En septiembre de 2023, el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes, autorizó la compra de unas tierras en Comayagua para fines de reforma agraria por más de 56 millones de lempiras. Contracorriente accedió a audios, testimonios y documentos que revelan una serie de irregularidades en esta operación realizada por el mismo ministro Francisco Funes y el abogado del INA y hermano de un diputado de Libre, Diógenes Flores. En este proceso también fue involucrado el hijo del ministro, Lenin Funes, quien es comisionado del Instituto de la Propiedad. Entre 2022 y 2024, durante la administración que prometió beneficiar al campesinado, el INA compró 10,466.63 manzanas de tierra supuestamente con fines de reforma agraria; sin embargo, este caso genera dudas sobre quién se está beneficiando de esta inversión pública.
Texto: Contracorriente
El ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes, llamó a Oswaldo Ulloa para arreglar un trámite de compra de tierras. Oswaldo era uno de los tres propietarios de 2,496.48 manzanas en La Libertad, Comayagua, unas tierras que en los últimos años habían adquirido mucho valor, por lo que el Estado de Honduras tenía interés en comprarlas como parte de su plan de «refundación agraria».
El 21 de septiembre de 2023, el INA logró comprarlas, y el ministro se encargó de que el negocio saliera como lo había pensado. «Entonces se le garantiza que a usted [Oswaldo Ulloa] se le tienen que pagar dos millones, o sus cuatro millones de lempiras, los que sean, con tal estén saliendo de ahí, ¿me entiende? Solo firma ese documento, lo trae mi hijo y ya es un compromiso de la abogada ante usted, de darle su dinero y depositarlo, ¿me entiende?», le instruyó en la llamada el ministro a Ulloa.
Oswaldo Ulloa y el ministro Francisco Funes habían acordado la compra de la propiedad «con fines de reforma agraria», bajo un poder que los otros dueños, José Castro y Maximiliano Castro, supuestamente le habían otorgado a Oswaldo en el departamento de La Paz. Este medio corroboró que este poder fue falsificado, el primer paso que demuestra un fraude.
La transacción de compraventa se fijó en 56,170,990.60 lempiras, cantidad que, según el documento, se pagaría en dos partes de 28,085,495.30 lempiras cada una, en un periodo de cuatro meses a través de una transferencia a la cuenta bancaria de Elba Sofía Castañeda Panting, una tercera persona a quien supuestamente Oswaldo Ulloa otorgó un poder para percibir el monto pactado.
Este medio tuvo acceso a una copia íntegra del poder especial citado; sin embargo, en ninguna parte se menciona que Ulloa le diera este poder a la abogada Castañeda Panting, mientras que Ulloa le confirmó a este medio que él no conoce a la abogada Panting.
Los registros sobre esta abogada son limitados, pero según lo que dice en su página de Linkedin, la abogada laboró desde 2020 como asistente legal en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. En una llamada con Contracorriente, Panting aseguró que había sido despedida con el cambio de gobierno, y que ahora se dedica a litigar de forma independiente y ha llevado diversos procesos en materia civil.
Según la página de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae), en 2022 actuó como representante legal de una empresa de reciclaje para inscribirla en el registro de proveedores y contratistas del Estado.
En 2023, el INA efectivamente realizó un pago en favor de Castañeda Panting por esta compra, según corroboramos en el portal público Honduras Inversiones, aunque no fue por el monto acordado en un principio, sino que fue de 21,786,671.5 lempiras. El documento de compraventa de la propiedad incluso menciona el número de cuenta bancaria en la que se depositaron los más de 21 millones de lempiras, y este medio comprobó que dicha cuenta pertenece a la abogada.
El INA indicó que el restante 50 % del pago se hará al contar con disponibilidad presupuestaria. Esta institución tuvo 256.4 millones presupuestados para titulación de tierra en 2023, mientras que en 2024 tuvo 277.4 millones; en ambos años la ejecución de este rubro fue del 100 %. En 2025, el INA tiene un presupuesto de 292.6 millones para titulación de tierras, y ya lleva un 44 % de ejecución.
En una conversación con este medio, la abogada Sofía Castañeda Panting aseguró que actuó únicamente como intermediaria legal, facultada por un grupo de propietarios que le otorgó poder para gestionar el expediente y percibir el pago, ya que ninguno de ellos confiaba entre sí, ni contaba con el pin SIAFI necesario para recibir el dinero por parte del INA.
«No tenía conocimiento de que había algún conflicto o denuncia al respecto», dijo Panting, al ser consultada sobre la denuncias. Panting asegura que toda la documentación del proceso —incluyendo las actas, el poder y la resolución del INA— está en regla y fue revisada antes de proceder. «El proceso de venta de las tierras está en orden. El poder y las actas también. Yo revisé toda la documentación antes de firmar», señaló.
De acuerdo con su relato, los pagos se realizaron en presencia de los propietarios, quienes le dieron instrucciones específicas sobre cómo debía distribuirse el dinero. «Me reuní con todos en el banco. Me dijeron: “Este es el pago de Oswaldo, este el de tal persona”. Y así se les fue acreditando. Todos estaban satisfechos con el pago, no sé qué ocurrió después».
Panting dice que el conflicto podría haber surgido por desacuerdos internos posteriores a la transacción. «Entre ellos se hicieron sus negociaciones de cómo se iban a distribuir el dinero y quizá luego ya no estuvieron de acuerdo. Pero toda la documentación está. Imposible que haya algún tipo de irregularidad, lo que hay es un conflicto interno entre ellos», afirmó.
Aseguró que con Diógenes Flores y Oswaldo Ulloa nunca había trabajado y solo los ha visto un par de veces, aunque previamente reconoció que Diógenes Flores era su cliente. Asimismo, negó cualquier vínculo con funcionarios del actual gobierno o del Partido Libre. «No tengo relación con Francisco Funes, y con su hijo Lenin Funes menos. Más bien imposible que yo tenga relación con alguien de Libre. Siempre he sido activista del Partido Nacional», subrayó.
Insistió en que su papel fue únicamente como apoderada para recibir el dinero y hacer los pagos conforme a lo indicado por sus representados. «Me dijeron: “Usted percíbalo y le vamos a dar las instrucciones de cómo hacer los pagos”. Y así se hizo. Yo solo protegí los intereses de mis clientes». Sobre el poder que se le otorgó, aseguró que fue elaborado en Tegucigalpa. En una llamada posterior reconoció que había irregularidades con el poder falso en La Paz, pero que ya había una resolución del Ministerio Público (MP) al respecto, aunque no dio más detalles.
Oswaldo Ulloa aseguró a Contracorriente que él no sabe leer, y que la gente enviada por el ministro, específicamente el abogado Diógenes Flores –a quien ya conocía– y el hijo del ministro, Lenin Funes, lo citaron en un hotel en horas no laborales para pedirle firmar unos documentos que él asegura no sabía de qué trataban. Además, denunció que fue intimidado al punto de presionarlo para vender las tierras sin comunicarse con el resto de los dueños, que según Ulloa son sus primos.
Ulloa contó que tuvo que huir del país por amenazas, ya que en su comunidad tenía varias deudas y esperaba pagarlas con el dinero de la venta de su lote de tierra; sin embargo, ahora asegura que no tiene nada y que aún no se explica por qué las autoridades del INA que él conoció lo involucraron en este proceso que le generó daños a él y su familia.
«Me llevaron a un lugar que no eran oficinas del INA y solo de noche, ellos hicieron lo que quisieron conmigo. Tuve que huir porque me amenazaron, el ministro me dijo que a él le valía madres lo que pensara la demás gente. Me pidieron que firmara. Yo soy un hombre viejo que ya ni miro, no estuve ni un año en la escuela. Yo he perdido hasta a mi familia por culpa de ellos, y ellos bien a gusto con todo el billetón que se han robado y no les bastó joderme a mí, porque la propiedad no era solo mía, sino de una familia completa. Me hicieron una injusticia», dijo.
Un poder con irregularidades
En Contracorriente comprobamos que el instrumento inscrito en el departamento de La Paz, el poder que facilitó la compraventa de las tierras con el INA, tiene serias inconsistencias. Una de ellas es que no se menciona a Elba Sofía Castañeda Panting como apoderada para recibir el pago por parte de Oswaldo, y aun así se le hizo a ella el pago.
Contracorriente tuvo acceso al poder que supuestamente los hermanos Castro, los demás dueños de la tierra, otorgaron a Oswaldo Ulloa para que él la vendiera al INA. Este documento fue supuestamente emitido por el abogado y notario Mariano Lagos Donaire, con domicilio en Comayagua. El poder fue inscrito bajo el instrumento público número 44, un registro único e irrepetible que cada notario lleva en su protocolo. Sin embargo, una fuente proporcionó a este medio una copia del protocolo original del notario, y en el folio número 44 no figura ese poder.
A través del registro público, Contracorriente también accedió al instrumento número 44 auténtico, emitido en Comayagua, y comprobó que corresponde a la compraventa de una parcela distinta, sin relación alguna con Ulloa ni con los hermanos Castro. Consultado por este medio, el abogado Mariano Lagos Donaire se limitó a decir que él no realiza ningún tipo de gestión legal fuera del departamento de Comayagua, y esta fue realizada en el departamento de La Paz.
Contracorriente conoció también que José Castro y Maximiliano Castro niegan haber otorgado ese poder, y no se dieron cuenta de la venta de sus tierras al INA hasta varios meses después. Tras enterarse acudieron a la institución y expusieron su caso ante el ministro Funes y su hijo Lenin Funes, comisionado adjunto del Instituto de la Propiedad (IP), quienes les prometieron dinero y propiedades a cambio; sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado ninguna de esas promesas.
Llamamos vía WhatsApp al ministro Funes para consultarle sobre este caso. El ministro aseguró que estaba muy ocupado en asignaciones que la presidenta Xiomara Castro le ha dado para dar respuesta a comunidades en conflicto por tierras en el Aguán y en comunidades indígenas y garífunas.
Sin embargo, cuando consultamos sobre el caso de la compra de tierras en La Libertad, Comayagua, dijo de inmediato que hay falsedades que se están difundiendo y que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Finanzas vieron el caso junto con el INA, y que él incluso logró que el Estado «ahorrara 110 millones» en la adquisición de esas tierras.
Francisco Funes Rodriguez asumió como titular del INA al inicio del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro en 2022, y actualmente lidera la Comisión de Seguridad Agraria conformada en 2023 por el Ejecutivo. Además, entre 2006 y 2009, en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, también ocupó el cargo de director del INA.
«Nada pasa de compras de tierra sino es alrededor de la última firma de uno, para eso emite resoluciones uno. No me gusta que me estén entrevistando diciendo que hay irregularidades solo por decires. Se llamó a los propietarios por desconfianza de los poderes que están allí, pero se está falseando la información. Son unos señores que se les llamó por su desconfianza, pero se llamó a los dueños para que suscribieran sus voluntades. Están levantadas las actas notariales y están las fotos de ellos; ahora dicen que no firmaron», afirmó.
Además, dijo que quienes están señalándolo «es gente farsante» que lo que quiere es que se les pague otra vez, pero confirmó que en efecto él habló por teléfono con la parte afectada, y que estas personas «firmaron en La Paz con un notario».
«Ya se les pagó doble, al señor que había vendido ya se le había pagado. Al Estado le ahorré 110 millones. Sencillo, la comisión evaluadora con Finanzas y TSC y la Procuraduría la valoraron a 45 mil (la manzana) y yo la bajé a 22,500 la manzana», dijo, sin dar más explicaciones sobre el proceso en el que se involucró el empleado del INA, Diógenes Flores, el papel de su hijo Lenin Funes o el de Elba Sofía Castañeda.
Al día siguiente escribimos al ministro del INA para obtener más información sobre el expediente del caso que él aseguró que es público y aclarar los cuestionamientos, pero no obtuvimos respuesta.
Un experto que conoció el caso —quien pidió no revelar su identidad por seguridad— aseguró que el avalúo realizado para concretar la compra perjudicó a los vendedores. «Fíjese que eso fue lo curioso, ese avalúo más bien les perjudica. Si uno saca cuentas, la tierra fue pagada por muy poquito. Ellos hicieron un cálculo en el que esas tierras valían casi cien millones», explicó.
También cuestionó que el poder notarial falso utilizado para concretar la venta no fue inscrito en Comayagua o Tegucigalpa, sino que en La Paz, «donde hay institutos medio “patitos”, donde se permite hasta lo no permitido», dijo en referencia a una realidad: el registro de propiedades en ese departamento no está digitalizado.
El experto señaló que la operación coordinada por Francisco Funes, su hijo Lenin, y Diógenes Flores, asesor legal del INA en Comayagua que fue clave en la transacción, implicó asegurar el dinero a través de una red de confianza, por lo que utilizaron a la abogada Castañeda Panting para recibir el depósito. Además, aseguró que a Oswaldo le hicieron firmar unos papeles que supuestamente eran la promesa de pago de siete millones de lempiras, pero que al final solo le dieron cuatro.
«Esta gente está jugando con nuestro dinero, con nuestros impuestos y con el futuro de nuestros hijos. Esto molesta bastante. Ver cómo dañan a estas personas y cómo despilfarran el país a través de instituciones donde no hay un ojo crítico, donde nadie presta atención», aseguró finalmente la fuente.
Al respecto, Oswaldo dijo que, en efecto, él recibió cuatro millones, aunque primero lo que le dijeron que estaba en papel era una promesa de siete millones, y asegura que nunca le dijeron en cuánto el INA compró las tierras. La única transacción que Contracorriente encontró con respecto a este negocio fue la transferencia a la señora Elba Sofía Castañeda por un poco más de 21 millones de lempiras, y Oswaldo aseguró a este medio que él no conoce a Castañeda.
Según representantes de las víctimas de esta venta irregular, una parte de las tierras está actualmente ocupada por personas que fueron ubicadas allí por las autoridades del INA y que ahora la están cultivando. Otra parte, según Oswaldo Ulloa, está ocupada por ganaderos que tienen el permiso de su familia para tener sus vacas allí.
La llamada para acordar la entrega del dinero
Contracorriente tuvo acceso al audio de una llamada telefónica en la que, en un primer momento, Diógenes Flores Bueso —quien figura como capacitador del INA en la oficina de Comayagua— se comunica con Oswaldo Ulloa. El objetivo de la llamada era coordinar, tras la firma del contrato de compraventa y el acuerdo previo, el depósito del monto acordado a las cuentas de Ulloa.
Ulloa le dice a Diógenes que está enfermo, «empachado», por lo que no podría verlo en persona para la entrega del dinero. El funcionario contesta que es necesario que se vean en persona, pero le garantiza que le guardará su dinero. Luego ambos discuten sobre el depósito del dinero.
Llamamos a Diógenes Flores a su celular y a la oficina del INA en Comayagua para consultar sobre este caso; sin embargo al cierre de esta nota no respondió.
Diógenes Flores Bueso es hermano de Juan Ramón Flores Bueso, actual diputado del Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación (Libre), y de la directora residente de Hondutel, Aracely Flores Bueso. Además, según fuentes consultadas por este medio, Diógenes es un abogado de gran influencia en el departamento de Comayagua.
Dos días antes de concretar el trato con Oswaldo Ulloa, el 19 de septiembre de 2023, Diógenes Flores vendió 99,696.75 manzanas de tierra en La Libertad, Comayagua, por 2.5 millones de lempiras. Luego, el mismo día en el que se oficializó la compra de las tierras de Ulloa, Diógenes participó junto a Antonio Urbina Flores, María del Carmen Padilla y José Urbina Flores, en otra operación de compraventa de aproximadamente 905.66 manzanas constituidas en tres lotes, por 22.65 millones de lempiras. En esta última transacción también estuvo involucrada Sofía Castañeda Panting, quien, según el documento de compraventa, presentó la oferta de venta ante el INA en representación de las personas vendedoras.
En la llamada con este medio, Panting aseguró que Diógenes Flores era su cliente; sin embargo, cuando le mencionamos que él laboraba en el INA, ella negó conocer este vínculo.
Tras la discusión entre Diógenes y Ulloa, interviene en la llamada el ministro Francisco Funes. En la llamada, que duró alrededor de ocho minutos, Funes expresa su preocupación porque se termine el trato, y que necesita una firma de Ulloa para hacer los depósitos que el INA debe realizar como parte del acuerdo por la compraventa de las tierras. Insiste en que los documentos anteriores «se hicieron mal» y que él se ha encargado personalmente de corregirlos; además, le garantiza a Ulloa que su dinero «está reconocido» y que se le pagarán los dos o cuatro millones de lempiras acordados, al igual que a los otros «jodidos».
«Lo que yo quiero es protegerlo a usted», le dice el ministro Francisco Funes, subrayando que todo debe quedar respaldado legalmente para evitar futuras acusaciones, incluso —según sus propias palabras— de «lavado de dinero». En ese contexto, Funes le propone un acuerdo a Ulloa: enviaría al día siguiente a Diógenes junto a uno de sus hijos —sin mencionar su nombre— para firmar el documento correspondiente.
«¿Dónde vive usted?», le pregunta el ministro. Ulloa responde: «En Bonito Oriental», un lugar en el departamento de Colón, lejano a Comayagua. Tras valorar la distancia y la enfermedad de Ulloa, ambos acuerdan encontrarse en un punto intermedio: el Hotel París, frente al parque central de la ciudad de La Ceiba. La cita sería el sábado siguiente de esa llamada, a la 1:30 de la tarde.
En otro momento de la llamada, Funes le recalca a Ulloa que el resto del dinero, aparte de los cuatro millones que le prometieron, no debe importarle.
—Va a llegar mi hijo con un documento que lo único que está diciendo es la realidad, y que se le cuiden sus cuatro millones de pesos, que se le depositen en tal lado, y que lo demás a usted le vale verga— le remarcó el ministro Funes.
—Así es— responde Ulloa.
—Yo estoy preocupado porque se preserven sus derechos, que se le preserven los derechos a Diógenes, que la abogada que se nombró también, y que por otro lado usted se componga— concluye Funes.
Finalmente, Funes pidió la cuenta de banco de Ulloa para depositarle dinero para poder movilizarse, y le remarca que puede contactarlo en cualquier caso de emergencia; incluso le brinda su número telefónico en el momento.
«Esta gente me utilizó, me hizo como un muñeco» cuenta Oswaldo, quien rompió en llanto cuando habló del miedo que lo hizo huir del país y dejar a su familia. Contó que él conoció al abogado Diógenes Flores en Comayagua, aunque hubo un tiempo en el que no se hablaban, pero por la intercesión de un primo cedió a ver qué quería Flores. «Pero cuando hablé con ellos, ellos ya estaban midiendo la propiedad. Supuestamente ellos sacaron un poder, que lo fueron a sacar a La Paz», explica.
Oswaldo recuerda que Diógenes le dijo que tenía un papel que le permitiría vender la propiedad. «Entonces pregunté por qué metió mi cedula allí, y entonces me dijo: “Si querés vender, vendé, este papel vale 12 millones”. Me dijo que de todos modos la propiedad se iba a vender porque sí», cuenta.
El ministro Funes aceptó que las llamadas a los dueños de las tierras se realizaron «por la desconfianza de ellos a los poderes». Oswaldo Ulloa asegura que aunque él nunca conoció en persona al ministro, este le dijo en la llamada que no tuviera miedo, que fuera a firmar los documentos porque su propio hijo iría a asegurarse que todo saliera bien.
Las promesas del Gobierno en materia agraria
En febrero de 2022, pocas semanas después de iniciar su Gobierno, la presidenta Xiomara Castro firmó un acuerdo con la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, con el objetivo de atender la conflictividad agraria en esa región al norte de Honduras. Este compromiso se sumaba a otras promesas hechas durante su campaña, en las que aseguró que daría respuesta a la demanda de tierras del campesinado a nivel nacional.
Luego, en junio de 2023, desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), la presidenta Castro ordenó la conformación de la Comisión Agraria y Acceso a la Tierra. Destacó que «las políticas agrarias han fracasado históricamente», y apuntó que no se podían «desconocer las condiciones precarias en que vive el sector rural y agrícola de nuestro país, especialmente, las poblaciones que luchan a diario por llevar alimentos a sus casas a cambio otros sectores gozan de grandes privilegios, exoneraciones y jugosas utilidades producto de injustos modelos económicos de la última década, acceso a la tierra para los campesinos, mujeres, comunidades indígenas y pueblos originarios».
Uno de los objetivos de la Comisión es investigar la legalidad de las tierras y sus antecedentes registrales. Sin embargo, ha sido objeto de críticas por diversas organizaciones de derechos humanos y campesinas en el país, que la consideran un «fracaso total» debido a la falta de avances significativos en la garantía de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas.
En mayo y noviembre de 2024, en el contexto de esta «refundación agraria», el INA reportó en su página web y redes sociales la entrega de títulos de propiedad a decenas de campesinos en el departamento de Comayagua, el mismo departamento donde se denuncia la compra fraudulenta de tierras por parte de la institución, en perjuicio de Oswaldo Ulloa y los hermanos Castro.
Esta comisión también está conformada por personas de confianza del ministro Francisco Funes, entre ellas su hijo Lenin Funes, comisionado adjunto del IP, quien también participó en la operación denunciada por fraude. Lenin Funes ha sido representante del IP en esta instancia y enlace entre la Comisión de Seguridad Agraria y la Secretaría de Seguridad.
En Contracorriente se han reportado diversas irregularidades en los procesos de compra y venta de tierras destinadas a reforma agraria.
En junio de 2024, contamos que el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) denunció ante el Ministerio Público que Inversiones Los Pinares –la desarrolladora del megaproyecto minero que ha provocado conflictos socioambientales y perpetrado muertes violentas en el Bajo Aguán– se benefició con la compra de 12 parcelas de tierra que originalmente habían sido adjudicadas a ocho personas en el marco de la Ley de Reforma Agraria, en complicidad con funcionarios del gobierno pasado encabezado por Juan Orlando Hernández, incluyendo al exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara Bueso.
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Además, en noviembre de 2024, también contamos cómo el proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua fue construido sobre tierras con fines de reforma agraria, adquiridas de forma irregular y a precios sobrevalorados por la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA) en el departamento de La Paz. La comunidad lenca de Sazagua denunció que el proyecto se instaló sin consultarle, y que el Estado les ha criminalizado por defender sus tierras.
Hasta el momento, el INA no ha publicado en su página web el propósito de la compra de esta tierra en La Libertad, Comayagua y aún no hay registro público de que el resto de la transacción se culminó. Mientras tanto, Oswaldo asegura que huyó de Honduras porque esta venta de tierras al Estado para la «refundación agraria» puso en riesgo su vida. «Ellos han hecho fraude, han hecho fraude al gobierno y me han hecho fraude a mí. Perdí a mis hijos, ¿por qué son tan injustos? ¿Por qué tienen esa gente pícara, sinvergüenza, en el gobierno? Perdí todo», concluyó.
