Dos personas vinculadas a la minera Inversiones Los Pinares/Ecotek, junto a una funcionaria municipal, están siendo procesadas por presunta falsificación de documentos públicos. La fiscalía hondureña les acusa por alterar un acta de cabildo en Tocoa, Colón, que se habría utilizado para obtener licencias ambientales de manera irregular dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras. El caso se encuentra en fase de audiencia inicial en el Juzgado de Letras de Jurisdicción Nacional.
Texto: Abigail Gonzales
Fotografías: Fernando Destephen
Este miércoles, en el Juzgado de Letras de Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula, el Poder Judicial inició la audiencia inicial contra tres personas procesadas por falsificación de documentos públicos. La Fiscalía señala que estas personas alteraron un acta del cabildo abierto realizado en Tocoa en 2016 para facilitar la obtención irregular de concesiones mineras dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras, en Tocoa, Colón.
Entre los imputados se encuentra Kenia Patricia Cortés Rico exrepresentante legal de Investigaciones Los Pinares; José Hernesto Vindel, representante legal de Ecotek; Norma Agripina García, quien se desempeña como secretaria municipal de Tocoa.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) los acusa por supuesta falsificación de documentos y modificar el contenido del acta del cabildo abierto realizado el 30 de junio del 2016, con el objetivo de obtener licencias ambientales irregulares de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y posteriormente obtener la concesión minera dentro del Parque Nacional Carlos Escalera.
De acuerdo con la acusación, el acta fue adulterada para incluir resoluciones que no fueron discutidas ni aprobadas por la población. El documento habría sido clave en la obtención de licencias ambientales irregulares que permitieron el Avance de operaciones mineras en zonas protegidas del Parque Nacional Carlos Escalera una área declara reserva natural en el año 2012 mediante el decreto 127-2012 por su importancia híbrida y ecológica.
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El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) denunció que la empresa Inversiones Los Pinares/Ecotek utilizó una misma acta de cabildo abierto falsificada, identificada como 083-2016, en al menos cuatro ocasiones distintas para obtener licencias ambientales ante la Serna.
El primer uso de esta acta falsificada ocurrió el 30 de octubre de 2019, cuando la Serna solicitó acreditar la socialización para otorgar la licencia ambiental funcional de la planta peletizadora. Ecotek presentó el acta a nombre de su apoderado, José Ernesto Vindel, incluyendo una certificación que acredita la supuesta participación de 101 personas en la socialización, aunque estos datos no constan en el libro de actas.
Posteriormente, el 4 de mayo de 2020, la misma acta fue reutilizada para solicitar la licencia ambiental de la Planta Eléctrica Ecotek. En esta ocasión se utilizó tres veces, incluyendo datos de comunidades de zona de influencia y de cuatro componentes principales del megaproyecto. Sin embargo, solo el folio 257-259 señala la participación de 101 personas, omitiendo esta información en el libro de actas.
El tercer uso ocurrió el 11 de diciembre de 2020, nuevamente con el expediente 074-2018, cuando la Serna pidió describir las comunidades de la zona de influencia y presentar acta de socialización. De nuevo, Ecotek presentó la misma acta, reiterando la participación de 101 personas, sin que los datos consten en los libros oficiales.
Finalmente, el 26 de marzo de 2021, Inversiones Los Pinares presentó el acta para cumplir con el requerimiento de subsanación. En esta ocasión, la apoderada Kenia Rico presentó la certificación que nuevamente incluye a 101 personas y menciona comunidades de influencia, así como los cuatro componentes del megaproyecto, información que tampoco está registrada oficialmente.
La abogada Rita Romero, miembro del CMDBCPT, en una entrevista para Contracorriente señaló que los medios de prueba presentados por el Ministerio Público y el CMDBCPT evidencian la falsificación de un acta municipal. «Esperamos que en esta audiencia los medios de prueba que se han admitido dejen sin lugar a dudas acreditado en el expediente la intencionalidad con la que se falsificó este documento público, esta acta municipal de cabildo abierto, usada en esos tres procesos de licenciamiento ambiental del megaproyecto Pilares Ecotek», expresó.
Asimismo, dijo que esperan que la resolución judicial emitida sea auto de formal procesamiento, para que marque un avance en el acceso a la justicia, una demanda sostenida durante más de una década por Juan López, dirigente del CMDBCPT que fue asesinado el 14 de septiembre de 2024. López era regidor de la alcaldía de Tocoa y, previo a su asesinato, había pedido la renuncia del alcalde Adán Fúnez, tras un vídeo en el que este aparece negociando con narcotraficantes fondos para la campaña electoral de Libre en 2013. Una investigación de Infobae reveló que el expediente de investigación abierto por las autoridades arroja pruebas que implican directamente al funcionario con el crimen contra López.
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La abogada Romero también resaltó el esfuerzo de quienes viajaron desde distintas zonas para acompañar la audiencia. «Es una pequeña conquista de acceso a la justicia, haber abierto el portón de esta carretera hacia lo que será el enjuiciamiento, la sanción y, sobre todo, la reparación del daño causado por estos actos de corrupción», afirmó.
El CMDBCPT ha denunciado desde hace varios años que el proyecto extractivo vinculado a Inversiones Los Pinares/Ecotek se ha desarrollado mediante mecanismos irregulares y sin el consentimiento de las comunidades.
El conflicto por las concesiones mineras en Tocoa inició en 2014, cuando comenzó el proceso de instalación del proyecto en la zona. Desde entonces, organizaciones comunitarias han cuestionado los procedimientos administrativos y legales utilizados para autorizar el acceso a territorios comunales, caminos públicos y áreas protegidas.
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En 2018, habitantes de Guapinol y otras comunidades del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, instalaron el Campamento por el Agua y la Vida. El objetivo era manifestarse contra las operaciones de la empresa Inversiones Los Pinares, a la que atribuían afectaciones en los ríos Guapinol y San Pedro. Estas actividades se desarrollaban dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras. El campamento fue organizado por el CMDBCPT.
Por esas acciones implementadas se iniciaron procesos judiciales contra al menos 32 personas. Entre ellos, José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz, quienes fueron detenidos entre 2018 y 2019, y permanecieron en prisión preventiva por más de dos años. En febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló el juicio en su contra y ordenó su liberación.
Otros defensores también fueron sometidos a procesos penales. Entre ellos se encuentran Reynaldo Domínguez, Leonel George, Marco Tulio Ramos, José Adaly Cedillo, Eugenio Esquivel y Juan López. Los defensores habían logrado un sobreseimiento definitivo el 22 de octubre de 2022, debido a un recurso de amparo presentado ante la Corte Suprema.
Desde el año 2023 se registraron varios homicidios de personas vinculadas a la defensa del Parque. El 7 de enero de 2023 fueron asesinados Aly Magdaleno Domínguez Ramos y Jairo Bonilla Ayala. El 15 de junio del mismo año fue asesinado Oquelí Domínguez, hermano de Aly Magdaleno, y el 14 de septiembre de 2024 fue asesinado Juan López.
El Parque Nacional Carlos Escaleras, donde se ejecutan los proyectos extractivos, constituye una de las principales fuentes de recarga hídrica para la región y ha sido declarado área de protección especial por su biodiversidad y su función ecológica. Las licencias ambientales otorgadas en su zona núcleo han sido objeto de múltiples cuestionamientos nacionales e internacionales.
