A través de un comunicado la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) condenó una campaña de estigmatización dirigida contra nueve periodistas hondureños, cuyas fotografías fueron colocadas en pancartas que los tildaron de «sicarios de la verdad» y que se instalaron en distintos puntos de Tegucigalpa el 31 de julio. En su comunicado la RCP señaló que estas pancartas fueron colgadas «tras la publicación de varias notas acerca de la participación de las Fuerzas Armadas en las elecciones del 9 de marzo» y también exigió al Estado investigar este hecho y garantizar el ejercicio del periodismo sin amenazas ni hostigamientos.
Texto: Abigail Gonzales, con reportes de Luis Escalante
Fotografía: Fernando Destephen
La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) emitió un comunicado el 5 de agosto de 2025 en el que denunció una «campaña de estigmatización y amenazas» dirigida contra nueve periodistas hondureños, cuyas fotografías aparecieron en mantas colocadas en distintos puntos de Tegucigalpa durante la madrugada del 31 de julio junto a la frase: «Sicarios de la verdad, armas de desinformación masiva, no quieren que se realicen elecciones». En la parte inferior de las pancartas, los responsables se identificaron como «Movimiento Popular Hondureño».
Estas pancartas generaron reacciones por parte de organizaciones regionales que defienden la libertad de prensa y el ejercicio periodístico en contextos democráticos.
En las pancartas aparecían fotografías de Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras; Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces; Marlen Perdomo, directora de Proceso Digital; Thelma Mejía, integrante de la Red Centroamericana de Periodistas; y Renato Álvarez, director de TN5 Estelar. También fueron señalados Blanca Moreno, Rodrigo Wong Arévalo, Héctor Ordóñez y Eduardo Maldonado.
Además de las imágenes de los comunicadores, y los logotipos de los diez medios de comunicación en los que laboran, las mantas incluían fotografías de tarjetas de crédito. Según la RCP, estos elementos fueron utilizados con la intención de insinuar que dichos medios reciben financiamiento para influenciar de forma interesada la opinión pública.
En el comunicado, la RCP también apuntó que «estas intimidaciones surgen tras la publicación de varias notas acerca de la participación de las Fuerzas Armadas de ese país en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo».
Ataques en las publicaciones del periódico de las Fuerzas Armadas
Un antecedente similar ocurrió cuando el 26 de mayo de 2025 en la portada de periódico de las Fuerzas Armadas apareció el titular «Sicarios de la verdad» acompañado por las fotografías de tres periodistas, que también figuraron en las pancartas que se vieron en la capital.
Las Fuerzas Armadas publican semanalmente un periódico digital desde el 20 de febrero de 2023, y desde el 24 de junio de 2024, la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) imprime entre 250 y 300 ejemplares. Según la institución armada, el periódico tiene como objetivo difundir noticias relacionadas con la labor militar, pero también se utiliza para atacar o responder a publicaciones de medios de comunicación que cuestionan sus acciones y las de su alto mando.
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La periodista y miembro de la junta directiva de la RCP, Thelma Mejía, calificó las pancartas como parte de una campaña de descalificación contra medios y periodistas críticos del Gobierno.
Mejía advirtió que el mensaje de las mantas trasciende a los periodistas mencionados directamente, ya que busca enviar una advertencia de manera implícita a todo el gremio, señalando que el objetivo de este tipo de acciones es dividir a la prensa e incentivar la autocensura.
En una entrevista para Contracorriente, el abogado y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, coincidió con la integrante de la RCP, y señaló que la autocensura ha sido una constante en el ejercicio periodístico en Honduras, y quemha sido motivada por razones de seguridad e incluso de sobrevivencia. Destacó que este fenómeno no es reciente y ha afectado tanto a periodistas como a comunicadores sociales como resultado de un entorno marcado por la violencia e impunidad prolongada.
Asimismo, expresó que los asesinatos de periodistas se registran desde 2001 y que esta problemática ya presentaba retos antes del golpe de Estado. «Ha habido momentos en que muchas personas hemos tenido que censurarnos por una cuestión de seguridad», afirmó Joaquín Mejía.
Por su parte Thelma Mejía, enfatizó que el uso de imágenes como granadas y términos como «sicarios de la información», difundidos previamente por el medio Fuerzas Armadas Digital, refuerza una narrativa estigmatizante, que además se publica en un «periódico que se financia con fondos públicos».
Añadió que la publicación de los rostros de periodistas que no suelen tener presencia pública, como en su caso, evidencia una posible labor de inteligencia estatal: «yo no soy de pantallas ni soy mediática, mi trabajo es coordinar un noticiero y expresar mis criterios en las columnas en las que escribo».
Por el caso de estas pancartas, realizó una «denuncia al Comisionado Nacional de Derechos Humanos», y destacó que esta no es la primera denuncia que interpone pues «ya había puesto una denuncia por los ataques digitales de que he sido objeto por medio de estas tropas digitales ligadas al oficialismo».
También manifestó que no acudió al Sistema Nacional de Protección (SNP) debido a la desconfianza institucional. «La Secretaría de Derechos Humanos parece que ya fijó su posición de qué derechos humanos son los que piensa defender», y es que de acuerdo a ella, se ha perdido el principio de imparcialidad que debería regir el trabajo de protección a la prensa, independientemente de posturas editoriales o afinidades políticas.
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En ese sentido el abogado Joaquín Mejía, señaló que el SNP carece de recursos y coincidió con la periodista al señalar el debilitamiento institucional y que el Sistema dependa de la Secretaría de Derechos Humanos limita su independencia.
Asegura que el Ministerio Público (MP) debe llevar a cabo una investigación que permita identificar a los responsables de estos ataques a la prensa y periodistas. «Es la única manera de poder revertir esa situación», explicó, y también apuntó que la impunidad contribuye a la continuidad de este tipo de acciones.
«Si nunca se investiga, obviamente esa fuente va a estar permanentemente ahí y va a aparecer cada vez que sienta que sus intereses están siendo trastocados», dijo el abogado.
Por otra parte, advirtió que no debe asumirse que las Fuerzas Armadas son actores pasivos dentro del escenario político y comunicacional. Sostuvo que se trata de un poder autónomo con intereses propios, y recordó que a lo largo de distintas décadas esta institución ha empleado discursos de estigmatización contra diversos sectores sociales, incluyendo ambientalistas y actores políticos opositores. «Lo vimos en los años 80, lo vimos en los 90, lo vimos a partir del golpe de Estado», afirmó.
Según Joaquín Mejía, la narrativa que presenta a las Fuerzas Armadas únicamente como víctimas del poder político no se ajusta a la realidad histórica, ya que han tenido un rol activo en la construcción de mensajes que desacreditan y generan riesgos para quienes son objeto de estos señalamientos.
