Hasta el jueves 27 de agosto se contabilizaban 56 649 casos positivos de COVID-19 en todo el país, de los cuales 902 se encuentran hospitalizados. Estas cifras indican una disminución de casi el doble de hospitalizaciones en comparación con el mes pasado. El gobierno de Honduras ha gastado un total de 1 268 600 000 millones de lempiras (50,7 millones de dólares) entre la adquisición de 7 hospitales móviles, contratación de 11 empresas para las obras de instalación y 2 consultores para supervisar la instalación y operación de los mismos, un gasto que no ha sido reflejado en la atención sanitaria requerida, ya que después de 5 meses, solo 2 de los hospitales han llegado al país y están próximos a ponerse a disposición de los pacientes. Las empresas contratadas para la instalación de los hospitales móviles tienen una larga historia en procesos de contratación irregulares.
La junta interventora de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-h), anunció este lunes que los 2 hospitales móviles que llegaron desde Turquía el pasado 10 de julio, casi han completado su proceso de instalación en los planteles ubicados en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Estos son los primeros de un total de 7 centros hospitalarios que esa institución compró por 1200 millones de lempiras (48 millones de dólares) a Elmed Medical Systems. Ante diversas denuncias e irregularidades, este proceso de adquisición está siendo investigado por el Ministerio Público (MP).
La compra millonaria de Invest-h no contemplaba la instalación de los hospitales móviles al llegar a Honduras. Para esa tarea —la institución que hasta junio presidía el ingeniero Marco Bográn— contrató a 11 empresas y 2 consultores para ejecutar y supervisar las obras de instalación de la gran apuesta en infraestructura del gobierno, ante la emergencia por la COVID-19. Estas empresas, que en su mayoría ya habían sido beneficiadas con contratos estatales previo a la pandemia, recibirán un total de 68 millones de lempiras (2,7 millones de dólares).
Sin embargo, los tiempos de contratación se diluyen ante la tardanza de la empresa que envía los módulos de aislamiento, y las irregularidades en los procesos parecen incrementar cada día. En este caso, Contracorriente encontró que al menos 4 de las empresas encargadas de la supervisión e instalación de las obras, participaron en procesos y obtuvieron beneficios en acuerdos de contratación del desaparecido Fondo Vial, una dependencia gubernamental que fue liquidada por el gobierno de Juan Orlando Hernández en 2017 y que ha sido investigada por el MP y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), por otorgar contratos a empresas utilizadas para el lavado de activos.
Las empresas para instalación
Hasta su desaparición vía decreto ejecutivo, el Fondo Vial era la institución encargada de dar mantenimiento a la red vial del país. Para lograr esta tarea constantemente firmaba contratos con diversas empresas, ese fue el caso del proyecto Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial no Pavimentada, en la cual adjudicó en 2012 un total de 48 contratos para el mantenimiento de 53 sectores de la red vial no pavimentada en todo el país.
Uno de esos contratos fue adjudicado a la Inmobiliaria Rivera Maradiaga (Inrimar), cuyo gerente general era Devis Rivera Maradiaga, un narcotraficante confeso, líder del cártel de Los Cachiros. Maradiaga, como testigo protegido de la Fiscalía de Nueva York, ha vinculado actos criminales con importantes figuras del gobierno hondureño, como el expresidente Porfirio Lobo y el actual presidente Juan Orlando Hernández.
También, entre las empresas que fueron beneficiadas en ese mismo proceso —que ha sido señalado como irregular y que en su momento fue examinado por la ATIC— se encuentran 4 que están encargadas de las obras para la instalación de hospitales móviles comprados por Invest-h.
Las empresas parte del proyecto para la instalación de los hospitales, que en ese entonces fueron beneficiadas con contratos al igual que Inrimar, fueron: Constructora Serrano Colindres (Cosco), Servicio de Mantenimiento y Construcción (Sermaco), Maquinaria y Proyectos (Mypsa), y Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados. Estas empresas presentaron ofertas independientes y firmaron contratos individuales.
En el caso de Cosco, el proyecto de 2012 otorgado por el Fondo Vial fue un contrato por 17,8 millones de lempiras para encargarse del mantenimiento del sector 22 de la red vial del departamento de El Paraíso. No hay informes de auditoría o reportes disponibles que confirmen la ejecución del mantenimiento vial requerido en el contrato.
A través de los años, esta empresa ha estado vinculada a otros proyectos de mantenimiento de la red vial. Un ejemplo son dos contratos firmados por Marco Bográn en su condición de titular de Invest-h en mayo de 2019, quien les otorgó el proyecto de Conservación de la Red Vial no Pavimentada, en el departamento de Lempira y Olancho, por un total de 69,3 millones de lempiras. Hasta el mes de marzo de este año, tampoco había reportes de ejecución de estos proyectos en los informes de producción, disponibles en la página del Instituto de Acceso a la Información Pública de Invest-h.
Finalmente, en abril de este año, para el proyecto de los hospitales móviles, Invest-h le adjudicó 2 contratos para la instalación en las ciudades de La Ceiba y Juticalpa, por un monto total aproximado de 18 millones de lempiras.
Al ingresar los datos de tomo y libro del registro mercantil de Cosco, no se encuentran los datos en línea. Sin embargo, sí es posible obtener los datos de constitución de otra empresa relacionada, a través del registro público del Estado de Florida en Estados Unidos, donde en 2015 Wuilliams Serrano Portillo, gerente general de Cosco, conformó la Sociedad de Responsabilidad Limitada Cosco Heavy Equipment Import & Export, cuya dirección en el registro público de dicho Estado lleva a una casa que dista de parecer una empresa formal.
En el caso de Sermaco, el medio digital Expediente Público reveló en una investigación las cercanías que mantienen los socios fundadores con el ingeniero Luis Eveline Hernández, quien fue gerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), jefe de la Unidad de Gestión Ambiental en la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, (Soptravi) y en la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor). Su esposa Jance Funes es la actual rectora de la Universidad Politécnica de Ingenieria (UPI), que promueve cada año el Congreso Internacional de Minería y Geología en Honduras. Además, es excandidata a diputada por el movimiento nacionalista Salvemos Honduras, de Ricardo Álvarez, y en 2017 fue la representante de las universidades privadas en el diálogo político que surgió como respuesta del gobierno a la crisis post electoral.
A todas estas influencias se suma el hecho de que Luis Eveline y Jance Funes son los socios fundadores de Ecomac S.A. de C. V., la empresa que Elmed Medical contrató ante la supuesta imposibilidad de expertos originarios de la fábrica en Turquía, para venir al país y supervisar la logística y coordinar las tareas de instalación de los hospitales.
En el proceso que Sermaco compartió con Inrimar en 2012, el Fondo Vial le adjudicó un contrato por 23,9 millones de lempiras para encargarse del mantenimiento del sector 9 de la red vial en Copán.
Estos contratos fueron adjudicados mientras Hugo Ardón Soriano, fungía como director ejecutivo del Fondo Vial. Este exfuncionario es hermano de Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, por el Partido Nacional, quien ha sido acusado en la Corte Federal de Manhattan, por suponerlo responsable de los delitos de narcotráfico a gran escala y uso de armas de grueso calibre para dicho ilícito. Además, Alexander Ardón fue testigo en el juicio en contra de Tony Hernandez, hermano del presidente hondureño.
Estos vínculos y contratos entre los proyectos del Fondo Vial y el narcotráfico fueron un detonante para el cierre de la dependencia gubernamental que pasó diversas etapas desde su formación. Creada en 1999 a través de la Ley del Fondo Vial como una entidad desconcentrada de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, (Soptravi), luego pasó a ser una entidad adscrita a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) que reemplazó a Soptravi. En 2017 fue intervenida por una junta conformada por el Consejo Directivo de Invest-h y finalmente fue liquidada y sustituida por la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial (DCPV) perteneciente a Invest-h.
«El manejo de los fondos durante la pandemia se ha hecho con mucha transparencia», afirmaba Marco Bográn, en una comparecencia ante medios de comunicación un mes antes de que le removieran de su cargo, ante las diversas denuncias de irregularidades por parte de la ciudadanía y organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que incluso presentó una denuncia ante el Ministerio Público por suponerlo responsable de abuso de autoridad y fraude.
Los consultores
Previo a la remoción de Bográn de su cargo, una auditoría realizada por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), ya señalaba la preocupación en la toma de decisiones, ya que señalaban la falta de evidencia de que las compras auditadas hubiesen sido consultadas con expertos antes de realizarse.
Cuando el Congreso Nacional llamó a través de una comparecencia en línea al exdirector de Invest-h para preguntarle sobre los criterios que tomó en cuenta para elegir al proveedor de los 7 hospitales móviles, Bogran contestó que los buscaron en internet, según sus palabras hicieron «un barrido de soluciones en internet».
El Colegio de Ingenieros Civiles, también mencionó en un comunicado que en el caso de la adquisición de los hospitales móviles, cuando estaban dispuestos a ofrecer sus capacidades técnicas y humanas para mejorar los procesos de licitación y contratación respectivos, Bográn les dijo que no les necesitaban pues «con sus asesores técnicos habían efectuado los análisis correspondientes, tomado sus decisiones y colocado las órdenes de compra para la adquisición de los hospitales modulares».
Hasta el momento en que se aprobó la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus COVID-19, donde se definió que Invest-h sería uno de los encargados de administrar los fondos de la pandemia, esta institución no tenía experiencia en el manejo de compras hospitalarias o del sistema sanitario, se encargaban principalmente de proyectos de mejoramiento de la red vial del país. Por eso, parte de los recursos fueron destinaron para contratar a 2 consultores que se encargarían de garantizar la correcta toma de decisiones en la compra de equipo para los hospitales móviles y la construcción de los planteles de instalación.
Así se contrató a Oscar Sady Orellana, ingeniero eléctrico industrial, de 50 años, y Hector Josue Sanchez García, arquitecto, de 28 años, por un periodo entre el 27 de marzo y el 27 de septiembre. Las tareas asignadas a los 2 consultores, en su mayoría, estaban relacionadas estrictamente con la llegada de los hospitales móviles, sin embargo, los 2 que han llegado al país comenzaron a instalarse apenas 2 meses antes de la terminación de su relación contractual con el Estado.
Entre las tareas de Orellana se encuentran: realizar visitas a los 7 hospitales móviles para definir el equipo médico y hospitalario requerido, acompañar al personal de cada unidad para guiarlos en el uso adecuado del equipo médico a utilizar en los hospitales móviles, verificar que el uso del equipo médico en los hospitales se esté llevando a cabo según las especificaciones. Por estas tareas se estipuló un pago total de 375 000 lempiras (15 000 dólares), de los cuales ya se le pagaron el pasado 17 de junio 123 867 lempiras (casi 5000 dólares).
En el caso de Hector Sánchez, sus tareas eran procurar la aplicación de normas y buenas prácticas en los 7 hospitales, apoyar en la adecuación y rediseños de los 7 módulos de aislamiento, actividades de supervisión de obras de infraestructura vinculadas a la construcción de los 7 módulos. El pago para este arquitecto es de 210 000 lempiras (8400 dólares), de los que ya se le hizo 2 pagos: uno en junio por 70 000 lempiras (2800 dólares) y otro en julio por 44 655 lempiras (1786 dólares).
Las tareas estipuladas para ambos consultores contemplan los 6 meses de trabajo y los 7 hospitales móviles, sin embargo, ante el retraso de los módulos de aislamiento comprados por Invest-h, se mantuvieron sin ejercer las funciones estipuladas en el contrato durante 4 meses y según un comunicado emitido por la junta interventora de Invest-h el pasado lunes, el resto de los hospitales llegarán al país hasta la última semana de septiembre, por lo que no llegarán a completar el trabajo por el que les contrataron.
Los otros encargados
Los contratos millonarios para la instalación de los hospitales no han sido suficientes para cumplir con los tiempos establecidos, y según José Coello, portavoz de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), ha sido necesaria la cooperación de las FF. AA. para entregarlos en tiempo y forma.
— Si ya habían empresas contratadas para la instalación de los hospitales, ¿de qué específicamente se encargaron las FF. AA.?
— El apoyo que ha venido dando FF. AA. es con el recurso humano, se pusieron a disposición 30 efectivos militares entre ellos ingenieros militares para apoyar a la empresa encargada de armar e instalar los hospitales móviles, más que todo generar un trabajo en conjunto y sinérgico para que se concrete lo más pronto posible.
José Coello recuerda que este es un proceso en el que han estado desde el principio, no solo en la instalación. Nada se mueve en la pandemia sin que los militares lo resguarden.
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«Desde que llegaron a la aduana, los hospitales fueron trasladados a la 105 Brigada de Infantería, y posteriormente al lugar designado para el armado, de igual forma fue en Tegucigalpa, que primero se trasladó al Campo Parada Marte», remarca.
Aunque Coello asegura que la entrega de los hospitales todavía se encuentra en el parámetro de tiempo establecido en los contratos firmados entre las empresas e Invest-h, sin embargo los hospitales llevan un mes en instalación cuando el contrato decía que se instalarían en 15 días. Además, remarca —sin necesidad de preguntarle— que todavía no saben quién tomará la administración de los centros hospitalarios, aunque hace algunas semanas él mismo aseguraba que serían oficiales designados por la institución militar.
Esta incertidumbre se suma a todas las otras dudas de un proceso de administración, instalación y compra de los hospitales móviles. En un principio, los 7 hospitales serían administrados por la Cruz Roja Hondureña, sin embargo, el acuerdo firmado con Invest-h se disolvió debido a la falta de información dada por la institución de gobierno.
Aracely Ramos, vocera de la Cruz Roja, dijo: «pedimos las especificaciones técnicas, pero no tuvimos respuesta, por lo que decidimos finalizar el acuerdo, ya que nosotros como organización humanitaria gozamos de la credibilidad del pueblo hondureño y no podíamos enfrentarnos a la atención si no estamos preparados con el personal y equipo específico». Además, Aracely dice que desde que a principios de mayo se canceló el acuerdo, pensaron que Invest-h ya tenía a los encargados de administrar estos hospitales.
Sobre la falta de capacidades del gobierno para gestionar la crisis provocada por la pandemia, el doctor Samuel Santos del Colegio Médico de Honduras (CMH) asegura que «nadie puede decir que tiene los médicos para atender una crisis de esta envergadura, en este momento tenemos pocos intensivistas a nivel nacional, por eso me parece que es ignorancia por parte de las FF. AA. que dicen que ellos pueden manejar estos hospitales».
Hasta el 26 de agosto se contabilizaban un total de 56 649 casos positivos de COVID-19 y 1747 muertes a causa del virus, un panorama preocupante según el doctor Santos, quien asegura que aunque hay una disminución de casos positivos, las muertes diarias por causa del virus siguen en aumento. Los últimos 2 días sumaron 100 personas fallecidas por COVID19 y el personal sanitario sigue reportando decesos entre sus filas, en un contexto de apertura económica que puede multiplicar los casos de contagio comunitario. «Todo esto nos va a llevar a que los hospitales colapsen nuevamente», asegura Santos.
