Pobladores en Santa Cruz de Yojoa denuncian que funcionarios del Partido Libre están frenando el desalojo de 206 familias que ocupan 230 hectáreas de tierra en humedales aledaños al Parque Arqueológico Los Naranjos y terrenos de la represa Cañaveral desde hace tres años. Aseguran que hay daños ambientales, mientras el Estado no garantiza ni la protección ambiental ni el derecho a la vivienda digna y, al contrario, priman intereses de funcionarios locales.
Texto: Allan Bu
Fotografías: Fernando Destephen
El Gobierno de Xiomara Castro no ha podido resolver la crisis agraria que en muchos territorios de Honduras se ha expresado en ocupaciones de tierra que escalan a conflictos violentos sin control. A estas disputas territoriales no escapan las propiedades del Estado o áreas protegidas. Es el caso del Parque Arqueológico Los Naranjos, la represa Cañaveral y el Parque Nacional Cerro Azúl Meambar, ubicadas en la subcuenca del Lago de Yojoa.
En estos lugares hay familias instaladas reclamando el derecho a una vivienda, pero por otro lado, hay grupos que defienden las áreas protegidas y los bienes nacionales, y denuncian que esas ocupaciones dañan el ecosistema del Lago de Yojoa. En medio de este conflicto prevalece la parsimonia sospechosa de la que hacen alarde las autoridades y los entes encargados de regular esta situación.
En el caso del Parque Arqueológico Los Naranjos, un Juzgado de Letras Penal con competencia nacional ordenó el desalojo preventivo de 70 familias, aunque en la zona solamente permanecen 18 familias, las cuales habitan unas 30 manzanas en un terreno aledaño al área protegida ubicada en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, que pertenece a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La fecha para ejecutar el desalojo era el 18 de marzo de 2025 y estaba a cargo del juez Ramón Arturo Lara, pero no se ejecutó.
Además, el 20 de enero se emitió otra orden de desalojo en otra propiedad de la ENEE ubicada en el acuífero de Campo Cañaveral 3, en el municipio de San Francisco de Yojoa. Ahí se ubican 187 familias en aproximadamente un área de 200 manzanas. La comunidad debía quedar informada de dicho desalojo el 24 de enero, con suficiente antelación, pues la diligencia estaba preparada para los tres primeros días del mes de abril de 2024, pero tampoco se ejecutó debido a un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado que abogados de la comunidad interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia.
Estas zonas, que son propiedad de la ENEE, estaban desocupadas y descuidadas, según las personas que ahora las ocupan; sin embargo, habitarlas tiene inevitables consecuencias ambientales.
En la zona aledaña al Parque Arqueológico Los Naranjos se creó un asentamiento con el nombre de Marlon Pineda II, el nombre del alcalde de Santa Cruz perteneciente al Partido Libre. El río Helado, que es un afluente del Lago de Yojoa, está ubicado a tan solo 50 metros de distancia, y la construcción de fosas sépticas daña la calidad del agua, aseguró una persona de la comunidad; sin embargo, los líderes de la ocupación se defienden diciendo que en otras zonas aledañas al río también hay letrina y «allá no es malo».
También personas que cultivan maíz y bananos en una parcela aledaña a la ocupación han cortado enormes árboles, pero los habitantes de la incipiente colonia aseguran que estos individuos no viven en la colonia, y que ellos no han derribado ningún árbol.
La otra ocupación, la colonia Nuevo Cañaveral de San Francisco de Yojoa, está ubicada también sobre un terreno de la ENEE, en el que hay un acuífero y donde hace 10 años se sembró un bosque de caoba.
Las 100 familias que viven ahí hace unos dos años obtienen el agua de una fuente que nace en ese terreno, que se encuentra a la par del embalse de la represa Cañaveral. «Es crítico porque están invadiendo abajo de las líneas de transmisión, que llevan 230,000 voltios de energía. Es un peligro para ellos, ahí también están haciendo fosas sépticas», nos dijo un funcionario de la ENEE en la zona, quien prefiere no ser mencionado por seguridad.
Daños ambientales vrs. acceso a la tierra
En Santa Cruz de Yojoa, las familias asentadas en terrenos al borde del Lago de Yojoa conviven entre árboles de caoba, fosas sépticas y potentes líneas de transmisión eléctrica. Aseguran que no están ahí por capricho, sino por necesidad: el Estado nunca les ofreció otra alternativa. Según la organización Hábitat para la Humanidad, casi seis millones de personas en Honduras no tienen acceso a una vivienda digna, y muchas de ellas sobreviven sin electricidad, agua potable ni condiciones básicas de saneamiento.
Los asentamientos, como los de Parque Los Naranjos y Cañaveral, comenzaron a crecer en tierras que también tienen valor arqueológico y ambiental. Una pobladora, que pidió mantener el anonimato por miedo a represalias, denunció que alcaldes y diputados del Partido Libertad y Refundación estarían frenando los desalojos. Según ella, estos políticos buscan apropiarse de terrenos privilegiados a orillas del lago. «Los verdaderos dueños no están aquí. La gente que ocupa estas tierras hasta recibe salario», afirmó.
En la colonia Marlon Pineda, de 96 lotes asignados solo hay 18 familias viviendo. Algunos vecinos se fueron por miedo, y otros nunca llegaron. «La mayoría no necesita estar aquí», dijo un residente.
Contracorriente intentó obtener respuestas en la alcaldía, pero el alcalde no estaba disponible y las demás autoridades municipales tampoco ofrecieron información. En el terreno, los ocupantes defienden su derecho a permanecer. Rosa, originaria de Cañaveral, asegura que el terreno estaba abandonado y que ellos pagaron por limpiarlo. Otra mujer recuerda que en su infancia el área pertenecía a «la familia Andrade», pero insiste en que ahora, quienes habitan allí han respetado el bosque. Aunque reconoce que hay tala de árboles, aclara que ocurre fuera del asentamiento.
Bayron Jesús, otro residente, pidió ayuda a la presidenta Xiomara Castro: «Necesitamos apoyo. El alcalde prometió reubicarnos, pero no ha vuelto». Dunia, otra de las pobladoras, mientras muestra la pequeña iglesia de la colonia, expresa su malestar: «Todos tienen fosas sépticas, pero solo las nuestras son malas».
El coronel Sergio Ballesteros, del Batallón de Protección Ambiental, confirmó que el asentamiento existe desde hace tres años, aunque dijo no estar al tanto de órdenes de desalojo. Admitió que la presencia de viviendas ha afectado el ecosistema, especialmente cerca del canal principal de la represa Cañaveral. Sin embargo, aseguró que el tema está en manos del sistema judicial, y que el Instituto de Conservación Forestal (ICF) ya ha presentado informes por daños ambientales.
Un experto ambiental que pidió anonimato advirtió que las fosas sépticas y cultivos cerca del río Helado están contaminando el Lago de Yojoa. El contraste es fuerte: mientras el gobierno desmonta muelles y traslada empresas contaminantes, los asentamientos siguen creciendo en un área declarada sitio Ramsar, de importancia internacional.
Una defensora ambiental local denunció que el desinterés institucional está permitiendo la destrucción del ecosistema. Acusó al Ministerio Público de inacción y a los funcionarios de proteger intereses privados. «Quieren construir hoteles y casas de campo en tierras que fueron habitadas por lencas. La tala, las fosas, la ocupación, todo ocurre sin control», advirtió.
En un país donde más del 90 % de los delitos queda impune, las alertas ambientales parecen no tener eco. La tierra sigue siendo ocupada, el bosque intervenido y el lago, cada vez más, contaminado.
En octubre de 2024, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó un informe respecto a los retos del Gobierno en el plan «Cero Deforestación 2029». Los datos no son halagadores, pues se registra que los incendios forestales aumentaron un 114 % en los últimos 10 años, y que la biodiversidad sigue desapareciendo a vista de todos.
El informe de ASJ sostiene que no se han anulado títulos ilegales en zonas forestales, ni se ha regulado el otorgamiento irregular de permisos municipales para dragar ríos o explotar madera. Agrega que tampoco se han fortalecido los batallones ambientales que, según el plan, tienen 2,000 efectivos a nivel nacional. Según ASJ, la impunidad en los delitos ambientales alcanza el 96 %.
El silencio sobre las ocupaciones
Sobre el caso de estas ocupaciones en la subcuenca del Lago de Yojoa hay un silencio que podría indicar lo delicado del proceso. Es que sobre los desalojos preventivos ordenados por el juez de letras Marco Antonio Velasco Mejía en Parque Los Naranjos y el acuífero de Cañaveral 3, la institucionalidad consultada por este medio prefiere no pronunciarse.
En primera instancia contactamos al alcalde Marlon Pineda, quien por diversas fuentes, incluso las personas que ocupan Parque Los Naranjos, ha sido mencionado como actor fundamental en la problemática. Por ejemplo, un habitante del asentamiento dijo en un medio local que él era militante del Partido Nacional, pero que prometió votar por el alcalde en las internas de marzo 2025 para que apoyara en la situación legal de la comunidad, pero «no ha tenido la capacidad de poner la cara por nosotros», aseguró.
«Vino a regar afiches por todo Los Naranjos. No juguemos con la dignidad de las personas. Apóyenos, hombre», dijo el indignado individuo, quien también confesó que el alcalde, por medio de su activista en la colonia, les dijo que «estuviéramos aquí, que no nos fuéramos a mover, pero ahora que la Policía llegó a hacer el desalojo, no vino».
Contracorriente contactó al alcalde Pineda para solicitarle una entrevista sobre este tema, pero hasta el momento de publicar esta nota no había respondido a los mensajes.
Este medio también preguntó a la vocería del Ministerio Público por las investigaciones que se llevan a cabo en el caso, pero no hubo respuesta. Elvis Guzmán, vocero del MP en el norte del país, pidió que la pregunta fuera remitida a Yuri Mora Carías, portavoz de la Fiscalía en Tegucigalpa, pero Mora no respondió a la solicitud de entrevista.
Tampoco quiso referirse al caso el abogado Ramón Arturo Lara Escobar, quien era el juez encargado de ejecutar los desalojos tanto en el Parque Los Naranjos como en la represa Cañaveral. No respondió cuando fue abordado para averiguar por qué no se habían ejecutado las acciones en los sitios mencionados.
El coronel Sergio Ballesteros, comandante del Tercer Batallón Verde, manifestó que no puede señalar si hubo celeridad o no en la actuación de la Fiscalía porque son aspectos legales, pero reconoció que ha habido acciones, aunque aceptó que «seguramente deben faltar algunos aspectos porque el asentamiento humano sigue. Las Fuerzas Armadas siguen enfocadas en la protección de los recursos».
Los claroscuros de la ocupación
En una transmisión por la red social Facebook, el presidente de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeph), Marco Antonio Bhaday, manifestó que hay un contubernio del ministro de la ENEE, Erick Tejeda, una familia que se declara dueña de la tierra y el ICF, para desalojar a 380 familias en el sector Cañaveral. «El pueblo no debe dejarse, debemos ir a defender a nuestros hermanos allá en Cañaveral, si quieren ver a un pueblo en las calles, pues que jodan», dijo Bhaday.
Cuatro mujeres de ese asentamiento en Cañaveral nos dijeron que ahí vivían 180 familias y que todas eran del sector; que no tenían viviendas y que habían limpiado el terreno, retirando toneladas de basura. En esta conversación no se mencionó a ningún alcalde, pero una de ellas mencionó un artículo de la Constitución de la República que, según dijo, habla del derecho de los hondureños a otra vivienda. Nos contaron que en la colonia el patronato ya tiene personería jurídica, y que ellos han seguido todos los pasos para conseguir ese terreno, de donde ya fueron desalojados en una ocasión hace 14 años.
«Nosotros no estamos haciendo nada malo. Estamos dentro de la ley. En el Congreso Nacional está ese decreto, que estamos aquí por necesidad, y como hondureños tenemos derecho a una tierra del Estado. Respetamos lo privado, pero esta es una tierra del Estado, aquí no hay documento», dijo la mujer, apoyada por otra voz que dijo: «La ENEE no tiene cómo demostrar que esto le pertenece, por eso el desalojo no lo hicieron, ellos se basan en una denuncia del ICF, que aquí hay contaminación al medio ambiente».
Efectivamente, la ENEE no tiene un escritura pública sobre el terreno, pero tiene un acuerdo que data de 1968, emitido para la que en ese entonces era conocida como la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que otorgó la servidumbre en fajas de terreno aledañas a la central hidroeléctrica, aunque no hay claridad de las delimitaciones en el documento.
Al consultarle cómo se enteraron de que ese terreno podía solventar las dificultades que tienen de vivienda, una de las cuatro mujeres explicó que comenzaron formando un grupo campesino, pero que al no conseguir los objetivos se unieron a la Conafeph, y ahora ya tienen un expediente en el el Instituto de la Propiedad.
Diversas fuentes confirman que las ocupaciones se dieron en enero de 2023. Una de las personas que habló con este medio de forma anónima mencionó que los pobladores de estos asentamientos ilegales en el Lago de Yojoa reciben instrucciones para brindar esta información para dificultar el desalojo.
En el caso de Cañaveral se pudo constatar que el lugar está ocupado desde 2023, pero Marco Bhaday manifestó a través de su página que la colonia tiene un proceso de 2010 en el que ha cumplido todos los requisitos de ley. «El llamado es para la presidenta de la República Xiomara Castro, porque se nos dice que ella no ha ordenado el desalojo para no perjudicar a la gente, pero a estos mediocres y mercenarios de la ENEE, les ha valido poco», dijo Bhaday.
Hay que mencionar que emitir y ejecutar la orden de desalojo es competencia del Poder Judicial y no de la presidencia de la República.
Bhaday asoció a este conflicto el hecho de que en octubre de 2023 fue asesinado a disparos Juan Vásquez (64), quien era el presidente de la comunidad ubicada en el acuífero de la represa Cañaveral. Un pistolero lo acribilló mientras desayunaba unas baleadas. Su crimen continúa en la impunidad. Este asesinato es la razón por las que las cuatro mujeres que hablaron con este medio solicitaron anonimato y no aparecer en fotografías.
Bhaday agregó que desde Conafeph ya se interpuso un recurso de amparo contra los desalojos. Dijo además que él se ha reunido con Tomás Vaquero, ministro de Gobernación y Justicia, y con empleados del Instituto de la Propiedad (IP). Haciendo alarde de una fuerte influencia y participación en el problema de las invasiones, envió un mensaje a los habitantes que dice proteger: «El que se quiera ir de Cañaveral es sapo, que se vaya, mejor que no sirva para estorbar, porque queremos gente para defender las causas del pueblo», sentenció.
Mientras, una persona que prefiere el anonimato porque teme represalias sostiene que en las invasiones están involucrados políticos de la administración actual que quieren tener propiedades en una zona privilegiada y hermosa como el Lago de Yojoa: «Mire, tienen tanto poder que pararon los desalojos en Los Naranjos, Panacam y Cañaveral», aseguró.
Datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) indican que en el país hay unas 66 mil manzanas de tierra con problemas de ocupación, especialmente en los departamentos de Cortés, Colón, Atlántida, Yoro, Francisco Morazán, La Paz y Santa Bárbara.
La tenencia de vivienda es un problema real y grave en Honduras. En el 2020, Hábitat para la Humanidad realizó un estudio, según el cual el país en ese entonces tenía necesidad de 522,076 viviendas nuevas, mientras que 844,000 de la casas ya edificadas presentaban necesidades urgentes de mejoramiento.
En Los Naranjos y Cañaveral hay algunos hechos que se entrelazan. «Necesitamos que nos apoyen, el alcalde Marlon Pineda por aquí no ha aparecido», sostiene Bayron en el asentamiento ubicado en Los Naranjos, mientras otro de los habitantes asegura que el edil les dijo en una ocasión que con invasores no hablaba. Sin embargo, la mujer que ha liderado la ocupación, que se presentó como interlocutora del alcalde, pidió que votaran por él en las internas de marzo 2025, aunque después les dijo que esos «votos no servían», eran muy pocos.
