Comayagüela es el epicentro comercial de la capital de Honduras y también la zona más desigual. Ahí convergen la violencia y las múltiples expresiones de sobrevivencia. En la calle principal del barrio Las Crucitas está Rinconcito Jamaica, un espacio seguro para mujeres garífunas desplazadas internas que ven a Olivia Sierra, la dueña, como una matriarca a quien acudir cuando sus vidas corren peligro.
Un día de requisa en el centro penal de Danlí, El Paraíso, terminó con un muerto y un herido, así como con la prohibición de visitas en un centro que está en manos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), cuyo comandante, el coronel Fernando Muñoz, amenazó a familiares de privados de libertad que esperaban por respuestas afuera del centro.
Un motín en una cárcel de mujeres en la aldea Támara de Tegucigalpa terminó con un incendio que hasta el momento contabiliza oficialmente la muerte de 25 privadas de libertad. Organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su máxima preocupación indicando que las víctimas pueden ascender a 41 —25 calcinadas y otras 16 muertas por armas de fuego—. Todo esto ocurre durante la implementación del estado de excepción y de una intervención, que comenzó en abril de este año en todos los centros penales hondureños.
En El Salvador se desconoce el número de mujeres que han sido arrestadas durante el régimen de excepción. También el número de viudas y huérfanos a causa de los abusos gubernamentales. María, Teresa, y sus hijos pequeños, son algunos de ellos.
Luego de que Julissa Villanueva —viceministra de Seguridad quien lidera la intervención de los centros penitenciarios—, anunciara las primeras medidas del Gobierno para combatir la crisis en las cárceles, se han registrado dos enfrentamientos en la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara. Fuentes en el interior de este centro penitenciario aseguran que policías y agentes penitenciarios se han aliado con la MS-13 en la entrega de armas para atacar a la Pandilla 18.
A dos semanas de la aprobación de la segunda fase del «Plan Nacional de Seguridad «Solución Contra el Crimen (SCC)» que incluye la tercera ampliación del estado de excepción, se produjeron cuatro amotinamientos simultáneos en diferentes cárceles del país que actualmente están bajo el control de los privados de libertad. En ese contexto, Contracorriente organizó un Twitter Space para hablar de estos temas y cómo este plan se asemeja al plan de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador que ha reducido el poder de las pandillas a costa de la degradación de la democracia en ese país.
El gobierno de Xiomara Castro enfrenta la primera crisis del sistema penitenciario del país en medio de un estado de excepción que ya se ha extendido tres veces. Ante la narrativa de una estrategia de seguridad «de mano dura», los amotinamientos recientes demuestran la incapacidad del Estado para frenar la violencia y tomar el control de las cárceles, actualmente bajo el control de los mismos privados de libertad.
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