El estado de excepción en Honduras se ha extendido sin tregua desde diciembre de 2022. Hoy, el 91 % de la población vive con derechos fundamentales suspendidos, mientras la extorsión y la violencia siguen marcando la vida en barrios de ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba y el Distrito Central. Aunque el gobierno asegura que la medida ha traído seguridad, organizaciones como la ASJ denuncian que ha sido ineficaz, ilegal y sin resultados reales en la lucha contra el crimen organizado.
Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen
Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló que el estado de excepción abarca actualmente al 91 % de la población hondureña y al 75 % del territorio nacional. Sin embargo, la extorsión ha aumentado y los homicidios se mantienen en niveles altos. A esto se suma la ilegalidad de la medida, ya que la mayoría de sus declaratorias no fueron ratificadas por el Congreso Nacional, como exige la Constitución.
El estado de excepción fue promovido como una estrategia para combatir la extorsión y el crimen organizado. No obstante, sus resultados han sido cuestionados por la ASJ. En el caso específico de la extorsión, el número de hogares afectados aumentó del 9 % al 11.6 %, pasando de 266 mil en 2022 a 304 mil en 2024.
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, se preguntó: «¿Si estamos bajo ese pseudo estado de excepción, por qué hemos visto más bien que la extorsión ha crecido?», y señaló que esto demuestra cómo el crimen organizado se ha fortalecido, alimentándose de los recursos de pequeños y medianos empresarios. En ese sentido, advirtió: «Uno de cada 10 hondureños está siendo víctima en este momento de extorsión. Eso no se puede tomar a la ligera».
Además, el informe indica que, durante la vigencia del estado de excepción, los municipios con la tasa de extorsión más alta por cada 100 mil habitantes son el Distrito Central, San Pedro Sula, Valle de Ángeles y Tatumbla.
Según la misma fuente, entre 2002 y 2024 se registraron 74,045 denuncias por extorsión en Honduras. De ese total, el 43 % se concentraron únicamente en el Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma, municipios históricamente considerados zonas de alto riesgo y con fuerte presencia del crimen organizado.
De acuerdo con Castañeda, el número de denuncias por extorsión ha disminuido no porque el delito haya cesado, sino por la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Explicó que sectores como el transporte y las pequeñas y medianas empresas tienen miedo de denunciar ante la falta de resultados: «No confiamos en las autoridades, nos da miedo denunciar».
Desde diciembre de 2022, el estado de excepción ha sido decretado 21 veces por el Poder Ejecutivo. Ante esta situación, la ASJ presentó en febrero de 2025 un recurso de inconstitucionalidad, argumentando que las prórrogas no han seguido los procedimientos establecidos en la Constitución de la República.
Según Castañeda, en algunos casos la ratificación de los decretos por parte del Congreso Nacional se ha realizado con retrasos de hasta 30 días; en otros, ni siquiera se ha producido, lo que contraviene el artículo 187 de la Constitución.
De acuerdo con esa postura, solo una de las 21 declaratorias fue aprobada conforme al proceso legal requerido, mientras que las restantes no cumplieron con el requisito de ratificación legislativa.
Impacto en la violencia: extorsión, homicidios, microtráfico
Las cifras de homicidios muestran una disminución en comparación con años anteriores. Honduras cerró 2024 con una tasa de 898.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, siendo Tatumbla, El Rosario y San Miguelito los municipios con mayor incidencia.
Nelson Castañeda, de la ASJ, reconoció que la reducción en la tasa de homicidios es un avance positivo. Sin embargo, subrayó que no ha estado acompañada por un fortalecimiento del sistema de justicia. «Tenemos un 91 % de impunidad. Solo uno de cada diez casos logra judicializarse y obtener sentencia. Eso no es justicia», afirmó.
También advirtió que esta reducción no puede atribuirse exclusivamente al gobierno actual, ya que es una tendencia que comenzó en 2004, aunque alcanzó su punto más crítico en 2011, con 86.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. «Honduras, sin estar en guerra, logró una tasa de homicidios que era la más alta a nivel mundial», enfatizó.
A pesar de la disminución, Castañeda insiste en que el país sigue siendo el más violento de Centroamérica. «Estamos diez puntos arriba del segundo lugar, que es Guatemala», señaló.
Joaquín Mejía, abogado y defensor de derechos humanos, explicó que la reducción de homicidios y el estancamiento de los procesos penales obedecen a factores distintos. Mientras la primera se relaciona con políticas públicas impulsadas por el Poder Ejecutivo, la segunda depende de la política criminal del Ministerio Público y el Poder Judicial. «Puede haber una política de persecución criminal que no sea complementaria, que se esté actuando por un lado del Ejecutivo y el Ministerio Público por otro», advirtió.
En ese sentido, Mejía sostuvo que el estado de excepción se limita a suspender derechos como medida de contención del crimen, pero no garantiza ni la investigación ni la sanción de los delitos, tareas que corresponden al sistema de justicia.
Por otra parte, reconoció que existe una reducción sostenida en la tasa de homicidios. Sin embargo, advirtió que esto no significa una mejora en la capacidad del Estado para sancionar el delito. «Lo que hay que preguntarnos es ¿por qué, aun así, los delitos se siguen cometiendo?, ¿por qué siguen en impunidad? ¿Por qué no se castigan? ¿por qué no se investigan? Esa es una respuesta que nos tiene que dar el Ministerio Público y el Poder Judicial y el Ministerio Público, una de las cosas que tiene que tener es una política de investigación criminal», señaló.
El informe recoge datos de criminalidad señalando los municipios más y menos seguros del país. Entre ellos se encuentra el Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma como los municipios más violentos.
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Aunque reconoció que hay una tendencia sostenida a la baja en los homicidios, insistió en que eso no implica una mejora en la capacidad del Estado para sancionar. «Lo que hay que preguntarnos es: ¿por qué, aun así, los delitos se siguen cometiendo?, ¿por qué siguen en impunidad?, ¿por qué no se castigan ni se investigan? Esa es una respuesta que nos tiene que dar el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y el Ministerio Público necesita tener una política de investigación criminal», señaló.
El informe también incluye un mapeo de criminalidad que identifica al Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma como los municipios más violentos del país.
Por otro lado, aunque el combate al microtráfico ha sido uno de los principales argumentos del gobierno para justificar el estado de excepción, los datos disponibles no reflejan una respuesta penal proporcional.
Según Castañeda, entre 2022 y 2024 se realizaron más de 50,000 operaciones policiales enfocadas en capturar a vendedores de droga a pequeña escala. Sin embargo, en ese mismo periodo solo se presentaron 312 requerimientos fiscales por este delito. «Para invertir y gastar presupuesto en 50,000 operaciones policiales, que me digan que solo hay 312 requerimientos me deja la pregunta: ¿de verdad esta es la cifra correcta o podría hacerse más?», cuestionó.
El director de la ASJ señaló que los municipios con mayores niveles de microtráfico siguen siendo San Pedro Sula, el Distrito Central y La Ceiba, y que la zona norte concentra buena parte de esta actividad ilícita. A su juicio, la falta de un sistema de análisis criminal y de una estrategia preventiva limita la efectividad del Estado. «Con un buen sistema de análisis criminal y un enfoque preventivo dentro de la seguridad ciudadana, podríamos ver acciones oportunas», afirmó. Lamentó, sin embargo, que las respuestas institucionales no estén a la altura de la gravedad del problema.
Castañeda concluyó que el estado de excepción no ha logrado cumplir sus objetivos principales. «El estado de excepción es un fracaso. No lo dice solo la ASJ, lo dicen instancias nacionales e internacionales», afirmó, y calificó la medida como una estrategia ilegal, mal planificada y desconectada de los territorios más afectados. Aunque reconoció que la reducción de homicidios es un logro del gobierno, insistió: «No es un mérito total y hay que poner los pies en la tierra», pues Honduras sigue siendo el país más violento de Centroamérica.
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Transformación de las pandillas: de control territorial a empresas criminales
El año 2011 marcó un punto de inflexión en la evolución de las estructuras criminales en Honduras, especialmente en el caso de la Mara Salvatrucha (MS-13), que comenzó un proceso de transformación. En un conversatorio con Steven Dudley, director y cofundador de InSightCrime, el antropólogo e investigador Juan José Martínez d’Aubuisson explicó que, a partir de ese año, la MS-13 abandonó el modelo tradicional de pandilla —basado en el control territorial, los enfrentamientos con grupos rivales y una fuerte identidad cultural de barrio— para convertirse en una empresa criminal. «Pasaron de todo eso con mucho componente cultural a convertirse, y ahora ya son una empresa criminal», resumió.
Un ejemplo de esta evolución fue la operación «Avalancha», emprendida en 2015 por un equipo de fiscales hondureños. Martínez destacó que esta investigación permitió exponer el funcionamiento empresarial de la Mara Salvatrucha: «La MS tenía desde funerarias hasta hospitales en San Pedro Sula, centros comerciales pequeños, venta de vehículos, buses, empresas grandes y negocios de reciclaje a nivel transnacional». El caso demostró que la organización había diversificado sus operaciones y formalizado estructuras económicas complejas.
Paralelamente, otras pandillas fueron eliminadas del escenario urbano, en algunos casos por acción directa de la MS-13, con la aquiescencia de autoridades estatales. «Todas estas [pandillas] fueron exterminadas entre el gobierno y la Mara Salvatrucha», aseguró Martínez. Esta “limpieza” del terreno permitió que la MS consolidara su dominio como un actor hegemónico en muchas comunidades, en ocasiones reemplazando al Estado en funciones básicas de control.
Este cambio también transformó la percepción que diversos actores locales tenían de la MS-13. Desde policías hasta pastores y directores escolares coincidieron —según Martínez— en que era «mucho mejor trabajar o convivir con esa empresa criminal y no con estos muchachos emocionales y violentos». Esta aceptación, ya sea pasiva o activa, consolidó su rol como una estructura estable dentro del tejido social de numerosos barrios.
Para Martínez, esta transformación fue estratégica. A diferencia de otros grupos criminales con tendencia a desaparecer, la MS-13 logró adaptarse al contexto político y económico del país. «Mi hipótesis es que la Mara Salvatrucha supo aprovechar lo que cada estamento de poder no entendió», dijo. Según el investigador, la organización comprendió que «no se puede tener poder en Honduras sin estar involucrado con el tráfico de cocaína», lo que explica sus vínculos con figuras tanto locales como nacionales. Cuando consultó a uno de sus líderes, conocido como el Porky, sobre la reducción de la extorsión, este le respondió: «Igual negocio, no solo de droga vive el hombre», evidenciando que las estructuras criminales han diversificado sus fuentes de financiamiento.
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Martínez también señaló que una parte sustancial de su libro aborda el rol de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Cuestionó el modelo de intervención de esta agencia, al que calificó como una forma de intervencionismo guiada por la agenda económica de Estados Unidos. «Estoy en contra de como se ha conocido hasta ahora, aunque básicamente es un intervencionismo que tiene que ver con la agenda de los Estados Unidos, concretamente con la agenda económica», afirmó.
En esa misma línea, sostuvo que organizaciones como Creative Associates International, financiadas por Usaid, han operado como promotoras de programas sociales mientras recolectaban información sensible en comunidades afectadas por la violencia. «Creative estuvo jugando ambas bandas con varios dedos de esa misma mano, obteniendo información de inteligencia policial», dijo. También mencionó que, durante las caravanas migrantes, algunas agencias colaboraron con el objetivo de identificar a sus organizadores y desarticular las movilizaciones.
Aunque algunos de estos proyectos tenían como propósito la prevención de la violencia, Martínez afirmó que muchos fueron utilizados para recolectar datos estratégicos con fines de control. «Estaban obteniendo información de inteligencia en los barrios para luego golpear las estructuras», explicó. En su opinión, estas prácticas erosionan la confianza en la cooperación internacional y muestran cómo se instrumentaliza con fines de contención migratoria. «Estaban tratando de todas las formas posibles, casi que de hacer proyectos para convencer a la gente de no ir a los Estados Unidos», concluyó.
