Foto de portada: Juan Orlando Hernández durante su discurso luego de que una movilización en apoyo suyo llegara a Casa Presidencial, Tegucigalpa, 9 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Texto: Danielle Mackey y Jennifer Avila
El juicio contra el ex diputado del Partido Nacional Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha exhibido la forma en que la política está ligada al crimen organizado en este país. Hernández fue acusado por traficar cocaína y armas en gran escala a EEUU y está siendo enjuiciado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York (una corte federal estadounidense) ante la mirada de los medios internacionales, pero también de los migrantes que huyeron de Honduras por la violencia y la corrupción. En Honduras la población está expectante, lo que se dice en la Corte de Nueva York podría tener impacto en el gobierno de Hernández, en crisis de legitimidad.
Los crímenes
Según los documentos del juicio de una corte federal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, desde el 2004, Tony Hernández ha estado involucrado en producir y distribuir toneladas de cocaína. Usaba aviones, lanchas y, por lo menos en una ocasión, un submarino. Tenía acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia. A veces proveía seguridad fuertemente armada a los narcotraficantes, la misma que, en repetidas ocasiones, era brindada por policías hondureños.
Ese mismo año, cuando el gobierno federal estadounidense dice que el negocio ilícito de Tony iba tomando impulso, el presidente de Honduras era el nacionalista Ricardo Maduro, quien implementó la política de «mano dura» contra la delincuencia. Bajo su misma administración se creó la reforma al Código Penal que dio paso a la llamada Ley Antimaras que legitimó la encarcelación de miles de hombres jóvenes de los barrios marginales a lo largo de todos estos años.
Tony no era una figura conocida, lo que le permitió permanecer libre en ese período y hacer sobornos a la seguridad estatal para facilitar el paso de las drogas, según los documentos del juicio. Pero a través de los años llegó a ser tan importante en el bajo mundo, que también recibió sobornos grandes de narcotraficantes, como fue el caso del millón de dólares que el Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa de México, que de manera personal presuntamente le entregó para la campaña de Juan Orlando Hernández, su hermano, quien en ese momento era diputado en el Congreso Nacional y cuadro del Partido Nacional para ser presidente de Honduras.
Tony Hernández y su hermano Juan Orlando han negado todas las acusaciones. El presidente respondió que lo que se ha dicho en el tribunal es venganza por parte de delincuentes dolidos por la guerra contra las drogas que ha emprendido su administración con el apoyo de ciertas partes del gobierno estadounidense.
Juan Orlando Hernández durante su discurso luego de que una movilización en apoyo suyo llegara a Casa Presidencial, Tegucigalpa, 9 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
Otra parte del gobierno estadounidense (la fiscalía de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York) argumenta que un momento clave para la consolidación del poder de esta supuesta red élite criminal fue el año 2009 con el golpe de Estado en Honduras. El expresidente, derrocado en ese golpe, Manuel Zelaya Rosales, indicó que en ese momento, el narcotráfico permeó la institucionalidad hondureña, vulnerada y quebrada.
A partir de ese momento, se instaló en el Estado un grupo de personas que, de manera posterior, serían investigadas por el narcotráfico y el lavado de dinero proveniente de la importación de la cocaína a los EEUU, nos referimos a Juan Orlando Hernández e Hilda Hernández, Ebal Díaz quien es el actual secretario de la presidencia, varios miembros de una familia de la élite empresarial hondureña, la familia Rosenthal, y el militar y actual ministro de Defensa Julián Pacheco Tinoco. Según los documentos de la corte federal estadounidense, la investigación de esas personas que comenzó en 2013, sigue activa y ha desembocado en el juicio actual, entre otros, como los juicios en los que se condenaron en la corte neoyorquina a la familia Rosenthal, a los carteles Cachiros y Valle Valle, y a la operación narco de Fabio Lobo, hijo de Porfirio Lobo Sosa, expresidente de Honduras, tras el golpe de Estado.
Anécdotas macabras han salido de esa Corte estos días.
Para septiembre de 2009, según los documentos del juicio, Tony y el cartel Valle Valle iban a vender la cocaína que habían producido en el laboratorio de Colombia controlado por Tony y un socio, al cartel Mexicano que iba a importar la droga a los EEUU. Pero en el tránsito, cerca de la frontera de Guatemala con México, el hombre encargado de transportarlo fue asaltado por una banda guatemalteca. El hombre, ahora un testigo criteriado por la corte federal a quien solo se conoce como CW-2, dijo que una semana después Tony y un representante de los Valle se reunieron con él. Tony le dijo al ahora criteriado, que le daría un mes para pagarle la deuda de lo que había perdido, también le dijo que él mismo iba a averiguar quién les había robado. La investigación que se realizó reveló a ocho personas implicadas, incluido un policía de Guatemala. Parte del reembolso que le terminó haciendo el criteriado a Tony fue de 300,000 dólares para pagar a un sicario y matarlos, lo cual se cumplió.
Este fue solo uno de, por lo menos, dos actos más de asesinato planificados en los cuales estuvo involucrado Tony, según el testimonio del exalcalde Alexander Ardón, también miembro del Partido Nacional.
En el 2011, Tony llamó al jefe policial de Copán de ese entonces, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, para ordenar el asesinato del narcotraficante guatemalteco Franklin Arita Mata, lo cual el jefe policial cumplió, según Ardón.
Y cuando en el 2013, la policía hondureña arrestó a «Chino», un trabajador de seguridad del cartel de los Cachiros, el hermano del presidente dijo que había que asesinarlo porque «era el único que sabía todo sobre los helicópteros» de Tony, según Ardón. Ese asesinato también se cumplió.
Licencias para portar armas registradas a Tony que incautaron el dia de arrestarlo.Presentadas como prueba por parte de los fiscales EEUU.
La información de los helicópteros fue particularmente vital, según su testimonio, porque fue la estrategia de autoprotección de Tony. En el 2012, Tony le dijo a Ardón que se iba a postular para ser diputado en el Congreso y que su hermano Juan Orlando iba para la presidencia, y que a partir de ese momento, para no ser extraditado a los EEUU, iba a dejar cualquier cosa que lo involucrara en el narcotráfico más allá de prestar dos servicios: el alquiler de sus helicópteros para mover los cargamentos y la seguridad para el transporte de los mismos. El alquiler de los helicópteros incluía los pilotos, y también, como Tony tenía acceso a los radares que tiene el gobierno hondureño para la lucha antinarco, le aseguró que habría vigilancia durante los vuelos para que no fueran interceptados. Cada vuelo tenía un costo de 50,000 dólares, según Ardón.
También en el 2012, el entonces presidente Porfirio Lobo Sosa mandó dos camiones de soldados para proteger la frontera de un narco guatemalteco, a petición del Chapo Guzmán. Según Ardón, el Chapo temía que el guatemalteco les quitara el control de la frontera, pero con el apoyo de aproximadamente ciento veinte soldados hondureños, quienes se quedaron durante dos meses, lograron afianzar dicho control.
La especialista en temas de seguridad en el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Leticia Salomón, asegura que ha sido y siempre será nefasto que se involucren a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, el deterioro de la imagen del Ejército que eso supuso en México por estar involucrada la alta jerarquía con el narcotráfico es un claro ejemplo.
Leticia Salomón, socióloga y analista política, durante la entrevista para Contracorriente en las oficinas del Centro de Documentación, Tegucigalpa, 7 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
«Es indudable que las Fuerzas Armadas con el control que tienen del territorio nacional tienen que saber lo que está pasando en el territorio, dónde están las pistas clandestinas, a quién pertenecen los aviones, y quién da la orden para que los aviones aterricen y salgan. En ese sentido, esa estructura puede ser que se filtre en el futuro inmediato, yo tengo la esperanza que saldrán nombres de altos oficiales de las Fuerzas Armadas involucrados como cómplices o jefes de cualquier tipo de actividad de narcotráfico,» dijo en entrevista con Contra Corriente. «Las Fuerzas Armadas no son monolíticas, hay sectores preocupados por la senda donde los ha conducido este presidente.»
Pero hasta ahora los posibles detractores dentro de las Fuerzas Armadas permanecen en silencio. Así ha sido durante años, por muy descarado que haya sido el comportamiento supuesto de elementos del liderazgo nacional, incluyendo a los hermanos Hernández.
Hacia el arresto
El año después de que las tropas hondureñas fueron asignadas a luchar contra el narcotráfico, en 2013, hubo dos reuniones claves, según el testimonio de Ardón: por un lado, un encuentro con Juan Orlando Hernández, y por otro, con el Chapo Guzmán, en conjunto con el cartel Valle Valle y Tony Hernández.
En ese entonces, Juan Orlando Hernández era el presidente del Congreso Nacional y Ardón el alcalde de Copán. El congresista le pidió una reunión al alcalde para decirle de que no se relanzara porque ya era demasiado conocido como narco, y si lo hacía, ya no le iba a proteger su narcoactividad. Pero que si Ardón le financiaba el departamento de Copán con sobornos, Juan Orlando nombraría a su hermano Hugo Ardón, también narcotraficante pero aun no señalado públicamente como tal, a la coordinación de la campaña electoral. El alcalde no se relanzó y terminó dando 1.6 millones de dólares en sobornos de dinero proveniente del narcotráfico, testificó.
Más tarde ese año, hubo una reunión con El Chapo en una finca de los Valle en El Espíritu, Copán, testificó Ardón. El estuvo presente junto con su hermano Hugo, Tony Hernández, Mario Cálix, y dos hermanos guatemaltecos. En esa reunión, el Chapo le pidió a Tony que diera seguridad a sus cargamentos de cocaína cuando iban pasando por Honduras. Tony le contestó que si su hermano Juan Orlando ganaba las elecciones el Chapo tendría su seguridad. El Chapo también pidió protección para los Valle y Ardón, que no fueran ni judicializados en Honduras ni extraditados a los EEUU, a lo que Tony le contestó de nuevo que si ganaba Juan Orlando lo tenía garantizado. Fue en ese momento que el Chapo le ofreció 1 millón de dólares para la campaña presidencial de Juan Orlando y, según Ardón, Tony dijo que lo pensaría. Tres días después, Tony dijo a Ardón que Juan Orlando había autorizado el soborno y, en una segunda reunión, el Chapo entregó de manera personal el dinero a Tony.
Ese supuesto pacto entre narcos y políticos pasó a un contexto nacional sangriento. En noviembre de 2011, el exasesor de la lucha contra el narcotráfico en la Secretaría de Seguridad, Alfredo Landaverde, dijo en un medio de comunicación de Honduras que el director de la Policía Nacional, en ese entonces Ricardo Ramírez Del Cid, sabía de estas estructuras criminales, que los asesores y hasta la gente común sabían quién era el jefe del narcotráfico en su ciudad, y que los políticos y narcos se reunían en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Tocoa, que todos estos compraban policías y a las Fuerzas Armadas, que el dinero del narcotráfico infiltró políticos, el sistema de justicia y la empresa privada. Landaverde fue asesinado un mes después de esas declaraciones y su crimen sigue aún en la impunidad, sin embargo, en la Corte de Nueva York se están presentando las evidencias de lo que él dijo sobre las reuniones que se dieron en esos años.
En el 2012, la cifra de homicidios en Honduras fue la más alta del mundo, allí obtuvo el apellido de «país más violento del mundo» en los medios de comunicación, hoy sustituido por «narcoestado». La violencia se mantuvo tan omnipresente en los siguientes años que se desató una ola de migrantes menores de edad, que viajaban sin acompañamiento de sus padres, hacia los EEUU, un acto desesperado en búsqueda de la sobrevivencia en un país donde entre los años 2000 y 2014 fueron asesinados alrededor de tres mil niños menores de diecisiete años, según cifras de la ONG Casa Alianza.
Mientras los niños llegaban en masa a los EEUU, donde fueron interceptados por centros de detención y cortes hacinados, en Honduras Tony estaba desviando fondos públicos a las manos de narcotraficantes. En febrero del 2014, según los fiscales estadounidenses, se reunió con Devis Leonel Rivera Maradiaga, del cartel de los Cachiros e hicieron un arreglo: Tony iba a presionar a las agencias del Estado que debían dinero a las empresas fachadas de los Cachiros, y Rivera Maradiaga le iba a pagar a Tony aproximadamente 50,000 dólares. Lo que no sabía Tony era que la DEA había convencido al Cachiro para hacer grabaciones y recolectar información que pudiera ayudar en sus investigaciones, por lo que estuvo grabando la reunión, incluso el momento cuando entrega los millones al hermano del presidente.
Pero aunque una parte del gobierno federal estadounidense estaba investigando lo que estaba haciendo en la oscuridad, otra parte estaba muy contenta con las políticas que estaba pasando la administración Hernández a la luz del día.
Los pasos más fuertes que tomó la administración fueron bajo las banderas de la lucha anticrimen y antinarco, y para frenar la ola de migración irregular. Creó unidades élite de la policía y la fiscalía, gracias a dinero y capacitación estadounidense. Depuró la policía y fortaleció al Ministerio Público.
Lisa Kubiske fue embajadora de los EEUU en Honduras entre 2011 y 2014. Kubiske, dijo en entrevista con Contra Corriente que la colaboración entre los gobiernos se debía a algunos valores compartidos entre la administración Obama y Hernández. También aseguró que no sabía que parte de su mismo gobierno estaba investigando al presidente del país en el cual estaba destacada, y que eso es normal.
«Cuando estuve yo, Juan Orlando tenía unas políticas que tenían muchos aspectos muy compatibles con lo que los Estados Unidos esperaba que Honduras lograra. ¿Sabía yo en general que la DEA estaba persiguiendo a gente involucrada en el narcotráfico? Sí, lo sabía en términos generales. ¿Necesitaba saber todos los detalles? No, no necesitaba saberlos», dijo. «Quizá me van a mostrar equivocada, pero si hubiera habido mucha información oscura y concreta sobre el presidente Hernández, quizá alguien me hubiera dicho: “ten cuidado”».
Kubiske agregó que aunque sea importante saber más sobre las acusaciones que involucran a Juan Orlando Hernández, el juicio actual no se trata de él. «No es un juicio para saber si aceptó el dinero del Chapo, aunque sería importante saberlo», dijo la exembajadora. «Este juicio es sobre cargos en contra de Tony Hernández».
Pero en la Corte Federal en Nueva York, el nombre de Juan Orlando suena con casi tanta frecuencia como el nombre de Tony.
Según el testimonio de Ardón, en 2015 el exalcalde se reunió con Roberto Ordóñez, el arquitecto de la campaña política del Partido Nacional y en ese entonces el ministro de la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica). Ordóñez le tenía un mensaje de Juan Orlando: Hugo Ardón, el hermano del exalcalde y el entonces director del Fondo Vial, necesitaba dejar el puesto porque los medios andaban revelando que era narcotraficante, a pesar de que Juan Orlando le había regalado a Hugo la dirección del Fondo a cambio de sobornos millonarios, según el testimonio de su hermano, Alexander Ardón. Pero ya que era pública la afiliación criminal de los hermanos era necesario que dejaran por completo el escenario público.
Si los Ardón le ganaban el departamento de Copán para Juan Orlando — lo cual se entendió que iba a ser a través de dar sobornos a los alcaldes locales — el presidente seguiría protegiendo a su negocio de narcotráfico, según el testimonio de Ardón. Entonces el narco gastó más millones para mantener a Juan Orlando en el poder.
Durante todos estos años, cada vez que Ardón expresaba preocupación a Tony por el alto nivel de crímenes en los cuales estuvieron metidos, Tony le aseguraba que no le iba a pasar nada – ni sería investigado por la Fiscalía hondureña ni extraditado a los EEUU – mientras el Partido Nacional estuviera en el poder, testificó Ardón.
La lista de crímenes alegados en los documentos del juicio parece interminable. En estos años, Tony también vendió armamento al cartel de los Valle, y ellos las mandaron a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), según los documentos. También vendió armamento a un tercero, identificado en los documentos del juicio como «CW-5», quien las vendió después al cartel Sinaloa.
En octubre del 2016, el capitán de las FFAA, Santos Rodríguez Orellana, señaló de manera pública a Tony Hernández con publicar la foto de uno de sus helicópteros en el que transportaba drogas. Ese mismo mes, la DEA le informó al presidente que le estaban investigando a su hermano, por lo que Tony se presentó de manera voluntaria en Washington para dar una entrevista. Esa vez lo dejaron ir.
Durante todo ese tiempo, Juan Orlando seguía viajando a los EEUU, y disfrutaba de una legitimidad con la administración Obama y una bienvenida muy calurosa por parte de la administration Trump. El 15 de junio del 2017, el vicepresidente Mike Pence tuiteó una foto en la que sonriente acompaña a Juan Orlando Hernández en una reunión sobre desarrollo en negocio y economía.
Pero los que no disfrutaban del poder sufrían por la violencia y la corrupción. En octubre del 2018, salió de Honduras la primera caravana migrante. Iban hacia los EEUU, a solicitar asilo. El Presidente Trump los describió como «una invasión a nuestro país» por parte de «muchos pandilleros» y «gente desconocida del medio oriente». La administración Hernández salió en desbandada para complacer a los EEUU, a frenar a la gente antes de que se escapara del país en llamas.
Mientras tanto, otra parte del gobierno federal estadounidense quería evitar que se escapara un hombre en particular.
El 22 de noviembre de 2018, un agente de la DEA, Sandalio González, tomó un vuelo para Miami. Iba detrás de Tony Hernandez.
La mañana del siguiente día, el viernes 23 de noviembre, el agente González se encontró en el aeropuerto de Miami con varios agentes más de las autoridades federales estadounidenses. El Distrito Sur de Nueva York ya había acusado de manera formal a Tony por el tráfico de drogas y armas a gran escala, entonces necesitaban cumplir con la orden de arresto. Sabían que esa mañana Tony había salido en el vuelo American Airlines 1347, de Houston con rumbo a Tegucigalpa y con escala aquí en Miami.
Se instalaron en el Vestíbulo D, Puerta de Embarque 2, a esperarlo. Los agentes lo vieron cuando salió del puente de desembarque acompañado de su socio, Marlon Pacheco Morales, con quien había viajado a Nebraska para revisar un pickup Ford a la venta, y después a Houston para conocer a la familia de un mexicano a quien también acababan de conocer, cuyo apellido no sabía, explicaría Tony a la DEA unas horas más tarde.
Los agentes vieron cuando Tony notó su presencia. Lo vieron entrar al baño. Se tardó. El agente González entró a buscarlo. Al ver entrar al agente, Tony salió y se encontró con los compañeros de González, unos agentes de la Patrulla Fronteriza. Esa misma fuerza que ha arrestado a miles de hondureños en su huida. Y así fue como «la migra» arrestó a Tony Hernández.
La entrevista
El agente González y sus compañeros llevaron a Tony a su oficina para entrevistarlo de nuevo. González tenía puesta una gorra de béisbol y una camisa negra manga larga. Tony también portaba una gorra de beisbol marca Under Armour, pero la dejó sobre la mesa. Tenía puesta una camisa polo azul y una sonrisa leve, con el codo del brazo derecho colocado sobre la mesa y su bicep saliente de la manga. Quizá estuvo nervioso pero queriendo aparentar tranquilidad. Habló con la voz áspera como la de alguien que se madrugó y que tenía claro que ese no iba a ser un buen día.
El agente González le preguntó a Tony cuánto tiempo tenía de ser narcotraficante. Tony le respondió que no lo es, que sí conoce a varios, incluso algunos de sus mejores amigos que por desgracia se perdieron por el mal camino, pero tampoco los juzga. Que sí, supo que por ahí andaban unos rumores que él estaba metido en el negocio, pero que esos fueron puros inventos por parte de los narcos, enojados con él porque su hermano, el presidente, estuvo cooperando de manera tan eficaz con el gobierno estadounidense en la lucha antinarco.
«Quiero mostrarte algo», le dijo el agente González a Tony Hernandez. Con la pantalla de su celular, le mostró una foto de un ladrillo blanco que lleva las iniciales TH. Al mirar, el rostro de Tony no cambió. Quedó en silencio un momento.
-«Es un T y una H», dijo.
-Respondió tranquilo el agente: «Mju. ¿De qué?»
-Tony sonrió: «Supuestamente es Tony Hernandez»
-«¿Supuestamente?» preguntó el agente.
Se incomodó Tony, se movió en la silla y le brotó una risa nerviosa. Tartamudeó. Después logró preguntar que cómo pueden pensar que estamparía sus propias iniciales en algo tan delicado.
Pero nadie había dicho qué era el ladrillo blanco. Y ese detalle le llamó la atención al agente González.
-«¿Pero qué es esto?», le preguntó.
De nuevo Tony tartamudeó: «Supuesta droga», por fin contestó.
El análisis
Un estudiante encapuchado descansa junto a una valla del bulevar Suyapa frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, 7 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.
El agente González y los fiscales del Distrito Sur de Nueva York representan el mismo gobierno estadounidense que ha colaborado de manera muy estrecha con la administración de Juan Orlando Hernández. Puede ser confuso. Pero hay gente que se dedica a estudiar la relación entre estos países y tiene suposiciones.
Christopher Sabatini, un profesor estadounidense de la Columbia University y fundador de Global Americans, una organización de investigación sobre latinoamérica, dice que parece ser parte de una paradoja histórica: «Imagina un presidente quien antes era un socio cercano de los EEUU, involucrado con el narcotráfico y que después se robó una elección, ¿de quién estoy hablando?», preguntó Sabatini: no estaba hablando de Hernández, sino del ex general y dictador panameño Manuel Noriega, aliado de los EEUU durante años hasta perder su apoyo, y los EEUU lo derrocó. «Noriega cayó porque vivía en un tiempo cuando la democracia iba avanzando, y eso fue su perdición. Pero ya no es así. La democracia ya no importa tanto», dice Sabatini.
Y hay literatura que ha abierto el debate sobre el declive de las democracias, por ejemplo, Steven Levitzki y Daniel Ziblatt en su libro “Cómo mueren las democracias” inician con la idea de que «las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder». Esto podría suscribirse íntegro con lo que pasó en Honduras en el 2009 o lo que sucedió en el 2017 tras ser declarada inconstitucional la misma Constitución de la República para permitir la reelección de Juan Orlando Hernández. Sabatini dice de manera simple que un presidente que se robó las elecciones, pero los procedimientos democráticos que usó Hernández vuelven más complejo incluso llamar dictadura, al gobierno de Hernández.
«JOH se hace el “policía bueno”, aunque no lo sea», dice Sabatini. Y cita textualmente una frase histórica entre los círculos políticos estadounidenses: «Quizá sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta», refiriéndose a lo que dijo el presidente Roosevelt sobre el General Somoza en Nicaragua, y una postura que está entre las pocas explicaciones que pueden dar sentido a la bipolaridad del gobierno estadounidense actual, según lo expone Sabatini.
Por otra parte, el apoyo para la administración Hernández que perdura entre algunos republicanos congresistas estadounidenses tiene raíz en la tendencia a ver todo a través del lente de Venezuela, dice Sabatini. «En 2009, con el golpe, cuando Mel Zelaya fue derrocado, los republicanos y los conservadores en particular redoblaron el apoyo para el Partido Nacional. Presentaron el asunto como blanco y negro, Zelaya malo, socio de narcotraficantes. Partido Nacional bueno, anti Chávista», dice Sabatini. «Pero el Departamento del Estado estaba monitoreando los narcoaviones con la llegada de Micheletti. Y ellos lo tenían claro, pero por ser un asunto percibido como pro Chávez vs. anti Chávez, ignoraron todo».
En Honduras, Leticia Salomón complementa este análisis. «Todo esto que está ocurriendo es una especie de papa caliente para el Poder Ejecutivo y la embajada de los EEUU,» dijo. «Sin embargo, ellos funcionan en condición de socios y ellos han tenido socios de todo tipo, los dictadores más feroces han sido socios de los EEUU. El discurso del presidente Hernández, bien asesorado, es que en todo tipo de protesta él saca que son los comunistas, los aliados de Maduro en Venezuela los que están sacando estos elementos para exhibirlo a él por ser el adalid de la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica», explicó.
La contradicción central para los EEUU es el hecho que una parte del gobierno está actualmente argumentando que Honduras está en manos de una red violenta de corrupción que utiliza los componentes del Estado, como la fiscalía y la policía, para fortalecer el narcotráfico. Mientras otra parte ha argumentado en reiteradas ocasiones, a través de varias políticas migratorias, que los migrantes hondureños no califican para el asilo en los EEUU, que no vienen buscando el refugio tras huir de un agresor real.
Al final quizá no importa la incoherencia, porque la prioridad estadounidense actual parece ser la migración, según una fuente del congreso EEUU quien pidió anonimato: «Si JOH detiene la migración, eso es todo lo que Trump quiere. También aquí se suma el hecho de que Trump admira a los dictadores. De los presidentes del Triángulo Norte, Juan Orlando es por mucho el más apto y disponible para hacer lo que Trump quiere, que es colocar a los militares y disparar a quien intente salir del país con rumbo a los Estados Unidos.»
Los testigos
El jueves 10 de octubre en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Tony Hernández escucha mientras alguien más responde a preguntas de las autoridades estadounidenses: el exsubdirector de operaciones de la Policía Nacional Civil, Giovani Rodriguez, condenado ya por tráfico de drogas y encarcelado en Manhattan. Hoy es testigo en el juicio actual, y declara que trabajaba con Tony a través de un tercero, Mauricio Hernández, quien daba protección y seguridad para los cargamentos de droga del Victor Hugo Diaz Morales, alias «Rojo». Ambos operaban bajo la protección de Tony, dice el exagente.
Como Ramírez tenía acceso a información sobre los operativos y retenes de la policía, la filtraba a sus socios narcos. En el 2009, casi le agarraron, dice: fue arrestado por robar drogas, pero los dos abogados que le representaron eran socios suyos del narcotráfico y se anuló la sentencia cuando el agente soborno al juez.
«Al salir, volvió a traficar la cocaína?» le pregunta el fiscal.
«Sí», responde el expolicía.
«¿Qué tan rápido?»
«Inmediatamente».
Ya no quedan asientos en el tribunal y hay más público que quisiera entrar, entre ellos migrantes hondureños que huyeron de la violencia y la corrupción, y que han esperado estas verdades durante mucho tiempo. Pero los trabajos alcanzables para la mayoría de los migrantes hondureños no dejan que uno pida una semana entera para asistir a un juicio. Entonces al llegar corriendo después de la jornada, la opción que les queda es el cuarto de rebalse que es el espacio acondicionado con una pantalla para ver lo que sucede en la sala de juicios.
En ese cuarto hay un ingeniero de mediana edad que partió de Honduras hace menos de un año, cuando le robaron el carro. La banda delincuencial que le atacó trabajaba con la policía, entonces al poner la denuncia comenzó a recibir amenazas y tuvo que salir del país, dejando atrás la familia entera. Lleva una cara agobiada después de escuchar a un exlíder policial explicar con detalle cómo la seguridad pública sirve la voluntad de los narcotraficantes. «Vivimos en el salvajismo», dice.
Entre los migrantes presentes también hay un graduado de la academia militar y otro que tiene un sobrino que en la actualidad es teniente destacado en La Mosquitia hondureña. Ambos están decepcionados y preocupados por lo que se está revelando sobre la manera en la que la élite política manda al ejército a servir los intereses de los narcotraficantes. Aunque se sabía como secreto a voces desde antes, es otra cosa escucharlo de la boca de los narcotraficantes en una corte federal estadounidense. «Yo solo le digo que tenga cuidado», dice el señor sobre su sobrino teniente. Es lo único que puede hacer.
Un adolescente alto y flaco aparece a diario poco después de las 2:00 p.m. porque en su trabajo como bicimensajero le toca entrar de madrugada, entonces sale pasadito al mediodía. Tiene tres años viviendo en Nueva York, ciudad que le acogió después de que asesinaron a su hermano mayor quien era estudiante de medicina y vivía en San Pedro Sula. Una tarde cuando iban caminando juntos, los interceptaron unos asaltantes que querían la computadora de su hermano, pero de manera violenta, terminaron también llevándose su vida. Como testigo de la muerte, el joven se tuvo que ir de inmediato, y ya que ahora vive en esta ciudad no dudó en asistir al juicio, aunque lo vea apenas como el primer paso hacia otro fin: «Al pueblo lo que en realidad le interesa es que caiga Juan Orlando Hernández», dijo.
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El viernes 11 de octubre, le toca testificar a Devis Leonel Maradiaga alias «Cachiro», encarcelado en los EEUU por ser líder de un cartel. Dice en la corte que dio un soborno de 50,000 dólares a Tony Hernández, para que hiciera que el Estado le pagara una deuda a su empresa fachada. Que dio un soborno de 250,000 dólares a Juan Orlando Hernández y que cuando le aseguró que no existía un complot para matarlo de parte de su cartel, le recordó que más bien le apoyaron para llegar a la presidencia a través de diputados y alcaldes de su partido en varios departamentos del país.
«Primero le dije hola a Juan Orlando. Y dije primero: “Juan Orlando, ¿cómo estás?. Líder, le llamo para aclarar esta situación sobre algunos rumores y chismes”. Le dije que no cayera en eso que la gente anda diciendo porque mi hermano y yo no hemos intentado planificar matarlo».
«¿Dijo algo más durante esa llamada?»
«Sí, señor»
«¿Qué dijo?»
«Yo dije: “ líder, a pesar de eso, mi hermano Javier Rivera y yo hemos estado apoyándolo en convertirse en presidente a través de Milton Puerto en Olanchito, a través, en Yoro de Arnaldo Urbina, el alcalde, en Cortés a través de Ekonomo, en Atlántida a través de Carmen Rivera Muñoz y en Colón a través de Oscar Nájera. Líder, no crea esos chismes y rumores de que nosotros hemos intentado asesinarlo”» .
Se exige el silencio en la corte, pero entre el público, de repente se escapan soplidos sobre las respuestas descaradamente honestas de parte del Cachiro y los otros testigos. Esta información es como una telenovela, una película tragicómica sobre porqué tanta gente se ve forzada irse de Honduras y ahora se ve proyectada en este cuarto extra. Lo que ven es la historia que no pueden dejar atrás aunque ya no vivan en su país.
De hecho, la historia es tan abrumadora que provoca mucha risa. Como cuando el abogado de Tony le dice al Cachiro que, dado el recorrido de su vida se nota que no respeta la autoridad, y este le responde: «Tanto el que soborna como el que agarra son corruptos, señor». También hay risas cuando el abogado de Tony pregunta qué hizo con los millones de dólares que ganó a través del narcotráfico, y el Cachiro responde, «Ya le dije, señor, invertimos ese dinero en sobornar al acusado (Tony), y a Juan Orlando Hernández, y al ejército, y a Tinoco Pacheco, también le sobornamos a él, señor», este último refiriéndose al actual ministro de defensa, Julián Pacheco Tinoco.
Hay risas cuando el Cachiro explica al abogado de Tony cómo logró sacar su dinero de su cuenta bancaria cuando el gobierno estadounidense lo puso en una lista de terroristas y bandas de crimen organizado, la lista OFAC, una designación que exige el congelamiento inmediato de las cuentas de los designados. «El presidente del Banco Continental me avisó que me iban a congelar las cuentas», dijo el Cachiro. «Lo retiré en cash porque yo era gran amigo del presidente del banco, Jaime Rosenthal, y él me dio el efectivo».
Pero a medida de que va creciendo la lista de alegaciones del Cachiro, se comienza a callar esa risa aliviante. Sale uno que otro «guau» incontenible, hay movimiento de cabezas asintiendo o negando, silencio de asombro, de susto.
El Cachiro se suma a la lista de personas que al terminar el juicio, habrán declarado bajo juramento, que en Honduras, el presidente pide sobornos millonarios de personas que sabe que son narcotraficantes. Promete proteger sus negocios y no judicializarles. Que Honduras es un país donde la élite política interfiere en las elecciones democráticas y regala cargos públicos a miembros del crimen organizado. Donde se utiliza los cuerpos de seguridad estatales para proteger a los narcos mientras la gente sufre, huye. Que Honduras es un país atrapado en un tiempo de crímenes.
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Siete meses antes del arranque del juicio, el 1 de marzo de 2019, salió un tweet desde la sede de la DEA con unas fotos de Juan Orlando Hernández en una visita a Washington. Los tweets celebraron la «relación continua» entre la agencia y el presidente hondureño, a través de la cual trabajan «en conjunto para combatir al narcotráfico».
Entre la lluvia de respuestas incrédulas — «¿Es broma?», «¡Este es un universo paralelo!», «Ahí nomás lo hubieran enchachado» — un usuario contestó: «Típico trabajo de la DEA, trabajar con narcos para capturar a otros. Pero tarde o temprano caerá este».
Al cerrar la segunda semana del juicio, en las gradas frente a la Corte, se despide el adolescente sampedrano que huyó a Nueva York después de ver el asesinato de su hermano. Gesticula hacia la corte y dice: «Nos vemos aquí de nuevo cuando traigan a Juan Orlando».
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