Solo el 25 % de los precandidatos de los tres partidos mayoritarios ha cumplido con el requisito de apertura de cuentas bancarias para las elecciones primarias en Honduras. Además, en el proceso electoral, el sistema político del país ha evidenciado el desinterés y falta de voluntad política para implementar mecanismos que establezcan filtros efectivos para los precandidatos vinculados a la corrupción y la criminalidad organizada, según un informe del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
Texto: Abigail Gonzales
Foto: Fernando Destephen
La mayoría de candidatos y candidatas de los principales partidos políticos de Honduras no han abierto cuentas bancarias, de acuerdo con un informe del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) presentado el miércoles 5 de marzo. El 75 % de los postulantes no ha realizado este trámite, y según datos oficiales, en este proceso electoral hay 5,880 aspirantes, de los cuales solo 1,496 han sido acreditados, lo que representa el 25 % de los postulantes.
El Partido Nacional registra 628 precandidatos acreditados, el Partido Liberal 449 y el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) 419.
Gustavo Irías, director del Cespad, dijo a Contracorriente que las elecciones primarias e internas están marcadas por la polarización y por la desconfianza entre los diferentes partidos políticos. «Un proceso electoral [en el] que ha faltado debate democrático, y pues seguimos con las mismas propuestas vacías tradicionales con sus cancioncitas y con un alto gasto electoral que no es controlado por la institucionalidad», aseguró..
Asimismo, indicó que una de las preocupaciones tiene que ver con la opacidad del financiamiento político. «Desafortunadamente tenemos una institucionalidad muy frágil, donde incluso los candidatos y candidatas no lo toman en serio, al extremo de que apenas un poco más del 20 % han registrado cuentas bancarias, que es el instrumento con el que se podía hacer seguimiento del financiamiento lícito y dejar por fuera el ilícito», afirmó Irías.
En ese sentido, Vladimir Mendoza, comisionado presidente de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) informó que presentarán sanciones contra los candidatos que han incumplido los requisitos financieros.
El comisionado anunció la imposición de multas «de cinco salarios mínimos y además un requerimiento para que en un plazo de cinco días máximo presente el informe respectivo, y si no se llega a presentar dentro de los días establecidos se le impone la sanción de 100 salarios mínimos».
En 2021, el Congreso Nacional aprobó el decreto 94-2021, que exoneró temporalmente a candidatos, movimientos internos y partidos políticos de cualquier multa o responsabilidad legal por la entrega tardía o la no presentación de informes financieros.
El decreto también reformó el artículo 56 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, reduciendo las multas en un 70 % para candidatos presidenciales, en un 80 % para diputados y en un 90 % para cargos municipales.
La justificación de esta medida se basó en el argumento de que, tras cuatro años de vigencia, las dificultades para presentar informes financieros afectan la participación de los candidatos en futuras elecciones, lo que supuestamente ponía en riesgo la democracia. Sin embargo, en la práctica, esta medida ha debilitado aún más la fiscalización del financiamiento electoral, señalan miembros del Cespad.
Violencia electoral
Además de la opacidad en el financiamiento y las deficiencias en el sistema de control, el informe también menciona la violencia electoral como un factor que agrava aún más la situación. Se han registrado 12 casos de violencia en el contexto electoral, incluidos tres asesinatos, cuatro atentados y un ataque directo a la institucionalidad. Además, Ana Paola Hall, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), en febrero de 2025, denunció haber recibido amenazas en su contra.
Uno de los últimos episodios de conflicto en estas elecciones se generó el jueves 6 de marzo, cuando el precandidato a la presidencia del Partido Liberal, Salvador Nasralla, públicamente denunció que el movimiento Juntos por el Cambio, del precandidato a la presidencia Jorge Cálix, pretende realizar fraude electoral.
A través de su cuenta de X, Nasralla señaló que Fabiola Abudoj, precandidata a la Alcaldía Municipal del Distrito Central por el movimiento de Jorge Cálix, planea ejecutar un fraude en su contra. Nasralla presentó ante el Ministerio Público lo que, según él, son pruebas que evidencian un plan para sabotear los lectores biométricos en las elecciones primarias.
En respuesta, Fabiola Abudoj publicó un video en el se pronunció ante la denuncia de Nasralla y afirmó que se basa en un «audio falso» generado mediante inteligencia artificial. Según Abudoj, se trata de un deepfake y una manipulación digital, acusando a Nasralla de estar desesperado y de intentar desacreditar el proceso.
Por su parte, Cálix también se presentó ayer al Ministerio Público para solicitar que se investigue el audio filtrado en el que Fabiola Abudoj se escucha supuestamente dando instrucciones para dañar los lectores biométricos. Además, Cálix negó cualquier vínculo con el contenido de audio y afirmó: «Me llevan de encuentro y no tengo nada que ver con eso», y aseguró que Abudoj no ocupa ningún cargo dentro de su movimiento, no cuenta con credenciales y no aspira a un puesto de elección.
Ante esta situación, el CNE emitió un comunicado en el que exige al MP que, de forma inmediata y de oficio, inicie las investigaciones necesarias para identificar cualquier planificación o acción concreta que atente contra el uso de dispositivos biométricos en las elecciones.
Asimismo, el comunicado advierte que cualquier intento de manipular los resultados electorales o de afectar la soberanía popular, incluyendo la destrucción o el daño intencionado de material electoral y kits tecnológicos, constituye un delito. Según la legislación vigente, estas acciones pueden ser sancionadas con penas de entre cuatro y seis años de prisión.
Por su parte, René Estrada, asesor de asuntos electorales del Cespad, declaró a Contracorriente que «es importante que la Policía Nacional cumpla con su rol, y que el Ministerio Público se encargue de investigar todos estos actos de violencia electoral»; además, señaló que es importante que «los partidos políticos tengan un discurso que no provoque el odio».
Por otro lado, la falta de reformas en la ley electoral es otra problemática en el marco del proceso electoral. A pesar de los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil y de algunos sectores políticos, no se han implementado cambios significativos que fortalezcan la transparencia en los procesos electorales, como la segunda vuelta o la depuración de las precandidaturas.
Según el informe, esta falta de acción por parte del Congreso Nacional ha generado una debilidad en el sistema político, que se ve reflejada en el hecho de que un expresidente, exministros de seguridad, diputados y alcaldes han sido procesados y condenados por tribunales de justicia en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y el financiamiento ilícito. A pesar de esta situación, el sistema político del país ha mostrado una notable renuencia y falta de voluntad política para implementar los mecanismos necesarios que establezcan filtros para los precandidatos vinculados a actos de corrupción y crimen organizado.
Estrada señala que ven «renuencia política» en varios niveles: «Número uno, a nivel del Congreso Nacional para la aprobación de leyes o de reformas electorales que son indispensables para la ciudadanía, entre ellas la segunda vuelta, la ciudadanía de las mesas electorales, pero también vemos renuencia de parte del Congreso Nacional y la institucionalidad como tal para la fiscalización de los fondos electorales».
Sistema de Transmisión de Resultados y biometría
El Consejo Nacional Electoral (CNE) destinó el 21.39 % de su presupuesto total de 1,492 millones de lempiras, equivalente a 319.16 millones, para la contratación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Además, asignó el 4.9 % (74.3 millones de lempiras) al uso de la biometría electoral. Para los miembros del Cespad, la contratación de estos servicios informáticos con retraso y con poco tiempo para pruebas técnicas es motivo de preocupación.
El CNE adjudicó contratos a empresas para la implementación del TREP, la geometría electoral y la conectividad satelital en 1,728 centros de votación sin acceso a internet, lo que representa el 30 % de la carga electoral. Sin embargo, la tardanza en la aprobación de los presupuestos afectó los plazos de contratación, lo que redujo el tiempo disponible para pruebas técnicas y la aplicación de medidas de transparencia. Además, los mecanismos de auditoría externa para verificar la integridad de estos sistemas aún no han sido claramente definidos.
El 5 de marzo de 2025, el Ministerio Público emitió un comunicado asegurando que no habrá impunidad durante las elecciones primarias del 9 de marzo. En este sentido, se instruyó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y a todos los fiscales del Ministerio Público a mantenerse plenamente disponibles y coordinados con la Unidad Especial contra Delitos Electorales (UECDE). El objetivo, según el comunicado, es reforzar la recepción de denuncias y garantizar una ejecución rigurosa de las investigaciones antes, durante y después del proceso electoral.
En el comunicado se advierte también que se actuará contra cualquier intento de manipulación, incluyendo la compra de votos, falsificación de documentos, alteración de resultados o incumplimiento en el uso de tecnologías como el sistema biométrico. La ciudadanía podrá denunciar irregularidades a través de las líneas 107 y 108 del CNE.
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