La empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V. enfrenta acusaciones de fraude por parte del Ministerio Público (MP) tras incumplir su contrato con el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que generó retrasos en la entrega de material electoral en las elecciones primarias e internas del 9 de marzo. Uno de los socios de esta empresa es hijo de un fundador del Partido Libre y amigo del expresidente José Manuel Zelaya Rosales. La fiscalía también investiga posibles colusiones entre funcionarios del CNE y la empresa.
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera
La empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V. y uno de sus socios enfrentan acusaciones de fraude por parte del Ministerio Público (MP), debido al incumplimiento de cláusulas en su contrato con el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que causó retrasos en la entrega de material electoral y afectó al 3 % de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) durante las elecciones primarias e internas del 9 de marzo. Sin embargo, otro de sus socios, quien no ha sido requerido por la fiscalía más que para brindar declaraciones, es miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre) y su padre fue cercano a su coordinador general, el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
Según el contrato societario mediante el cual se constituyó esta sociedad mercantil el 23 de mayo de 2019, uno de sus socios es Óscar René Aguilera Hernández, hijo de Óscar Aguilera, quien hasta su fallecimiento en 2021 fue miembro y fundador del Partido Libertad y Refundación (Libre) y, según una publicación en X del 1 de septiembre de 2021, el expresidente Zelaya Rosales lo consideraba su amigo.
Oscar Aguilera amigo y reconocido militante del partido libre ha partido. Nuestra solidaridad con la familia y sus compañeros(a) de lucha. QEPD @PartidoLibre @XiomaraCastroZ
— Manuel Zelaya R. (@manuelzr) September 1, 2021
Sin embargo, el vínculo entre Aguilera y Zelaya Rosales no es el único hallazgo en torno a Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V., ya que Bernardo Majin Aguilera Hernández —hermano de Óscar René— suscribió el 9 de octubre de 2024 un contrato de trabajo especial por tiempo limitado con la consejera presidenta del CNE, Cossette López, para desempeñarse como jefe de área del Centro Logístico Electoral (CNE).
Contracorriente consultó si esta persona aún labora en el CNE y no obtuvimos respuesta; sin embargo, el mismo Óscar René Aguilera Hernández confirmó el 3 de abril, en una entrevista con el medio HCH, que su hermano es empleado del CNE, pero que eso no representaba ningún conflicto de interés al momento de la contratación de la empresa.
«Mi hermano Bernardo Aguilera, que trabaja en el CNE, no es algo de desconocerlo, pero tampoco es una cuestión de injerencia», aseguró Aguilera Hernández, socio de Carlos Salomón Fonseca Robles, quien actualmente enfrenta una acusación del MP por supuesto fraude ante el Juzgado de Letras Penal en Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente.
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La empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V. fue adjudicada con un contrato de 64,789,021.78 lempiras por el alquiler de transporte de carga para el traslado de material electoral el 25 de febrero y firmó el contrato apenas el 7 de marzo, dos días antes de las elecciones primarias e internas. Sin embargo, según el MP, la empresa no estaba capacitada para cumplir con los términos del contrato, y a pesar de ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó su contratación.
El requerimiento fiscal presentado por la Unidad Especial Contra Delitos Electorales (UECDE) señala que la empresa representada legalmente por Fonseca Robles carecía de «idoneidad y capacidad técnica para el transporte seguro del material electoral y flota vehicular registrada», y menciona «posibles acciones colusorias con funcionarios del CNE». Además, indica un supuesto indicio de sobrevaloración contractual en más de 21 millones de lempiras.
«La Comisión Técnica Evaluadora dio por hecho que hubo inspección mecánica y logística, dio por hecho que el contratista tenía toda la flota para ponerla a disposición del CNE en el momento en que se requiriera», indicó a los medios de comunicación el fiscal general Johel Zelaya el 31 de marzo, cuando oficializó la presentación del requerimiento fiscal por parte de la UECDE contra Fonseca Robles y cinco funcionarios del CNE.
Sin embargo, la defensa de Fonseca Robles solicitó que él se presente voluntariamente a la audiencia de declaración de imputado, y aseguró que es «falso que haya habido incumplimientos en el contrato». Su apoderado legal, Teodoro Bonilla, manifestó a los medios de comunicación que hicieron un reclamo administrativo al CNE porque no les han pagado, y estableció que para que el MP pueda comprobar que existió un delito deben existir requisitos como dolo y perjuicio al Estado.
«Estas situaciones no se configuran en los hechos establecidos en el requerimiento fiscal, ya que el pago ni siquiera se ha realizado, y por lo tanto no hay un perjuicio económico al Estado como señala la fiscalía», afirmó el abogado de Fonseca Robles.
La defensa también rebate uno de los argumentos establecidos en el requerimiento fiscal, referente a que la empresa no contaba con los vehículos requeridos, pues en los pliegos de términos de referencia y en el contrato suscrito el 7 de marzo, se establecía la facultad de subcontratar y alquilar para cumplir con el contrato.
Sin embargo, según verificaciones que hizo Contracorriente, el contrato no autorizaba a la empresa a suplantar vehículos de transporte de carga por vehículos de transporte de personas como ocurrió el 9 de marzo, situación que finalmente complicó la organización y distribución del material electoral, afectando las votaciones en diferentes Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el Distrito Central. La empresa cambió camiones livianos de 12 pies por unidades de transporte de personas, con autorización de Joel Ramos García, coordinador de Transporte del CNE, según declaraciones juradas presentadas ante el MP.
Los cuestionamientos a la empresa Ingeniería Logística y Transporte varían. Este medio reportó el 20 de marzo que, a diferencia del oferente Union Latin Cargo S. A., la empresa no contaba con el certificado de proveedor del Estado al momento de su adjudicación, según información verificada de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae), y que apenas el 31 de julio de 2024 había presentado una solicitud de certificado de operación de transporte público de carga tipo remolque especial por primera vez ante el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
Un día después de nuestra publicación, el comisionado presidente del IHTT, Rafael Barahona, admitió en X que el CNE contrató a un proveedor sin camiones con un permiso de explotación pendiente, y agregó: «¿Quién se atreve a firmar un contrato millonario con una empresa que ni siquiera tiene unidades de transporte?».
Según denuncias hechas por la oposición, la empresa también se había hecho acreedora de una contratación directa en las elecciones primarias e internas de 2021, por L 29,862,794.05. Este medio de comunicación intentó obtener la documentación correspondiente a ese proceso contractual; sin embargo, debido a que las contrataciones directas no aparecen consignadas dentro del portal HonduCompras, fue imposible verificarlo. También se envió un mensaje de texto a la consejera Ana Paola Hall, que ostentó la presidencia del CNE en ese momento, pero no respondió.
Funcionarios del CNE también están acusados por el MP
En el mismo requerimiento fiscal contra Carlos Salomón Fonseca Robles, la UECDE acusó a Joel Ramos García, coordinador de Transporte del CNE, por supuestos delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y negociación incompatible con la función pública, ante el Juzgado de Letras Penal en Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente. También presentó otro requerimiento en su contra ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, por delitos de retardo injustificado en la formación, expedición o publicación de documentos electorales, obstaculización en la entrega de documentos electorales y obstaculización al desarrollo del cronograma de actividades del CNE.
Ramos García fue despedido de su cargo el 12 de marzo y, según argumento de la consejera presidenta del CNE, «no auxilió el proceso ni atendió llamados el día de las elecciones». El pleno del CNE señaló también a este funcionario por haber autorizado el cambio de flota propuesto por la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V., cambiando camiones livianos de 12 pies por unidades de transporte de personas.
La UECDE también acusó a otros funcionarios del CNE: Raúl Amílcar Rivera Montoya, Dennis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo y José Martín Pastrana Sánchez, designados en la Comisión Técnica Evaluadora del contrato que se firmó entre el CNE y Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V.
#ActualidadCC | Johel Zelaya, fiscal general, anuncia requerimiento fiscal contra Joel Ramos García, excoordinador de proyecto de transporte electoral del Consejo Nacional Electoral, y contra los miembros de la comisión evaluadora para la contratación del transporte de material y… pic.twitter.com/ouRqBHcU8C
— Contracorriente (@ContraC_HN) April 1, 2025
La única persona que ha sido detenida es Canales Lobo, a quien el 7 de abril un juez le dictó auto de formal procesamiento, al considerar en su sentencia que los medios probatorios presentados por el MP son suficientes para someterlo a un juicio oral y público. El resto de imputados han solicitado presentarse voluntariamente a la audiencia de declaración de imputado.
Según el requerimiento fiscal, estos funcionarios incurrieron en responsabilidad penal debido a que, «pese a los incumplimientos, la Comisión Técnica Evaluadora no declaró fracasado el proceso ni aplicó las sanciones correspondientes» y permitió el uso de autobuses por parte de la empresa para el traslado del material electoral, «algo que no estaba contemplado en los pliegos de condiciones, por lo tanto, nunca debieron utilizarse vehículos de transporte de pasajeros».
Pleno del CNE, a comparecencia en el Congreso
En una entrevista con Contracorriente publicada el 20 de marzo, el exfiscal general Edmundo Orellana manifestó que deben deducirse responsabilidades al pleno del CNE compuesto por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall y el consejero Marlon Ochoa, o que renuncien y se sometan a juicio político en el Congreso Nacional (CN).
«Los tres consejeros son responsables del desastre que hubo allí. Eso se llama responsabilidad política. En un mundo ideal, el Congreso debería estar estructurando desde ya un juicio político contra estas tres personas, que más que funcionarios parecen niños caprichosos y personas que no responden a los intereses del país, sino a sus partidos».
Posteriormente, después de que el 31 de marzo se presentaron requerimientos fiscales contra cinco funcionarios del CNE, Orellana publicó un X en el que citó los artículos 11 y 12 de la Ley de Contratación del Estado, que indican que «son los órganos superiores de las entidades quienes adjudican, aprueban y celebran los contratos; y también, a tenor del artículo 32, la preparación, adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos». «¿Fueron derogados?», se preguntó.
Según los arts. 11 y 12 de la Ley de Contratación son los órganos superiores de las entidades los que “adjudican”, “aprueban” y “celebran” los contratos; y también, a tenor del art. 32, “la preparación, adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos”. ¿Fueron derogados?
— Edmundo Orellana (@mundoorellana) April 2, 2025
Aunque actualmente han sido requeridos por el MP únicamente los miembros de la Comisión Técnica Evaluadora, según la certificación 630-2025 del CNE, fue el pleno de consejeras y consejeros quien autorizó la adjudicación a la empresa el 25 de febrero de 2025.
Contracorriente hizo una solicitud de información el 31 de marzo en la que solicitó la certificación referida, tomando en cuenta que las certificaciones, acuerdos y resoluciones del pleno del CNE son información de carácter público. Sin embargo, el 3 de abril, a través de un correo electrónico, la Oficina de Información Pública (OIP) nos contestó que esa información está secuestrada por el MP y que es objeto de investigación, por lo cual denegó nuestra solicitud de información.
«Este proceso está siendo investigado por el Ministerio Público, y el proporcionar dicha información podría perjudicar el proceso de investigación», indicó la OIP del CNE en un correo respondiendo a la solicitud de información 531-2025.
Aunque las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall y el consejero Marlon Ochoa estaban citados para rendir declaración al MP el 14 de marzo por la contratación de Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V., argumentaron que esperarían el dictamen de una investigación interna del CNE. Además, sin haber concluido las investigaciones del MP, semanas antes del requerimiento fiscal que acusa a la empresa de fraude, el 11 de marzo, la consejera presidenta López negó a los medios de comunicación que existieran irregularidades en la contratación de la misma, y que solo existía un incumplimiento en una de las cláusulas del contrato.
Las tres personas integrantes del pleno del CNE están citadas a dar declaraciones ante una comisión especial del CN que creó el presidente Luis Redondo este 10 de abril. La primera comparecencia de las altas máximas autoridades del órgano electoral se dará dos días después de la declaratoria de resultados de las elecciones primarias e internas emitida el 8 de abril, durante la cual no hicieron ninguna referencia a los fallos logísticos que empañaron el proceso electoral.
