En Villanueva, Cortés, al norte de Honduras, se realizó un cabildo abierto para socializar el proyecto de una planta térmica propiedad de Comercial Laeisz. Aunque la empresa argumentó que no estaba legalmente obligada a realizar la socialización, el abogado Víctor Fernández, del Bufete de Estudios de la Dignidad (BED) señaló que la ley exige la participación decisiva de la comunidad en proyectos con potencial impacto ambiental. Durante el cabildo abierto, los vecinos expresaron preocupaciones sobre la salud, el ruido y la contaminación, mientras que la empresa prometió medidas de mitigación y estudios de impacto. El alcalde Walter Perdomo prometió mediar ante los dueños del proyecto para buscar medidas de compensación.
Texto y fotografías: Allan Bu
A las 6:00 pm del 23 de abril, los alrededores de la escuela José Trinidad Cabañas en la aldea Pueblo Nuevo, Villanueva, parecían una feria. Decenas de vehículos se estacionaron en las polvorientas calles aledañas al centro educativo, muchas personas merodeaban los alrededores, y unos 100 pobladores ya esperaban al interior del recinto.
El motivo que ahí los reunía no era una feria, ni siquiera una celebración. Frente al grupo de personas había una comitiva encabezada por el alcalde de Villanueva, Cortés, Walter Perdomo, y toda la corporación municipal. Además, estaban una representante de la empresa Comercial Laeisz y representantes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
El edil mencionó que estaban ahí para llevar a cabo un cabildo abierto solicitado por la empresa Comercial Laeisz, dueña de un proyecto térmico que está por empezar a operar a unos 600 metros de la aldea Pueblo Nuevo. La intención era socializar con los vecinos de la comunidad dicho proyecto, que ya está autorizado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y por la ENEE. La planta tiene capacidad para generar 90 megas y, según quienes la administran, no está operando 24 horas al día, sino más bien conforme a la demanda.
La palabra utilizada por el alcalde Perdomo para presentar a la empresa responsable del proyecto fue que ellos venían a «socializar» el proyecto. Sin embargo, en ningún momento durante el cabildo se mencionó algo que nuestra legislación contempla en casos de posible impacto ambiental: la consulta libre, previa e informada. Fue, más bien, como decir «ya estamos aquí», ya que el proyecto está construido y cuenta con la venia del Estado, a través de la ENEE, para comenzar a operar.
Durante su intervención, la ingeniera Karina Euceda, representante de Comercial Laeisz, argumentó las bondades del proyecto, entre las que destacó la generación de empleos —aunque no dijo cuántos, ni que deben ser mano de obra calificada— y la producción de energía para evitar los constantes apagones producidos en Villanueva y sus alrededores en el año 2024.
El abogado Víctor Fernández, director del Bufete de Estudios para la Dignidad (BED) y ahora candidato independiente a alcalde de San Pedro Sula, expresó que se debe establecer si cuando se habla de socializar se trata de ir a «contar una historia de lo que se hará», o si implica el concepto de participar decisivamente por parte de la comunidad.
Fernández afirmó que en el BED tienen algunos antecedentes jurídicos de casos similares a lo que ocurre en Villanueva. «El último precedente que nuestro equipo tiene es el caso de las asociaciones de las juntas de agua de Sabá en contra de la empresa Canteras y Más. Esa sentencia define o vuelve a definir el significado de socialización, que no es que te vengo a contar, debe haber una participación decisiva», manifestó.
En este caso, hubo un fallo a favor de las juntas de agua. Y es que, a pesar del rechazo expresado por la comunidad en dos cabildos abiertos durante 2023, se otorgó la concesión del proyecto Las Golondrinas a la empresa Canteras y Más, S.A. Cabe destacar que esta empresa pertenece a Rolando Barahona Kurwahn, padre del actual diputado Rolando Barahona, quien llegó al Congreso Nacional con el Partido Nacional, luego se declaró independiente y actualmente forma parte del Partido Salvador de Honduras (PSH).
Fernández sostuvo que en estos casos el obligado a procurar la participación de la gente es el Estado y no la empresa. «Frente al cumplimiento de los derechos de la gente, el primer obligado es el Estado y luego la empresa, porque son actores de poder», expresó, y luego añadió que «socializar no es simplemente informar».
«Ninguna empresa va a decir: “aquí vengo y les voy arruinar la vida”. Ni siquiera presentan el proyecto, sino que presentan supuestos beneficios en el marco de su responsabilidad social. Esa es la práctica de las empresas y el Estado, porque no comprenden la dimensión desde la perspectiva de derechos humanos que tienen ese tipo de iniciativas», dijo. Fernández, además aseguró que estos procesos deben ser transparentes y expuestos a cualquier decisión que pueda tomar la comunidad: «Ahora sin comunidad organizada no vas a ningún lado, sin esto el Estado y las empresas harán lo que quieran».
Durante el cabildo abierto para informar, la ingeniera Karina Euceda, empleada de Comercial Laeisz, les explicó a los habitantes de Pueblo Nuevo que hacían el ejercicio de socialización porque eran «buenos vecinos», pero que en realidad la ley solamente obligaba a este tipo de acciones cuando la distancia entre el proyecto de impacto está a 200 metros de determinada comunidad, y en este caso, la planta está a 600 metros.
«La planta se prevé que operará durante cuatro años, y viene a raíz de un decreto de emergencia de la presidencia. El gobierno lo ha considerado para mejorar el servicio, ya que la energía es un derecho humano», dijo, haciendo uso de la propaganda gubernamental que acompañó la aprobación del bono de energía, mediante el cual los hogares que consumen menos de 150 kilovatios no pagan por el servicio.
Euceda apuntó que la empresa está por entrar en operación, pero que faltaba socializar el proyecto con la comunidad. «Estamos abiertos a darle cumplimiento a todas las medidas ambientales. Como empresa responsable llevamos el mantenimiento de maquinaria y se llevará un control en las emisiones de gases y ruido», dijo.
La ingeniera Euceda habló sobre las supuestas bondades del proyecto: la generación de empleos y la posibilidad de evitar los constantes apagones, que se han vuelto el pan de cada día en la zona norte del país. En ese contexto, presentó como argumento que el proyecto permitirá disfrutar del aire acondicionado sin preocuparse por las interrupciones del servicio eléctrico. No obstante, en comunidades como Pueblo Nuevo y sus alrededores, pocas personas tienen acceso a ambientes climatizados, los cuales son vistos más como un lujo que como una necesidad, a pesar del intenso calor característico de la región norte de Honduras.
No es la primera vez que Comercial Laeisz está en la línea entre lo bueno y lo malo. En septiembre de 2020, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) denunció la aprobación irregular de cuatro contratos de energía eléctrica para el Grupo Laeisz, a través de las sociedades Rentas Américas y Comercial Laeisz, propiedad de la familia Hirsh-Flores. Los contratos aprobados en una sesión virtual incluyeron cambios para adecuar condiciones distintas a las bases de la licitación. La CREE consideró, en aquel entonces, que la ENEE pudo conseguir propuestas a mejor precio.
Respecto a lo dicho por la representante de Laeisz sobre que no están obligados a realizar un proceso de consulta debido a que la distancia es mayor de 200 metros, Víctor Fernández declaró que «en este tipo de cosas hay normas que regulan específicamente determinada actividad, pero hay normas generales que tienen que respetarse, por ejemplo, la Ley General del Ambiente, que establece no un derecho, sino un deber de participación de la gente frente a cualquier proyecto que pudiera impactar, mínima o significativamente».
Agregó que también se debe observar la Ley de Aguas, si fuera el caso, e incluso la misma Constitución de la República, que establece la garantía de participar en cualquier tipo de estas decisiones. «Es decir, que lo que dice la representante de la empresa, en principio tiene razón, pero es absolutamente discutible, ya que en este tipo de asuntos tiene que hacerse un enfoque integral de la normativa jurídica aplicable, no solo un reglamento, que es como el último peldaño jurídico para aplicar en una situación como la descrita», explicó.
La voz de los vecinos
Cuando finalmente se abrieron los micrófonos a los vecinos, fue simplemente para que se desahogaran, pues la planta térmica ya está instalada y no se les estaba consultando, sino únicamente «socializando» el proyecto, como repitieron en varias ocasiones los convocantes durante el cabildo abierto.
Uno de los vecinos que tomó el micrófono mencionó que en la comunidad cuidan los árboles, tienen prohibido la quema de basura y hay exigencia de que todos los vecinos hagan uso del camión recolector. «No estamos en contra del desarrollo, y pues básicamente no hay marcha atrás, no podemos hacer nada porque son proyectos que vienen del Gobierno central; nosotros aceptamos que hay problema, pero no es lo principal», se resignó, y luego agregó que la razón por la cual aceptan el proyecto es por las promesas de solución a los problemas de cortes de energía.
Pero su participación no terminó allí. El vecino explicó que la comunidad está luchando por construir un sistema de agua potable que les permita contar con el servicio de forma permanente. «Es nuestra mayor necesidad en este momento. Estamos ejecutando proyectos de pavimentación, pero necesitamos, por encima de todo, un proyecto de agua potable que nos garantice el acceso al agua por muchos años», expresó.
En ese contexto, solicitó el apoyo de la empresa responsable del proyecto térmico: «Si ustedes, como empresa que está desarrollando este proyecto, tuvieron la buena voluntad de venir a socializar con nosotros, se les agradece. Pero, a petición del pueblo, les decimos que nos ayuden con la construcción de este proyecto».
La petición tuvo una respuesta ambigua y llena de rodeos de la representante de Laeisz, quien, entre otras cosas, dijo que llevaría la petición a los altos mandos de la empresa. Curiosamente, en este caso sí se comprometió a realizar una consulta, algo que debió haberse hecho antes de iniciar la construcción de la planta térmica.
El público siguió interviniendo. Uno de los presentes afirmó que la explicación técnica les había quedado clara, aunque no hubo una exposición técnica de las consecuencias que puede traer el funcionamiento de esa planta a la comunidad, sino que se hizo una descripción muy general: «Me ha quedado clara la explicación técnica, aunque creo que un poco tarde se hizo la socialización, pero Pueblo Nuevo nunca se va a oponer a lo que es el desarrollo, estamos totalmente a favor, [pero] sí nos preocupa el tema de salud para la población».
Si bien el participante expresó estar «totalmente a favor» del proyecto, también dejó claro que les preocupa el ruido y el humo que, inevitablemente, generará el funcionamiento de la planta.
«Queremos que quede como constancia el tema de emisiones por el diésel, pues sabemos que es una realidad. Nos preocupa, y eso lo vamos a saber hasta que esté en operación la planta» dijo. «El mantenimiento será bueno. Ustedes son una empresa seria, pero nos preocupa el tema de salud, que quede constancia de eso, que la comunidad no nos oponemos al desarrollo, pero siempre vamos a velar por el tema de salud», concluyó, entre los aplausos de la audiencia; sin embargo, no quedó claro si la algarabía era por los halagos a la empresa o por sus dudas sobre el funcionamiento.
La ingeniera Euceda respondió que se van a realizar estudios sobre las emisiones. Dijo, además, que después de realizar estas evaluaciones sobre el impacto de la planta podrían hacer una nueva reunión de socialización, y que ya tenían contemplado un estudio de impacto, pues estaban «preocupados por ese tema».
En relación con las emisiones de dióxido de carbono, la ingeniera Euceda comentó que incluso la respiración humana y los vehículos generan este gas, dando a entender que, aunque la planta no entre en funcionamiento, las emisiones seguirán existiendo de todos modos.
La tercera persona al micrófono también afirmó que la comunidad no estaba en contra del desarrollo, pero preguntó qué tan viable era el proyecto desde el punto de vista de la salud y el impacto ambiental, a lo que la ingeniera respondió que era «una excelente pregunta», y procedió a responder con ambigüedades sobre la viabilidad del proyecto, de lo que se había hablado en todo el cabildo.
Luego, una señora de unos 70 años manifestó su preocupación por los residuos que inevitablemente dejará el funcionamiento de la planta y que pueden derramarse en el suelo, pues ella obtiene su agua de un pozo, y con un temor completamente justificado no quiere que se dañe el agua que consume. Le respondieron que la empresa colocará un cobertor para que los derrames no lleguen al suelo.
Estaban también presentes personas que asistieron desde colonias vecinas. Un representante de la colonia Siboney, también cercana al proyecto, aprovechó para decir que esa comunidad tenía múltiples necesidades y que estarían encantados de que la empresa en mención les ayudara a resolver algunos de sus incontables problemas.
Ya cuando la tribuna libre estaba por finalizar, Emanuel, uno de los asistentes, tomó el micrófono y pronunció una frase que sonó como una proclama de resignación y una muestra clara de asistencialismo: «La planta no la vamos a parar, es mentira. Entonces, si vamos a vender nuestra salud, hay que venderla por un buen precio. Estas son mis palabras y que quede a conciencia de ustedes», sentenció.
El cerrador
Como si fuera un pitcher cerrador en un juego de béisbol, apareció el alcalde de Villanueva, Walter Perdomo, quien busca su cuarto período al frente de esa comuna del norte del país.
Después de saludar a los presentes, dijo una frase aparentemente esperanzadora: «Estoy en desacuerdo con Emanuel, la salud no se vende». El público aplaudió. Pese a estas palabras, lo que vino después fue el apalancamiento para que se diera por hecha la «socialización» del proyecto.
Perdomo afirmó que la empresa ya contaba con la licencia ambiental otorgada por el Estado, y que por eso lo único que estaban haciendo era «socializar» el proyecto, dando por sentado que nada podía detener la puesta en marcha de la planta térmica. «A lo que sí me puedo comprometer —dijo— es a que nuestra división de ambiente supervise que todo se haga de forma correcta. Y si detectamos que la térmica está actuando mal, ténganlo por seguro que la Corporación dirá: “cierre a la operación”».
El alcalde agradeció la preocupación del Gobierno por solventar el problema de los apagones en Villanueva; sin embargo, reconoció que no puede «mentir sobre el tema de la salud», reconociendo que la planta tendrá un impacto ambiental, aunque afirmó que la corporación puede tomar acciones para minimizar el daño. Entre las medidas mencionó la reforestación de los alrededores, cosa que se debería hacer aunque no entre en funcionamiento la planta.
Perdomo informó a la comunidad que en el acta del cabildo abierto quedó registrada la solicitud de apoyo para el proyecto de agua potable. Señaló que la corporación municipal cuenta con herramientas para acercarse a Comercial Laeisz y gestionar una posible colaboración. «Necesitamos que el patronato nos haga llegar la nota para plantear el apoyo frente a la empresa. Me la envían y yo me siento a negociar con la empresa», afirmó.
El edil villanovense destacó que este municipio se ha convertido en uno de los principales generadores de energía, pues ya existe un parque de energía voltaica y también existe la planta térmica Brassavola, que generó un gran revuelo, ya que este contrato fue otorgado en el 2008 durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, y ahora, en la administración de Xiomara Castro y su familia, el contrato, que estuvo en proceso de cancelación en 2014, fue renegociado sin la aprobación del Congreso y en opacidad con respecto a su licencia ambiental.
En el cabildo abierto en Pueblo Nuevo, pese a que estaban allanando el camino para la entrada en operación de una planta que funciona con diésel, Perdomo quiso mostrar su perfil ambientalista: «Tenemos que luchar porque las térmicas en algún momento ya no existan».
Víctor Fernández, director del BED, mencionó que está seguro que Villanueva no sabe del proyecto de Laeisz, pues su presentación requiere que un técnico simplifique y traslade las capacidades técnicas a la comunidad. En este caso, manifestó que es importante saber de cuántos decibeles será el ruido, a dónde irán los residuos de la empresa, cuánta maquinaria entrará. «Eso es derecho a la información, no que te den un folder de mil hojas», manifestó, refiriéndose a la planta cercana a Pueblo Nuevo.
Fernández terminó diciendo que, en la normativa ambiental, cuando la comunidad presume que habrá un impacto, el proyecto debe detenerse. «Está contemplado en los principios, cuando hay duda [de] que un proyecto posiblemente te va a impactar, entonces eso debe pararse porque la salud y la vida no tienen términos medios», concluyó.
