Siete hondureños lencas, originarios del departamento de La Paz, fronterizo con El Salvador, fueron detenidos y encarcelados hace 20 meses en el marco del régimen de excepción impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. La detención tiene todas las características de ser una acción arbitraria que violenta la legítima defensa de estos hondureños. Sus familiares no han podido visitarlos y ahora deciden contar lo que pasó, con la esperanza de que se conozca su caso y ocurra el milagro de su liberación.
Texto: Allan Bu
Fotografías: Fernando Destephen y Allan Bu
Nueve hamacas colgaban del techo de madera de una vieja vivienda en La Orilla, comunidad fronteriza entre Honduras y El Salvador, el refugio de nueve campesinos que descansaban después de una larga jornada en una finca de café. Era la medianoche del 2 de septiembre de 2023 y los campesinos dormían apaciblemente, pese a la creencia popular en las provincias de que a esa hora espíritus en pena vagan por el mundo de los vivos en busca de consuelo. Pero no era un fantasma el que les acechaba: «¡Ajá, terroristas hijos de la gran puta!», fue el grito del militar que los despertó. Desde ese momento, siete de los nueve hombres, sin saber por qué, se convirtieron en un número más de la cifra de miles de personas presas bajo el implacable y famoso régimen de excepción en El Salvador.
1. Presos en el país de Bukele
Los «terroristas» que señaló el militar aquella noche eran unos campesinos hondureños oriundos de El Pescadito, un asentamiento con población lenca ubicado en el municipio de San José. Todos trabajaban como jornaleros en las fincas de café en esa zona de La Paz, un departamento conocido por su café de altura. Siete de los nueve fueron detenidos esa noche: Óscar David López (24), Alexis Santos Vásquez (35), Gerardi Adonay Domínguez García (23), David Alexander Márquez López (18), Elmer Alfonso López (30), José Ismael Vásquez López (18) y Edy Exequiel Bautista Claros (27). Los otros dos están libres y ahora cuentan la historia.
El delito por el cual los siete indígenas lencas están presos es el de asociación ilícita; dos de ellos eran menores de edad cuando fueron capturados y ya fueron condenados a 10 años de prisión, mientras que de los otros cinco lo único que se sabe es que están recluidos en el centro penal de Santa Ana. Sus familiares desconocen su estado de salud, si realmente están acusados por asociación ilícita, si tienen abogados o si ya fueron condenados.
Esto es muy común en El Salvador desde que en marzo de 2022 el presidente Nayib Bukele declaró la guerra a las maras y pandillas, que en ese entonces tenían a ese país bajo una violencia sin control. Su estrategia fue la suspensión de varias garantías constitucionales, como el derecho a la defensa, el plazo máximo de detención, la inviolabilidad de correspondencia y la libertad de asociación. Según datos oficiales, hay más de 85,000 presos en las cárceles salvadoreñas desde el régimen de excepción, que ya se convirtió en regla, a pesar de que el mismo gobierno ha dicho que las pandillas están desarticuladas.
Antes de imponer la medida extrema, Bukele pactó con las pandillas para reducir el índice de homicidios en El Salvador, según lo ha dejado en evidencia el periódico El Faro en distintos reportajes. No obstante, en marzo de 2022 ese pacto se rompió y Bukele, el presidente con más aceptación de Latinoamérica, inició una cacería sin control ni precedentes contra pandilleros, cacería que ya se extendió a cualquier persona sospechosa según el criterio del policía o el militar que anda patrullando. Es por esto que en esta feroz campaña también hay miles de personas inocentes que permanecen presas y sin bases que sustenten la acusación.
Organismos de derechos humanos salvadoreños y del ámbito internacional han documentado numerosas y graves violaciones a los derechos humanos que incluyen detenciones masivas sin orden judicial clara, basadas en perfiles vagos o denuncias anónimas; tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, muerte bajo custodia estatal, desapariciones de personas tras ser detenidas y violaciones al debido proceso.
René Valiente, el director de investigaciones de Cristosal —una organización de defensa de derechos humanos que ha sido perseguida por el régimen de Bukele– explicó a Contracorriente que «el régimen de excepción ha dejado de ser un marco constitucional que permite actuar y se ha vuelto una herramienta de miedo. Y se ha utilizado en distintas áreas de la sociedad, no solo se le ha aplicado a pandillas. Es una herramienta de propaganda», expresó.
El defensor de derechos humanos sostiene que lo peor de este régimen impulsado por Nayib Bukele «es que la crueldad se vende como justicia. Se esconde el verdadero rostro de las atrocidades que se están cometiendo. Hay una violación sistemática a los derechos de la población salvadoreña», dice Valiente, aunque ahora hay que agregar a la población migrante deportada de Estados Unidos, y a otros centroamericanos que podrían caer en el hoyo negro del sistema punitivo de Bukele.
Contactamos al vicecanciller de asuntos migratorios, Antonio García, para consultar sobre este caso de detención arbitraria de hondureños en territorio salvadoreño, pero respondió escuetamente que «no tenía información».
Los jóvenes hondureños detenidos supuestamente están presos con una evidencia que, según las autoridades salvadoreñas, los vincula con el delito de asociación ilícita: fotos encontradas en el celular de dos de ellos que, según la versión policial, muestran la realización de un «ritual satánico» en un cementerio.
2. Las nuevas fronteras
«¡Ajá, terroristas hijos de la gran puta! ¡No se muevan! ¡El que se levante, aquí lo quiebro!», gritó un militar. Pedro no lo olvida, y repasa cada momento de esa noche preguntándose por qué no se lo llevaron a él también, y por qué se llevaron a su hijo y sus tres sobrinos.
Pedro recuerda que ese día estaban descansando después de limpiar casi 10 manzanas de terreno, cuando escucharon ruidos y de repente ya estaban rodeados por unos siete soldados, que de inmediato solicitaron refuerzos, e inmediatamente otros 13 uniformados se les unieron.
«Estos jodidos son delincuentes, y ahorita me van a decir de qué mara son», recuerda Pedro que les dijo un oficial. Él les respondió que andaban trabajando y señaló los machetes que utilizaban todos los días, y con los que cruzaban todos los días la frontera.
Para entender por qué la detención de estos siete hondureños es arbitraria, hay que regresar al 21 de agosto de 2023, cuando estos nueve jornaleros salieron de El Pescadito rumbo a Magdalena, Intibucá, un pueblo de Honduras fronterizo con El Salvador, para ganar 150 lempiras (unos 6 dólares) al día en trabajo de campo, y de paso conocer un lugar nuevo. Pedro era el más adulto del grupo, los demás eran jóvenes menores de 35 años.
El Pescadito es un asentamiento lenca que pertenece al municipio de San José, La Paz. Ahí la mayoría de jóvenes se dedican a trabajar como jornaleros habitualmente en fincas de café. Es una comunidad pobre, pero las personas con las que hablamos sostienen que casi siempre hay trabajo. El pago diario es de 200 lempiras si es jornalero, y hasta 500 si se dedica a la construcción. Ahí, pese a que los salarios son bajos, los jóvenes casi no abandonan la comunidad para migrar hacia otros países.
Esta comunidad está ubicada a unas cuatro horas de El Aguacate, aldea de Magdalena, Intibucá, que se encuentra a unos cinco minutos de la frontera con El Salvador, colindante con el departamento de San Miguel, y es el lugar a donde estos nueve hombres fueron llevados para limpiar terrenos. Todos los días, los campesinos cruzaban la frontera, que no es más que un riachuelo, para dormir en una casa ubicada en La Orilla, comunidad que tiene viviendas tanto en El Salvador como en Honduras. Ahí muchos tienen doble nacionalidad, como don Santos Argueta, el hombre que contrató a los campesinos y que se comprometió a darles alimentación y alojamiento, además de pagarles su salario.
Don Santos cuenta que al recibirlos les preguntó a los muchachos que si tenían algún problema con la justicia, pues él conoce muy bien cómo es el contexto en ese país bajo el mando de Bukele. La respuesta fue que ninguno tenía temor, porque no tenían vínculos criminales.
Entonces, los muchachos trabajaban con largos y afilados machetes durante el día en la jurisdicción de Magdalena, Intibucá, y al atardecer cruzaban el riachuelo que sirve de línea divisoria entre los dos países para comer y dormir en tierras salvadoreñas. Esa rutina la cumplieron durante 11 días sin que nadie del retén militar en el punto fronterizo hiciera advertencia alguna o preguntara por su presencia en Honduras, pero el día que tenían planificado regresar a La Paz, siete de los nueve jornaleros fueron detenidos.
Esa noche no se llevaron a Pedro y tampoco a Rigo (20), uno de los campesinos, que tenía tres días con problemas gastrointestinales. «Si se llevan a ese muchacho, se les va a morir», les dijo Pedro a los militares, temblando de miedo. Esa observación salvó a Rigo, quien pudo regresar a Honduras.
Pedro no tiene certeza de por qué no se lo llevaron, aunque presume que fue por su edad, ya que escuchó a uno de los militares decir: «A ese viejito hay que dejarlo, para qué lo vamos a llevar». Aunque eso no lo libró de la tortura: los militares lo pusieron a hacer pechadas y culucas. Así, Pedro y los demás, que solo vestían su ropa interior, fueron torturados por los militares, quienes les exigían una confesión. Los torturaron hasta el amanecer.
«A un muchacho, los militares le hicieron que se comiera las uñas, le hicieron que se comiera el pupú, porque el cipote tenía miedo, y es que cerrojeaban [quitar seguro] las armas», recordó acongojado Pedro.
A pesar de los intentos de Pedro de convencer a los militares de que ellos solo eran trabajadores que habían llegado hasta ahí contratados por un terrateniente de la zona, que no sabían nada de pandillas y que su vida había sido labrar la tierra, los militares eran como un muro. «¡Ni mierda, ustedes son terroristas! ¿Dónde tienen las armas?», les gritó el jefe, y en ese momento Pedro escuchó que uno de los soldados le dijo: «No tienen armas».
Pedro estaba confundido. A pesar del miedo les preguntó por qué no los habían detenido antes, si habían cruzado la frontera dos veces al día durante 11 días. Le dijeron que para permanecer en tierras salvadoreñas era necesario tener permiso, y como ellos no lo tenían, entonces estaban en problemas. Según Pedro, el militar les dijo que si hubieran cargado un permiso, el ejército, en lugar de llamarlos terroristas, los hubiera cuidado.
El rostro de Pedro se deforma en una mueca. En sus ojos asoman lágrimas. Los recuerdos todavía lo atormentan y su voz se quiebra cuando habla del momento que se llevaron a sus familiares y amigos: «Pucha, mire, a esos cipotes se los llevaron a chuña [descalzos]». A él le dijeron que tenía 15 minutos para irse del lugar, después de ser torturado por horas para que confesara los delitos que según los militares habían cometido.
Pedro y Rigo fueron liberados con la advertencia de que si mencionaban a la Policía Nacional de El Salvador la golpiza que habían recibido en ese momento, se harían acreedores de otra «cachimbeada».
Una vez que los siete restantes fueron detenidos, la acusación se fundamentó en el testimonio falso de los militares y fotos que por el contexto en El Salvador inmediatamente son relacionadas con las maras y pandillas. Las autoridades salvadoreñas no tienen una prueba fehaciente para mantener la acusación de asociación ilícita contra estos siete hondureños.
René Valiente, de Cristosal, explicó que se han modificado las normas de evidencia del proceso penal de tal manera que hay una ventaja total de la fiscalía, pues incluso los mismos agentes que participan en la detención pueden declarar en contra de las personas. Sin embargo, aclara que es una modificación entre muchas: «Hay temas con el derecho a la defensa, reformas a los plazos que una persona puede estar detenida, que se ampliaron drásticamente para delitos como asociaciones ilícitas, pues de acuerdo a lo que dice la ley, estas personas podrían estar hasta 10 años esperando un juicio. Antes de esto la ley establecía como plazo máximo dos años», manifestó.
Valiente explica que así lo que se logra es anticipar una pena, y si se anticipa una pena, significa que la persona no ha tenido su legítimo derecho de defensa.
Hay otras reformas que se están impulsando desde el Gobierno de El Salvador, por ejemplo, se pretende tener procesos masivos en los que se pretende acumular y juzgar hasta 300 personas en un solo juicio. Una aberración total, denuncia Valiente: «Eso dificulta las labores de defensa. Un solo tribunal y una sola audiencia para tantas personas. Solo el hecho de identificar a las personas se vuelve complicado, no digamos el derecho de estas a defenderse adecuadamente».
En el caso de estos siete hondureños, los militares que participaron en la captura aseguran que los muchachos fueron detenidos en un cementerio haciendo rituales satánicos. Y, si bien es cierto hay un cementerio a unos 200 metros de donde fueron detenidos, hay evidencias y testimonios que descartan esta versión.
«Nosotros nunca salíamos de la casa. Eso es falso. Salíamos a las 4:45 de la madrugada a tomar café donde el patrón, nos íbamos a Magdalena a trabajar, regresamos a las 3:30 de la tarde y de vuelta a descansar. Ahí hace un calor tremendo. Ahí estábamos todos picados de los zancudos y hasta de las abejas», sostiene Pedro.
Aparte del testimonio de Pedro, preguntamos a dos personas en La Orilla, quienes sin ser demasiado explícitos nos dijeron que a los campesinos hondureños nunca los vieron afuera de la casa donde trabajaban. «Iban a trabajar y regresaban a descansar, no salían», nos dijo la dueña de un pequeño negocio de abarrotes. Don Santos también reafirmó la teoría de que ellos no salían de la casa, y dio una razón: «Es que ellos no tenían dinero, no podían salir, porque se les iba a pagar hasta que finalizaran el trabajo», manifestó.
Pero no es todo; hay una fotografía donde los hombres presos aparecen desnudos, manos arriba, resguardados por militares en la casa donde dormían. Ahí se observan las hamacas y el techo de la vivienda. No estaban en el cementerio al ser capturados.
Esta foto fue tomada durante la captura en la casa donde dormían. Por seguridad no puede revelarse cómo se obtuvo la foto, la cual evidencia que los indígenas fueron arrestados en una vivienda y no un cementerio. La Orilla, El Salvador, 2 de septiembre de 2023. Foto: Cortesía.
3. Las fotos
La otra parte de la acusación se basa en fotografías que se encontraron en los celulares de al menos tres de los detenidos. Los otros cuatro no tenían teléfono celular. Ninguno de los familiares ha visto las imágenes, pero una de la madres dice que podría ser una en donde su hijo sale levantando el dedo índice y el meñique, lo que podría ser la famosa seña de rockeros, o un ademán parecido al usado por la Mara Salvatrucha.
Una persona allegada que no quiso revelar su nombre por seguridad, dijo que supo de las fotografías porque el mismo joven se las mostró, y que es probable que salga haciendo una seña interpretada como alusiva a la pandilla Barrio 18. Un joven haciendo las señas identitarias de pandillas contrarias es un condenado a muerte en el mundo criminal, pero en la comunidad de estos muchachos la gente no sabe ni distinguir las señales, conocen poco de las pandillas porque no han sido tan significativas en esa comunidad como en las urbes de Honduras.
Uno de los empleados de la finca donde trabajaban los detenidos en San José, La Paz, tiene una explicación sencilla y coloquial para estas fotos: «Mire, a estos cipotes los agarraron por pendejos, ni saben qué es una mara», manifestó.
Además, en los celulares de los detenidos encontraron fotos donde ellos están reunidos con otros jóvenes de su edad en un campo de la comunidad, cosa que es muy común y en Honduras no se considera delito.
En una de las paredes de la casa donde los campesinos reposaban está pintada la figura de un caballo, y Pedro asegura que los militares les tomaron fotos enfrente de esa pared a los detenidos para ser usada, como evidencia aunque no tiene ninguna relación conocida con alguna mara o pandilla. Incluso don Santos sostuvo que uno de los detenidos tiene una perforación en la oreja, y aunque no andaba el arito, también fue relacionado como una conducta pandilleril; a otro, por llevar el pelo largo.
Hay cuatro de los acusados a los que no se les encontró ninguna foto en sus teléfonos. Alexis Santos ni siquiera tenía un aparato en el momento que fue arrestado, pero no ha sido liberado. Desde hace 20 meses están presos, sin evidencias contundentes de que cometieron algún delito en El Salvador, más que cruzar la frontera para dormir.
Una mujer a quien encontramos en la calle principal de El Pescadito nos dijo que ella conocía a los muchachos, que sus amigos eran trabajadores, pero a veces pasaban «loqueando», y quizás a algunos de ellos «les gustaba fumar marihuana». Consumir marihuana no es legal en Honduras, pero es muy común y, aunque al interior de las maras y pandillas hay un consumo habitual de drogas, esto no significa que todos aquellos que las consumen sean mareros o delincuentes, mucho menos en una comunidad indígena.
Por otra parte, La Paz es uno de los departamentos con menos violencia en el país. Según los datos de la Policía Nacional, 14 de los 19 municipios del departamento no tuvieron ningún homicidio entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2025. Entre esos municipios con cero homicidios se encuentran San José y Marcala, situados en la zona donde viven Pedro y sus amigos. En ese tiempo tampoco se han reportado homicidios en Magdalena, Intibucá.
Otra mujer de la comunidad manifestó que eran jóvenes trabajadores, y que era una lástima que estuvieran presos sin haber cometido los delitos que se les imputan.
René Valiente declaró que en Cristosal han recibido reportes de violaciones a los derechos humanos en más de 3,800 casos. Las detenciones se realizan sin una orden formal, y son muchos los testimonios que indican que el motivo de detención es ponerse nervioso con una pregunta o parecer sospechosos. «Hay personas que tienen años de estar detenidos por ponerse nerviosos frente a la Policía», contó.
En el caso de los hondureños, les preguntaron qué significaban las fotos a quienes las tenían y ellos no respondieron, quizá porque no sabían, o por miedo. Simplemente agacharon la cabeza, y eso también se consideró como una prueba en su contra.
4. Las que quedan
Eran jornaleros. Los nueve muchachos que se fueron a la frontera con El Salvador eran trabajadores del campo, acostumbrados a trabajar con el machete y el azadón. «Yo me llevé a mi hijo y a mis sobrinos porque son buenos para trabajar», sostiene Pedro, y en sus palabras se esconde la culpa por esa decisión.
De los siete que fueron detenidos, casi todos eran el sostén de su hogar. Luz Marina, la madre de Gerardi Adonay, nos contó que no ha podido ir a dejar las cosas a su hijo, por la falta de dinero, ya que para hacer ese viaje se requiere más o menos 3,500 lempiras.
Y luego agregó: «Gerardi no trabajaba en ninguna organización de esas que los acusan allá, él se dedicaba a trabajar. Soy la madre y lo conozco bien. A él no le encontraron nada en el teléfono. Me ayudaba porque era el único hijo que vivía conmigo», dijo.
David Alexander López era menor de edad cuando fue apresado, y ahora ya fue condenado a 10 años de prisión por el delito de asociación ilícita, según confirmó su madre Norma López. El padre de David había muerto seis meses antes de que él fuera encarcelado, y por eso se había convertido en un apoyo importante para su madre.
A David le encontraron una de las fotos que sirven como base para la acusación. «Ahí estaba haciendo señas, uno tiene que ser legal», sostiene Norma con franqueza, pero también asegura que a su hijo nunca lo detuvieron porque anduviera en algo malo: «Sé que él no salía, pues, así para andar haciendo cosas en la calle». Norma evita responder cuando se le pregunta si la condena de su hijo es injusta; sostiene que en Honduras los jóvenes andan cualquier cantidad de cosas en el celular y eso no representa problema con la ley, pero que en El Salvador la ley es diferente.
María Garrido es la esposa de Alexis Santos, un hombre de 35 años, padre de dos hijos menores. Era el jefe de la familia y desde que está detenido la carga quedó en María, quien ha luchado por mantener a flote el hogar. Nos contó que pidió un crédito para que sus hijos continuaran en la escuela, con la esperanza de que su esposo regresará este año.
Cada tres meses, las familias de los presos vacían sus bolsillos para enviar las cosas más esenciales a sus familiares. Envían jabón, sábanas, azúcar, avena, sandalias y elementos de aseo personal. No todas las familias logran mandar en cada viaje realizado, resulta muy oneroso para su economía. Habitualmente son dos madres las que viajan para hacer la entrega en el penal de Santa Ana.
Sin embargo, Alexis nunca ha recibido nada desde Honduras: «A él no le he podido mandar nada, porque ya con los dos cipotes me siento más ahogada. No sé cómo voy a hacer porque hasta este día no se sabe nada de ellos. Yo no sé si Alexis estará vivo, la verdad», dice María.
Emma López es la madre de Elmer, su único hijo varón, quien cuando fue detenido era el principal sostén de la casa. Ahora trabaja su hermana, y es ella la que ha enviado algunas cosas a su hermano. «No sé cómo hace para mandarle algo al hermano. Yo no trabajo», dice la madre.
Marleny Claros es la madre de Edy Bautista, quien tiene un hijo de siete años, que ha comenzado a preguntar por su padre: «Hace tres días preguntaba que cuándo iba a regresar el papá, y yo simplemente le contesté que no sabía».
Lo más difícil para estas familias es que prácticamente no saben nada de los presos. No los han visto, no les permiten llamar y mucho menos tienen posibilidad de entrar a las cárceles. Entregan los paquetes a los agentes penitenciarios sin tener certeza de que lleguen a ellos porque nos los miran. La desesperación lleva a estas desoladas madres a confiar en el mismo Estado que tiene presos a sus muchachos sin que se haya respetado el debido proceso. «Nosotros sabemos que están ahí porque nos lo han dicho, porque yo pregunto en cuál celda están y ellos nos dicen el número y el sector», dijo una de las madres.
La esposa de Alexis es menos optimista: «No hemos hablado con ellos, ni una llamada. Nada, desde el momento que quedaron allá nadie sabe de ellos. Yo les pregunto a ellas [las otras familias] si están vivos, solo Dios con ellos. No sabemos nada».
Las familias cuentan que hace unos meses, desde la cárcel salvadoreña, recibieron una llamada cuyo objetivo era leer cartas que habían escrito los jornaleros presos. No tienen cómo probar que las cartas eran verídicas, pero confían en un detalle. Uno de los muchachos es miembro de una Iglesia, y en su mensaje dejó pasajes bíblicos para su novia, a quien mencionó por su nombre en la carta. Es todo lo que saben.
El Complejo Industrial Penitenciario de Santa Ana (antes llamado Granja Penitenciaria Santa Ana) alberga aproximadamente a 8,000 privados de libertad. Está ubicado a más de 75 kilómetros de San Salvador, en el occidente del país. Según la narrativa oficial, el penal se enfoca en la reincorporación de los reclusos a la sociedad a través de programas de trabajo y producción, incluyendo la agricultura, la ganadería y la fabricación de objetos. Ninguno de los presos puede recibir visitas.
El director de Investigación de Cristosal, René Valiente, enfatizó que quienes son detenidos bajo el régimen son sometidos a un completo aislamiento: «Los presos no están en contacto ni siquiera con sus abogados ni con sus familias, no tienen derecho a recibir visitas», dijo.
Señaló que hay estigmatización de la pobreza en el régimen de excepción, pues sostiene que la gran mayoría de las detenciones se concentran en sectores marginales, zonas que históricamente han sido víctimas de la violencia de las pandillas, el factor que utilizó Nayib Bukele para establecer el régimen de excepción.
Los testimonios en poder de Cristosal indican que durante los últimos tres años en El Salvador hubo allanamientos ilegales, pues se ampliaron inconstitucionalmente las facultades de los policías para realizar revisiones en hogares y otras propiedades. Además, hay denuncias de trato inadecuado, «incluso torturas. Tanto en el momento de las capturas como posterior a eso, hay privación de acceso a medicamentos y precarización en los procesos de alimentación», sostiene. Por eso es que los familiares de los jornaleros hondureños envían azúcar, avena, cereal y otros alimentos sin caducidad inmediata.
Valiente apuntó que según cifras oficiales, el 85 % de las personas capturadas son hombres, con un promedio de edad alrededor de los 30 años. No obstante, el dato más alarmante en manos de Cristosal es el fallecimiento de más de 380 personas mientras se encontraban bajo la custodia del Estado: «Una persona detenida está sometida al absoluto control del Estado, este asume una responsabilidad», subrayó.
Para los acusados de asociación ilícita no es fácil conseguir un abogado, primero porque es conocido que hay amenazas sutiles y directas en contra de los profesionales que toman casos relacionados con el régimen de excepción. Valiente agrega que algunos abogados, por consideraciones éticas, prefieren no asumir estos casos, pues reconocen que con las limitaciones impuestas es difícil garantizar una defensa efectiva: «Las reglas que deberían prevalecer en un Estado democrático, esas reglas están suspendidas», afirmó.
Durante el régimen de excepción, las autoridades han capturado a más 90,000 personas, pues hay 85,900 presos y alrededor de 7,000 han sido liberadas. A estos se suman los migrantes deportados de Estados Unidos, presuntos miembros de estructuras criminales, por los cuales Bukele cobra una tarifa al Gobierno de Donald Trump; del resto de nacionalidades no se conoce una cifra.
A las personas que han sido liberadas por reclamos de procedimientos arbitrarios, el Gobierno de El Salvador los califica como «margen de error». Sin embargo, Valiente aseguró que al revisar estos casos, se observa que aunque estas personas ya no se encuentran en centros penales, siguen sujetas a procesos judiciales, con la medida de encarcelamiento modificada pero con la constante amenaza de que el proceso pueda ser reabierto en cualquier momento.
Finalmente, al reflexionar sobre lo peor del régimen de excepción, René Valiente expresó la profunda angustia de las familias que desconocen el paradero o el estado de sus seres queridos detenidos. Concluyó afirmando que ningún régimen democrático debería operar de una manera tan inhumana, dejando a las madres sin información sobre si sus hijos están vivos o muertos después de haber sido llevados por la policía.
Eso es lo que pasa en la aldea El Pescadito; las familias no saben prácticamente nada de los presos y piden un milagro.
A Pedro López los recuerdos lo atormentan. Todavía no entiende cómo sus compañeros aún están presos sin haber hecho nada: «Yo me pongo a pensar, si mi hijo hubiera cometido algún delito, yo estuviera de acuerdo que lo detengan, pero andábamos trabajando, ninguno andaba en malos pasos».
