Una investigación de Contracorriente reveló los efectos del narcotráfico en las comunidades de El Merendón, donde los aldeanos continúan viviendo con miedo a la figura del narcotraficante Geovanny Fuentes, aún luego de su arresto y condena en Estado Unidos. Fuentes se sirvió de las instituciones del Estado para realizar actividades ilícitas y su caso demostró el arraigo de las estructuras criminales dentro del Estado de Honduras. ¿Sigue vigente este «narcoestado»? Contracorriente realizó un Twitter Space para discutir al respecto.
Texto: Daniel Fonseca
Fotografía: Fernando Destephen y Jorge Cabrera
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en su documento de presentación de pruebas, alegó en mayo de 2023 que el expresidente Juan Orlando Hernández había operado Honduras como un «narcoestado», «adquiriendo poder político, a través de sobornos con dinero del narcotráfico y manteniendo ese poder al permitir el flujo libre de la droga en Honduras». No fue la primera vez que el término «narcoestado» fue mencionado.
Meses antes, durante el juicio de Geovanny Fuentes, encontrado culpable en marzo de 2021, la fiscalía también utilizó este término para referirse a Honduras. Según sus acusaciones, en el país tanto políticos como jueces, empresarios, policías y militares han servido a los intereses de cárteles de la droga que buscan exportar sustancias ilícitas a Estados Unidos.
Luego de 37 extradiciones de hondureños, entre los que se encuentran empresarios como Geovanny Fuentes, el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, el expresidente Hernández y su hermano, el exdiputado Antonio Hernández; las acusaciones de que el narcotráfico cooptó estructuras del Estado parecen estar fundadas.
Luego de la captura de Juan Orlando Hernández y el debilitamiento de diferentes operaciones de narcotraficantes extraditados, diversos sectores han asegurado que el «narcoestado» se debilitó o que ya no existe, mientras que otros consideran que las estructuras criminales que se sirvieron de las instituciones del estado para asegurar sus operaciones simplemente mutaron, pero siguen vigentes.
¿Qué ha pasado con el «narcoestado»? ¿se desarticuló? ¿sigue vigente? ¡Ven a nuestro #ViernesDeSpace para conversar sobre este tema!
— Contracorriente (@ContraC_HN) June 1, 2023
Nos acompañan @jcardonaerazo, ministro de @Sedesolhn y presidente del Consejo Directivo del @ip_hond y el analista @oscarlestrada. pic.twitter.com/Yr3EW9dwEk
Contracorriente realizó un Twitter Space el pasado 2 de junio para conversar sobre este tema con el periodista Óscar Estrada y con José Carlos Cardona, ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) quien además es presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad (IP).
¿Cómo viven las comunidades afectadas por el narcotráfico?
Una investigación de Contracorriente reveló cómo Geovanny Fuentes se sirvió de las instituciones estatales para asegurar sus operaciones ilegales en la sierra de El Merendón, ubicada en el departamento de Cortés, al norte de Honduras. Ahí operó un narcolaboratorio, instaló una mina sin permisos ambientales, promovió la deforestación con el fin de producir aserrín para su empresa de biomasa —un esquema habitual para el lavado de dinero— y terminó hipotecando de manera fraudulenta más de 1,300 hectáreas de tierras habitadas y cultivadas por comunidades.Todo esto con el respaldo de un alcalde, la Policía Nacional, una empresa transnacional y un banco hondureño.
Luego de este fraude sobre las propiedades, los habitantes del sector que fueron afectados viven bajo la amenaza de desalojo sin que ninguna institución se haga responsable.
Jennifer Ávila, directora editorial de Contracorriente, expresó que el caso de Geovanny Fuentes habla, más allá de sus delitos y de las acusaciones de la Fiscalía del distrito sur de Nueva York, de instituciones hondureñas totalmente coludidas con el crimen. Además de las empresas que le brindaron respaldo en delitos por narcotráfico, crímenes ambientales y fraudes en titulación de tierra. “Todos estos eventos que sucedieron hace años tienen, todavía hoy, efectos en comunidades de Choloma y tienen impactos en las instituciones del Estado”, dijo Ávila.
El ministro Cardona manifestó que la penetración de las estructuras del narcotráfico en el estado hondureño le dieron al país el calificativo de «narcoestado» . “Son estructuras profundas que se encuentran enquistadas en los poderes… o se encontraban enquistadas en los poderes del estado”dijo, y añadió que “el Estado se había convertido en una oficina para los narcotraficantes y sus intereses”.
Esta penetración se vio reflejada, según explicó Cardona, en el funcionamiento del Instituto de la Propiedad (IP), al igual que en el resto de la institucionalidad pública. “Todos sabemos lo que pasó con el expresidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, Ebal Jair Díaz Lupian, todos sabemos la participación que este señor tuvo como operador político y administrativo del Estado para los intereses oscuros de quienes saquearon este país” subrayó, en referencia al exdesignado presidencial Ebal Díaz, una figura importante durante la administración del expresidente Hernández y quien actualmente se encuentra exiliado en Nicaragua.
Cardona aseguró que la actual administración realiza acciones para desarticular el narcoestado pero que no han tenido suficientes avances debido a que «el poder judicial y específicamente el Ministerio Público están cooptados por la administración del gobierno anterior y del Partido Nacional».
¿Se puede desarticular el narcoestado?
Según Óscar Estrada, periodista y escritor del libro «Tierra de Narcos», la administración de la presidenta Xiomara Castro está realizando medidas para depurar las estructuras del narco dentro de las instituciones públicas.
«Son estructuras que están tan enquistadas y es un poder económico al que es tan difícil resistirse que a menos que haya una institucionalidad que esté constantemente persiguiendo, constantemente investigando y depurando, rápidamente terminan siendo cooptadas por los poderes del narcotráfico», expresó Estrada.
Como una de las dificultades para combatir el narcoestado, Estrada mencionó la falta de presencia estatal en zonas rurales o alejadas de los centros económicos y sociales del país. Por ejemplo, el caso de departamentos como Yoro, Colón, Olancho y Gracias a Dios, específicamente en el área de la Mosquitia, zonas donde históricamente se han asentado y controlado cárteles de la droga.
«Viaja uno a la Mosquitia y con suerte encuentra un destacamento de pocos militares, una escuela funcionando y un centro de salud, y hasta ahí llegó el Estado», dijo Estrada.
Ahí, apunta Estrada, los grupos criminales sustituyen las funciones tradicionalmente atribuidas o reguladas por las instituciones estatales, como la regulación de la propiedad, la defensa y seguridad y la economía.
«En esas zonas ya no se habla del monopolio de la fuerza que en teorías clásicas del estado lo maneja el estado, sino que hablamos de un oligopolio de la fuerza porque ya el estado tiene igual o menor capacidad militar y bélica que las que tienen las estructuras del narcotráfico», añadió Estrada.
Además de estar presente en las instituciones del Estado, los analistas mencionaron la relación entre el sector ganadero y los grupos criminales.
«Si hacemos un mapeo satelital de la evolución de la frontera agrícola en el oriente de Olancho, cuando uno va observando los años en que se van profundizando las estructuras de todos estos narcotraficantes en el estado se va aumentado la frontera agrícola en Olancho, se va aumentando la destrucción de los bosques y se va acrecentando el conflicto en zonas como la Moskitia», mencionó el ministro Cardona.
Estrada mencionó, además, que algunos expertos consideran que una señal de alerta sobre el crecimiento o presencia del narcotráfico en una zona son los equipos de fútbol. «Si recordamos el momento de apogeo de Los Cachiros, el equipo que llegó a primera división fue el de Tocoa», mencionó haciendo alusión al Olancho FC, equipo del departamento del centro-oriente del país donde ha existido mucha presencia del narcotráfico y que en mayo de 2023 llegó a la final de la Liga Nacional por primera vez en su historia.
Durante el Twitter Space de Contracorriente, Jennifer Ávila comentó que el narcoestado comenzó a reestructurarse tras el juicio de Antonio «Tony» Hernández, en el cual se expuso de forma más clara cómo la institucionalidad estaba al servicio del narco.
El historiador y PhD. en Ciencias Políticas, Otto Argueta se unió a la conversación comentando que «el narcoestado como tal, con todas esas categorías, con las dinámicas del narcotráfico sabemos ya muy bien que no son blanco y negro. Es decir, “gobierno bueno; narcos malos”, sino que al contrario, es una simbiosis en la que se necesitan unos y otros, entonces, hasta ¿qué punto podemos decir que el narcotráfico persiste?».
Por su parte, el ministro José Carlos Cardona concluyó que «toda esta economía del narco aparentemente sufrió un tambaleo tras la ida de Juan Orlando Hernández y de toda esta gente que se ha ido extraditados, pero sigue estando ahí. Es como una plaga, como un enjambre y no hay una nueva abeja reina».
¿Aún existe el narcoestado?
Semanas después de este Space, en Honduras ocurrieron varios eventos que revivieron la discusión sobre la presencia del crimen organizado dentro de las estructuras del estado y los organismos de seguridad.
El 20 de junio un enfrentamiento entre miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18 dentro de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) dejó como resultado 46 mujeres privadas de libertad muertas. Esta reyerta, una de las más letales en la historia de los centros penales hondureños, sucedió en el contexto de un estado de excepción que se ha prolongado desde diciembre de 2022 y de una intervención del poder ejecutivo en el Sistema Penitenciario Nacional.
Como respuesta, la presidenta Xiomara Castro ordenó la re militarización de los centros penales, retrocediendo en las medidas que su gobierno había asumido en abril de 2022 al entregar el control de las cárceles a la Policía Nacional. La Policía Militar del Orden Público (PMOP) asumió la gestión de centros penitenciarios produciendo escenas similares a las vistas en el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, el cuál ha sido acusado por torturas contra privados de libertad, según organismos defensores de derechos humanos.
La operación de aseguramiento y extracción del Módulo de la MS-13 en el Centro Penintenciario Morecelí, La Tolva, está en marcha. ¡No más cárceles como escuelas del crimen! @FFAAHN @PoliciaHonduras @hegusave pic.twitter.com/SmyU2QJPa4
— José Manuel Zelaya Rosales (@JoseMZelayaR) June 27, 2023
También se separó del cargo de ministro de Seguridad a Ramón Sabillón, a pesar de que este no era quien lideraba la comisión interventora y tuvo un papel relevante en las extradiciones a acusados por narcotráfico en este gobierno. Además, el coronel Elías Melgar, quien aparece nombrado en los Juicios de Nueva York, renunció a su cargo como subsecretario de defensa.
A esto se suma una ola de violencia en varias partes del país. El viernes 23 de junio fue asesinada Ericka Julissa Bandy, esposa del narcotraficante Magdaleno Meza Fúnez, quien fue asesinado en octubre de 2019 a balazos en la cárcel de máxima seguridad «El Pozo». Magdaleno Meza fue un asociado a Antonio Hernández, narcotraficante, exdiputado y hermano de Juan Orlando Hernández.
El día siguiente, el sábado 24 una masacre en Choloma, Cortés, dejó 13 personas muertas, ocho de las cuáles eran parte del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Gildan San Miguel (Sitragsam).
El exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, quien recientemente renunció a su cargo, denunció en el panel 30/30 que la ola de violencia que atraviesa el país es responsabilidad de la Policía Nacional y expresó la necesidad de depurar las instituciones de seguridad y justicia. «Ahí están los responsables, en la Policía, ahí hay que buscarlos y hay que castigarlos. Los responsables ya no están en las calles, están ahí en la Policía».
El lunes 26 de junio, previó a la ejecución del operativo «Fe y Esperanza» y ante la presencia de decenas de agentes de la PMOP, el coronel Fernando Múñoz realizó una oración cristiana en la que pidió ayuda a Dios para que las Fuerzas Armadas «no se corrompieran». «Ayúdanos a no tocar dinero maldito de organizaciones criminales, que con la sangre de nuestro pueblo compran autoridades y las hacen hacer las cosas a su favor», expresó el comandante de la PMOP.
