A pesar de la incorporación de la tecnología biométrica, las elecciones primarias e internas del 9 de marzo estuvieron marcadas por denuncias de manipulación de actas. Mientras el Ministerio Público (MP) investiga posibles delitos electorales en Juntas Receptoras de Votos (JRV), observadores y analistas señalan fallos en la capacitación del uso de la tecnología biométricas, y presiones políticas en las Juntas Receptoras de Votos; además, exigen reformas profundas al Consejo Nacional Electoral (CNE) por su alta politización y falta de independencia.
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen
Las elecciones primarias e internas celebradas el 9 de marzo en Honduras incorporaron tecnología biométrica por primera vez en un proceso electoral primario, lo que permitió cruzar los datos personales de los electores con la base de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de evitar la duplicidad y alteración de votos. Sin embargo, esto no impidió la aparición de denuncias sobre manipulación de actas electorales, especialmente en Juntas Receptoras de Votos (JRV) donde se reportaron discrepancias entre los votantes registrados mediante lectores biométricos y los registrados en las actas originales o en el escrutinio especial.
Aunque el 92 % de las JRV utilizó el lector biométrico según datos del CNE, el consejero vocal de esa institución, Marlon Ochoa, denunció en reiteradas publicaciones en su cuenta de X que en el nivel electoral presidencial se detectaron diferencias en tres JRV que presuntamente beneficiaron a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 179 votos adicionales, y en otras dos habrían favorecido a Nasry Asfura, del Partido Nacional, con 66 votos más.
Las inconsistencias también se habrían presentado entre el acta original y el escrutinio especial. Según la denuncia del consejero Ochoa, en dos JRV se agregaron 120 votos adicionales a Nasralla, y en otras dos se sumaron 102 votos a favor de Asfura.
Sin embargo, las mayores discrepancias supuestamente se detectaron entre los datos arrojados por los lectores biométricos y las actas físicas. En cuatro JRV del Partido Liberal se encontraron diferencias que totalizan 498 votos, y en ocho JRV del Partido Nacional las incongruencias alcanzaron los 852 votos.
Luis León, exdirector del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), considera que las denuncias de Ochoa deben ser investigadas por el Ministerio Público (MP) a través de la Unidad Especial Contra Delitos Electorales (UECDE).
«El lector biométrico da certeza, porque no se podía superar el número de votantes habilitados. Sin embargo, hubo Juntas Receptoras en las que los votos sobrepasaron su carga electoral, y eso debe ser investigado. El lector evitó la doble votación y el inflado de votos, pero como bloqueó esas formas de manipulación se evidenciaron incongruencias en el escrutinio especial, donde irresponsablemente los representantes de los partidos inflaron votos», indicó León a Contracorriente.
A raíz de las denuncias, el 31 de marzo, el MP solicitó al CNE un informe sobre el uso del lector biométrico en cuatro JRV, tras iniciar una investigación por presuntos delitos electorales. Posteriormente, el 3 de abril, fiscales de la UECDE y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) intervinieron el Centro Logístico Electoral (CLE), luego de recibir denuncias sobre supuestas irregularidades en el escrutinio especial.
El escrutinio especial comenzó el 21 de marzo y concluyó el 4 de abril. En total, según el CNE, se validaron 9,249 actas con irregularidades: 3,092 del Partido Nacional, 3,450 del Partido Liberal y 2,707 del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Durante la declaratoria oficial de resultados, el Partido Nacional fue el más votado, con 825,205 sufragios, seguido por el Partido Libre (727,783) y el Partido Liberal (656,645). A nivel presidencial, Rixi Moncada (Libre) fue la más votada con 674,215 votos, seguida de Nasry Asfura (PN) con 625,823 y Salvador Nasralla (Liberal) con 381,062.
No obstante, el partido oficialista no aceptó plenamente los resultados, alegando que hubo adulteración de votos en los comicios del Partido Nacional y del Partido Liberal, con el objetivo de disminuir la votación del Partido Libre.
El 27 de marzo, el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, acusó a los partidos opositores de actuar con «rapidez» para «inflar votos» y señaló que poseen la capacidad de presionar a funcionarios del CNE que son «activistas».
Esto depende de la rapidez con que los liberales y los cachos se inflen los votos. A esta altura, todo el pueblo hondureño sabe que el berrinche era por esa inflada. Sáquenles carrera a los activistas que tienen y no habrá ningún problema. https://t.co/UgkFvABY2X
— Ricardo Salgado (@RicSalgadoB) March 27, 2025
Se requieren reformas en la estructura orgánica del CNE
Juan Carlos Aguilar, coordinador de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), que desplegó más de 1,250 observadores durante las elecciones, dijo a Contracorriente que recibieron denuncias sobre presiones a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) para favorecer a determinados candidatos a diputaciones en el Congreso Nacional (CN).
«Al final, hablamos de un sistema corrupto que se arrastra desde hace tiempo, porque los órganos electorales no son independientes», expresó.
Por su lado, Luis León reiteró que el uso de tecnología biométrica no ha sido suficiente para disipar las denuncias de inflado de votos. Según él, esto solo se revertirá mediante reformas profundas al CNE, cuya estructura está altamente partidizada. Señaló que dicha politización se extiende desde las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López y el consejero Marlon Ochoa, hasta los demás funcionarios del CNE, y alcanza incluso a las JRV.
«Las personas que llegan a las mesas de escrutinio especial lo hacen con una directriz clara, enviada por los partidos o sus corrientes. Se debe investigar tanto a quienes inflaron actas como a quienes colocaron a esas personas en esos espacios», agregó.
Por su parte, Aguilar insistió en que las denuncias de adulteración de votos requieren acciones concretas. «El Ministerio Público debe investigar y presentar requerimientos fiscales, mientras que el Congreso Nacional debe impulsar reformas a la Ley Electoral».
Según Aguilar, el problema es estructural: «No solo las cabezas del CNE son políticas, sino también los técnicos, directores y otros funcionarios clave. En cada puesto de decisión hay un representante del Partido Nacional, otro del Liberal y otro de Libre, lo cual impide avanzar».
La RDD presentó su Informe de Observación Electoral 2025 el 13 de marzo, y entre los problemas asociados a la tecnología biométrica, destacaron las dificultades para iniciar el lector biométrico, lo que causó retrasos en el inicio de la votación, especialmente en departamentos donde hubo demoras en la instalación del sistema biométrico.
Para León, el CNE debe priorizar la capacitación de los integrantes de las JRV en el uso del lector biométrico. «La Junta Receptora de Votos tiene autonomía una vez constituida, y podía decidir si usar o no el lector. Aunque se usó en la mayoría de mesas, las guías de capacitación estuvieron listas apenas el 18 de febrero, y por eso hubo mesas que no lo usaron o lo hicieron con retrasos».
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La incorporación del lector biométrico en los procesos electorales de Honduras fue parte de las reformas realizadas por el Congreso entre 2019 y 2021, tras las cuestionadas elecciones generales de 2017, marcadas por la reelección de Juan Orlando Hernández, amparada en un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inaplicables artículos pétreos de la Constitución, y las denuncias de fraude en los resultados oficializados por el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El contrato para la instalación, soporte técnico y capacitación del equipo biométrico, adjudicado a la empresa Smartmatic, tuvo un costo de 220,946,590 lempiras, lo que equivale aproximadamente a 9 millones de dólares, y representó cerca del 11 % del presupuesto total de más de 2,061 millones de lempiras asignado a las elecciones primarias e internas.
La empresa responsable de proveer la tecnología biométrica ha sido contratada en distintos países, entre ellos Argentina, Ecuador, El Salvador y Venezuela. En este último país, su participación ha estado marcada por controversias. La primera ocurrió en 2004, durante el referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez, cuando se denunció que Smartmatic habría hecho acuerdos con el gobierno para la emisión de los resultados. Sin embargo, esta acusación no fue comprobada y fue desmentida por el Centro Carter, una de las organizaciones internacionales que observó el proceso electoral.
La segunda controversia se dio en 2017, cuando la propia empresa Smartmatic denunció que los resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente habían sido manipulados. En respuesta, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela rechazó la acusación y negó cualquier irregularidad en el conteo de votos.
Las elecciones primarias también estuvieron marcadas por fallos logísticos en San Pedro Sula y el Distrito Central, donde el 3 % de las JRV reportó problemas en la distribución de material electoral. A raíz de esto, el MP presentó requerimientos fiscales contra el coordinador de Transporte del CNE, Joel Ramos, y otros cuatro funcionarios que formaron parte de la Comisión Técnica Evaluadora que avaló la contratación de la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V., cuyo representante legal está acusado de fraude, mientras que uno de sus socios propietarios está vinculado al Partido Libre.
