El colapso de una de las rampas del puente a desnivel Juan Manuel Gálvez en el Distrito Central, ocurrido el 5 de abril de 2025, expuso una serie de irregularidades técnicas y financieras que involucran a la empresa constructora italiana Astaldi S.P.A., que se retiró del país en 2018 en medio de una crisis económica interna, y ha sido señalada por irregularidades en construcciones en otros países. La obra se inauguró en diciembre de 2014, con un financiamiento de 7.2 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte han estimado que la rehabilitación del puente dañado costará entre 50 y 60 millones de lempiras.
Texto: Abigail Gonzales
Fotografía: Fernando Destephen
La madrugada del sábado 5 de abril, una rampa aérea del puente Juan Manuel Gálvez, que conecta la colonia 21 de Octubre con el anillo periférico en Tegucigalpa, se desplomó mientras transitaba un pesado camión reciclador de asfalto. Este martes 22 de abril, casi tres semanas después, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) habilitó el paso sobre el que cayó la rampa, permitiendo nuevamente el tránsito vehicular desde el bulevar Los Próceres hacia la carretera que conduce a Valle de Ángeles. Sin embargo, los hechos en torno a la construcción de ese puente, financiado con 7.2 millones de dólares por el Banco Centroamericano de Integración Económica, continúan rodeados de opacidad.
La empresa italiana Astaldi S.P.A., responsable de la construcción del puente, salió del territorio hondureño debido a una crisis económica que afectó su operatividad en 2018. La empresa ahora enfrenta procesos legales en distintos países por incumplimientos, perjuicios económicos al Estado y vínculos con prácticas corruptas. Por ejemplo, en El Salvador, abandonó en 2012 la construcción de la represa El Chaparral, pero aún así recibió un pago de 108.5 millones de dólares del gobierno, acuerdo que actualmente está bajo investigación judicial por presunta corrupción pública.
En Perú, formó parte del consorcio Obrainsa-Astaldi en la construcción de la presa y túnel del proyecto Alto Piura, donde la contraloría de ese país detectó un perjuicio económico de 77 millones de soles (aproximadamente 22.8 millones de dólares).
En 2019, la empresa también de origen italiano, Salini Impregilo, adquirió el 65 % de sus acciones y pasó a ser nombrada Webuild S.P.A.
Pero el cambio de propiedad no le eximió de ser nombrada en irregularidades. Webuild enfrenta un conflicto legal en Chile por la construcción del Hospital Félix Bulnes en Santiago. En 2015, Astaldi firmó un contrato con la Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud (SCMS) para ejecutar las obras del hospital, pero entre 2018 y 2019, SCMS disolvió el contrato alegando que los graves problemas financieros de Astaldi estaban afectando el avance de los trabajos. En respuesta, ambas partes iniciaron arbitrajes separados en 2019, que terminaron condenando a Astaldi a pagar más de 139 millones de dólares por incumplimiento contractual.
De acuerdo con un informe financiero presentado por la empresa Webuild, con fecha 30 de junio de 2024, la liquidación de los activos que Astaldi mantenía en Honduras sigue en curso bajo la administración de un gestor designado, y al menos tres bancos hondureños crearon un fideicomiso para recuperar la inversión que Astaldi había hecho en el país.
Según un informe de estados financieros presentado por BAC Credomatic con fecha 31 de diciembre de 2024, los bancos BAC Credomatic, Ficohsa y Ficensa, en diciembre de 2019 firmaron un fideicomiso de administración con el Banco Davivienda para recuperar parte de la inversión en Astaldi S.P.A., empresa que aún tiene deudas pendientes en el país.
El fideicomiso permite administrar y vender maquinaria adquirida por Astaldi, con el fin de recuperar fondos. El informe indica que los bancos aportaron más de 243 millones de lempiras para la compra y gestión de estos bienes, bajo la supervisión de un comité técnico.
Astaldi fue contratada para construir el paso a desnivel Juan Manuel Gálvez, inaugurado el 16 de diciembre de 2014, con una inversión de 7.2 millones de dólares (155 millones de lempiras), financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Fue supervisada por la Asociación de Consultores de Ingeniería (ACI) y la entonces Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), hoy Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Un documento al que tuvo acceso Contracorriente señala que el BCIE realizó un préstamo de 7.2 millones de dólares. Contracorriente consultó al gerente de país en Honduras del BCIE, Ramón Irías, para conocer más sobre la forma de financiamiento de dicho proyecto; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. El puente aéreo se ejecutó como complementario a la obra de finalización de la construcción del anillo periférico, y cinco meses después de su inauguración, presentó fallas estructurales que obligaron a la empresa a realizar reparaciones en uno de sus tramos.
Astaldi también fue contratada para realizar otros proyectos de infraestructura en Honduras, como la represa hidroeléctrica Francisco Morazán (El Cajón), la construcción de la carretera CA5-Sur (Corredor Pacífico), la carretera central en Olanchito, Yoro, y tramos viales en el sur del país. En 2017, poco antes de su retirada definitiva del país, se le asignó la construcción de la Central Hidroeléctrica Arenal, y en 2018, fue reemplazada por la empresa china Sinohydro Corporation Limited, constructora estatal especializada en ingeniería y obras hidroeléctricas.
Tras el colapso de la rampa en el puente Juan Manuel Gálvez, el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, indicó que se conformó una comisión técnica compuesta por ingenieros estructurales que serán los encargados de determinar las causas de lo sucedido. La comisión presentará el informe técnico en un plazo máximo de 90 días, y será remitido a instituciones como el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas para su respectiva revisión.
Además, el alcalde Jorge Aldana y el ministro Octavio Pineda, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), anunciaron el inicio de una evaluación técnica de al menos 15 puentes y pasos a desnivel en Tegucigalpa. Pineda también solicitó al Ministerio Público que brinde acompañamiento en las investigaciones sobre las causas del colapso del puente aéreo. Contracorriente consultó a un portavoz de la fiscalía sobre esta solicitud, pero hasta el momento de la publicación de esta nota, no se había obtenido respuesta.
Pineda señaló que la rehabilitación del puente Juan Manuel Gálvez costará entre 50 y 60 millones de lempiras, y Carlos Durón, supervisor de proyectos de la SIT, estimó que los trabajos podrían tardar hasta seis meses.
Benjamín Bustamante, director de Ordenamiento Territorial e integrante de la Comisión Evaluadora por parte de la alcaldía, en una entrevista para Contracorriente, informó que se han habilitado rutas alternas por las colonias El Sitio, San Miguel y otras zonas cercanas.
