificación Nacional se trabaja en el marco del proyecto Identifícate, con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo de emitir un nuevo documento de identificación a las personas mayores de 16 años, este documento dejará de conocerse como tarjeta de identidad y pasará a llamarse DNI.
La primera etapa inició con el proceso de enrolamiento que consiste en el registro masivo y actualización de datos. Para esto se contrataron alrededor de 3400 personas para recoger huellas dactilares, fotografías y firmas que pretenden identificar a 8 millones de hondureños incluyendo a menores de entre 5 y 17 años.
Este proceso ya tuvo su primera irregularidad en 2019, cuando el Congreso Nacional aprobó el contrato con la empresa estadounidense de datos Oracle, acción que fue cuestionada debido a que se hizo una compra directa en lugar de una licitación, requisito esencial que se exige en la Ley de Contratación del Estado. El contrato está valorado en 185 millones de lempiras (7,6 millones de dólares) destinados a adquirir licencias para instalar una nueva base de datos.
En ese contexto de retrasos e irregularidades, Salvador Nasralla interpuso un recurso de amparo para que se remueva a los funcionarios del RNP de su cargo y se detenga el proceso de enrolamiento al señalar por ser ilegal y apuntó que «el censo electoral no se está depurando, porque solo se enrolan las huellas y las mismas halan la información del actual censo».
Sobre esta situación el doctor Augusto Aguilar, miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y expresidente del Tribunal Supremo Electoral apunta que «el RNP había propuesto que para las elecciones primarias ya iba a estar la totalidad de la información para la nueva tarjeta de identidad, cosa que no van a poder cumplir, entonces al final vamos a terminar como se esperaba, votando con las 2 tarjetas de identidad para los que ya tienen la nueva».
«Es la construcción de la crisis», dice el doctor Aguilar, quien también manifiesta que existe una preocupación todavía más grande frente a las elecciones de 2021 y es que si no se aprueban las reformas electorales planteadas en la nueva Ley Electoral, y en específico la segunda vuelta electoral.
Aunque el pasado domingo se realizó la convocatoria a elecciones primarias, Aguilar asegura que todavía se pueden aprobar las reformas y la nueva Ley Electoral para las elecciones generales, e incluso se pueden incluir mecanismos de esa ley para las elecciones primarias si el Consejo Nacional de Elecciones lo decide, por ejemplo, el uso de la huella dactilar digitalizada al momento de votar.
«Si aquí no se aprueban las reformas y la segunda vuelta, tendríamos un presidente electo con un 25 %, sería legal, pero ilegítimo. Ahora ya ninguno de los partidos tiene la capacidad de obtener ni siquiera el 40 %, por eso es la importancia de la segunda vuelta», afirmó Aguilar.
De los 14 partidos políticos legalmente inscritos para el proceso electoral, hasta el momento se ha oficializado la participación en elecciones primarias de los 3 partidos con más caudal electoral: Partido Nacional, Partido Liberal y Libre, los otros partidos llamados minoritarios o nuevos podrán escoger a sus candidatos a través de asambleas supervisadas e informadas ante el CNE.
Para estas elecciones primarias, en julio de este año el CNE aprobó por unanimidad de votos un presupuesto de 1100 millones de lempiras (44,934,640.52 dólares), sin embargo, este presupuesto no contemplaba los gastos de lo relacionado con las medidas de bioseguridad ante la pandemia por COVID-19.
¿Un precandidato inesperado?
Hasta el viernes 7 de agosto las cartas de cara a las próximas elecciones internas en los partidos políticos estaban casi definidas, pero todo cambió con la llegada del empresario y político del Partido Liberal Yani Rosenthal, quien guardó prisión 30 meses en Estados Unidos después que en 2015 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le designó junto a su padre Jaime Rosenthal y su primo Yankel Rosenthal como parte de una red que proveía «servicios de lavado de dinero para apoyar el tráfico internacional de narcóticos».
El día que regresó a Honduras lo recibió una comitiva de simpatizantes del Partido Liberal al que pertenece, y por el que fue funcionario público como ministro de la presidencia entre 2006 y 2008 y diputado en el Congreso Nacional entre 2010 y 2014. Las semanas siguientes se especuló con su posible precandidatura presidencial y Diario Tiempo Digital, que pertenece a su familia, reiteraba constantemente en sus artículos el hecho de que «Yani Rosenthal no fue sentenciado por lavado de activos».
El abogado y especialista en derecho penal, Ramón Enrique Barrios, en una entrevista dada a Criterio.hn, explicaba que no hay vinculaciones entre la tipificación del delito que se hizo en Estados Unidos y el lavado de activos en Honduras.«Más o menos la sentencia establecía que se le condenaba por haber negociado con bienes de procedencia ilícita, específicamente comprar ganado desconociendo su origen. Así decía la sentencia», explicó.
La fiscalía de Nueva York les acusó en 2015 por utilizar entidades asociadas al Holding Familiar Inversiones Continental para lavar dinero del narcotráfico para Los Cachiros, un cartel que traficó toneladas de cocaína a Estados Unidos y que mantuvo negociaciones por contratos gubernamentales y sobornos con Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del actual presidente de Honduras.
Finalmente, la fiscalía de Nueva York retiró los cargos por lavado de activos y Rosenthal se declaró culpable por haber participado en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilegítima. En una entrevista a Canal 11 —también propiedad de su familia— explicó que compró ganado del cartel del narcotráfico entre 2008 y 2013. Además, agregó que había realizado otros negocios con ellos desde la década de 1990, pero que no supo que eran narcotraficantes hasta 2008.
Cuando se pregunta la opinión de Salvador Nasralla ante esta inminente candidatura, prefiere no contestar y aclara que solo se daría el tiempo de contestar si fuese alguien que se quiere meter dentro de una corriente de su partido, y dice que a quién le corresponde decir algo sobre la situación es a los dirigentes del Partido Liberal.
«Yo no me meto en los asuntos internos de los demás, porque en esos partidos han surgido personas que están metidas en un montón de negocios turbios lo cual no acontece con el Partido Salvador de Honduras. Lo que puede haber son alianzas, pero eso habrá que estudiarlo una vez que él gane las elecciones internas», dijo a Contracorriente.
El doctor Augusto Aguilar, a partir de su experiencia en la observancia de procesos electorales en todo el continente, asegura que aceptar una candidatura de este tipo es parte de la falta de ética política que se sigue en Honduras. «No me quiero referir a la persona en particular, sino en términos generales porque tenemos en la historia reciente que se han cometido actos irregulares y delitos, y siempre aparecen como candidatos», explicó.
El juicio de «Tony» Hernández, a quien se le encontró culpable por 4 delitos relacionados con narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, también develó el nombre de políticos y funcionarios hondureños que habrían estado vinculados a los actos ilícitos y que ante el próximo proceso de elección popular estarán participando para obtener un cargo. Es el caso del expresidente Porfirio Lobo Sosa, que participará como candidato a diputado para el departamento de Olancho, y Reynaldo Ekonomo, actual vicepresidente del Congreso Nacional, que oficializó su adhesión a un movimiento del Partido Nacional. Ambos mencionados por Devis Leonel Maradiaga, cabecilla de los Cachiros, en el juicio del hermano del presidente.
Salir del Partido Nacional para formar alianzas
«Ellos dijeron que solo debía haber 2 movimientos: Tito y Oliva, los demás tienen que buscar acoplarse a alguno de ellos, en ese momento es que nosotros buscamos salir», cuenta Godofredo Fajardo, quien aspira a competir por la alcaldía de Tegucigalpa en el movimiento Todos por el Cambio, liderado por el hijo del expresidente Porfirio Lobo, y que ahora se encuentra fuera de las estructuras del Partido Nacional y ha firmado una alianza con el partido minoritario Democracia Cristiana (DC).
Fajardo ocupó el cargo de viceministro de Cultura, Artes y Deportes en la administración de Porfirio Lobo y fue señalado en un informe del Tribunal Superior de Cuentas en 2011 por cometer una serie de abusos administrativos que llevaron a un perjuicio económico para el Estado de un total de 2,3 millones de lempiras.
La alianza Creciendo para el Cambio, forjada entre este movimiento del Partido Nacional, la Democracia Cristiana y los recién inscritos Rescatemos Honduras, de Marlon Escoto y Todos Somos Honduras de Enrique Yllescas (proveniente del partido Alianza Patriótica liderado por el general Romeo Vasquéz, protagonista en el golpe de Estado de 2009) , se forma, según Fajardo, por las ideologías y principios similares con las que cuentan estas instituciones políticas; además, apunta que lo que les une es el deseo de que salga el actual presidente del poder. Es una facción disidente del Partido Nacional.
«No hubo un compromiso todavía de decir que el candidato es Jorge Lobo, pero ellos también que son conocedores de política, saben que es un buen candidato, que tiene organización nacional, que tiene discurso, que tiene plan y que puede ser de las fuerzas principales junto al Partido Libre y Partido Nacional, yo creo que todo mundo estaría de acuerdo de llevarlo a él como candidato, pero estamos anuentes a participar en algún proceso de selección», concluye.
Fajardo, aunque ahora se declara opositor del gobierno, conoce bien la estructura del Partido por el que ha simpatizado casi toda la vida, y asegura que la mitad del Partido Nacional no está de acuerdo con la corrupción del gobierno de Juan Orlando Hernández.
«Ante un gobierno corrupto, sea del partido que sea, la oposición es obligatoria, todas las personas que nos consideremos honestas y que tenemos los mejores sentimientos por el país no podemos avalar el robo por parte de ningún gobierno, y nosotros, aunque hemos sido nacionalistas desde hace 30 años, no estamos de acuerdo. Por razones de dignidad y moralidad damos un paso al costado».
Fajardo también trabajó como subsecretario de deportes en la primera gestión de Juan Orlando Hernández en la presidencia de Honduras, pero fue separado del cargo apenas 2 meses después de entrar en funciones. Sobre los planes del Partido Nacional frente a las Elecciones Generales de 2021, asegura que ninguno de los precandidatos a la presidencia es el elegido por Juan Orlando Hernández para ocupar su puesto de poder en lo interno del partido y al mando de la nación. «El heredero político de Juan Orlando Hernández, se llama David Chávez, precandidato a la alcaldía».
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Dos activistas del Partido Salvador de Honduras sostienen una bandera del nuevo instituto político para que sirva de fondo mientras el ingeniero Salvador Nasralla da sus declaraciones a los medios, bajo el sol se intercambian la labor cada vez que una cámara enfoca al líder político. Hace casi 4 años, miles de personas se enfrentaban a las fuerzas de seguridad del Estado en defensa de la victoria de Nasralla, líder de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que denunciaba el fraude electoral hasta que el 22 de diciembre la embajada de Estados Unidos en Honduras, emitió en un comunicado felicitando a Juan Orlando Hernández por ganar unas elecciones en las que según la constitución no podía participar. Ese día Nasralla disolvió su participación en la Alianza de Oposición y se retiró de la contienda. Durante este tiempo hubo un total de 27 muertes vinculadas a la violencia postelectoral, según registro del Observatorio de la Dirección General de Medicina Forense.
Ahora Nasralla, quien asegura que cuenta con más de 1,5 millones de votantes para las próximas elecciones, ha protagonizado una serie de hechos que van desde pelearse con periodistas, incitar a las Fuerzas Armadas para que den un golpe de Estado, hasta llamar «señoras y maricones» a los diputados que no quieren sesionar de manera presencial en el hemiciclo del Congreso Nacional por la pandemia.
