La suspensión por 90 días de la cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) afecta a grupos vulnerables como migrantes, personas LGBTIQ+ y víctimas de desplazamiento forzado en Honduras. Usaid, que en 2024 destinó 152 millones de dólares al país, ejecutaba programas en áreas como educación, salud y gobernanza. La medida se suma a la tensión diplomática entre Honduras y Estados Unidos, en medio de una posible reorganización de la ayuda internacional.
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC
La orden ejecutiva de Donald Trump del 20 de enero de 2025, mediante la cual suspendió por 90 días la cooperación internacional brindada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), dejará desprotegidos a grupos vulnerables en Honduras. Entre 2001 y 2024, según datos del gobierno de Estados Unidos a los que accedió Contracorriente, Usaid destinó más de 1,900 millones de dólares en ayuda a Honduras, posicionándolo en 2024 como el segundo mayor beneficiario de Centroamérica y el quinto en Latinoamérica.
Usaid, una agencia independiente de cooperación internacional creada en 1961 por el expresidente estadounidense John F. Kennedy, se centró en el caso de Honduras, durante las últimas dos décadas, en una estrategia destinada a prevenir la migración irregular hacia Estados Unidos. La Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del país (CDCS) 2020-2025, que había sido extendida hasta el 23 de junio de 2027 antes de la orden ejecutiva de Trump, establecía como objetivos la reducción de la migración irregular a través de la mejora de oportunidades socioeconómicas, el fortalecimiento de la gobernanza democrática y la satisfacción de necesidades ciudadanas, así como la mejora de la justicia y la seguridad.
En Honduras, Usaid ha canalizado su ayuda a través de Development Alternatives (DAI Global), las organizaciones Creative Associates International, RTI International y la Fundación Cohonducafé, entre otras empresas y organizaciones. Entre los grupos más vulnerables que atendía Usaid en Honduras figuraban niños y adolescentes, mujeres, personas LGBTIQ+, personas víctimas de desplazamiento interno, migrantes deportados, personas desempleadas, pacientes de VIH/SIDA, campesinos y ancianos.
La Usaid categorizó los sectores priorizados en Honduras de la siguiente forma: desarrollo económico, asistencia humanitaria, democracia, derechos humanos y gobernanza, paz y seguridad, salud, educación y servicios sociales, y medioambiente. Entre 2017 y 2023, la agencia destinó alrededor de 1,100 millones de dólares a estos sectores.
En 2024, Usaid destinó 152 millones de dólares a Honduras, posicionándolo como el segundo país en Centroamérica que mayores recursos económicos captó después de Guatemala y como el quinto en Latinoamérica, después de Colombia, Venezuela, Haití y Guatemala. Además, aportó a la atención a personas víctimas de desplazamiento forzado interno en proyectos conjuntos con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
De acuerdo con datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), entre 2004 y 2018, 250,000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado interno en Honduras, principalmente como consecuencia de la violencia, la inseguridad y el desempleo. La mayoría de mujeres desplazadas lo fueron a causa de agresiones de sus parejas masculinas, según el informe Necesidades y satisfacción con la justicia en Honduras: Brechas de acceso a la justicia para personas desplazadas internamente (2024) de The Hague Institute for Innovation of Law (HiiL).
Con el programa «Creando mi futuro aquí», Usaid atendió a jóvenes en condición de desempleo y en riesgo de migrar. Este programa se lanzó en marzo de 2022. Según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en Honduras se registró una tasa de desempleo juvenil del 11.2 % en 2023, lo que representó que 144,774 jóvenes de entre 18 y 29 años estaban desocupados.
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Otro grupo vulnerable atendido por Usaid han sido los pacientes de VIH y sida. Con datos actualizados hasta el 1 de diciembre de 2024, Usaid y el Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR, por sus siglas en inglés) brindaron tratamiento médico a más de 5,700 pacientes con esta enfermedad.
Según datos de foreignassistance.gov, obtenidos por Contracorriente antes de que la página sufriera restricciones, entre 2018 y 2024 Usaid destinó 69,249,771 dólares a su programa de transformación de mercados, que consistía en apoyos a emprendimientos locales en colaboración con alcaldías, el sector privado y el gobierno. En 2020, año de la pandemia del COVID-19 y de las tormentas tropicales Eta y Iota, fue cuando más dinero se destinó a este programa, con un total de 21,570,666 dólares.
Otro programa fue «Progresa con educación», desarrollado en conjunto con la Secretaría de Educación, con el propósito de ampliar la cobertura y mejorar la calidad educativa. Este programa tuvo presencia en 40 municipios y dio cobertura a 4,000 escuelas, según un informe de RTI International. A este programa, Usaid destinó entre 2023 y 2024 un total de 18,855,000 dólares.
En contraste, en marzo de 2024, Honduras y China —que establecieron relaciones oficiales en 2023— suscribieron un convenio de cooperación económica por 280 millones de dólares no reembolsables, denominado «Intervención Integral en Infraestructura y Equipamiento de Centros Educativos», que serviría para la restauración de la infraestructura escolar y el equipamiento de centros educativos en el país. Sin embargo, hasta junio de 2024, no se ha registrado información sobre la ejecución del convenio en los portales de transparencia de la Secretaría de Educación y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
Según datos del Programa de Inversiones Públicas (PIP), en 2024 Honduras invirtió 2,563.2 millones de lempiras (unos 99.8 millones de dólares) en inversión pública destinada a infraestructura escolar.
A consideración de Leonardo Pineda, investigador y activista social, el trabajo de Usaid en Honduras se centró en áreas que han sido relegadas por la administración pública «por conveniencia o por cualquier otro motivo».
«Por ejemplo, transparencia, cambio climático y prevención de desastres, seguridad, justicia, fortalecimiento a servidores públicos, habían sido aspectos atendidos por Usaid», explicó Pineda a Contracorriente.
Sin embargo, las opiniones sobre cómo la ayuda de Estados Unidos contribuye o no a contener la migración, especialmente juvenil, varían. A pesar de que Usaid ha destinado millones de dólares a ese propósito, para las investigadoras Amelia Frank-Vitale y Lauren Heidbrink, la ayuda de Estados Unidos también puede convertirse en una de las causas principales de la migración.
En la columna Ayuda al desarrollo: una causa fundamental de la migración de menores, publicada en Contracorriente el 30 de septiembre de 2021, Frank-Vitale y Heidbrink señalan que «el desarrollo no es una herramienta eficaz para responder a las causas interrelacionadas de la migración, y no reconoce que varían las necesidades y las dinámicas entre los países y dentro de ellos».
«Con frecuencia, la ayuda está condicionada por consideraciones ideológicas que, en vez de apoyar, terminan obstaculizando los esfuerzos locales para responder a la pobreza, corrupción e inseguridad», indicaron las investigadoras.
Población LGBTIQ+, vulnerable ante bloqueo de Usaid y mensajes de odio desde Casa Blanca
Grecia O’Hara, activista de derechos humanos y representante del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTIQ+ (Somos CDC), dijo a Contracorriente que solo en Tegucigalpa unas cuatro organizaciones LGBTIQ+ recibían apoyo directo de Usaid y que, de momento, el panorama no es nada alentador.
«Siento que las organizaciones LGBTIQ+ a nivel latinoamericano cometimos un error, porque pensamos que habíamos logrado todo y no nos preparamos para recibir descalificativos como los del gobierno de Trump», dijo O’Hara, quien explicó que por el momento existe cierta «estabilidad» debido a que hay otros donantes, como Canadá y la Unión Europea.
Entre las primeras órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump está eliminar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, y dijo que su gobierno «solo reconoce dos géneros: femenino y masculino».
«En Estados Unidos es muy fuerte el tema de los géneros, y aquí solo estamos pidiendo que se reconozcan dos géneros para las personas trans, claro, eso impactará porque las personas van a replicar ese discurso y van a decir que será sencillo que nos prohíban la transición a dos géneros», comentó O’Hara.
La identidad de género es una deuda pendiente que el Estado hondureño tiene con la población LGBTIQ+, pese a que desde 2021 existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), en el marco del caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, en la que se ordenó garantizar el derecho de las personas trans a cambiar sus nombres ante el Registro Nacional de las Personas (RNP) y a que este se reflejara en cualquiera de sus documentos de identificación.
El 3 de febrero de 2024, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habló frente a los medios de comunicación y, con tono burlesco, sacó una hoja de papel en la que había algunos ejemplos de proyectos «no alineados con los intereses de los Estados Unidos». Leavitt hizo referencia al financiamiento de una ópera transgénero en Colombia y un cómic transgénero en Perú. «No sé ustedes, pero como contribuyente estadounidense no quiero que mis impuestos se destinen a esta basura, y sé que el pueblo estadounidense tampoco lo quiere», dijo.
Sin embargo, el 7 de febrero, el medio The Washington Post publicó un fact checking en el que señaló que el financiamiento de la supuesta ópera transgénero nunca existió, y que la Casa Blanca podría referirse a un pago de 25,000 dólares que se hizo a la Universidad de Los Andes, en Bogotá, para montar la ópera «As One», compuesta por la estadounidense Laura Kaminsky. La directora de esa ópera, Juana Monsalve, aseguró que la donación fue menor a la reportada por Leavitt, que el resto del dinero provino de otros donantes y que la obra «promovía la cultura estadounidense» en Colombia.
En cuanto al supuesto financiamiento de un cómic transgénero, The Washsington Post refirió: «Usaid no financió esto y no era específicamente transgénero. En cambio, la subvención dice que el Departamento de Estado proporcionó 32,000 dólares, bajo la apariencia de diplomacia pública, al Ministerio de Educación de Perú “para cubrir los gastos de producción de un cómic hecho a medida, en el que apareciera un héroe LGBTQ+ para abordar cuestiones sociales y de salud mental”».
En otra comparecencia, el 6 de febrero, Leavitt expuso que «los demócratas destinaron dos millones de dólares de impuestos estadounidenses para financiar cambios de sexo en Guatemala, mientras víctimas de desastres naturales en Carolina del Norte y California no recibieron nada».
En el fact checking, esta información fue calificada como «engañosa». Para ello, The Washington Post citó a un antiguo funcionario de Usaid que trabajó en programas dirigidos a personas LGBTIQ+ y que expresó que «para Usaid, la atención de afirmación de género no incluye cirugías, terapias de reemplazo hormonal ni ninguna otra intervención médica».
Grecia O’Hara teme que el discurso de odio de la Casa Blanca deje más vulnerable a la población LGBTIQ+. Desde 2009 hasta 2025, en Honduras han sido asesinadas 528 personas de la comunidad, según datos de la Red Lésbica Cattrachas. De estos casos, 119 fueron muertes violentas de personas trans, lo que representa el 28.79 % del total, convirtiéndolas en el segundo grupo más vulnerable después de los hombres gay.
Respuesta gubernamental y panorama
Aunque el gobierno de Honduras no se ha expresado oficialmente ante la medida de Donald Trump que suspende la ayuda humanitaria a Honduras, en declaraciones a medios de comunicación brindadas por el secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, se dijo que solo un 20 % de las ayudas de Usaid pasaban por instituciones gubernamentales.
«Por el gobierno central pasaba tal vez un 20 % de toda esa ayuda, que casi toda iba dirigida a la sociedad civil y al sector privado. Es importante, obviamente, y es parte de una nueva realidad a la que tendremos que adecuarnos», manifestó Reina.
Contracorriente conoció que, durante los últimos años y antes de su suspensión, Usaid había trabajado directamente con secretarías e instituciones del Estado, entre ellas la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, y también con el Poder Judicial.
Este medio de comunicación solicitó entrevistas con la ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, el director del FHIS, Warren Ochoa, y el secretario de Educación, Daniel Sponda. Sin embargo, ninguno de ellos accedió hasta el momento de la publicación de esta nota.
La suspensión de la ayuda de Usaid coincide con el anuncio de Donald Trump de iniciar deportaciones masivas de hondureños, que serían alrededor de 200,000, según el gobierno hondureño. La administración de Xiomara Castro asegura estar preparada con el lanzamiento del programa «Hermano, hermana, vuelve a casa», que incluye un bono de 1,000 dólares.
Mientras tanto, en declaraciones brindadas esta semana a los medios de comunicación, el canciller Enrique Reina expresó su confianza en que el gobierno y el sector privado trabajarán en estrategias de generación de empleo para evitar que continúe aumentando la migración de hondureños hacia otros países, especialmente Estados Unidos.
¿Y ahora qué?
Entre el 1 y el 6 de febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tuvo una gira por Centroamérica y República Dominicana, de la que excluyó a Honduras y Nicaragua.
Aunque desde la Cancillería hondureña dijeron que «estaban dispuestos a recibirlo» y después se excusaron diciendo que «no podía visitar todos los países», analistas consultados por Contracorriente consideraron que la omisión de Honduras fue «un mensaje claro» por parte de la administración de Donald Trump, que podría implicar que Honduras no continúe siendo una prioridad para Estados Unidos en cuanto a cooperación internacional.
«No se puede minimizar el hecho de que el secretario de Estado, en su primera gira por la región, excluyera a Nicaragua y a Honduras», consideró Graco Pérez, analista en diplomacia y relaciones internacionales.
Pérez manifestó que, por un lado, el gobierno hondureño está intentando minimizar la suspensión de Usaid y, por otro, está pagando por desaciertos diplomáticos, como la denuncia del tratado de extradición vigente entre ambos países y haber amenazado con denunciar el tratado militar que permite a Estados Unidos tener una base militar en Comayagua, centro de Honduras.
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El 28 de agosto de 2024, la presidenta Xiomara Castro instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, denunciar el tratado de extradición vigente con Estados Unidos, tras considerar que la embajada de ese país estaba cometiendo «injerencia» debido a que la embajadora Laura Dogu calificó como «lamentable» que el entonces ministro de Defensa, José Zelaya, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, aparecieran en una fotografía junto a Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, a quien Estados Unidos considera un narcotraficante.
Días después de ese incidente, el medio InSight Crime publicó un video en el que Carlos Zelaya Rosales —cuñado de la presidenta Xiomara Castro— aparece negociando en 2013 un soborno con el jefe del cartel Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, para la campaña del ahora oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre). Durante el juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández, Rivera Maradiaga testificó haber sobornado a Zelaya Rosales y al entonces candidato del Partido Liberal, Mauricio Villeda.
El 6 de febrero, la Embajada de Estados Unidos en Honduras publicó en sus redes sociales una declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, en la que se refirió a la extradición y habló de «culpables de delitos que son fugitivos» y que llevan a la «cabeza de la serpiente de un grupo transnacional particularmente peligroso».
«Por eso, vamos a trabajar muy de cerca con nuestra nueva fiscal general y el Departamento de Justicia para que se alineen con nuestro objetivo en cuanto a quién estamos buscando», indicó Rubio en la publicación que compartió la embajada estadounidense.
Pérez, quien recordó que el tratado de extradición vencerá el próximo 28 de febrero, lamentó: «El gobierno no ha retirado la nota para denunciar el tratado de extradición, y haber amenazado de forma tan demagógica que podrían quitar la base militar de Estados Unidos también es un aspecto delicado».
El 1 de enero de 2025, en su primer discurso del año, la presidenta Xiomara Castro advirtió al gobierno de Estados Unidos que podría cerrar la base militar estadounidense localizada en Comayagua, en la que hay alrededor de 1,000 efectivos que, entre otras misiones, coordinan operativos antidrogas en Honduras y Centroamérica, si el gobierno de Donald Trump efectúa deportaciones masivas de hondureños.
«Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que, sin pagar un centavo por décadas, mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras», señaló Castro en una cadena nacional de televisión y radio.
Después de la orden ejecutiva de Donald Trump de suspender por 90 días la ayuda de Usaid, argumentando que «no está alineada con los intereses del gobierno de Estados Unidos», el administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, aseguró que «Usaid es una organización criminal que debe morir». Mientras la ayuda humanitaria está congelada, miles de programas en todo el mundo han cerrado, personas han sido despedidas y otras suspendidas.
El 3 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que su titular, Marco Rubio, había sido designado como administrador en funciones de Usaid, insistiendo que «una parte significativa de la financiación de Usaid no está alineada con los intereses nacionales básicos de Estados Unidos» y que se trabaja en presentar al Congreso estadounidense una propuesta de «posible reorganización de las actividades de asistencia exterior».
Sin embargo, para Leonardo Pineda, Honduras ahora corre el riesgo de que Estados Unidos no lo tenga entre sus prioridades en cuanto a cooperación internacional.
«A mí me preocupa bastante esa gira que hizo Marco Rubio por la región, en la que está excluyendo a Honduras, algo que nunca había ocurrido, como por ejemplo en la administración de Joe Biden, que vino la vicepresidenta Kamala Harris a la toma de posesión de Xiomara Castro. Si Honduras sigue manejando su política exterior con hostilidad hacia Estados Unidos, es posible que no entremos mucho en los planes de cooperación o, por lo menos, no con la misma intensidad que teníamos ahora», consideró Pineda, quien recordó que Honduras se ha abierto a Venezuela y China, justamente a los que se está oponiendo la nueva administración en Estados Unidos.
Para la realización de este trabajo periodístico, Contracorriente solicitó entrevista con tres funcionarios de Usaid en Honduras, pero informaron que no estaban autorizados para ofrecer declaraciones. También, debido a las restricciones de acceso a información pública en páginas como usaid.gov y foreignassistance.gov, se utilizó la herramienta Wayback Machine para recuperar datos de ayuda otorgada a Honduras entre 2001 y 2024.
