Más de 35,000 hogares hondureños serían afectados directamente tras el fin del TPS en EE. UU., según informe

Mientras el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. justifica la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Honduras y Nicaragua señalando mejoras estructurales en ambos países; el informe del laboratorio independiente de investigación estratégica «Nodo» advierte que la medida tendrá efectos negativos graves. Este estudio señala que más de 35,000 hogares hondureños dependen directamente de las remesas enviadas por personas beneficiarias por el TPS. 

Texto: Abigail Gonzales con información de EFE

Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC

La administración del presidente Donald Trump eliminará el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) una medida que afectará a aproximadamente 76.000 ciudadanos hondureños y nicaragüenses que actualmente se benefician de esta protección migratoria.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la decisión afirmando que ambos países «ya no continúan cumpliendo los criterios para la designación del TPS». La medida entrará en vigor 60 días después de su publicación oficial en el Registro Federal. Sin embargo, la designación del TPS para los hondureños expiró el 5 de julio de 2025, es decir, que a partir de esa fecha ya no se puede renovar ni solicitar este estatus.

De acuerdo con estimaciones del Gobierno de Estados Unidos, cerca de 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses se verán afectados. El TPS fue otorgado en 1999, tras el paso del huracán Mitch en octubre de 1998, que dejó más de 11,300 personas fallecidas en Centroamérica, incluyendo cerca de 7,000 en Honduras y casi 4,000 en Nicaragua.

El DHS señaló que desde entonces se han producido «mejoras notables» en ambos países, lo que permitiría «el adecuado retorno de sus ciudadanos». En el caso de Nicaragua, el documento menciona avances en sectores como el turismo, la agricultura y la energía renovable. Para Honduras, se citan nuevos proyectos de infraestructura con potencial para generar empleo.

Esta decisión se produce semanas después de que la misma administración anunciara el fin del TPS para aproximadamente 521,000 ciudadanos haitianos, medida que fue suspendida por una orden judicial. En mayo, la Corte Suprema también autorizó al presidente Trump a poner fin a esta protección para 350,000 venezolanos.

El TPS fue diseñado para otorgar permisos de residencia temporal y laborales a personas provenientes de países afectados por conflictos armados o desastres naturales. Durante su mandato, Trump impulsó la cancelación del programa para nacionales de El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán.

Una caravana migrante avanza hacia la frontera con Guatemala. San Pedro Sula, 20 de enero de 2024. Foto: Archivo CC.

Por su parte, el canciller de Relaciones Exteriores, Javier Bú Soto, lamentó a través de su red social de X la cancelación del programa, señalando que el DHS justificó su decisión en indicadores como el acceso al agua potable, la cobertura eléctrica, una inversión extranjera acumulada de 1.8 millones de dólares entre 2023 y 2024, así como el avance en 8 municipios con planes de gestión de riesgos y 38 ciudades que mejoraron su habitabilidad beneficiando a 1.3 millones de personas.

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El funcionario agregó que el Gobierno de Honduras continuará abogando por soluciones migratorias permanentes para proteger a la comunidad hondureña en el exterior.

El vicecanciller hondureño,  Antonio García, afirmó que, ante la cancelación del TPS, aún existen recursos legales que pueden ser utilizados por las personas afectadas. Explicó que se están preparando acciones judiciales para impugnar la medida y que el gobierno hondureño también ofrecerá apoyo legal para las personas que evalúen otras opciones migratorias.

«Lo que queda por ahora son los recursos judiciales, yo sé que la Asociación de TPS ya preparó unos recursos, donde uno es a impugnar esa decisión, el juez tendrá una decisión qué hacer. La semana pasada el juez aceptó la impugnación contra el TPS para Haití y la dejó en suspenso. Así que podría pasar lo mismo, vamos a esperar» expresó.

Además, indicó que cada persona beneficiaria del TPS debe explorar alternativas según su situación particular: «Mientras tanto, individualmente cada tepesiano debe ver qué opciones tiene. Algunos tendrán hijos, tendrán un esposo, un trabajo que les puede pedir una visa de trabajo. Así que por ahí cada quien verá qué puede hacer».

En cuanto al apoyo que brindará el Estado hondureño, García aseguró: «Honduras tiene un programa de asesoría legal, hay un bufete de abogados que vamos a poner a disposición de los tepesianos para que vean qué opciones tienen».

Informe alertó sobre las implicaciones del fin del TPS

De acuerdo con el informe TPS Honduras: El Costo Humano de una Decisión Política, presentado por el Laboratorio independiente de investigación estratégica «Nodo», la cancelación del TPS podría provocar una afectación económica considerable para Honduras. El estudio estima que los beneficiarios del programa contribuyen actualmente con entre 162 y 211 millones de dólares anuales en remesas familiares, un flujo que representa una parte sustancial del ingreso nacional, ya que las remesas equivalieron al 26 % del PIB hondureño en 2024, según el Banco Central de Honduras (BCH).

En el informe señalan  que esta cifra no representa una proyección de pérdidas, sino la estimación más robusta del aporte actual que realizan los tepesianos desde una posición de estabilidad laboral y migratoria. 

La preocupación radica en que, al perder su autorización de trabajo, estos migrantes verían reducidos sus ingresos y, con ello, su capacidad de enviar apoyo económico. El informe advierte que este cambio afectaría directamente a más de 35,000 hogares hondureños, debido al alto porcentaje de beneficiarios (77.9 %) que envían remesas regularmente, con montos que oscilan entre 383 y 497 dólares mensuales. La transición forzada a empleos informales e inestables reduciría la previsibilidad y el volumen de estos envíos, comprometiendo la economía de miles de familias en el país.

Además de la reducción de remesas, el informe advierte sobre impactos económicos de segundo orden. Entre ellos se menciona la desestabilización del consumo familiar ante la incertidumbre en los envíos, así como el riesgo de desaprovechamiento de capital humano asociado al retorno de migrantes con experiencia técnica adquirida en Estados Unidos. Según el informe los migrantes, en muchos casos, han acumulado más de dos décadas de trabajo en sectores como la construcción o la gestión de servicios, lo cual señala que su retorno representa un desafío para los sistemas de inserción laboral existentes, ya que no siempre se dispone de mecanismos que integren de forma efectiva las competencias técnicas desarrolladas en el EE.UU. 

El estudio plantea que la economía hondureña, con un 83 % de informalidad laboral, carece de las condiciones para absorber de forma eficiente a estos trabajadores calificados. Asimismo, señala que muchos de los posibles retornados podrían contar con ahorros o activos que, al ser trasladados al país, podrían convertirse en  un generador de empleo. Sin embargo enfrentarían obstáculos estructurales como la corrupción, la inseguridad y las dificultades para emprender. 

De igual forma, indican que la posibilidad de invertir de manera sostenible se ve limitada por la falta de acceso a financiamiento, el exceso de trámites y un sistema que, en muchos casos, les resulta desconocido tras décadas fuera del país.

Un migrante venezolano acomoda su equipaje en un bus que los transportará, desde Danlí hasta la frontera con Guatemala, Danlí. 25 de agosto 2023. Foto: Fernando Destephen.

Asimismo, el informe subraya que los beneficiarios hondureños del TPS son padres y madres de al menos 53,500 niñas y niños nacidos en Estados Unidos. La cancelación del estatus plantea decisiones complejas para estas familias, que deben considerar entre separarse o migrar con sus hijos a un país que muchos de ellos no conocen. La alternativa de permanecer en EE.UU. sin estatus legal también implica riesgos, al restringir el acceso a empleo formal, servicios de salud y educación, señala el informe.

Según  una investigación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, durante la administración Trump se tomaron decisiones motivadas por intereses electorales, ignorando advertencias de diplomáticos y funcionarios técnicos. El estudio señala que, en 2025, países como El Salvador recibieron una extensión formal de 18 meses por su cooperación migratoria, mientras que Honduras  fue objeto de una extensión automática  de seis meses sin pronunciamiento oficial. 

Sin embargo, para Haití, la cancelación del TPS para aproximadamente 500,000 migrantes fue suspendida por una Corte Federal, que determinó que no se cumplieron los procedimientos establecidos por la ley. Esto ocurrió a pesar de la situación crítica que enfrenta el país.

Karim E. Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), lamentó la cancelación del TPS a través de su cuenta en X y expresó: «Lamentamos la cancelación del TPS que afecta a miles de hondureños. Respetamos la decisión de los Estados Unidos. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la importancia de priorizar una relación de respeto, diálogo y cooperación con nuestro principal socio y aliado, donde residen más de un millón de compatriotas. Como sector empresarial, reafirmamos nuestra voluntad de colaborar y trabajar unidos con todos los sectores para generar oportunidades de empleo y desarrollo en Honduras».

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Mientras que el gobierno hondureño informó que brindará apoyo legal a los ciudadanos afectados y que se interpondrán acciones judiciales para impugnar la decisión. Esta medida podría afectar los ingresos de miles de hogares y generar presiones económicas asociadas al posible retorno de migrantes al país.



Sobre la autora
Pasante de la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
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