Los contratos municipales que otorga el alcalde de El Progreso, en Yoro, Alexander López Orellana, despiertan sospechas de corrupción, irregularidades y opacidad. En un ejercicio de auditoría, Radio Progreso investigó los destinados a la reparación de calles en los últimos 7 de los 18 años que lleva en el cargo. Constatamos las prácticas irregulares que pueden ser indicio del mismo modus operandi en contratos de cuantías millonarias. La sombra de las prácticas corruptas persigue al único alcalde incluido en la lista Engel de Estados Unidos, que lo coloca entre las personas más corruptas y antidemocráticas de la región.
Esta nota fue producida por Radio Progreso y publicada en su versión original aquí
Foto de portada: Archivo CC
Si no fuera el único alcalde de todos los países del Triángulo Norte que ha entrado este año, 2023, en la Lista Engel, de personas corruptas y antidemocráticas, establecida por el gobierno de Estados Unidos, Alexander López Orellana podría ser solo el nombre de un gobernante local de una pequeña ciudad del norte de Honduras, donde lleva casi 20 años en el poder.
En esa lista figuran personas que han cometido actos de corrupción y han socavado la democracia en diferentes niveles y territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. A López Orellana se le vincula con contratos de obras públicas significativamente amañados para beneficiar a su círculo cercano.
En respuesta a los señalamientos del Departamento de Estado hacia el alcalde, Radio Progreso llevó a cabo una revisión del portal web del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), centrándose en los contratos que la alcaldía sube como evidencia de su supuesta transparencia en la gestión municipal.
En este examen, nos enfocamos especialmente en los contratos destinados al transporte de material balastre y a la reparación de calles. Sin embargo, también se identificaron cientos de contratos adicionales destinados al barrido de calles, compra de alimentos en el marco de la pandemia y al pago de publicidad que la alcaldía realiza mensualmente a medios de comunicación y periodistas. En la mayoría de estos contratos, se observan nombres de individuos y empresas cercanas a la administración del alcalde.
Todo ello sigue un patrón, que corroboramos al revisar la sección de Alcaldías en el Portal Único del IAIP. El alcalde divide y fragmenta los contratos, permitiendo que un mismo proveedor obtenga varios en la misma semana, todos destinados al mismo propósito: reparación de calles en barrios y colonias de zonas urbanas y rurales. Esta táctica le permite eludir los procesos de licitación establecidos por la Ley de Contratación del Estado.
De esta manera, tiene la libertad de asignar estos contratos a sus empleados, amigos o allegados, evitando todo el proceso en el que se requiere rendición de cuentas. A continuación, presentamos algunos ejemplos de estas prácticas.
Un Análisis de cientos de contratos fragmentados para evadir las auditorías
El patrón es el mismo: hasta 4 contratos casi idénticos en el mismo día a la misma empresa. Y nunca llegan al millón de lempiras cada uno.
En el transcurso de la revisión exhaustiva de cientos de contratos cargados en la plataforma, se pudo constatar que, exclusivamente, en el año 2021, se concedieron ocho contratos, en dos días del mes de diciembre, al señor Jesús Rigoberto Romero Zapata, de la Constructora Romero y Asociados S.A. Esta empresa fue creada apenas dos años antes de la firma de dichos contratos, el 28 de febrero de 2019. La documentación incluye un cuadro que detalla estos contratos y su asignación.
El 29 de diciembre de 2021, se otorgaron cuatro contratos a la Constructora Romero, sumados, alcanzan una cifra algo superior a 3.9 millones de lempiras, todos destinados a idéntico propósito: la compra y acarreo de material para la reparación de calles en la ciudad. Al día siguiente, el 30 de diciembre, se entregaron otros cuatro contratos a la misma empresa de Jesús Rigoberto Romero Zapata, también por otros 3.9 millones de lempiras. En dos días, al mismo proveedor y por el mismo servicio, se le asignaron casi 8 millones de lempiras (en concreto, 7,957,420), contraviniendo la ley que explícitamente prohíbe la subdivisión de contratos con el mismo fin.
En relación con este proceder, el artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado establece claramente la prohibición de subdividir contratos: “El objeto de la contratación o la ejecución de un proyecto no podrá ser fragmentado, de forma que, mediante la celebración de varios contratos, se eludan o se pretenda eludir los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley.” La ley también especifica que no se considera subdivisión cuando las etapas o secciones planificadas en la ejecución del proyecto están claramente diferenciadas y coordinadas, lo cual no se observa en estos contratos examinados por Radio Progreso.
Este patrón de subdivisión de contratos también se evidenció en el caso del proveedor Dagoberto Ferrufino Rivas. El 3 de agosto de 2020, se le asignaron tres contratos por montos de casi 1 millón de lempiras cada uno, mostrando la intención de no superar el millón para evitar el proceso de licitación. Los restantes cuatro contratos se entregaron en fechas posteriores, sumando en total más de 5.5 millones de lempiras. En este caso, también se empleó la subdivisión de contratos para eludir el proceso de licitación en las obras municipales.
Conexiones Políticas: Contratos Otorgados a Aliados
El señalamiento por parte de Estados Unidos al funcionario se centra en la asignación indebida de contratos municipales a sus aliados políticos y personas cercanas. Radio Progreso ha verificado la relación de cientos de estos contratos con reconocidos activistas liberales en el municipio de El Progreso.
En el año 2022, cuatro contratos fueron para Marvin Alfonso Reyes Santos, dirigente liberal, por un monto de más de 2.3 millones de lempiras. Se concedieron del siguiente modo: el 7 de abril, uno por 698,351.10; el 1 de septiembre, otro por 351,422.00; el 14 de septiembre, por 999,982.25, y el 7 de diciembre por 299,989 lempiras.
Manuel de Jesús Mencía Urrea, activista liberal en la zona sur del municipio, fue favorecido con 43 contratos que totalizan más de 3.6 millones de lempiras. En una situación similar se encuentra Humberto Enrique Espinal Galeas, familiar de la actual asistente de tesorería municipal, Oneida Martínez, quien recibió 40 contratos para el mismo propósito, con un costo de casi 3.2 millones de lempiras.
Yadira Lizzette Medina, hermana de la actual vicealcaldesa, Martha Medina, ha recibido más de 8 millones de lempiras para la entrega de alimentos en el marco de la pandemia. Por denuncias de sobreprecios en las bolsas solidarias el Ministerio Público abrió una línea de investigación. En este caso, se viola lo establecido por la normativa de contrataciones del Estado, ya que los impedimentos se extienden a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos hermanos) y los parientes hasta el segundo grado de afinidad (cuñados), dice el artículo 15 numeral 6 de la Ley de Contratación del Estado.
Omar Menjívar, abogado penalista y actual vicealcalde de la ciudad de San Pedro Sula, recuerda que la Ley de contratación del Estado es la que establece cuáles son los mecanismos y reglas que se deben seguir para firmar contratos con las distintas instituciones del Estado. Entre los diversos tipos existentes, la contratación directa se considera una excepción. “Hay cuatro o cinco tipos de contratación básicamente. Una es la licitación pública, otra la licitación privada, el concurso público y la contratación directa, ésta última debe ser una excepción. “Debemos de tener claro que la regla general es que toda institución pública, incluidas las alcaldías deben someterse a una especie de calificación del mejor oferente, los que garanticen las mejores condiciones en las obras o servicios”, explicó.
Agrega que en cada contrato siempre se deben revisar las condiciones técnicas, las garantías de cada uno de los oferentes y se hace una ponderación de todos esos elementos para finalmente tomar una decisión. “Pero lamentablemente la administración pública no hace esto porque en muchos de los casos todo está arreglando para beneficiar a sus allegados”, denuncia Menjívar.
Otro activista beneficiado fue Ramón Villatoro Álvarez, quien recibió más de 3 millones de lempiras por 19 contratos para el acarreo de material y otras obras.
Durante los últimos siete años de revisión, encontramos a 101 contratistas que trabajaron en obras financiadas por la alcaldía de El Progreso. En este listado también se incluye al exalcalde liberal Virgilio Padilla, con al menos 10 contratos que suman más de 8.5 millones, y 24 contratos a favor de René de Jesús Paz Díaz, por un monto de algo más de 1,9 millones. Él es esposo de la asistente del alcalde Alexander López.
Prácticas Continuas de Contratación: Material para Reparación de Calles
Durante la revisión de los contratos desde, 2015 hasta 2022, Radio Progreso ha constatado que anualmente se firman alrededor de 100 contratos para un mismo propósito: la compra y acarreo de material destinado a la reparación de calles. Estas obras, que resultan efímeras y difíciles de auditar, consisten principalmente en la dispersión de material balastre en calles de diversos barrios y colonias. Sorprendentemente, estos contratos no forman parte de un plan de inversiones o proyectos con una visión a largo plazo, a pesar de las dos décadas en las que el funcionario ha permanecido en el poder.
La mayoría de estos contratos se otorgan a individuos particulares en lugar de empresas constituidas y especializadas en construcción. Entre los 10 proveedores a los que se les ha concedido mayores montos económicos, solo dos proveedores son empresas especializadas y, en ese caso, apenas logran cumplir con el requisito de dos años de constitución antes de la firma del contrato, como es el caso de la Constructora Romero.
En su gran mayoría, los proveedores son individuos particulares a quienes se les concede la libertad de adquirir material por su cuenta o subcontratar a otras empresas especializadas en estos servicios. Este enfoque de contratación plantea interrogantes sobre la transparencia y el criterio utilizado en la asignación de estos contratos, dado que la preferencia recae en individuos en lugar de empresas establecidas en el sector de la construcción.
Simulación de transparencia: contratos y falta de rigor
La alcaldía de El Progreso, Yoro, fue reconocida por el hecho de enviar una gran cantidad de información al portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, la revisión llevada a cabo por Radio Progreso revela que esta información consiste en contratos y datos desordenados, incompletos e incluso superfluos, lo que no asegura un auténtico proceso de transparencia en la gestión de los fondos públicos. Un desorden para tapar el posible caos planeado.
Los contratos individuales que hemos analizado son por valores inferiores al millón de lempiras. Estos antecedentes llevan a sospechar si se ha seguido el mismo patrón en el caso de los contratos multimillonarios que ha otorgado la municipalidad para proyectos como el palacio de los deportes, la construcción del nuevo palacio municipal, el museo de los alcaldes, los parques públicos y el próximo contrato para el servicio de recolección de basura en la ciudad, donde los actuales regidores han denunciado irregularidades en el proceso.
Actualmente, López Orellana ocupa el cargo de Secretario Ejecutivo del Partido Liberal, uno de los más grandes y antiguos del país.
Su incursión en la política fue respaldada por Roberto Micheletti Bain, eterno diputado del departamento de Yoro y expresidente del Congreso Nacional en 2006, quien se convirtió en su mentor y padrino político. Este reconocido político y líder liberal avaló el golpe de Estado de 2009 y asumió la presidencia de facto. Micheletti ejerció el control en el departamento de Yoro durante décadas hasta que su pupilo lo sucedió.
Con cinco administraciones consecutivas y desligándose de su mentor, López Orellana es el líder más poderoso en el municipio, respaldado también por Yani Rosenthal, quien figura en la Lista Engel y fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero para Los Cachiros, uno de los cárteles de narcotráfico más influyentes en Honduras. Rosenthal es el actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y fue candidato presidencial en Honduras.
El mundo al revés. Un sospechoso reconocido
En Honduras, sin embargo, López Orellana ha sido reconocido, desde 2016, hasta en 7 ocasiones por el Instituto de Acceso a la Información Pública, junto a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), que han señalado su “transparencia en la gestión pública”.
Paradójicamente, en agosto de 2016, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) intervino varios departamentos de la alcaldía, después de que los residentes de los barrios Las Delicias y Cabañas acusaron a López Orellana de obligarlos a pagar por un pavimento que, en realidad, había sido donado. Incluso, el apoderado legal de los vecinos, el abogado Apolonio Ortiz, solicitó una investigación contra el alcalde por utilizar presuntamente testaferros en la compra de propiedades y terrenos, según informaron los medios que siguieron las denuncias en ese momento.
Tres años después, en julio de 2019, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate Contra la Corrupción Pública (FETCCOP) intervino la alcaldía para incautar documentos y verificar las denuncias de supuestos actos de corrupción que se investigaban desde 2016.
Posteriormente, en 2020, el Ministerio Público allanó la municipalidad debido a denuncias de irregularidades en la entrega de bolsas solidarias. En este caso, Alexander López fue acusado de sobrevalorar el precio de alimentos destinados a familias de escasos recursos, en el marco de la pandemia de Covid-19. Además, otorgó contratos para que la hermana de la vicealcaldesa y un exdiputado fueran los proveedores de alimentos.
Lo extraño es que ninguna de las investigaciones sobre los casos y denuncias mencionados avanza, según hemos podido constatar.
Radio Progreso se puso en contacto con el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, quien confirmó que Alexander López está siendo investigado en 10 casos de corrupción y abuso de autoridad desde el año 2016. No obstante, Mora señaló que no es posible proporcionar detalles específicos sobre el proceso investigativo en curso.
El equipo de Radio Progreso también ha intentado en repetidas ocasiones obtener la versión del alcalde Alexander López, pero no hemos tenido respuesta.
El otorgamiento de contratos municipales en El Progreso, Yoro, es un asunto de interés público que requiere transparencia, legalidad y el cumplimiento de las regulaciones establecidas para garantizar la correcta ejecución de proyectos y servicios en beneficio de la comunidad. Es algo que el alcalde Alexander López Orellana debe saber.
