A diario la Policía Nacional presenta estadísticas sobre los resultados de la aplicación del estado de excepción, vigente desde el año 2022 en Honduras. Todos los días, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) presenta ante los medios de comunicación a personas capturadas, supuestamente la mayoría por cobro de extorsión o narcomenudeo. El promedio semanal de detención de la Dipampco es de 45 a 50 capturas, y según ese cuerpo policial, al menos la mayoría de las personas capturadas este 2025 ya tienen la medida de prisión preventiva, hacinados en un sistema penitenciario diseñado para 13,000 personas, pero ya alberga a alrededor de 20,000.
El estado de excepción se ha extendido 17 veces, y en la última ocasión solo por mandato presidencial, sin la aprobación del Congreso Nacional. Esta medida no ha sido popular entre los diputados, y se ha dicho que no ha generado avances significativos en la reducción de la incidencia de delitos como la extorsión y la asociación ilícita.
Pero no solo los diputados han señalado irregularidades con el estado de excepción. Por ejemplo, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT) sistematiza las capturas y sus datos contradicen la efectividad de los operativos. Esta organización señala que la Dipampco realiza capturas arbitrarias, con implantación de pruebas y amenazas. Según el CPTRT, las personas pasan ocho horas detenidas sin que sus familiares sepan su paradero hasta la presentación en un centro de detención, como la estación policial Core 7 en Los Dolores, o la posta del barrio El Manchén en Tegucigalpa
El CPTRT también ha identificado que hay patrones en las capturas de la Dipampco, por ejemplo, que vuelven a capturar a las personas que después de un proceso judicial recobran la libertad en el marco de los allanamientos avalados por el estado de excepción. Según denuncias que han recibido por parte de familiares de privados de libertad, este hostigamiento se debe a que los agentes de la Dipampco tienen acceso a los expedientes en el juzgado de ejecución, y así se dan cuenta de las personas que han salido con preliberación o ya cumplieron pena o cualquier proceso que los ha llevado a libertad.
Recomendamos: El uniforme del crimen en el estado de excepción de Honduras
Aunque Honduras ha reducido su tasa de homicidios a la más baja de su historia reciente, con 26.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, según datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la extorsión ha incrementado en los últimos años; solo el sector transporte reportó haber pagado 500 millones de lempiras en el 2024. Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) contabiliza 700 denuncias contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado desde que se instauró el estado de excepción en diciembre del 2022 a octubre del 2024, y 108 desapariciones forzadas en las que se identifica a agentes del Estado como perpetradores.
En medio de este contexto, el estado de excepción se ha prolongado incluso hasta ahora, cuando solo faltan 38 días para el primer proceso electoral del 2025.
