El pasado lunes 31 de agosto se llevó a cabo el Panel Economía y conflictos sociales en la Honduras postpandemia, organizado por Contracorriente, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Stiftung y National Endowment for Democracy. En el panel se desarrolló un espacio de análisis y debate entre diversos actores de la sociedad hondureña y expertos regionales, para abordar los efectos de la crisis económica en medio de la conflictividad que ha mostrado el descontento de la mayoría de la población, debido a la precariedad económica y social en que sobrevive, agudizado por la pandemia por la COVID-19 y el manejo que le ha dado el Estado de Honduras.
La crisis económica postpandemia, es uno de los escenarios que se tiene con mayor certeza. Sin embargo, la crisis económica es un fenómeno global, como la pandemia, los efectos y los impactos de cada país varían dependiendo de la legitimidad de sus instituciones y de la viabilidad de su modelo económico tanto hacia lo interno como con relación al mercado global. Honduras, es un ejemplo de que la proyección de crisis económica remite obligadamente a la proyección de una crisis social con el elevado riesgo de adquirir acciones violentas.
Para conocer más sobre las proyecciones económicas tras la pandemia y los conflictos sociales, en Contracorriente realizamos un evento en línea en el que tuvimos la participación de Ana Glenda Tager, directora General Alianza para la Paz, Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el comisionado Jair Meza, vocero de la Policía Nacional de Honduras y Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.
Honduras es uno de los países más pobres de América Latina y uno de los países más desiguales del mundo, y para Ricardo Castaneda del Icefi, la falta de acceso a la salud y al sistema escolar, es una de las dificultades que el Estado ya tenía, pero que la pandemia lo ha venido a desnudar. Adicionalmente señaló que, ante la pandemia, se pueden perder alrededor de 260 000 empleos, lo que puede provocar un escenario de crisis económica en la recaudación de impuestos, ya que esta decaerá.
Castaneda además se refirió al endeudamiento acelerado en el que está cayendo Honduras por la pandemia: «tus ingresos disminuyen y tus gastos aumentan, pues el mecanismo que utilizas para poder financiar esta parte es el endeudamiento. Y posiblemente al finalizar este año, Honduras cierre con una deuda del 60 % del producto interno bruto, lo que significa que por cada 100 lempiras que se produzcan 60 ya se deberán».
Frente a esa realidad, el Icefi ha insistido, previo a la pandemia, que la política fiscal de Honduras no está diseñada ni para reducir la pobreza ni para reducir la desigualdad y mucho menos para garantizar, quizás, los derechos de las personas. Pero «para lo que sí está diseñada es para garantizar el privilegio de unos pocos», señaló Castaneda.
«La pandemia nos deja lecciones sumamente dolorosas, pero con esto esperamos que se hagan cambios a la política fiscal y esos cambios sean el resultado de consensos entre los distintos actores de la sociedad para hacer la paz entre una política fiscal para el desarrollo, pero también una política fiscal para la democracia», expresó.
En Honduras, previo a la pandemia, la partida presupuestaria más grande era el servicio de la deuda, es decir, que del presupuesto nacional se destina más para pagar deuda que lo que se estaba destinando para educación y para salud.
Por su parte, Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), manifestó que «lamentablemente el manejo de la crisis no ha sido el ideal, se esperó mucho tiempo y las medidas que se han tomado son medidas tibias, cuando lo que se ha necesitado son medidas contundentes desde un inicio», dichas decisiones han hecho que no se vea mucho avance en cuanto a la reapertura económica, explicó. «En la medida que empecemos a trabajar, evitará que se sigan perdiendo fuentes de trabajo», agregó.
Barquero mencionó que para reactivar la economía se necesita tener un control en el tema de salud, y que los nuevos centros de triaje —muchos de ellos instalados con apoyo del sector privado— les han dado la confianza para volver a trabajar. Sin embargo, dijo que para eso «es necesario ir poco a poco permitiendo una mayor circulación de la gente».
En su participación, el presidente de la CCIC, comentó que a la par de la apertura viene la reactivación, que son cosas diferentes: «abrir la economía es solo decir, vamos a trabajar, pero reactivar la economía es implementar las políticas públicas que necesitamos para que esa reapertura surta el efecto que queremos, ¿y cuál es ese efecto?, pues primero que se dejen de perder empleos».
Hasta le fecha, en Honduras se han perdido alrededor de 500 000 puestos de trabajo, ya sea por suspensión o por despido directo que, según Barquero, podría tomar de 2 a 5 años poder recuperarlos. Para Barquero las políticas públicas adecuadas acercarán al proceso de recuperar los empleos en 2 años, pero de continuar la situación actual, de pocos dígitos en circulación y negocios cerrados hará que dichos empleos se recuperen hasta en 5 años.
Entre las políticas necesarias para avanzar en la reapertura mencionó la prórroga de pago de impuestos: «no que nos regalen impuestos, no que no nos cobren impuestos, lo que necesitamos es que nos permitan pagar los impuestos más adelante», esto debido a que «el sector privado tiene problemas de liquidez, entonces necesitamos cuidar cada centavo para poder mantener los puestos de trabajo y no necesitamos ahorita la preocupación de estar pagando impuestos», mencionó.
Además, agregó que debe haber una política para los créditos en este momento de pandemia: «los préstamos tienen que ser también para todo el mundo, para todas las personas y para todas las empresas y tiene que ser a tasas bajas y plazos largos, a modo tal que se le pueda hacer frente a las necesidades de corto plazo, pero pagadera a largo plazo y con una tasa lo suficientemente baja para que también no se sienta tanto en el flujo inmediato».
Otro elemento en mención es que se deben considerar los fondos no reembolsables de los sectores más desposeídos de la economía, refiriéndose a las personas que menos tienen y necesitan algún tipo de esta ayuda.
Sin embargo, Barquero señaló que en el marco de todas estas medidas la corrupción es un factor a considerar. «En Honduras se ha demostrado en los últimos años y sobre todo en la pandemia, altos niveles de corrupción, muy poca honradez, muy poca transparencia y poca eficiencia en el manejo de los recursos públicos, entonces si las medidas se implementan sin honradez, sin eficiencia y sin transparencia (…) más bien vamos a empeorar la situación económica. Ese último tema yo lo pondría en duda, a pesar de que lo necesitamos, a pesar de que en muchos países les está funcionando, pero el tema de la honradez y la corrupción pone en riesgo que podamos implementar esas medidas en nuestro país», finalizó.
Por otra parte, la crisis económica por la pandemia ha desatado conflictos sociales en los países de la región, por esto, Jennifer Ávila, directora de Contracorriente y moderadora del evento, consultó a Ana Glenda Tager, de la organización Alianza para la Paz ¿qué herramientas tienen los Estados para mediar conflictos, sin llegar a la violencia? Ante la interrogante, Tager mencionó que «la situación de la crisis que ha generado el coronavirus, no solo para Centroamérica, sino a nivel global, es una situación sin precedentes en el mundo y por lo tanto creo que tenemos que tratar de no analizarla exactamente igual a otras crisis».
Otra de las cosas que Tager mencionaba era como «muchas personas estamos esperando la reapertura y volver a la normalidad, pero no es así, el virus continúa ahí. En otros países que han hecho la reapertura ha habido rebrotes». Pero para Tager, a esta normalidad hay que sumarle los conflictos sociales. Un ejemplo de ello es la compra sobrevalorada de ventiladores y lo que la corrupción genera en la población, «si yo tengo un familiar internado que le hace falta uno (refiriéndose al ventilador) y me entero de que la razón es porque hubo corrupción, la inconformidad aumenta», señaló.
Esa y otro tipo de inconformidades, comentaba Tager, hace que «la población afectada por extorsiones, ataques armados y desplazamientos internos encuentren como única puerta de salida estas caravanas de migración a otros países en unas condiciones terribles, pero que muchas veces pareciera ser mejor que seguir estando en un país que lo único que hace es negarnos las posibilidades de poder tener una vida digna», señaló.
En cuanto al papel de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la pandemia, Tager mencionó «que en vez de buscar evitar el conflicto, y que haya comunicación transparente y credibilidad y legitimidad hacia el gobierno, este lo que hace es sacar a las fuerzas militares o a la Policía para que vayan a reprimir las manifestaciones de una sociedad que está inconforme y que no está viendo con buenos ojos el manejo que se está haciendo de la crisis», concluyó.
Por su parte, la Policía Nacional de Honduras, ha estado al frente de la pandemia para «mantener el orden», dijo el comisionado de policía Jair Meza, participante del panel, sin embargo la pandemia, se suma a los conflictos ya mencionados por los demás panelistas, «el problema de la alimentación, que ha generado manifestaciones que se han dado en ciudades grandes, no en ciudades pequeñas, de las cuales algunas han sido violentas y otras pacíficas, sin embargo a la policía le corresponde mantener el orden público», dijo.
Solo en el contexto de la pandemia, que ya va sobre los 6 meses, Meza mencionó que se han efectuado «más de 56 000 detenciones a nivel nacional, vinculadas al no cumplimiento de alguna medida, como ser el uso de mascarilla o el toque de queda». Ante esta situación, según datos brindados por Meza, hasta la fecha hay más de 600 policías infectados, más de 400 recuperados y 15 fallecidos. Además la policía sufre una recarga de trabajo, ya que les ha tocado incluso usar las patrullas como ambulancias para trasladar enfermos, sobre todo en zonas del país donde hay menos infraestructura.
Meza justificó las acciones de represión de la Policía Nacional en las protestas por la inconformidad en medio de la pandemia, diciendo que se debe velar por el derecho a la libre circulación y que ellos como institución del Estado tienen la tarea de actuar de acuerdo a la prioridad del derecho.
En cuanto a las limitaciones de la policía para mediar conflictos Meza manifestó que «cuando hay una manifestación pacífica, hay mucha comunicación con los dirigentes tanto de derechos humanos, como sindicales, y se les brinda seguridad. El problema es cuando las manifestaciones llegan a un desbordamiento, cuando hay tomas de carretera en forma total en donde no se permite la libre circulación, es ahí cuando viene el conflicto, nosotros iniciamos el diálogo, sin embargo se desborda el ímpetu que se da. Muchas veces se necesita y se obliga a que se utilicen los recursos que se tienen, repito,respetando los derechos humanos y cuando se llega a mediar, y hay mucha comunicación creemos que las protestas han sido efectivas y la circulación también y no ha habido ningún tipo de enfrentamiento», finalizó.
Castaneda del Icefi, concluyó el panel diciendo que «aún cuando podamos hablar de proyecciones económicas lo cierto es que si no se resuelve el problema económico eso se convierte en un problema de ingobernabilidad democrática, donde todos los sectores pierden y a partir de eso se requiere un pacto, un acuerdo fiscal de gran envergadura que prácticamente resuelve 3 preguntas: ¿cuál es el país que se quiere?, ¿qué medidas deben implementarse para lograr ese país? ¿qué se quiere, cuánto cuesta ese país que se quiere y cuánto se va a financiar?
Por su parte, Barquero mencionó que el poder está centralizado y que «no es positivo que un solo poder del Estado tome todas las decisiones», agregando que el gobierno debe escuchar a la sociedad civil para responder a las demandas sociales.
Mientras que el comisionado Jair Meza, opinó que «debemos empezar a trabajar desde ahora, unidos y con mucha comunicación».
