Texto: Fernando Silva
Fotografía: Martín Cálix
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su propia casa de habitación, esto como resultado de la defensa que junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) mantenía en contra de la concesión en el Río Gualcarque –sagrado desde la cosmovisión del pueblo lenca a la que pertenecía Berta–, 5kms de río que la empresa Desarrollos Energéticos S.A pretendía usar para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Hasta el momento hay nueve acusados en el asesinato de la líder indígena: Mariano Díaz, oficial del Ejército; Douglas Geovanny Bustillo, exmilitar, y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energético (DESA), Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte, y Óscar Arnaldo Torres.
Todos los sospechosos, a excepción de Mariano Díaz, iniciarían el juicio oral y público el pasado 17 de septiembre; sin embargo, la representación legal de la familia Cáceres presentó un recurso de recusación en contra de los miembros del tribunal que llevan el caso, en el que se señala que han cometido abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y negación de justicia. Este recurso fue declarado sin lugar por la Corte de Apelaciones, convocándose el reinicio del juicio para el pasado lunes 15 de octubre. Sin embargo ese día el juicio se suspendió de nuevo ante la denuncia de una convocatoria ilegal ya que el tribunal seguiría imposibilitado para llevar el proceso.
Todas estas irregularidades podrían llevar a que la representación legal de la familia Cáceres decida retirarse del juicio. Kenia Oliva, abogada del ambientalista mexicano Gustavo Castro –quien presenció y fue herido la noche del asesinato de la líder social– también apoyaría dicha decisión. En Contracorriente (CC) hablamos con la abogada Kenia Oliva (KO) sobre las irregularidades del proceso judicial, la ausencia de autores intelectuales y el posible retiro de la acusación privada.
CC: ¿Cuál es la situación actual del juicio por el asesinato de Berta Cáceres?
K.O: Está en el debate que es casi la última etapa del juicio oral y público, han sucedido varias irregularidades durante el proceso y la primera fue que nunca tuvimos realmente acceso al expediente, a la línea investigativa como parte del acusante trabajando en conjunto con el Ministerio Público y mantuvieron en secretividad por mucho tiempo la causa.
Gustavo fue presentado como testigo protegido y si es el principal testigo asumimos que el Ministerio Público lo trataría como víctima, pero no fue así, sino que lo tuvieron retenido por varias horas y retrasaron su proceso migratorio por días, desde ahí vimos las irregularidades.
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CC: ¿Qué otras irregularidades detectaron?
K.O: El Ministerio Público se preocupó por los autores materiales y hay que reconocer que hizo un gran trabajo en las pruebas sobre ellos, pero cuando empezamos a exigir saber de los autores intelectuales ¿quién les pagó?, ¿cuál era la motivación? Ahí comenzaron a frenarnos la información.
CC: ¿Hay indicios sobre los autores intelectuales?
K.O: La pieza más alta a la que llegó el Ministerio Público es David Castillo que era el gerente de operaciones de DESA pero no es el dueño, no es el socio, y para nosotros es importante descubrir quién le ordena que busque sicarios.
Con los vaciados telefónicos y las escuchas hay indicios de otras participaciones y también el Ministerio Público ha recabado pruebas sin peritaje de DESA que tampoco fueron presentadas ni en el juicio ni a la acusación privada, aunque sí hay actas de que se realizó decomiso de teléfonos, de computadores y el Ministerio Público no lo presentó como medios de pruebas.
CC: ¿Qué sucede cuando llegan a esa etapa y no ven las pruebas?
K.O: Le solicitamos al tribunal que nombrara peritos que dieran legalidad a todas las actas de nombramiento y que también nos entregaran la prueba que sí estaba peritada. El tribunal lo requería para tres días y el Ministerio Público se tardaba 15 en entregarlo, luego entregaban supuesta información digitalizada pero al abrir los CD’s no había información. El tribunal nunca le llamó la atención al Ministerio Público por esto, por mucho que le solicitamos que lo hiciera incluso la defensa de Sergio acusaba de no tener toda la información.
Las dos acusaciones privadas de la familia de Berta recusan al tribunal, consideramos que no está listo o tiene algún interés en que no se conozca la información. De acuerdo a la legislación correspondiente, el tribunal ya no puede conocer de la causa.
CC: Pero luego cuando se regresa a la audiencia se presenta un recurso de apelación ¿cómo va ese proceso?
K.O: Un recurso que generalmente se tarda tres días para que hagan el auto de recibido, el mismo día que lo presentaron (el 15 de octubre) llamaron a otro de los abogados diciendo que ya fue resuelto y declarado sin lugar. Se presentó a las 8 de la mañana y a las tres de la tarde llaman al abogado para que se presente por la resolución.
El tribunal de sentencia, el lunes, dijo que nos convocarían nuevamente el miércoles, si se supone son independientes de la Corte de Apelaciones, ¿cómo es eso posible saber qué día va a resolver el otro tribunal y cuál va a ser la resolución?
CC: Ya se habían visto irregularidades en el proceso, se perdió el expediente original…
K.O: Sí, de hecho una de las magistradas de la Corte de Apelaciones que resolvió sin lugar la petición de la defensa privada, es la misma que perdió el expediente original del caso. Por eso también se presentó una denuncia contra esa corte porque esa magistrada no debió haber resuelto la recusación tampoco ya que tiene una denuncia por haber perdido ese expediente porque no tenía que sacar ese expediente en su carro, ya había una denuncia previa, pero se volvió a realizar.
CC: ¿Por qué el Tribunal tiene tanta prisa por seguir con el juicio?
K.O: El tribunal no quiere vencer la prisión preventiva, ya sabemos que van a condenar por lo menos a cinco de los nueve que están denunciados porque hay demasiadas pruebas de que fueron los sicarios y con eso el poder judicial va a decir que está haciendo justicia en el caso de Berta. Por mucho, se logrará la prisión para David Castillo, pero no se trata de eso.
CC: Se intentó pedir como medio de prueba solicitar declaraciones de la familia Atala, ¿qué pudo haber demostrado esta testificación?
K.O: Creo que la acusación privada sabía que esto no iba a pasar, pero se decidió hacerlo con el fin de denunciar que estas personas están involucradas. Esto no es antojadizo, la información de escuchas y vaciados vinculan a estas personas en algún momento de la planificación del asesinato de Berta y eso está ahí, lo tiene el Ministerio Público y lo tiene el Poder Judicial. El Ministerio Público no nos ha querido informar si hay una línea de investigación con esas personas porque hay suficiente información como para abrir una.
Nuestro temor es que como nunca decomisaron el arma, el tribunal pueda decir que no sabe quién de los cuatro que ingresaron a la casa fue el que disparó. Hay una teoría del delito que indica que todo aquel que entró asume la responsabilidad del asesinato y esa teoría la utiliza mucho el tribunal de sentencia de jurisdicción nacional, por ahí queremos que pase. No sabemos aún, el tribunal nos sorprende cada día.
CC: ¿Entonces no saben nada de esa investigación?
K.O: No, de hecho el abogado Jair López, que es defensa de Sergio Rodríguez pero que en realidad es parte de los abogados de DESA; cuando se opusieron a esta prueba dijeron que no podrían ser testigos porque ellos tenían información de que estaban siendo investigados y la ley no permite que siendo investigado por un delito pueda declarar contra sí mismo, esa fue la argumentación que el Ministerio Público sí le ha dado esa información. A nosotros no, y por lo menos se lo debieron haber dicho a la familia de Berta y al COPINH que son los afectados.
CC: ¿A Gustavo le tocará venir a testificar?
K.O: No, a menos que existan las condiciones que dice la norma procesal penal, que es solamente si hay un convenio jurídico de cooperación que le exigíamos al Ministerio Público para que él viniera a declarar bajo ese convenio sabiendo que podría reconocer a uno de los autores materiales y nunca hicieron el trámite aún sabiendo que es testigo protegido, y debe hacerse todo el trámite, nunca se nos informó si lo hicieron o no, el Ministerio Público dice que sí. A Gustavo no le importa mucho que se resuelva su caso sino más el de Berta, quiere cerrar el ciclo de acompañamiento al COPINH participando en el proceso.
CC: ¿No les preocupa que se venza la prisión preventiva?
K.O: Sí, nos preocupa porque saldrían libres y quizás nunca los volvamos a ver. Pero nos preocupa más que haya justicia, y el asesinato de Berta fue político así que la justicia no se va a lograr condenando a cuatro sicarios.
CC: ¿Por qué culpar a DESA?
K.O: Porque hay mucha prueba que DESA menciona, que Berta y Tomás son el problema para generar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, no es información inventada, hay un chat que creó David Castillo, el gerente de DESA, donde uno de los socios dice que el problema son ellos y que eliminándolos se acaba el problema. Los socios de DESA miraban a Berta como una enemiga de ese proyecto, su oposición y la del COPINH hacían que la empresa perdiera mucho dinero y los empresarios ven todo en función del dinero y no de que esas tierras y ríos que le pertenecen a un pueblo.
CC: El día que se inicia el juicio oral y público llegan muchas personas de la comunidad y llegan a defender a Sergio Rodríguez, diciendo que COPINH les ha afectado, ¿cómo interpretan eso ustedes?
K.O: Es normal en las luchas sociales, divide a las comunidades porque después el proyecto se va y ya no necesitan la fuerza de trabajo, al final las comunidades se quedan con las consecuencias de los proyectos extractivistas que la gente ve hasta después.
Nosotros sí creemos que aunque el Estado no ordenó el asesinato, sí es responsable porque Berta denunció primero la ilegalidad del proyecto, todas registradas en la fiscalía de las etnias así que el Estado no puede argumentar desconocimiento del caso, después mete preso al que dio la licencia ambiental.
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CC: Para la gente no ha quedado claro quiénes son los jueces detrás del caso, ¿quiénes son?
K.O: Es una sala de jurisdicción nacional, un poco contradictoria porque el juzgado fue creado para combatir el crimen organizado pero el Ministerio Público no ha querido acusar por el delito de asociación ilícita, desde ahí hay toda una contradicción porque, ¿cómo es que el caso de Berta Cáceres no es un juicio por asociación ilícita está ahí? Si no están estos delitos debería ser en la Fiscalía de Delitos Contra la Vida con un juez natural el que conozca del caso.
CC: En el juicio hemos visto a Sergio vestido diferente a los demás, ¿por qué es el trato diferente con él?
K.O: Porque está en un batallón, porque él no es pobre, tenía un nivel jerárquico y tuvo para pagar una defensa que tiene algunos conectes con el poder judicial y solicitó que fuera enviado a un batallón por lo que siempre argumentan los abogados, el tema de la seguridad para la integridad física y los que estamos ahí sabemos que no es fácil conseguir eso. No he participado en el caso de David pero entiendo que él también se presenta sin camisa blanca y está en un batallón. Esa diferencia que ven ahí entre los de blanco y Sergio con sus camisas de color, ésa es también la marca de la línea de pobreza y la clase social-económica que hay en el juicio.
CC: ¿Qué sigue en este juicio?
K.O: Estamos esperando la decisión de la familia de Berta, si ellos deciden que no quieren continuar más en el juicio nosotros también nos retiramos. Quien lleva el monopolio de la acusación privada siempre va a ser el Ministerio Público entonces sólo ellos conocerían del resto del juicio, esperaríamos que ellos hagan su trabajo y acusen. Ellos llevan toda la línea así que nosotros no podemos investigar ni acusar de otros delitos que no sean los que el Ministerio Público formalice, aunque el código diga que si la acusación privada no está de acuerdo en algo puede presentar su punto de vista y el tribunal decide, pero en la realidad no pasa eso.
CC: ¿La justicia hondureña está preparada para un caso como éste?
K.O: No, no lo está y nosotros pensábamos: estamos cerca de Guatemala donde casos como el del genocidio fueron públicos, que por lo menos en la región los tribunales se lo iban a pensar y no, la justicia hondureña está preparada para seguir condenando al pobre y cubriendo al rico.
CC: ¿Cuándo termina el caso por el asesinato de Berta?
K.O: Hasta que se llegue a quienes ordenaron su muerte, ahí termina y ahí creo que es donde la familia va a sentir que hubo justicia y verdad.
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