Las deudas de la MACCIH

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), cerró 2018 con la presentación del caso <<Planeta Verde o Arca Abierta>>, y en conjunto con la UFECIC piden la captura de 21 personas, entre ellos diputados, exdiputados y sus familiares por malversación de caudales públicos contra el Estado de Honduras.

Este caso se suma a otros presentados hace unos meses, entre ellos: Red de diputados, Pacto de Impunidad, Pandora, Caja chica de la Dama, Caja Chica del hermano y el caso DIMESA compras sobrevaloradas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). En todos los casos hubo requerimientos fiscales, pero la gran deuda pendiente es la emisión de requerimientos contra los cabecillas de cada caso.

En diciembre de 2017, la MACCIH presentó el caso <<Red de diputados>>, este proceso en el que se involucró a diputados y exdiputados en actos de corrupción y desvío de fondos a través de la creación de Organizaciones no Gubernamentales.

El caso fue resuelto a favor de los primeros imputados, y según las denuncias del equipo de la MACCIH, en ese entonces liderado por Juan Jiménez Mayor, involucraba incluso al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. A pesar de eso, no hubo, ni hay hasta el momento requerimiento fiscal contra Oliva.

Otro de los casos presentados fue el denominado por la MACCIH- UFECIC como <<Pandora>>, en él se imputó a varios diputados y funcionarios por el desfalco a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el proceso tomó otro rumbo, cuando uno de los involucrados directos, Fernando Suárez testificó ante el juez que lleva la causa diciendo que Hilda Hernández, bajo órdenes de Juan Orlando Hernández, orquestó el desfalco, ejecutando un plan perfecto para saquear la institución y repartirlo en financiamiento de campañas políticas. Tampoco en este proceso hay requerimientos fiscales en este caso contra Hernández.

De la mano de este caso, llega el relacionado al desfalco del IHSS, y una de las más recientes presentaciones, en el caso <<Compra sobrevaloradas en el IHSS>>. En este expediente se evidencia la compra y aprobación de un contrato a la empresa Dimesa, un contrato que fue aprobado por la Comisión de Salud del Congreso Nacional, dirigida por Mauricio Oliva y firmada vía decreto por Juan Orlando Hernández, como presidente del Congreso Nacional. Hasta la fecha los requerimientos solo fueron girados contra la exjunta directiva del IHSS, pero no contra quienes aprobaron el contrato directamente, es decir, Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva.

Y para culminar el año 2018, la MACCIH- UFECIC, presentó el caso <<Planeta Verde>>, en el que según la investigación realizada y expuesta ante los medios de comunicación, un grupo de diputados, bajo la dirección del Congreso Nacional, creó una Organización Gubernamental, llamada Planeta Verde, a esta Organización se le financió con dinero del Congreso Nacional, Casa Presidencial y Secretaría de Finanzas, durante el periodo entre 2015 y 2018.

Quienes fungían al frente del Congreso como presidente era Mauricio Oliva, quien no solo aprobó el decreto de creación de la Organización, sino que autorizó la entrega de una suma de tres millones de lempiras, asimismo Juan Orlando Hernández, quien al frente del Ejecutivo autorizó la suma de 2 millones de lempiras a tal entidad.

Durante la exposición del caso en conferencia de prensa, el vocero de la MACCIH  Luis Guimarães, fue consultado sobre por qué no se han presentado requerimientos contra Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva, si todos los hilos conductores se dirigen a su implicación en los casos, el vocero respondió que ellos no pueden acusar a estos personajes sin pruebas, recalcó en varias ocasiones que en las investigaciones que han impulsado no tienen pruebas que determinen esa participación.

Esta afirmación llena de dudas y genera la falta de confianza de la población que ha tenido nula reacción ante los casos Maccih-Ufecic. La pregunta que se vuelve constante es: ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la presentación de estos requerimientos?

En casos como el de la compra sobrevalorada del IHSS, en febrero de 2015, el fiscal Roberto Ramírez Aldana, aseguró que el Ministerio Público tenía pruebas e investigaciones avanzadas, en el que se demostraba que la Junta Directiva del Congreso Nacional estaba implicada en el otorgamiento de contratos sobrevaloradas, en esta ocasión a la empresa Dimesa  cuyo propietario es el empresario Schucri Kafie, la Junta era presidida por Juan Orlando Hernández como presidente del Congreso en el año 2013, y el doctor Mauricio Oliva era presidente de la Comisión de Salud, que gestionó para la aprobación del contrato.

Ramírez Aldana, producto de esa investigación fue víctima de amenazas a muerte, situación que lo obligó a huir del país, pero antes de retirarse manifestó que la investigación quedó avanzada, con pruebas claras y en manos del Ministerio Público. En ese sentido, en este expediente deben existir pruebas que vinculan a Hernández y a Oliva, pero por los hechos del presente parece que están engavetadas en algún lugar del Ministerio Público.

Ni la MACCIH ni la UFECIC han podido o querido desempolvar estas pruebas, para de esa forma estructurar un requerimiento fiscal coherente a los documentos. Por otra parte en el caso Pandora, el abogado defensor del imputado Fernando Suárez, Omar Menjívar, quien era el director de la Organización Todos Somos Honduras, denunció ante el juez que lleva la causa que el plan para desfalcar a la SAG, era orquestado y dirigido por Juan Orlando Hernández e Hilda Hernández, tal parece que ese testimonio según lo asegurado por el vocero de la MACCIH, tampoco es una prueba que abone a la elaboración de un requerimiento.

Y ya son varios sectores los que plantean a la MACCIH- UFECIC la necesidad de dar otro paso en la lucha contra la corrupción, un paso que vaya dirigido a los autores intelectuales de estos actos. La Plataforma Social Ciudadana, la mañana de este martes 11 de diciembre, presentó ante varias regionales del Ministerio Público, una ampliación del requerimiento fiscal contra Juan Orlando Hernández en el caso Pandora, tras las declaraciones hechas por el imputado Fernando Suárez.

Las pruebas para proceder están, a pesar que la MACCIH salga a decir lo contrario. Las pruebas a criterio de abogados son claras y suficientes para ampliar los requerimientos, pero hay varios impedimentos para hacerlos una realidad.

El obstáculo clave es que la MACCIH y UFECIC, son víctimas de la dirigencia y venia de factores externos y geopolíticos, detrás de ellos está el gobierno de Estados Unidos, quien maneja la Organización de Estados Americanos y con su voto de confianza y presión política gestionó la continuidad de Oscar Fernando Chinchilla, fiscal general, quien no mueve un dedo sin el permiso previo de Estados Unidos.

Estados Unidos es el actor clave en este accionar de la MACCIH y UFECIC, los intereses de Estados Unidos van más allá de la lucha contra la corrupción e impunidad en el país, pues abrir un requerimiento fiscal contra Hernández u Oliva, significaría, por las condiciones del país, el inicio del fin del régimen de Hernández y eso los preocupa con total claridad, porque no tienen un sustituto que dé continuidad y seguridad a sus intereses en la región.

El principal obstáculo de la MACCIH- UFECIC, se llama Estados Unidos y el segundo es el sistema institucional hondureño con todas sus representaciones, desde el Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia que también manejadas por Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva y Estados Unidos.

En este momento la MACCIH debe jugar un papel digno y denunciar estos obstáculos, caso contrario seguirán requiriendo a personajes políticos de baja categoría en medio de una selva llena de corrupción orquestada por Juan Orlando Hernández y sus más cercanos.