De ser el jerarca militar que ejecutó la salida forzada del presidente Manuel Zelaya en 2009, Romeo Vásquez Velásquez pasó a figurar, más de una década después, en una lista de prófugos de la justicia. El Ministerio Público acusó al general retirado y a otros dos exjefes militares por homicidio y lesiones graves ocurridas durante la represión de una protesta en 2009. Vásquez, prófugo de la justicia, alega ser víctima de persecución política, mientras Interpol lo incluye en su lista de más buscados y ofrece una recompensa. Organismos de derechos humanos rechazan su versión y recuerdan que el golpe de Estado fue un crimen de lesa humanidad que sigue en la impunidad.
Texto: Abigail Gonzales
Fotografía: Fernando Destephen
El 4 de abril de 2025, tras un mes de estar prófugo de la justicia, el general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez publicó un video en redes sociales. En las imágenes aparece, cual patriarca bíblico, sentado en medio de una montaña, sosteniendo un trozo de madera a modo de bastón. Irónicamente, en esa ocasión habló sobre la importancia de la democracia, a pesar de enfrentar un proceso penal por haber dado las órdenes que derivaron en el asesinato y las lesiones de manifestantes durante el golpe de Estado ejecutado por las Fuerzas Armadas en junio de 2009.
El 5 de enero de 2025, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra el general en retiro Romeo Vásquez Velásquez y otros dos exmiembros del alto mando militar, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez, por los delitos de homicidio y lesiones graves, en relación con la muerte del joven Isis Obed Murillo y las heridas sufridas por Alex Roberto Zavala durante la represión militar a una manifestación ocurrida el 5 de julio de 2009 en las cercanías del aeropuerto Toncontín.
En ese momento, Vásquez denunció mediante su cuenta de X que era víctima de persecución política «y la manipulación del poder».
El 6 de enero fueron trasladados hacía el centro penal de Támara, donde guardarían prisión durante el proceso judicial. Por resolución de un juez, el 12 de enero, se dictó auto de formal procesamiento con medidas cautelares sustitutivas de la prisión contra los tres exjefes militares, por suponerlos responsables de los delitos de homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo y del delito de lesiones contra Alex Roberto Zavala.
Luego, el 24 de febrero, la Corte de Apelaciones de lo Penal declaró ha lugar el recurso interpuesto por el MP para revocar la medida de arresto domiciliario y ordenar la prisión preventiva del exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez. Mientras que el 3 de marzo, la Corte de Apelaciones revocó la medida de arresto domiciliario y ordenó prisión preventiva para Romeo Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto. Los dos últimos regresaron a la penitenciaría de manera voluntaria; sin embargo, Vásquez nunca se presentó al reclusorio.
El director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, aseguró que Vásquez está prófugo por la entrega tardía de la orden de captura por parte de las autoridades judiciales. «Cuando la orden de captura llega a la Policía Nacional, mucha gente ha tenido conocimiento, por lo que cuando se va a dar captura este ya no se encontraba en su residencia», dijo.
En ese sentido, la Policía Internacional, Interpol, publicó el sábado 22 de marzo una lista de diez hondureños, algunos de ellos ligados al narcotráfico, entre los cuales figuraba Romeo Vásquez, ofreciendo una recompensa por su captura de 500,000 lempiras, cantidad que hasta la fecha la Policía Nacional de Honduras (PNH) ha aumentado a 3.5 millones de lempiras.
En contraste, el abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, sostiene que no es persecución política, e hizo énfasis en lo que señala el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: «Ese informe dice claramente que hubo un golpe de Estado que constituye un hecho ilícito internacional». señaló.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue creada en mayo de 2010, durante el gobierno del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), como un ente investigador encargado de esclarecer los hechos ocurridos durante el golpe de Estado de 2009 en contra del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales.
Según Mejía, el informe documenta que el golpe trajo consigo violaciones sistemáticas, al punto que «se cometieron graves violaciones a derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad». A su juicio, «no se trata solo de violaciones, estamos hablando de crímenes que ofenden a toda la humanidad y que siguen en la impunidad, cometidos por altos jerarcas militares».
Para Mejía, resulta inaceptable seguir utilizando el discurso de persecución política frente a los hechos documentados por una instancia oficial del propio Estado.
«Seguir con la estúpida cantaleta de la persecución política cuando estamos hablando que el informe de la Comisión de la Verdad es claro, es contundente y es la verdad oficial, cuando una Comisión de la Verdad constituida por el Estado y que fue constituida por un gobierno nacionalista, lo que está haciendo es reconociendo de manera unilateral que existieron unos crímenes de lesa humanidad, y que en ese sentido expresa su voluntad de perseguirlos penalmente», expresó.
Asimismo, Mejía sostiene que Vázquez siempre ha buscado integrarse a la élite política del país, pero esta lo ha despreciado y solo lo ha utilizado. «Siempre ha querido ser parte de la élite, pero la élite lo ha despreciado toda la vida y lo han utilizado como un simple peón que se ha prestado para cometer este tipo de crímenes».
Añade que «la élite hondureña es muy clasista y no va a permitir que un simple militar» se integre a ellos. En este sentido expresó que «este jueguito que tiene ahora es igual, todo lo hace porque quiere pertenecer a esa élite, que también está dispuesta a dar golpes de Estado cuando ve sus intereses en juego, entonces Romeo Vázquez lo que ha demostrado es que es un cobarde», puntualizó.
«No me voy a rendir, esto no es justicia, es venganza política, quieren hacer de mí un trofeo, un castigo para que nadie se atreva a enfrentarlos, quieren infundir miedo, quieren callarnos. Mientras los que destruyen el país y pactan con el narcotráfico están protegidos, los que servimos con honor somos perseguidos», expresó a través de un video Romeo Vásquez Velásquez, quien, a pesar de estar prófugo, continúa activo en redes sociales.
Los antecedentes del general
Vásquez Velásquez nació en Siguatepeque, departamento de Comayagua, y desarrolló una carrera militar de más de tres décadas, alcanzando el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto en 2005, durante el Gobierno de Ricardo Maduro, y fue ratificado en ese cargo en el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales, presidente electo en 2005.
Su nombre cobró notoriedad nacional e internacional la madrugada del 28 de junio de 2009, cuando las Fuerzas Armadas ejecutaron la captura y expulsión del presidente Zelaya hacia Costa Rica, en un operativo dirigido por Vásquez Velásquez. La acción, que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas señalaron claramente como un golpe de Estado, desencadenó una crisis política sin precedentes en la historia reciente del país.
En el contexto de esos hechos, el general Velásquez aseguró que actuó en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba frenar una consulta popular convocada por el Poder Ejecutivo, la cual había sido declarada ilegal.
En una entrevista para Contracorriente, en marzo del año 2022, Vázquez sostuvo que en el golpe de 2009, solo cumplió con su deber legal al destituir a Manuel Zelaya, ante una supuesta amenaza del «proyecto político del socialismo del siglo XXI» que, según él, buscaba imponer una Constituyente y eliminar las Fuerzas Armadas.
Asimismo, aseguró que la crisis política de 2009 fue el resultado de una «gran conspiración política» en la que participaron diversos actores, incluyendo el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y sectores de la empresa privada. Según Vásquez, estos grupos actuaron en conjunto para frenar las acciones del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, aprovechando que este había perdido el respaldo de las Fuerzas Armadas.
En dicha entrevista, Vásquez también se refirió al contexto político actual, afirmando que las élites económicas que participaron en el golpe continúan ejerciendo poder en el país, y señaló que estos grupos colocan y remueven autoridades según sus intereses, manteniendo un control político basado en beneficios personales y no en el bien común.
Previo al golpe de Estado de 2009, el general Vásquez y el entonces presidente Manuel Zelaya mantenían una relación de colaboración institucional. Como jefe del Estado Mayor Conjunto, Vásquez desempeñaba un papel central en la administración de Zelaya, con quien sostenía una comunicación directa y constante. Esta relación se reflejó durante el proceso de preparación de la consulta popular conocida como la «cuarta urna», en la que Vásquez propuso alternativas para evitar una confrontación entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.
La relación se acabó cuando Vásquez se negó a distribuir el material electoral de la consulta, alegando que la iniciativa era inconstitucional. En respuesta, Zelaya lo destituyó de su cargo el 24 de junio de 2009. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ordenó su restitución al día siguiente. Pese a la creciente tensión, Vásquez continuó comunicándose con el entorno del presidente. Posteriormente, tras la ejecución del golpe de Estado, la relación entre ambos pasó de ser institucional a una confrontación pública.
En 2015, el general Vásquez publicó el libro Ambiciones peligrosas. Las tentaciones del poder, en el que expone su versión sobre la crisis política de 2009 en Honduras y justifica la participación de las Fuerzas Armadas en la destitución del expresidente Zelaya. Según Vásquez, la intervención militar fue la única salida institucional viable ante lo que describió como una ruptura del orden constitucional impulsada por Zelaya.
La obra construye una narrativa que traslada la responsabilidad de la crisis a la figura del expresidente, a quien acusa de tener ambiciones personales de poder. Vásquez sostiene que la actuación del Ejército respondió al deber de proteger la soberanía nacional ante una amenaza interna. A lo largo del texto, evita toda autocrítica respecto al uso de la fuerza o al impacto institucional del golpe de Estado, y enfoca su discurso en presentar la intervención como una decisión patriótica necesaria para evitar una supuesta concentración autoritaria del poder.
El exdiputado Dennis Castro Bobadilla, del Partido Alianza Patriótica, formado en 2012 por el general Vásquez, aseguró en una entrevista para Contracorriente: «Siempre he creído que el país tiene que seguir caminando, evolucionando y olvidando todo lo que le ha podido causar un daño. Yo siempre he creído eso. Porque uno no puede vivir explotando una circunstancia eternamente, como está ocurriendo ahora».
Tras su retiro del servicio activo, Vásquez Velásquez inició su carrera política. En 2012 fundó el Partido Alianza Patriótica Hondureña (APH), una organización de orientación conservadora, con la cual participó como candidato presidencial en las elecciones generales de 2013 y 2017.
Castro señaló que el partido APH «se organizó como una alternativa a lo que vemos en el país, que está tomado en términos generales por grupos de personas con intereses particulares. La Alianza Patriótica es una conjunción de diferentes personas que consideran que la prioridad es el país, no mis intereses personales. Y así fue que se juntaron siempre conservando su origen. Es decir, si son liberales, son nacionalistas, si son de cualquier partido. Pero que aporten ideas y que aporten sobre todo ese pensamiento de Dios, madre, y familia. Que son tres elementos que deben conjugarse según nuestro criterio dentro de la actividad política», dijo.
A pesar de su participación en dos procesos electorales presidenciales, el partido no logró un respaldo significativo en las urnas. Sin embargo, en las elecciones generales de noviembre de 2021 obtuvo un triunfo clave, al ganar la alcaldía de San Marcos, Santa Bárbara, con Pedro Armando Aguilar Orellana como candidato. Este resultado permitió al partido mantener su personería jurídica y continuar activo en el escenario político nacional.
No obstante, en noviembre de 2022, el alcalde Aguilar Orellana fue detenido y, en octubre de 2024, declarado culpable por tres delitos de asesinato y uno de asociación para delinquir. A pesar de este revés, el partido ha continuado operando bajo el liderazgo de Romeo Vásquez.
Sobre este caso, Castro manifestó: «En toda sociedad hay personas que tienen sus propios problemas. Y si alguien ha infringido la ley, qué bueno que lo castiguen. Yo soy de los que cree que aquellas personas que hacen un daño a alguien tienen que enfrentar la justicia. Yo soy de los que creo que aquellas personas que hacen un daño a alguien tienen que enfrentar la justicia», dijo.
Joaquín Mejía, abogado y especialista en derechos humanos, cuestionó que se permita la participación electoral de Vásquez, señalado por su vinculación con hechos antidemocráticos.
«Imagínese, ¿cómo es posible que un golpista participe en un proceso electoral cuando es un enemigo de la democracia? Y de hecho, la democracia lo que busca es el gobierno de las mejores personas y evitar el gobierno de las peores. Y en nuestro caso, en nuestro contexto, ¿quiénes son las peores personas para la democracia? Obviamente, los golpistas, violadores de la Constitución, los corruptos, los narcos, los violadores a derechos humanos, y el hecho que el sistema electoral permitiera la participación de un general golpista es realmente, realmente grave», dijo Mejía.
Mientras que el general, en su más reciente publicación, dio a conocer una carta abierta dirigida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, en la que denuncia un proceso judicial que, según él, está viciado, carece de pruebas reales y tiene motivaciones políticas. Asegura que se le está culpando falsamente mediante pruebas fabricadas y testigos inducidos.
En el documento, Vásquez defiende las acciones de las Fuerzas Armadas durante el derrocamiento del expresidente Manuel Zelaya, afirmando que actuaron conforme a la ley y en cumplimiento de órdenes judiciales. Asimismo, cuestiona que, bajo una nueva correlación política, se busque reescribir la historia y fabricar responsables, omitiendo lo que él considera fue la verdadera causa de la crisis institucional.
La carta también hace un llamado a la CSJ a corregir lo que califica como una «deriva peligrosa» de la justicia. «No puede haber justicia sin verdad», sostiene el general, quien afirma que continuará alzando la voz en defensa de su honor y del país. El mensaje concluye con una advertencia sobre los riesgos de politizar la justicia y una reafirmación de su compromiso con la Constitución.
No obstante, el MP sostiene que existen suficientes elementos probatorios para establecer la responsabilidad penal de los acusados en una de las violaciones a derechos humanos más simbólicas ocurridas tras el golpe de Estado de 2009.
Desde su fuga, el general Romeo Vásquez ha publicado videos donde se muestra en una montaña. Desde ahí manda mensajes a quienes están en contra de él, y además aprovecha para enviar saludos a los reservistas, soldados y en general «a los hondureños».
Vásquez Velásquez dice que las actuales autoridades deben aprender «a vivir en democracia», y argumenta que en el 2009 era diferente, «porque en aquel momento las Fuerzas Armadas, tenían autonomía para poder decir eso [la defensa de la democracia], pero también en el 2009 nos paramos con determinación dentro del marco que nos permite la Constitución de la República, de hacer que se respete», puntualizó.
