El Poder Judicial hondureño enfrenta una nueva polémica, al darse a conocer una denuncia que fue interpuesta en noviembre de 2024 ante el Ministerio Público contra los magistrados de la Corte Suprema, Mario Díaz y Nelson Mairena, acusados de recibir 3.5 millones de lempiras para beneficiar a una persona condenada por el desfalco al IHSS. Hace unos días el fiscal general Johel Zelaya confirmó una investigación contra dos altos jueces, sin revelar nombres. La denuncia incluye cohecho y lavado de activos, en un caso que podría derivar en antejuicio o juicio político.
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen
El Poder Judicial vuelve a estar en el centro de una controversia. Dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz y Nelson Mairena, asignados a la Sala de lo Penal, fueron denunciados el 12 de noviembre de 2024 por presuntamente haberse apropiado de 3.5 millones de lempiras (más de 137 mil dólares) para beneficiar con una resolución a una persona involucrada en el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La denuncia fue interpuesta ante el fiscal general, Johel Zelaya, por el exgerente administrativo del IHSS, José Ramón Bertetty, quien guarda prisión por delitos relacionados con corrupción.
La denuncia, que Bertetty solicitó mantener en secretividad absoluta por temor a correr riesgo, fue escrita de su puño y letra, y pide que se investiguen delitos de cohecho, prevaricato judicial, lavado de activos y extorsión. En el escrito entregado al MP, que se hizo público hasta ahora, afirma que existe evidencia en audio y video que demuestra que John Charles Bográn Velásquez, también condenado por el desfalco al IHSS, y su esposa, Marcela de Bográn, dijeron haber pagado 3.5 millones de lempiras a los magistrados Mario Díaz y Nelson Mairena. Según Bertetty, la intermediación fue gestionada por el secretario general de la Sala de lo Penal, Juan Ramón Cruz, y la apoderada legal de Bográn.
El lunes 13 de enero, antes de que se hiciera pública la denuncia de Bertetty, el fiscal general del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya, confirmó a los medios de comunicación estar al tanto de la existencia de una denuncia contra dos magistrados del alto tribunal. Aunque evitó mencionar nombres, aseguró que «investigará», y que no le «importará si se trata de altos funcionarios».
La denuncia presentada por Bertetty señala que Bográn Velásquez realizó el pago con el objetivo de que la Sala de lo Penal emitiera una resolución favorable en un recurso de casación que había sido presentado por su defensa legal en 2019. De igual modo, menciona que Bográn Velásquez tuvo privilegios al margen de la legalidad, como acceso a la parte resolutiva del fallo antes de que fuera emitido por los magistrados, así como a una copia de la resolución que sería notificada oficialmente.
De acuerdo con el escrito, para completar el pago exigido por los magistrados y el secretario de la Sala de lo Penal, Marcela de Bográn gestionó un préstamo hipotecario con el banco BAC Credomatic. Posteriormente, solicitó la emisión de un cheque de caja a nombre de un empleado de su esposo.
El exgerente administrativo también afirmó que existen grabaciones en las que Bográn Velásquez señala que los magistrados Mario Díaz y Nelson Mairena, junto al secretario general de la Sala de lo Penal, Juan Ramón Cruz, solicitaron el dinero. Además, menciona que, desde su celda, Bográn Velásquez declaró haber ordenado a su esposa y a un empleado «grabar la reunión sostenida con el abogado Juan Ramón Cruz, en la que se firmó el acuerdo».
El 8 de junio de 2022, la Sala de lo Penal había declarado «no ha lugar» otros recursos de casación presentados por la defensa de Bográn Velásquez, quien cumple una condena de ocho años por fraude y otra de 19 años por lavado de activos. Según pudo probar el MP entre 2015 y 2017, su empresa, Corporación JM, sobrevaloró pasajes aéreos vendidos al IHSS por más de 36.6 millones de lempiras entre enero y noviembre de 2023.
La denuncia que enfrentan estos dos altos jueces se produce solo dos meses después de que el exjuez coordinador del Juzgado de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, Marco Vallecillo, se declarara culpable del delito de extorsión tras intentar sobornar a un empresario con un monto similar, de tres millones de lempiras. Según el MP, Vallecillo y otras dos personas le exigían dicha cantidad al empresario —quien actuaba como testigo protegido de la fiscalía en otro caso— «para que no tuviera problemas y para que el Ministerio Público hiciera un cierre administrativo a su favor».
Fiscal general asegura conocer denuncia contra dos magistrados de la CSJ
El 13 de enero de 2025, tras haberse reunido en el Palacio de Justicia con la magistrada presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, el fiscal general Johel Zelaya confirmó a los medios de comunicación el inicio de una investigación contra los dos magistrados.
«Hemos recibido denuncias contra dos magistrados, pero no vamos a revelar sus nombres. Vamos a investigar, porque de eso se trata. A mí no me interesa si se trata de altos funcionarios o no», declaró el fiscal.
El 15 de enero de 2025, al conocerse la denuncia de Bertetty, el magistrado Mario Díaz manifestó estar al tanto de las acusaciones, pero afirmó que no había recibido ninguna notificación formal del MP.
«Mientras no se haga una petición formal por parte del Ministerio Público, prefiero mantenerme en silencio. Es responsabilidad de la fiscalía realizar las investigaciones. Yo estoy dispuesto a someterme a lo que corresponde como funcionario judicial, pero hasta ahora no he sido informado oficialmente», respondió Díaz al medio televisivo HCH.
Posibles escenarios en caso de que avance la investigación
Mario Díaz y Nelson Mairena fueron elegidos como magistrados de la CSJ el 16 de febrero de 2023, como parte de un acuerdo político entre los partidos Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal.
El abogado Raúl Suazo, experto en derecho penal, explicó a Contracorriente que, según el Código Procesal Penal y la Constitución de la República, los magistrados de la CSJ pueden enfrentar dos procesos en caso de indicios de haber cometido un ilícito.
«La primera figura es el antejuicio en la cual el Ministerio Público puede realizar diligencias previas a un proceso judicial. La otra es el juicio político, que no implica responsabilidad penal, pero puede culminar en la destitución del funcionario. Ambos procesos son aplicables para los magistrados de la Corte Suprema en circunstancias específicas», señaló Suazo.
El juicio político, contemplado en la Ley Especial de Juicio Político, establece que cuando un magistrado de la CSJ enfrenta una denuncia grave en el desempeño de su cargo, el Congreso Nacional (CN) puede iniciar el proceso y destituirlo con al menos 65 votos.
