Un día de requisa en el centro penal de Danlí, El Paraíso, terminó con un muerto y un herido, así como con la prohibición de visitas en un centro que está en manos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), cuyo comandante, el coronel Fernando Muñoz, amenazó a familiares de privados de libertad que esperaban por respuestas afuera del centro.
Luego de que los militares asumieran el control de todas las cárceles del país por órdenes de la presidenta Xiomara Castro, noticias falsas y campañas de desprestigio vinculan a defensores de derechos humanos y periodistas a estructuras del crimen organizado. Mientras el Estado no se pronuncia, el mecanismo de protección tampoco responde a las alertas de amenaza interpuestas y altos mandos de la policía militar replican discursos estigmatizantes en contra de organizaciones de derechos humanos.
Desde el 1 de julio, las Fuerzas Armadas de Honduras tomaron oficialmente el control de las cárceles del país a través de la Policía Militar de Orden Público (PMOP). En un país, cuyo gobierno opta cada vez más por «la mano dura» y las requisas efectuadas en los centros penales se asemejan a operativos al estilo del presidente de El Salvador Nayib Bukele, familiares de privados de libertad levantan la voz para denunciar abuso de autoridad, maltrato psicológico y violencia física. Pero hasta ahora no hay ninguna autoridad para rendir cuentas de lo que está pasando en las cárceles.
Un año y medio después de que Xiomara Castro tomó posesión como la primera mujer presidenta de Honduras, este país se muestra ante el mundo como uno de los más femicidas. No solamente porque entre 2022 y lo que va del 2023 han sido asesinadas cerca de 400 mujeres y la impunidad y estigma sigue cayendo sobre sus cuerpos, sino porque también hemos sufrido la mayor tragedia en una cárcel de mujeres: hasta el cierre de este editorial se contaban ya 46 mujeres privadas de libertad muertas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) de Tegucigalpa tras una reyerta y posterior incendio. Unas murieron calcinadas, otras víctimas de disparos y apuñalamientos.
Después del amotinamiento e incendio dentro de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), la presidenta Xiomara Castro ordenó la destitución del ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, quien fue sustituido por Gustavo Sánchez, quien se desempeñaba como el director de la Policía Nacional. Medicina Forense ha confirmado el reconocimiento de 46 víctimas mortales de un hecho que parecía estar anunciado después de que en Honduras ocurrieran siete amontonamientos en apenas tres meses durante el estado de excepción.
Un motín en una cárcel de mujeres en la aldea Támara de Tegucigalpa terminó con un incendio que hasta el momento contabiliza oficialmente la muerte de 25 privadas de libertad. Organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su máxima preocupación indicando que las víctimas pueden ascender a 41 —25 calcinadas y otras 16 muertas por armas de fuego—. Todo esto ocurre durante la implementación del estado de excepción y de una intervención, que comenzó en abril de este año en todos los centros penales hondureños.
A dos semanas de la aprobación de la segunda fase del «Plan Nacional de Seguridad «Solución Contra el Crimen (SCC)» que incluye la tercera ampliación del estado de excepción, se produjeron cuatro amotinamientos simultáneos en diferentes cárceles del país que actualmente están bajo el control de los privados de libertad. En ese contexto, Contracorriente organizó un Twitter Space para hablar de estos temas y cómo este plan se asemeja al plan de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador que ha reducido el poder de las pandillas a costa de la degradación de la democracia en ese país.
El gobierno de Xiomara Castro enfrenta la primera crisis del sistema penitenciario del país en medio de un estado de excepción que ya se ha extendido tres veces. Ante la narrativa de una estrategia de seguridad «de mano dura», los amotinamientos recientes demuestran la incapacidad del Estado para frenar la violencia y tomar el control de las cárceles, actualmente bajo el control de los mismos privados de libertad.
Luego de que la presidenta Xiomara Castro ordenara la desmilitarización de los centros penitenciarios en todo Honduras, la Policía Nacional tomó el mando del sistema penitenciario y tendrá 10 meses para reordenar a las autoridades de las distintas cárceles con la finalidad de frenar la violencia y mejorar las condiciones de los privados de libertad. Distintas organizaciones de derechos humanos aseguran que esto no se podrá garantizar a menos de que sean civiles los que estén al mando del Sistema Penitenciario.
El pasado 17 de junio hubo una reyerta en la cárcel de máxima seguridad La Tolva, que dejó como saldo tres muertos. Las Fuerzas Armadas de Honduras intervinieron el sistema penitenciario desde 2019, y este, en particular, lo catalogaron como un centro penal con un alto grado de conflictividad a lo interno.
El coronavirus llegó a los centros penales. Luego de la confirmación de dos casos —uno fallecido—, la información sobre protocolos de seguridad durante la emergencia
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