La Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica de Honduras, reconocidas como las instituciones con mayor credibilidad del país, según una encuesta realizada por el ERIC-SJ, han convocado a una caminata de oración para el 16 de agosto. El llamado surge en medio de una creciente desconfianza ciudadana hacia el proceso electoral de 2025, marcado por conflictos políticos, tensiones en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y un ambiente de incertidumbre institucional.
Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen
El pasado viernes, la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica hicieron un llamado conjunto a participar en una caminata nacional por la paz y la democracia, programada para el próximo 16 de agosto, en un contexto marcado por la crisis electoral que enfrenta el país. Tras la renuncia condicionada de la consejera Ana Paola Hall, la falta de consensos en el Congreso Nacional (CN), la polarización política y la incertidumbre institucional.
La caminata tiene como objetivo reunir a la ciudadanía en una jornada de oración orientada a promover la democracia, la estabilidad institucional y el respeto al proceso electoral.
Las iglesias señalaron que la iniciativa no responde a intereses particulares, sino que se sustenta en convicciones derivadas de su fe y en la intención de contribuir al fortalecimiento de los valores democráticos en el país. Además, subrayan que la voluntad popular, expresada en las urnas, debe ser respetada en las elecciones generales del 30 de noviembre y en todos los procesos electorales.
Asimismo, han solicitado de forma expresa que no participen personas que ostentan cargos públicos y han pedido que no se porten banderas ni camisetas de partidos políticos. El objetivo, según han declarado, es mantener el carácter espiritual, ciudadano y apartidista del evento.
Según una encuesta realizada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), la Iglesia Católica y la Evangélica son percibidas por la ciudadanía como las instituciones con mayor credibilidad en Honduras. Mientras tanto, los tres poderes del Estado —el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial— se encuentran entre las entidades que generan menor confianza entre la población.
En entrevista para Contracorriente, Gustavo Cardoza, miembro del ERIC-SJ, afirmó que «nueve de cada diez hondureños no confían ni ven con credibilidad al poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo». Asimismo, señaló que esto representa una crisis, ya que se trata de las instancias responsables de garantizar la democracia del país.
No obstante, Cardoza señaló que, pese a que «la gente cree en las iglesias, ellas no son las llamadas a resolver los problemas del país», recalcó.
Asimismo, enfatizó que Honduras es un Estado laico y que debe mantenerse la separación entre religión y gobierno; sin embargo, señaló que la falta de confianza en las instituciones estatales ha abierto un espacio que ha sido simbólicamente ocupado por actores con legitimidad moral.
La credibilidad de estas instituciones ha llevado a que diversos sectores sociales, e incluso actores políticos, interpreten la convocatoria de las iglesias no solo como una jornada de oración, sino también como una manifestación simbólica frente al vacío de legitimidad institucional.
No obstante, Cardoza señaló que, pese a las diferencias teológicas entre católicos y evangélicos, la decisión de marchar juntos lanza un mensaje poderoso a la clase política: «Las diferencias no deberían ser excusas para seguir atizando el fuego».
Por su parte, Leonardo Pineda, analista político, en una entrevista para Contracorriente consideró que la convocatoria de las iglesias es oportuna y necesaria, en un contexto donde las instituciones estatales no han logrado ejercer control ni responder a las demandas ciudadanas.
«Los poderes políticos deben tener el contrapeso de la sociedad civil para que no se desboquen» afirmó. A su juicio, el debilitamiento de las instituciones es evidente: «Tenemos un Ministerio Público (MP) débil, una Corte Suprema de Justicia (CSJ) frágil, el deterioro progresivo del proceso electoral, reflejado en conflictos internos dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), retrasos en la planificación de los comicios y una creciente desconfianza en la transparencia del proceso», expresó.
Pineda, destacó que estas expresiones públicas de inconformidad envían un mensaje claro a la clase política: «Sí queremos elecciones, y las queremos transparentes, y las queremos legítimas. Nada de intromisión, nada de fraudes. Que gane el que tenga que ganar pero que gane el que realmente el pueblo ha escogido en las urnas».
Además, alertó sobre el riesgo de un aumento en la violencia política, un fenómeno que, según él, ya ha mostrado señales preocupantes. Recordó incidentes como la toma del CNE, del CN y enfrentamientos físicos ocurridos durante protestas.
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Tensiones por posible participación de miembros de Libre en la marcha
Pese a que la iglesia hizo el llamado a que candidatos a cargos públicos no asistan a la marcha, varios funcionarios del gobierno han confirmado su intención de asistir. Entre ellos, el director de Aduanas, Fausto Cálix; el vicecanciller Gerardo Torres; y el comisionado presidencial Miguel Briceño. Este último publicó en su cuenta de X que asistirá con camisetas y banderas del Partido Libre. «Ahí nos vemos, con nuestras camisetas y banderas de Libre», afirmó, desatando reacciones de distintos sectores que cuestionan el respeto al carácter de la convocatoria.
Leonardo Pineda, consideró que la participación de figuras públicas, en este caso de la oposición, contradice el sentido del llamado. A su juicio, el anuncio de que asistirán con distintivos partidarios contradice el espíritu de neutralidad expresado por las iglesias.
Desde su perspectiva, el Partido Libertad y Refundación (Libre) interpreta esta convocatoria como una amenaza a su capacidad de movilización social. «Libre, para mí, el gran temor que tiene es perder su único bastión, que es la calle. Solo ellos han podido movilizar cantidades considerables de personas en manifestaciones sociales», expresó.
En ese sentido, advirtió que la participación de actores sociales con alta convocatoria —como las iglesias— representa un nuevo escenario de presión ciudadana que incomoda al oficialismo.
También señaló que al partido oficialista «no le gusta que otro actor social movilice a la ciudadanía y haga visible el descontento social. Por eso tratan de desmovilizar, para que lo de la iglesia, según ellos, se desanime. Pero no, la iglesia no se va a desanimar», expresó.
Mientras que la diputada María Antonieta Mejía, del Partido Nacional (PN) en una entrevista para Contracorriente, expresó que tomó la decisión de respaldar a las iglesias al solicitar la no participación de políticos en cargos públicos. «Acatamos el llamado de no presentación de los políticos que van a cargo de elección popular, para no ponerle tinte político», explicó, e invitó a la población a sumarse masivamente a la movilización como un «golpe de autoridad a los que hoy nos gobiernan».
Asimismo, lamentó la decisión de algunos candidatos del Partido Libre asistan a la marcha. «Lamentamos este tipo de pronunciamientos por parte del oficialismo, cuando ellos deberían dar el ejemplo del respeto a las manifestaciones libres y transparentes», expresó.
Además, expresó que los partidos opositores han accedido al diálogo político durante la crisis electoral sin embargo señaló que el gobierno de Libre, ha sido «sordo, ciego e indiferente» ante las demandas sociales y que responde con imposición y coacción.
Indicó que, a diferencia de otros partidos, Libre ha rechazado participar en un diálogo político orientado a buscar solución frente a la actual crisis institucional y electoral. «Quien no tiene capacidad de diálogo se llama Libertad y Refundación», afirmó, y apuntó que esta situación se debe al control que ejerce el coordinador Manuel Zelaya Rosales, sobre el partido y el Gobierno.
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Asimismo, la diputada criticó que el gobierno actual haya privilegiado a «corruptos de cuello blanco» y anteponga intereses familiares a los del país. Además, alertó que el silencio y la falta de protesta son «el peor enemigo de un pueblo para poder instalar dictaduras», y rechazó que Honduras copie modelos autoritarios como Venezuela, Nicaragua o Cuba.
Mejía, también hizo un llamado a que las Fuerzas Armadas asuman un rol responsable y no se dejen coaccionar por intereses políticos, especialmente ante recientes preocupaciones por el accionar del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.
Finalmente, Mejía exhortó a la población a salir a votar masivamente el 30 de noviembre y a no dejarse intimidar por las amenazas y el miedo promovidos por sectores políticos. Citando la Biblia, recordó que «quien está con Dios nada le es imposible» y deseó que las oraciones de la marcha puedan «edificar los corazones» de los gobernantes para lograr un mejor futuro para Honduras.
El protagonismo de las iglesias en el Estado
Durante el golpe de Estado de 2009, algunos líderes religiosos en Honduras expresaron su respaldo a la salida del entonces presidente Manuel Zelaya. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, en ese momento presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, emitió un mensaje en cadena nacional donde le recomendaba al expresidente no regresar al país, advirtiendo que una acción precipitada podría generar un baño de sangre. Paralelamente, el pastor evangélico Evelio Reyes, integrante de la Confraternidad Evangélica, mostró conformidad con el derrocamiento de Zelaya y mantuvo su oposición a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
Días después del golpe, la Conferencia Episcopal leyó un comunicado ante los medios, mientras que desde el ámbito evangélico se promovieron movilizaciones en rechazo a la «Cuarta Urna». Ambos sectores religiosos manifestaron públicamente sus posiciones en torno a los acontecimientos políticos, coincidiendo con sectores que defendían la salida de Zelaya. En ese mismo contexto se formó el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que rechazó el golpe y exigió el retorno del mandatario.
Durante los gobiernos de Porfirio Lobo (2010–2014) y Juan Orlando Hernández (2014–2022), se mantuvieron visibles algunos liderazgos religiosos en actividades gubernamentales y comisiones estatales. Evelio Reyes, quien en 2009 se oponía a la reelección presidencial, declaró años después que ese tema debía revisarse y reglamentarse, señalando que todos tenían derecho a proponerse.
La participación de líderes religiosos en actos de gobierno se mantuvo, y se documentaron casos como el del pastor Oswaldo Canales, quien integró comisiones gubernamentales y recibió pagos por asesorías en proyectos como PROADES.
Durante ese mismo período, no se registraron pronunciamientos públicos del cardenal Rodríguez sobre hechos como la reelección del expresidente Hernández o los actos de represión posteriores a las elecciones de 2017. El silencio de la Iglesia Católica fue motivo de discusión en distintos espacios, y algunos sectores cuestionaron la ausencia de posicionamientos frente a hechos relevantes de la vida política nacional. En su despedida como arzobispo de Tegucigalpa, Rodríguez pidió perdón «si por sus límites» no respondió a lo que se esperaba de él como obispo.
Cardoza considera que las iglesias mantuvieron una actitud de cercanía o de omisión ante los abusos del poder. «Durante el golpe de Estado las iglesias no se pusieron del lado de las víctimas, no acompañaron a las víctimas. Se pusieron del lado de los victimarios», afirmó. A su criterio, no puede desvincularse el papel religioso del compromiso con la justicia social.
Cardoza, también señaló una relación distinta entre las iglesias y los gobiernos conservadores del pasado. «Durante la administración de Juan Orlando Hernández y durante el golpe de Estado hubo una gran cercanía de las iglesias, tanto la católica como la evangélica, con esos gobiernos y lo que hubo fue una complicidad, ya sea por acción o por omisión».
No obstante, en relación con el gobierno de Xiomara Castro, indicó que. «En este momento no hay esa misma cercanía de las iglesias con el poder político. Eso es un cambio. Porque la actual presidenta representa una visión más liberal o menos conservadora en cuanto a la espiritualidad y a las formas de ver el Estado».
En ese sentido, Cardoza destaca como hecho inusual la convocatoria conjunta de ambas iglesias a una caminata por la democracia. «Yo creo que la caminata representa un gesto inédito. Nunca se habían unido las dos iglesias en un tema político tan delicado como este».
Aunque aclara que este acto no borra lo ocurrido en el pasado, considera que puede abrir nuevas posibilidades para el papel de las iglesias en la sociedad hondureña: «No se trata de lavarse la cara. Se trata de asumir una postura crítica frente al poder. El cristianismo tiene que ser contestatario frente a la injusticia, venga de donde venga».
