El caso de Inversiones Koriun, investigado por el Ministerio Público como un fraude piramidal, ha expuesto fallas graves en la supervisión financiera del Estado y generado una crisis económica en Choloma, donde residían la mayoría de los 35,000 afectados. Aunque la empresa operó durante años sin regulación, fue hasta inicios de 2025 que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitió alertas por movimientos sospechosos. Tras el allanamiento hecho por el Ministerio Público, crece la desconfianza en las instituciones y el colapso de esta estafa pone en evidencia una mezcla de negligencia estatal, desesperación política y un impacto económico en Choloma que apenas comienza a sentirse.
Texto: Allan Bu
Fotografías: Fernando Destephen
La intervención del Gobierno de Honduras en el caso del Inversiones Koriun, tipificado como fraude piramidal por el Ministerio Público (MP), puede resumirse en una coloquial frase de nuestras abuelas: «por hacer un bonito, hizo un feo». Desde que el Ministerio Público allanó las oficinas de la empresa mencionada hubo tomas de carreteras, promesas y una gran cantidad de desinformación.
El dinero desapareció. Ya no hay dinero en los bancos, y los 358 millones en efectivo que el MP encontró en las siete oficinas de Koriun y en la casa de su gerente y representante legal, Iván Velásquez, se esfumaron. Los 69 millones retirados de los bancos tampoco están, y ahora, lo que era la crónica de una estafa anunciada se consumó.
Aproximadamente 35,000 personas fueron estafadas, aunque el MP y la Comisión Nacional de Banca y Seguros sostienen que no han encontrado base de datos sobre los socios y las cantidades que habían invertido en Koriun. Pese a esta falta de información, la presidenta Xiomara Castro prometió regresar a los afectados el capital que aportaron.
En las oficinas de Koriun en Choloma, donde hasta hace poco los socios hacían largas filas todos los días para cobrar los intereses de su inversión, ahora casi no queda rastro de la actividad que allí se vivía. En el estacionamiento apenas hay dos vehículos, que supuestamente pertenecen a la empresa, cuyo valor no supera los dos millones de lempiras. En el lugar permanece un grupo de inversionistas que han formado una comisión voluntaria para recopilar la documentación de otros socios y enviarla al Gobierno, con la esperanza de recuperar el dinero que invirtieron.
Pero no hay ningún representante del gobierno, y estos socios tampoco parecen estar muy enterados. Iván Velásquez y su esposa Kefi Gavarrete están detenidos por la justicia hondureña. Los medios de comunicación han recogido incontables testimonios de personas que perdieron no solo su inversión inicial, sino también el estilo de vida que habían logrado gracias al ingreso semanal.
Aunque Koriun ya operaba en siete ciudades, la más afectada fue Choloma, donde se concentraban más de 20,000 socios. Se había extendido, además, a Santa Bárbara, Copán, Olancho, Choluteca y El Paraíso. Según los testimonios que circulan de inversionistas, el grueso de los aportantes a la empresa eran trabajadores de la maquila que fueron despedidos por el cierre de las mismas, comerciantes, policías y empleados municipales. Además, estaban en este esquema de estafa personas de la tercera edad, familiares de migrantes, e incluso personas que habían sacado préstamos de instituciones bancarias para invertir en Koriun, atraídos por los altos rendimientos.
René Estrada, analista político del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), opina que la promesa de la presidenta Castro es un error «tanto comunicacionalmente como en lo político, pone a su Gobierno en mayor cuestionamientos, particularmente entre las personas que no pertenecen a Libertad y Refundación. No hay manera de que salga en caballito blanco», dijo.
Señala que, aunque se trataba claramente de una estafa, el cierre de una fuente de ingresos ha generado una fuerte indignación entre las personas afectadas. Esa molestia, dice, convirtió el caso en un escándalo mediático que ahora presiona al Gobierno a tomar decisiones apresuradas e improvisadas, como la promesa de devolver la inversión inicial a quienes resultaron perjudicados.
Pedimos información sobre la cantidad de aportantes que tenía Koriun, debido a lo dicho por el titular de la CNBS, Marcio Sierra, quien aseguró que no había una base de datos en la empresa. Una de las personas que se acercó al portón sostuvo que era información confidencial, pero nuevamente insistimos, y esta vez respondió con otra pregunta: «¿Usted a quién le cree, al gobierno o nosotros?». Evidentemente, no tenía respuesta y no había información, excepto los contratos de los socios.
Pero las personas siguen llegando con su contrato u hoja de registro de inversión. Afuera de las oficinas encontramos a Héctor Varela, quien era socio de Koriun, y nos aseguró que cuando iban a retirar sus ganancias eran verificados en un listado. Varela cree que esa base de datos se la llevaron quienes hicieron el allanamiento. Además, contó que había día y hora para llegar a reclamar el dinero.
«Cada uno tiene su contrato, pero ellos vinieron y se llevaron toda la documentación que estaba ahí. Entonces, ¿qué la hicieron? Porque entonces ahí tiene que estar, ¿por qué no vienen y la sacan?», dijo, en clara alusión al MP.
Después, Héctor le dio un giro interesante a la conversación: «Mire, le voy a ser bien claro, nosotros hubiésemos preferido, como inversionistas de Koriun, que Iván se desapareciera de un día para otro, y no que el Estado viniera a meter las narices». Varela piensa así porque, hasta el día que intervino el Ministerio Público, Iván Velásquez les había cumplido a todos los socios con el 5 % de rendimiento semanal. Aunque ante la fiscalía no pudo sustentar las inversiones en petróleo y bienes raíces con las que supuestamente pagaba esas inversiones, lo cierto es que no había fallado.
Después de siete años operando entre San Pedro Sula y Choloma, con oficinas en otros seis departamentos e incluso con un permiso de operación de la municipalidad cholomeña, más personas confiaban y ahorraban su dinero. Héctor Varela, quien además es dueño de una cafetería ubicada afuera de las oficinas de Koriun, dice haberse sentido intimidado por las declaraciones del MP sobre que investigará a todos los que tienen arriba de un millón de lempiras.
«Si me quieren venir a investigar quién soy, yo no tengo millones, lo que tengo son un par de pesitos ahí, junto con mis hijos y sobrinas. No me gusta que se vaya a investigar a quienes tengan más de un millón porque como familia podemos llegar a eso. Ya están mi esposa, mis hijas e hijos, que son seis y están en Estados Unidos», dijo.
Dice temer que a quien tenga arriba de un millón de lempiras lo acusen de narcotraficante, «y yo no soy ningún narcotraficante, ni puchero, ni ninguna cosa que se parezca. En Choloma me conocen, es más, soy activista del Partido Libre».
Intervención caótica del Gobierno
El caso Koriun ha desnudado la inoperancia estatal, que abarca a dos gobiernos, ya que la empresa pudo recibir cientos de millones de lempiras, quizás miles, sin ninguna regulación del gobierno anterior ni del actual, y ni hablar de supervisión de los entes encargados.
El 23 de abril, cuando el Ministerio Público allanó las oficinas de Koriun en todo el país, no fue el primer paso en la desafortunada intervención del Estado en este caso, sino uno más en una cadena de omisiones. El verdadero inicio se remonta a 2017, durante el Gobierno del Partido Nacional encabezado por Juan Orlando Hernández, cuando se eliminó del Código Procesal Penal el delito de captación ilegal de fondos, reduciéndolo a una simple falta administrativa.
Después de esto Koriun apareció y comenzó anunciarse tibiamente en redes sociales, captando esencialmente a empleados de maquila y comerciantes de Choloma. Operó silenciosamente, hasta que las enormes filas que se hacían en sus oficinas en la colonia La Mora de Choloma, más las quejas de los vecinos, obligaron a la empresa a moverse a un espacio más grande y más visible desde la C-13.
A finales de 2024, Inversiones Koriun comenzó a aparecer en los portales de Grupo OPSA; entonces la primera reacción del Gobierno, después de que la empresa había operado tres años en esta administración, fue la emisión de un comunicado a través de la CNBS indicando que la empresa no estaba autorizada para captar fondos, y los ahorrantes que participaban en la operación estaban sin la protección del Fondo de Seguro de Depósitos. La sociedad tampoco figuraba en el registro de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
Pese a tener casi seis años de operaciones y de que, como ha quedado evidenciado, Iván Velásquez utilizaba la banca nacional para sus transacciones, no fue sino hasta inicios del 2025 cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió un informe en donde alertaba sobre movimientos sospechosos. «Hubo dos de cuatro bancos que alertaron», dijo Marcio Sierra, presidente de la CNBS, en el programa 30/30.
En esa entrevista Sierra declaró que consideraron sospechosas las operaciones del señor Velásquez y que solo se interviene «es cuando es atípico», a pesar de que esos movimientos venían de una actividad económica no regulada por la CNBS.
Meses antes de estas declaraciones, el alcalde de Choloma, Gustavo Mejía, había extendido un permiso de operación municipal a Koriun. En declaraciones a medios de comunicación, Mejía justificó la decisión en el hecho de que la empresa operaba desde antes de su administración en Choloma, pero aseguró que también indagó en la CNBS, donde tuvieron una actitud de «gallo gallina» y le dijeron que cada quien depositaba su dinero donde quería. Dice que supo que estaban enlazados con el Servicio de Administración de Rentas (SAR) al 20 de abril y que también tenían un acta de constitución, «por eso se les dio permiso», concluyó.
Contracorriente contactó al alcalde Gustavo Mejía para conocer más sobre ese permiso de operaciones, pero la persona encargada de comunicaciones dijo que el equipo legal de la alcaldía le ha aconsejado abstenerse de dar declaraciones respecto al tema. En sus últimas entrevistas, dijo que el MP no tenía que buscarlo a él, porque no tenía nada que ver con Koriun.
El 23 de abril, cuando realizaron los allanamientos, los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) encontraron 358 millones de lempiras en efectivo en cajas, gavetas y mochilas. Casi la mitad de ese dinero fue encontrado en la casa de Iván Velásquez; sin embargo, una revuelta de los socios de Koriun en Choloma —quienes gritaban antes las cámaras que dejaran en paz a la empresa, que no les había quedado mal, y que si perdían, era su dinero— no permitió que se llevaran el efectivo. El personal del MP solo contó los billetes y los dejó en las oficinas. Días después, Iván Velásquez les dijo a los socios que ese dinero se había terminado porque habían seguido pagando intereses.
Y es que después de la intervención del MP, los inversionistas siguieron recibiendo sus intereses. Incluso aseguran que hay gente que invirtió después de los allanamientos y que apenas recibieron una semana los intereses, y otros nada. Este medio no pudo contactar a ningún socio en esa condición.
El Gobierno siguió dando tumbos con este tema, luego de que la presidenta Xiomara Castro ofreció pagar con dinero público el capital inicial de los inversionistas. La medida encontró resistencia de líderes de la oposición, ciudadanos comunes, e incluso miembros de Libertad y Refundación, como el diputado Ramón Barrios, quien dijo no estar de acuerdo con esa medida, cuya aprobación tendría que pasar por el Congreso Nacional y aparentemente no será apoyada por los diputados de la oposición.
La diputada Iroshka Elvir, a través de la red social X, escribió que era inaudito que habiendo encontrado casi 400 millones de lempiras no los hayan decomisado, y que con esto hubo total permisividad con los «estafadores del pueblo». Agregó que ahora «pretenden construir un discurso para que creamos que están del lado de los afectados, ¿por qué no actuaron de manera preventiva? ¿A quién protegen? Muchas preguntas que merecen ser respondidas ante la población, y sobre todo ante aquellos que lastimosamente sufrieron esta vil estafa», sostuvo.
Es URGENTE conocer quién es el pez gordo que está detrás de Koriun Inversiones.
— Iroshka Elvir Diputada (@IroshkaElvir) May 20, 2025
Realmente inaudito que el gobierno habiendo encontrado cerca de 400 millones de lempiras en efectivo no los hayan decomisado, ¿por qué?
Había un “trato especial” de parte de la Comisión de Bancos…
Ahora el Gobierno está en un problema porque los socios de Koriun esperan que la presidenta cumpla su palabra. Varios abogados han expresado la ilegalidad de esta pretensión. Carlos Chajtur, abogado penalista, indicó que la Constitución de la República expresa que los fondos estatales deben ser utilizados únicamente para pagar la deuda pública y no deudas privadas, como en este caso.
Héctor Varela espera que la presidenta Castro cumpla su palabra, «ya que yo trabajé por ella y soy [de] Libre. Señora, póngase la mano en la conciencia, mire cómo sí hay dinero para darle a los diputados. Eso que dicen que es prohibido, nada de eso, a nosotros nos van a dar el dinero que es de nosotros, no es de la presidenta, no es de ellos, es del pueblo». Varela incluso recordó todos los bienes y dinero que le incautaron y siguen incautando a narcotraficantes: «¿Dónde está el dinero que les quitaron a todos los narcotraficantes? Ya sabe quiénes lo tienen, los políticos», se contestó.
«¿Cómo no va a haber dinero? Que lo saquen de lo que les han quitado a los narcotraficantes, pero ya hay porque ya se lo repartieron. Ahora les están quitando a los cachurecos, que agarren ese dinero y lo regresen, porque ese dinero es del pueblo», repitió Héctor.
Confianza en Iván y desconfianza en el Gobierno
El caso Koriun también ha reflejado el completo descrédito en el que ha caído el Estado como tal. La mayoría de los afectados aseguran que fue el Gobierno el que desapareció su dinero y no Velásquez. Aunque este no pudo justificar antes las autoridades el origen del capital para pagar los intereses, creen más en él.
—¿Usted a quien le cree más, al Gobierno o a Iván? —le preguntamos a Héctor.
—Le voy a decir una cosa, a Iván le creo un 50 %, al Gobierno no le creo nada porque es el que nos ha llevado a esta situación.
La respuesta de Héctor refleja una desconfianza profunda: sigue siendo más creíble para muchos una persona que ya está encarcelada, que no pudo comprobar sus «inversiones», que no explicó cómo se gastaron 358 millones de lempiras y a quien le encontraron 50 mil dólares en su vehículo al salir de las oficinas de Koriun, que el propio Gobierno.
Y no lo dice solo Héctor; en las redes sociales abundan los comentarios de apoyo para Iván, a quien casi consideran un héroe: «El único que nos daba de comer», «nunca nos falló», «los bancos se sintieron amenazados», «tienen atrapado a un inocente», son algunos de los comentarios que se leen en las noticias sobre este caso.
Al momento de su captura, Iván Velásquez dijo que en las cuentas que Koriun tenía en los bancos había 2,000 millones de lempiras, pero la CNBS rectificó que solo existían 69 millones de lempiras. De más está decir que los socios le creyeron a Iván y muchos preguntan: «¿Dónde está esa plata?».
Varela nos dijo —y es un pensamiento que comparten muchos socios de Koriun— que el Estado quiere ver a la gente pobre para seguir regalando bolsas de alimento y láminas de zinc, «quieren con eso que vayamos a votar, eso es todo». Ofrecer beneficios a cambio de votos es una deformación de la política, utilizada por quienes están en el poder; lo hizo Juan Orlando Hernández y lo ha hecho la administración actual.
Aunque Héctor mostró su apoyo a Koriun durante la entrevista, entiende que algo no estaba bien, pues se pregunta cómo es posible que Velásquez haya estado depositando dinero sin ningún control en los bancos, y que además ahora esos fondos hayan desaparecido: «Ellos tiene que decir dónde está [el dinero], ellos tienen que decir, se los robaron, porque aquí [las oficinas de Koriun] nadie ha saqueado».
Y luego Varela dijo que le parece raro que no haya banqueros emplazados, pues pese a que la narrativa de la socios era que los bancos querían acabar con Koriun, el gerente general de la empresa tenía seis cuentas, con 69 millones de lempiras en total, en instituciones bancarias. «¿Cómo permitían a Iván que fuese a meter millones de pesos ahí y nadie lo investigaba? Si yo voy a dejar 10 mil pesos ahorita, me piden hasta los papeles de mi abuelita que está muerta. ¿Cómo hizo Iván para sacar ese dinero?», manifestó.
Afirmó que la estrategia del Ministerio Público es convencer a los inversionistas de que el dinero ya se perdió, para luego «ellos robarse lo que se llevaron». Dijo que solo se sentirá conforme cuando vea presos a los banqueros que recibieron dinero de Koriun. Con esa frase, parece reconocer implícitamente que hubo un delito en las acciones de Iván Velásquez. Sin embargo, minutos después, retoma su defensa: «Iván no tendría que estar preso, porque no nos había defraudado. Ese dinero veníamos conscientemente a ponerlo. Dicen que hay estafa, pero no se concretó; quien la concretó fue el Estado».
Insistió en que hubiese preferido que el gerente de Koriun desapareciera un día sin dejar rastros. «Ahí nadie hubiera dicho nada, hubiésemos sido conscientes, pero lo encerraron y nos vinieron a joder a nosotros aquí. Ahora lo están acusando de cosas que no deben ser», afirmó.
A pesar de la confianza que algunos socios aún depositan en Iván, medios de comunicación aseguran que el gerente de Koriun ha ofrecido al Ministerio Público los nombres de los autores intelectuales de esta estafa piramidal, a cambio de protección y del retiro de los cargos en su contra. El documento habría sido presentado por su abogado defensor, Roberto Carlos Amaya Talavera, quien, sin embargo, negó a La Prensa la existencia de dicho escrito.
Amaya Talavera, defensor de Velásquez, fue destituido de su cargo como juez en Puerto Lempira en el 2014. En ese entonces, su esposa Wendy Caballero guardaba prisión preventiva por haber dejado en libertad al narcotraficante Alexander Montes.
Para el analista René Estrada, de Cespad, la idea de que se está protegiendo a alguien ya se instaló en el colectivo, aunque no sea cierto: «Se está dando a entender, y es el gran rumor que circula, que se está queriendo proteger a alguien, y una vez eso se empieza a entablar en la opinión pública se reproduce, y sea cierto o no, ahora los hondureños tienen en su imaginario esto, que sí están protegiendo a alguien».
Las consecuencias
Además de haber estafado a más de 35,000 personas, la cuales perdieron una gran cantidad aún no determinada de dinero, y dejar en evidencia la inoperancia estatal, el escándalo de Koriun ha escalado a otras dinámicas del Estado. Por ejemplo, el plano económico, especialmente en Choloma, donde 20,000 personas semanalmente tenían un ingreso que les permitía sobrevivir y dinamizar la economía.
«Choloma está de luto. Váyase a ese mall o esos mercados, a otros negocios; eso era una feria, ahora no hay nada», nos dice Héctor, quien fue doblemente afectado, pues aparte de ser socio de Koriun, las ventas en su cafetería han bajado en un gran porcentaje. Para este cholomeño y activista del partido en el poder, el Estado no afectó únicamente a los socios sino también a familiares y comerciantes de la ciudad.
Contracorriente realizó una visita rápida al centro comercial Las Américas, donde había muy pocas personas. Aunque era lunes, según un elemento de seguridad con el que conversamos, antes el área de comidas y los otros negocios permanecían con mucha afluencia. «Ahora ahí adentro está pelado», nos dijo, y efectivamente los clientes eran muy pocos.
Héctor sostiene que en Choloma, debido a la falta de empleos y al descalabro de «su» Koriun, que sostenía a más de 20,000 personas y sus familiares, puede venirse un aumento en la escalada de violencia, como lo hubo después del golpe de Estado en el 2009. «Si usted dejaba un carro ahí, se lo desvalijaban», aseguró, señalando el estacionamiento de una estación de combustibles.
El analista René Estrada considera que la intervención del Gobierno en un caso en el que el Ministerio Público ya perseguía un delito fue un error comunicacional, motivado por el intento de mejorar su imagen en Cortés, un departamento donde obtuvo una amplia votación en las elecciones anteriores, pero en el que ha perdido respaldo. «El Gobierno, en aras de mejorar su imagen en un lugar donde las internas demostraron que el partido oficialista ya no tiene mayor apoyo, llega y promete devolver el dinero. ¿Por qué lo considero un error? Porque para las personas afectadas por Koriun, si el Gobierno no les cumple en su totalidad, será una promesa incumplida. Y cumplirles a todos será muy difícil», expresó.
Estrada también señala que hay otro sector de la población —quienes pagan impuestos y no simpatizan con Libre— que no está de acuerdo con que se utilicen fondos públicos para indemnizar a los inversionistas.
Para Varela está claro que esto tiene una connotación política y el resultado se verá en noviembre: «Hay gente que le da miedo hablar, yo no tengo enemigos. ¿Sabe quién es mi enemigo ahorita porque me quitó mi comida? El Estado, pero yo no le voy a pegar una pedrada a un policía, los vamos a castigar con el voto».
