Texto: Persy Cabrera con información de Agencia EFE
Fotografía: Agencia EFE
Fiscales de Estados Unidos acusaron al fundador de la empresa tecnológica electoral Smartmatic, el venezolano-estadounidense Roger Piñate, de sobornar en 2019 a la entonces jefa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena Ramírez, a cambio de gestiones con el Gobierno.
Las autoridades federales presentaron evidencia sobre una supuesta casa que Piñate, quien afronta un juicio por lavado de dinero y sobornos, transfirió a Lucena Ramírez en Caracas entre abril y julio de 2019, según documentos judiciales de la Corte del Distrito Sur de Florida disponibles este martes.
El acusado entregó la residencia, «una casa de clase media alta con una piscina que Piñate poseía y controlaba mediante una corporación extranjera», para que la entonces funcionaria ayudase a dirimir un conflicto con el Gobierno tras el conteo electoral de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, describe la acusación.
«A cambio de la ayuda de Lucena Ramírez con el estatus de la compañía como proveedor de servicios electorales en Venezuela, el acusado Piñate sobornó a Lucena Ramírez con las escrituras y el uso de una residencia en Caracas», señala el documento, que incluye tres imágenes de la casa.
En Honduras, en 2021, Smartmatic fue la empresa que se encargó del sistema biométrico para las elecciones generales, y en noviembre de 2024 fue la empresa ganadora de la licitación para la implementación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para las elecciones internas del 9 de marzo de 2025.
En 2021, el contrato para la instalación, soporte técnico y capacitación del equipo biométrico fue adjudicado a la empresa por 220,946,590 lempiras —unos 9 millones de dólares—, lo que representó cerca del 11 % del presupuesto total de más de 2,061 millones de lempiras asignado a las elecciones primarias e internas.
Durante la reciente crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE), de cara a las elecciones generales de noviembre de 2025, la ausencia de consejeros, las denuncias de obstrucción y la solicitud de renuncia de la consejera Ana Paola Hall profundizaron la incertidumbre institucional. En medio de esta situación, el 7 de julio, colectivos afines al Partido Libertad y Refundación (Libre) impidieron el ingreso de empresas convocadas para presentar sus ofertas en el proceso de adjudicación del TREP, considerado clave para garantizar la transparencia de los comicios.
Aún así, el 14 de julio en presencia de las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López recibieron una única oferta para la licitación del sistema biométrico que se usará en las elecciones generales de noviembre: Smartmatic.
Smartmatic y el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro se enfrentaron tras las elecciones legislativas de 2017, cuando la firma reportó una diferencia de un millón de votos entre las cifras de la participación real y la que proclamó el chavismo, lo que derivó en la salida de la compañía del país en marzo de 2018.
La Administración de Maduro suspendió los pagos y los contratos de Smartmatic, que había prestado servicios de máquinas de votación y otros relacionados de 2004 a 2018, por lo que buscó la ayuda de Lucena Ramírez, presidenta del CNE de 2006 hasta 2020.
«Al final, Lucena Ramírez tomó control de la residencia, y el Gobierno (de Estados Unidos) intenta probar y argumentar que esto implicó un pago de soborno para su ayuda en negocios relacionados con la elección mientras ella estaba empleada en el CNE», indica el documento judicial estadounidense.
Las pruebas se presentan como parte de un caso más amplio contra el fundador de Smartmatic, empresa con sede en Londres que ha prestado servicios a entes electorales de países como Venezuela, México y Estados Unidos.
El caso central indica que Piñate y sus presuntos cómplices, el estadounidense Jorge Miguel Vásquez, el estadounidense-israelí Elie Moreno y el filipino Juan Andrés Donato están acusados de haber participado en un supuesto plan de sobornos para obtener contratos para las elecciones filipinas de 2016.
En Estados Unidos, Smartmatic ganó notoriedad por demandar por 2.700 millones de dólares a la cadena Fox por difamación, por falsas informaciones en las que se vinculaba a la empresa con el supuesto fraude electoral de 2020, denunciado sin pruebas por el presidente Donald Trump.
