En 2007 se aprobó la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables que autorizaba la compra directa de energía sin necesidad de licitaciones y la promoción de incentivos hacia las empresas generadoras. Desde entonces se han firmado más de 200 contratos con empresas privadas, de los cuales solo 90 han entrado en operación y están generando energía. La capacidad instalada de las generadoras renovables representa el 62% del total contratado en el país. Según estimaciones del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), entre renovables y térmicas, se produce un promedio de 1600 megavatios de los 1670 que se necesitarán en 2020. Después de 13 años un gran porcentaje de los 70 mil millones de lempiras de deuda que mantiene la ENEE es a causa de los contratos que garantizaron un negocio redondo para los empresarios, pero significaron aumentos de tarifas y ninguna mejora para aproximadamente 1.6 millones de habitantes que no cuentan con electricidad en el país.
Cuando en 2011 la maquinaria de la empresa Energía Eólica de Honduras invadió la tranquilidad de los pobladores de los municipios de Santa Ana y San Buenaventura para instalar 51 aerogeneradores de 80 metros de altura, los pobladores de esa zona pagaban por mucho unos 100 lempiras (4 dólares) mensuales por consumo de energía eléctrica. Al menos eso cuenta doña Sandra, vicepresidenta del Consejo Indígena Lenca de Santa Ana.
Ahora doña Sandra no logra entender cómo en un solo año —entre febrero de 2019 y febrero de 2020— pasó de pagar 467 lempiras (19 dólares) a pagar 834 lempiras (34 dólares), a pesar de que su consumo de kilovatios/hora solo se ha incrementado la mitad de lo que le están cobrando.
Esta mujer de un poco más de 50 años se pregunta cómo a pesar de todas las promesas, mentiras y engaños que se pusieron en práctica, para que una gran parte de la comunidad aceptara la instalación de un proyecto de energía renovable en un territorio con título ancestral perteneciente a la población lenca, no han obtenido ni siquiera una reducción en los costos de la energía que consumen.
Este proyecto aprobado por el Estado de Honduras en 2008 durante la gestión de Manuel Zelaya Rosales mediante el decreto ejecutivo PCM-16-2008, es el punto que inició la puesta en marcha del cambio de matriz energética que permitió la contratación de cientos de proyectos de generación de energía renovable. Estos proyectos se han convertido en uno de los principales causantes del descalabro económico de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y que a inicios de este año resultó en la instalación de una comisión interventora.
El parque eólico ha sido totalmente invasivo en la comunidad de Santa Ana, las torres metálicas se ven desde cualquier punto del pueblo, 13 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.
Nueva interventora, viejas cuentas por pagar
«Es urgente que la deuda histórica que hoy suma más de 70 mil millones de lempiras pueda ser reestructurada debidamente, con base en las negociaciones transparentes que garanticen a la ENEE ahorros significativos», ese fue el mensaje que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) dejó en un comunicado de prensa en diciembre de 2019. Unas semanas después el Consejo de Ministros anunciaba la instalación de una comisión interventora con el objetivo de «lograr la estabilización financiera de la empresa y la aplicación plena de la Ley General del Sector Eléctrico de Honduras».
La Ley General del Sector Eléctrico de Honduras entró en vigencia en 2014, pero hasta el día de hoy su implementación en el sector energético del país ha sido prácticamente nulo, provocando una ampliación de la crisis que se viene arrastrando desde que en los años 90, ante los racionamientos de casi doce horas en muchos departamentos del país, se declaró la crisis que conllevó a los primeros contratos con las generadoras térmicas privadas.
Estas generadoras tuvieron el monopolio de la venta de energía a la ENEE hasta que en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales se abanderó el cambio de matriz energética para pasar de la generación de energía «sucia», a través de las térmicas, hacia la generación de energía renovable aprovechando los bienes naturales del país. A partir de esa fecha, según informes de la Secretaría de Energía, hubo al menos 200 contratos firmados con empresas privadas.
Según Hugo Noé Pino, economista y miembro del Instituto de Investigación de Políticas Públicas (IIPP), una gran parte de la deuda que sostiene la ENEE es provocada por esos contratos. «Hasta los mismos empresarios han mencionado que son contratos sobrevalorados por encima de los precios en Centroamérica», apunta el economista y explica que el desastre ha sido sistemático e incluye también las pérdidas técnicas que no se redujeron y eran responsabilidad de la Empresa Energía Honduras (EEH), de capital mayoritariamente colombiano, con la que se firmó un contrato de fideicomiso por 360 millones de lempiras (14.5 millones de dólares).
EEH era la encargada de reducir las pérdidas por efectos de distribución en 17 puntos porcentuales. Sin embargo, no se logró y actualmente la cantidad de pérdidas en la ENEE asciende a una cantidad de 12,630 millones de lempiras (509 millones de dólares). «En esa carrera impulsada desde la presidencia de promover alianzas público privadas, no se analizó bien la compañía que se estaba contratando, ni si tenía la competencia adecuada. ¿Qué tipo de intereses económicos jugaron?, ¿por qué el sindicato se involucró?», apuntó Hugo Noé Pino. Una hipotética cancelación del contrato ante su incumplimiento podría significar un mayor perjuicio económico para el Estado ante una posible demanda por parte de EEH. Todo lo que rodea a la ENEE representa pérdidas.
Ahora la comisión interventora liderada por la abogada Miriam Guzmán, quien dirigía el Servicio de Administración de Rentas (SAR), es la encargada de poner en funcionamiento —en medio de la crisis— la Ley General de la Industria Eléctrica que tiene como plan básico la liberalización del mercado energético y la división de la empresa estatal en tres sociedades: Empresa de Generación y Comercialización de Electricidad (Egeco), Empresa Eléctrica de Transmisión y Operación (Emeto) y Empresa de Comercialización y Distribución de Electricidad (Edco).
También se ha señalado la importancia de que esta interventora haga una renegociación de los contratos de energía renovable que se firmaron entre 2008 y 2019, en el marco de la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, que fue aprobada por el gobierno de Zelaya y reformada en 2013 en el Congreso Nacional mientras Juan Orlando Hernández era presidente del Legislativo.
Estos contratos de energía renovable no pasaban un proceso de licitación, simplemente eran ofertados a las empresas ante la junta directiva de la ENEE , la cual según ley estaba obligada a aceptar la propuesta de generación y luego se pasaba al Poder Legislativo para su aprobación definitiva. Las generadoras aprovecharon la ley para beneficiarse económicamente de un negocio con 0% de riesgos al obtener costos fijos por la potencia instalada, aunque la energía producida no sea constante en el caso de las eólicas, plantas solares e hidroeléctricas, porque dependen de las condiciones climáticas y los recursos naturales de donde generan la energía. Para Hugo Noé Pino lo que hará la interventora en este sentido es tomar algunas medidas paliativas y esconder actos indebidos del gobierno.
La ciudad de los vientos en Honduras
Santa Ana y San Buenaventura son dos municipios al sur de la capital de Honduras. En los últimos años se han convertido en un destino turístico de fin de semana por la atracción del parque eólico que fue cimentado en las montañas que le rodean, más precisamente en el Cerro de Hula. Un lugar que según el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT) fue un volcán activo y que conserva los vestigios de las terrazas agrícolas prehispánicas más importantes de la región.
Doña Sandra ha vivido toda su vida en la zona y cuenta que ahora cuando ve a los turistas venir de la ciudad a tomarse fotos con las eólicas se siente triste y frustrada, la lucha para que respetaran las tierras de sus ancestros se acabó y nadie —casi nadie— escuchó sus reclamos.
El pueblo lenca de Santa Ana cuenta con un título ancestral que data de 1882, este título les da pleno derecho sobre sus tierras; además, como pueblo indígena están amparados por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que indica que ante la instalación de proyectos de cualquier índole sobre sus tierras, será obligatoria la consulta a los pueblos y comunidades indígenas que habitan la zona de instalación. Sin embargo, en 2008 cuando empezaron a convocar a reuniones de socialización del proyecto, nadie les consultó si querían esa instalación en sus tierras, solo les dijeron que sería «lo mejor que podría pasarle a Santa Ana» y luego desaparecieron por un par de años.
«Luego en 2010 escuchamos que estaban haciendo unos mentados cabildos abiertos, pero con boca cerrada. Ellos decían que era una socialización del proyecto y la pintaron como que no dañaba al medio ambiente ni a las personas y que era un proyecto amigable con todo el mundo. Nos dijeron que estaban sacando dominio pleno a la gente que tenía el terreno con la que querían hacer el contrato de arrendamiento para poner las torres eólicas», cuenta Sandra. La titulación de dominio pleno es ilegal ante la existencia de un título ancestral en posesión de las comunidades indígenas. Sin embargo, la mayoría de las personas aceptó la titulación otorgada por el gobierno municipal, con la promesa de que la empresa pagaría por el arrendamiento de las tierras que se les estaba otorgando para la instalación y operación del proyecto.
La empresa encargada del proyecto fue Energía Eólica de Honduras, una subsidiaria de la empresa Globeleq Mesoamérica Energy, con registro público en Las Bermudas, según un documento de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia al que tuvo acceso el medio centroamericano El Faro para uno de sus reportajes. En un principio este proyecto estaba destinado a tener una capacidad instalada o potencia máxima de 102 megavatios de energía y en ese contexto instaló 51 aerogeneradores en las montañas que rodean las tierras lencas, en 2013 se dio una ampliación en el tiempo del contrato y se instalaron 12 turbinas más para completar uno de los parques eólicos más grandes de Centroamérica con 126 megavatios de potencia instalada.
Según estimaciones del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), en Honduras hay una potencia instalada de 2638 megavatios pero la reducción de la generación a causa del clima en las hidroeléctricas, fotovoltaicas y eólicas, deja la potencia firme en 1600 megavatios. Esto supone 100 megavatios menos de lo que se necesita para la demanda de energía en el país. Esa fluctuación de energía no representa ninguna pérdida para los generadores que en los contratos firmaron garantías para que se les paguen costos fijos por la potencia instalada. Por ejemplo, en el contrato que firmaron Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la Honduras, y Jay Gallegos, representante de Globeleq Mesoamérica Energy se estipulaba que ante una posible privatización de la ENEE, el gobierno garantizaría el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, pasara lo que pasara.
Doña Sandra tiene otra perspectiva de las estrategias de las empresas de energía renovable y la forma en que aventajan cualquier situación. Las familias se han quejado por el ruido insoportable de las turbinas durante la noche, la sombra intermitente que se mete a las casas provocando dolores de cabeza y los cimientos de concreto de las torres que han provocado que el suelo se vuelva infértil para la siembra.
A solo unos metros de la zona de ampliación del parque eólico, en San Buenaventura, vive Bairon y su familia. Cuentan que les ha tocado acostumbrarse al desvelo provocado por el motor y aspas del monstruo productor de energía de 80 metros de altura, «uno se acostumbra», dice la mamá del joven mientras hace tortillas en el fogón de su cocina. Desde el aerogenerador más cercano al terreno familiar, donde se ubica su pequeña casa, se puede ver la totalidad del parque eólico instalado. Bairon señala los lugares donde jugaba cuando era niño, en los tiempos donde todo estaba lleno de árboles. «Hemos tenido reuniones donde hemos solicitado que ejecuten la reforestación que habían prometido. Solo prometen y nunca vienen».
Entonces, ¿cuál es el beneficio de este proyecto? Bairon ríe de manera irónica y dice con resignación: «Nada». Las promesas de la empresa fueron muchas, y los proyectos sociales canalizados a través de la alcaldía es de las primeras cosas que se pueden observar al entrar en la recepción de la empresa ubicada en la entrada al municipio de San Buenaventura, eso y los logos de Corporación Multi Inversiones. La oficial de comunicaciones no se encuentra y nadie más puede brindar información.
Energía Eólica de Honduras, subsidiaria de Globeleq Mesoamérica Energy, desde 2016 también forma parte de Corporación Multi Inversiones, una empresa de origen guatemalteco que en 2018 fue señalada por parte de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ya que el presidente de su junta directiva habría financiado de manera ilegal la campaña de Jimmy Morales para llegar a la presidencia del país centroamericano. La compra de la empresa productora de Energía Eólica de Honduras por esta transnacional, que también cuenta con inversiones en la industria de las comidas rápidas a través de Pollo Campero, no ha provocado algún cambio ante las solicitudes de la población afectada.
Para doña Sandra, ya que no hay vuelta atrás a la instalación de las eólicas, la única forma actual de recomponer la problemática es que el dinero de las supuestas ayudas sociales que brinda la empresa, y que en la opinión de los miembros de la comunidad se queda en manos de las autoridades municipales, se ejecute directamente sin intermediación de la alcaldía. «Que le paguen bien a la gente y que si hay una responsabilidad social, pues que den a todas las comunidades afectadas, pero el alcalde quiere que el dinero se lo den directamente», finaliza.
Corrupción renovable
«En 2012 le dijimos a Juan Orlando Hernández: si ustedes aprueban esos contratos será un perjuicio enorme para el pueblo hondureño en razón de tarifas, y van a restarle mucha competitividad a la economía del país», cuenta el arquitecto Juan Carlos Rodríguez quien ocupa el cargo como presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad. En ese año estaban por ratificarse en el Congreso Nacional más de 50 contratos de energía renovable, en su mayoría fotovoltaica, y aunque Rodríguez afirma que hay algunos contratos que sí era necesario aprobarlos en el marco del plan de expansión estipulado en 2008 por el departamento de Planificación de la ENEE, también es cierto que muchos de ellos eran otorgados gracias a las influencias políticas de los empresarios.
«Cuando revisamos los contratos nos dimos cuenta que así como habíamos hablado de contratos leoninos de energía térmica también se estaban generando contratos leoninos de generación de energía renovable, bajo la excusa de que hay que cambiar la matriz de generación. Dijeron: si no se hace esto, Honduras queda en tinieblas», recuerda Rodríguez. El cambio de matriz energética finalmente se concretó y según datos de la ENEE, hasta el año 2018, el 62% de la capacidad instalada en el país era renovable. Sin embargo, según Rodríguez este cambio se manejó de forma incorrecta y provocó que Honduras ahora tenga la tarifa de energía más alta en Centroamérica.
Ocho años después de la ratificación de todo ese paquete de contratos, vuelve a salir a flote la amenaza de los apagones y racionamientos. Ante esta situación diversos sectores de la empresa privada y el gobierno, han presionado para la aprobación final de un contrato de suministro de energía térmica por 240 megavatios con la empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo Sociedad Anónima (Lufussa), propiedad de la familia Kaffie, uno de los grupos con más poder en el sector energético del país y que anteriormente tenía un contrato estatal para la generación de energía.
José Antonio Morán, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), en declaraciones dadas a un diario nacional, recomendó al Congreso Nacional aprobar este contrato, «considerando que se atendió todos los procedimientos legales de precio competitivo y aprobación», declaró Morán.
Según Miguel Aguilar, presidente del STENEE, hay dos problemas que la CREE y la Comisión Interventora deben observar. En primer lugar, la falta de inversión en la red de distribución y los transformadores de energía que constantemente se sobrecargan, esto provoca apagones que serán inevitables en los próximos meses del año.
«Independientemente de que se compre energía o no se compre siempre habrá apagones en los tiempos de mayor recalentamiento del año porque los transformadores están colapsados porque hay un retraso en inversiones de casi diez años», puntualizó. Y en segundo lugar, analizar los aproximadamente 100 contratos de energía renovable firmados por la ENEE y ratificados por el Congreso Nacional que no han entrado en operación. Todos estos contratos representan alrededor de 2000 megavatios.
Según el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, muchos de esos contratos todavía flotan en maletines en búsqueda de un comprador. Según una investigación del periódico digital Revistazo todas las empresas contratadas por la ENEE en enero de 2014 para generar energía fotovoltaica, fueron constituidas para hacer un gran negocio, no para generar energía.
Según los datos investigados por este medio suscrito a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), de las 21 empresas a las que se otorgaron contratos de generación, 17 habían existido un año o menos antes de obtener la adjudicación del proyecto. También se comprobó que después de algunos meses 17 de las 21 empresas ya habían sido vendidas en su totalidad a otras sociedades mercantiles. Ninguno de los contratos adjudicados pasaron por un proceso de licitación, hecho que también se señaló en un informe de auditoría elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas publicado en 2018.
«Esta gente no pretendía ser generador, lo que pretendían era tener en su maletín los contratos, venderlos a empresas extranjeras que tenían capacidad de financiamiento y producción. Como tenían buenos beneficios, riesgo nulo y grandes ganancias podían venderlos muy bien», apuntó Rodríguez.
Destino incierto
Francis acompaña a su ganado desde temprano en la mañana hasta que el sol está casi por esconderse. Los animales pastan en los alrededores de las oficinas de Energía Eólica de Honduras, comenta que no le dicen nada por transitar esa propiedad pero que el día que quieran correrlo él también cerrará los accesos a la torre eólica que se encuentra a unos cuantos metros de su casa. Le pagan 14 mil lempiras cada tres meses por el arrendamiento de las tierras que después de inyectarle una base de concreto para la instalación del aerogenerador ha quedado infértil.
«Cuando no hay aire se roban la energía del corazón para funcionar», dice Francis y recuerda que personas, vegetación y animales han sido afectados por el robo de energía que ejercen los monstruos gigantescos y sus aspas giratorias. Según lo que doña Sandra cuenta, este hombre ha tenido suerte en el precio de arrendamiento, ya que muchos pobladores apenas reciben mil lempiras de parte de la empresa y algunos tienen que gastarlo en pagar la electricidad que se produce a unos cuantos metros y ha aumentado muchísimo en los últimos meses.
Aunque el Consejo Indígena siente que ya no hay mucho por hacer con el proyecto instalado, Sandra asegura que con fuerza seguirán trabajando para que haya justicia en su territorio, inspirados por las pocas visitas que hizo Berta Cáceres en la comunidad y la resistencia en otros municipios como Mesa Grande donde la eólica no logró entrar. «Queremos que si no se puede quitar, al menos haya justicia para la gente que está viviendo esa sombra ese ruido».
