Portada: Whitney Godoy
Texto: Regina Fonseca
El 25 de noviembre de 1960 las dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron asesinadas por oponerse al dictador Rafael Leónidas Trujillo. Desde 1981, el movimiento feminista latinoamericano conmemora en honor a las hermanas Mirabal cada 25 de noviembre el día contra la violencia de género. En 1999, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reivindica y declara el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Sin embargo, en Honduras todo parece indicar que en lugar de tener avances, vemos cómo cada día las mujeres son víctimas de violencia institucional, al no poder acceder a un sistema integral y público de salud. También, el país sigue siendo uno de los pocos en el mundo que criminaliza completamente el aborto y el único en América Latina que prohíbe la pastilla del día después incluso para las sobrevivientes de una violación sexual.
En los próximos meses la Secretaría de Salud de Honduras publicará por primera vez en el país un Protocolo de atención médica, psicológica y social para sobrevivientes de violencia sexual, desde esta Secretaría se planifica evitar que las mujeres puedan acceder a anticoncepción de emergencia. Este tipo de protocolo ya existe en otros países de Centroamérica y en ellos se incluye la llamada píldora del día después como un método para evitar que las mujeres sean re victimizadas con un embarazo producto de la agresión sexual.
La Secretaría de Salud de Honduras a través de la Dirección General de Normalización (DGN) conformó una mesa técnica que recomendó y resaltó la urgencia de incluir la Píldora o Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) o el método Yuzpe (conocido como 4×4) para la prevención del embarazo en las sobrevivientes de violencia sexual como resultado de la experiencia en el abordaje de miles de pacientes mujeres atendidas en los últimos años en los servicios de salud públicos y privados. El mismo panel indicó que no incluir la PAE resultará con un impacto negativo en la garantía de los derechos de las mujeres y niñas hondureñas.
Durante el 2018, diversas organizaciones y la mesa técnica han solicitado avances sobre el estado del protocolo, sin embargo, el documento no ha sido socializado y publicado después de más de un año de haber sido oficialmente entregado a la DGN. El gobierno hondureño y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) se han propuesto un plan a 2021 que busca reducir significativamente los embarazos adolescentes, sin embargo, los y las funcionarias se han dejado permear por los argumentos fundamentalistas que van en contra de evidencia científica y bloquean las acciones del Estado para mejorar la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Honduras tampoco implementa un plan en educación sexual integral y quienes enfrentan la violencia cotidiana encuentran alejadas las campañas realizadas por el Gobierno con lo que significa ser una adolescente embarazada resultado de una agresión sexual en los barrios y colonias. Diversas experiencias internacionales demuestran que las acciones estatales basadas en la abstinencia, el retraso de la actividad sexual, o los métodos naturales no resultan eficientes para la reducción de la violencia sexual ni los embarazos en adolescentes.
Niñas y adolescentes abusadas sexualmente que son revictimizadas a través de un Estado que les impide prevenir un embarazo de su agresor, y también terminar un embarazo no deseado o no planificado. De hecho, Honduras es uno de los seis países que en América Latina y el Caribe criminaliza completamente el aborto.
Un panorama que refleja en 2017 según el Observatorio de violencia sexual del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), 2,880 denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas ante el Ministerio Publico Hondureño, frente a los 3,067 casos de violencia sexual reportados por Medicina Forense, de los cuales 2,664 ocurrieron en contra de personas menores de 18 años; también, los hospitales públicos reportaron partos en 21,150 niñas en el mismo rango de edad, un promedio de 58 partos cada día.
Los diferentes comités que defienden los derechos humanos de las Naciones Unidas han recordado que es deber de los Estados eliminar las trabas para que las mujeres accedan a sus derechos sexuales y reproductivos. También, han reconocido que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos.
Finalmente, vale la pena destacar el movimiento en redes sociales que promovió la tendencia #YoNoQuieroSerViolada que tomó por sorpresa al país con una visible campaña que denuncia la violencia sexual mostrando el testimonio de aquellas niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes que además de la grave vulneración que sufren, son criminalizadas por querer acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. La campaña mostró las reacciones agresivas por parte muchas personas en redes sociales a favor de la violencia.
Este es un llamado para que el Estado hondureño recuerde, en el Día internacional de la eliminación de las formas de violencia contra las mujeres, que es necesario tomar medidas contundentes para la protección, prevención, atención, sanción y reparación de todas las formas en las que se violenta a las mujeres desde las acciones estatales.
