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COVID-19 no solo amenaza nuestra salud, también nuestros derechos y libertades

Alberto Romero de Urbiztondo*

@aromero0568

La pandemia por COVID-19, llegó a nuestro continente. Los pueblos centroamericanos nos estamos enfrentando a su propagación desde la vulnerabilidad de nuestras economías dependientes, de sistemas democráticos —en muchos casos— poco consolidados, con altos índices de pobreza y desigualdad social. Además, con sistemas públicos de salud no priorizados y dotados de  pocos recursos humanos y presupuestarios. 

Con diversa intensidad y normativas, los gobiernos de la región han adoptado la estrategia de higiene y lavado de manos, el distanciamiento físico y la declaración de cuarentenas y confinamiento domiciliario, tal como lo dictan las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y con base en la experiencia de países que han enfrentado la pandemia antes que Centroamérica. Los resultados sanitarios son diversos.

Algunos países como Costa Rica, ya se encuentran en una etapa de control del contagio y se están recuperando con cierta normalidad, otros, como Nicaragua, apenas empiezan a reconocer la existencia de la pandemia. Pero además del impacto en la vida y salud de la población, esta situación de emergencia está generando graves efectos sociales, económicos y políticos que también afectan de manera diferente a mujeres y hombres.

El confinamiento y la cuarentena prolongada —para evitar la propagación de contagio— puede ser difícilmente soportable para aquella población que habita en pequeñas viviendas, con pocos servicios y altos índices  de hacinamiento. Las niñas y mujeres pueden tener que enfrentar acoso sexual y violencia por miembros de su propia familia, viéndose obligadas a convivir durante un largo periodo con su agresor,  sin poder salir y apartarse, ni poder denunciar y buscar ayuda.

Desde diferentes países se reporta el incremento de feminicidios y abuso sexual agravado. Los servicios de recepción de denuncia y atención para estos casos de violencia, están prácticamente desactivados por la pandemia, al no ser considerados prioritarios, según sus respectivos gobiernos.

Una tensión extra que afrontan muchas mujeres es la dificultad para acceder a anticonceptivos que antes recibían de los servicios de salud sexual y reproductiva. En muchos países no han sido priorizados y se encuentran desactivados. Esta situación según previsiones del Fondo de  Población de Naciones Unidas (UNFPA), supondrá un incremento de 122 967 embarazos adicionales en Centroamérica y República Dominicana.

En el ámbito económico, la pérdida de empleos, el no reconocimiento de salarios durante los períodos de cuarentena y el hecho de que más del 50% de la población genera sus ingresos en la economía informal, hace que el confinamiento prolongado suponga una reducción grave de ingresos económicos. Esto, en ocasiones, está llevando a sectores de la población a situaciones de hambre.

Es necesario señalar, que la economía del cuidado no se ha paralizado, sino que por la situación de confinamiento se ha incrementado y ha recaído especialmente en las mujeres que deben de atender alimentación, aseo, cuidado de menores y adultos mayores. Además, en muchos casos, han visto incrementado su trabajo al tener que apoyar en tareas docentes a su hijas e hijos por el cierre de las clases presenciales. 

Para la gestión de las acciones de prevención y atención de la pandemia, los gobiernos han tomado medidas legales que concentran el poder en el órgano ejecutivo, con restricción temporal de derechos constitucionales de la ciudadanía y de supervisión y control de sus actuaciones. En este marco de concentración de poder, la presencia y atribuciones de policías y militares se ha visto sensiblemente incrementada.

Las medidas de confinamiento domiciliario han debilitado los espacios de socialización y el tejido social y comunitario. Se promueve la familia: la patriarcal —por supuesto— y la heteronormativa, como el lugar donde todas las personas deben refugiarse, aislarse de vecinos, familiares, organizaciones y espacios colectivos, que se proyectan como amenazas portadoras del virus que nos puede contagiar. Se promueve un enfoque “familista”, en el que  se le reasigna a la mujer su rol de cuidadora y se celebra su vuelta al hogar.

La casa  se convierte en el espacio de control, por parte del Estado, de donde ya no será necesario salir, pues en ella se desarrollará el teletrabajo, la educación virtual de los hijos e hijas, el teleconsumo y el teleocio. En algunos  países ya se realiza el telecontrol, a través de los teléfonos inteligentes.

En este escenario estamos asistiendo al surgimiento de liderazgos populistas que desprecian la institucionalidad democrática y la separación de poderes del Estado, sustituyendo la participación ciudadana y la democracia por gobernantes fuertes y autoritarios. 

Como sociedad centroamericana, debemos aprender de esta emergencia y superar la amenaza de contagios de la pandemia. Es importante promover una ciudadanía informada y consciente, y la articulación de los sectores económicos y sociales de los países en la búsqueda de alternativas de ámbito regional,  que reconozca los intereses de niñas y mujeres.

Además, la exigencia de que sean incorporadas en las políticas públicas, que demanden y prioricen el carácter público de la sanidad, el agua como bien público y reformas fiscales que permitan ir disminuyendo las brechas de desigualdad y exclusión. 

* Integrante de La Sombrilla centroamericana. Organizaciones por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos

Sobre
Alberto Romero de Urbiztondo, nicaragüense de origen español e ingeniero de profesión. Vive en El Salvador desde hace más de 20 años. Defensor de derechos humanos, miembro de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y del Movimiento por una Cultura Laica, temáticas sobre los que ha realizado investigaciones y artículos. Miembro de la Sombrilla Centroamericana, red de organizaciones que defiende los derechos sexuales y derechos reproductivos en la región.
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