Tras una solicitud presentada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió diligencias prejudiciales contra varios diputados y exdiputados señalados por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, corrupción y lavado de activos en un caso denominado «Fondo Departamental 3.0».
Texto: Abigail Gonzales
Fotografía: Fernando Destephen
El pasado 13 de enero, mediante una solicitud al Juzgado de Letras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la abogada Kenya Patricia Reconco, agente de Tribunales asignada a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó una solicitud para que se admitan diligencias prejudiciales, es decir, actuaciones judiciales previas a una acusación formal. En la solicitud pidió nombrar a un perito encargado de extraer y analizar la información contenida en 104 discos compactos, los cuales serán utilizados para auditoría forense.
Estos discos serían empleados como medios probatorios contra 24 diputados y exdiputados, acusados por presunto delito de malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos.
La resolución forma parte de las diligencias prejudiciales que buscan determinar responsabilidades en el presunto desvío de fondos públicos y otros delitos financieros dentro del Congreso Nacional.
El 6 de noviembre de 2024, el Ministerio Público, a través de la Uferco, dio inició a las investigaciones en contra de congresistas y excongresistas por la vinculación en el desvío de fondos estatales, en un caso que se conoce como «Fondo Departamental 3.0».
Según el fiscal de la Uferco, Luis Javier Santos, los diputados y exdiputados son investigados por el desfalco de más de 10 millones de lempiras. Santos indicó que estos fondos habrían sido malversados a través de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y que, en muchos casos, los proyectos para los cuales se destinaron los recursos nunca fueron ejecutados.
Además, señaló que la cantidad desviada podría ser aún mayor, ya que algunas de estas organizaciones llegaron a manejar más de dos mil millones de lempiras. También cuestionó el esquema empleado por los parlamentarios, quienes, según dijo, creían que el uso de ONG les garantizaría impunidad.
Los implicados en las investigaciones incluyen a varias personas que han sido acusadas en otros casos de corrupción, entre ellos los exdiputados propietarios y suplentes del Partido Nacional Milton de Jesús Puerto, Fabricio Puerto Oseguera, Yaudet Burbara, Welsy Vásquez, Antonio Rivera Callejas, Hernán Vindel, Juan Carlos Valenzuela y Román Villeda Aguilar.
Por parte del Partido Liberal figuran Dennis Sánchez, Manuel Fiallos y Víctor Sabillón, mientras que dos exdiputados de Libre, Audelia Rodríguez y José Rodney Bautista Posadas, también están señalados. Además, se menciona a Augusto Domingo Cruz Asencio, exdiputado de la Democracia Cristiana.
Otras personas involucradas en el caso son Geovanny Castellanos Deras, María José Panchame Osorio, Jeremías Castro Andrade, Evelyn Johanna Ortiz Romero, Estela Lisseth Muñoz, Allan Arony San Martín Vallejo, Jessy Carolina Lagos Núñez, Kenia Xiomara Reyes Vargas y Leana Lizeth Lagos.
Por su parte, Melvin Duarte, director de comunicaciones de la CSJ, señaló que este lunes 25 de marzo el juez aprobó el nombramiento del perito solicitado por la Uferco para continuar con la investigación.
En la petición, la Uferco también solicitó que las investigaciones se mantengan en secreto con respecto a terceros que no formen parte del proceso. En ese sentido, Duarte afirmó que dicha solicitud «ha sido aprobada igualmente por parte del juez natural que conoce la causa».
Además, se instruyó requerir a todos los diputados y exdiputados mencionados en la solicitud para que designen un apoderado defensor. En caso de que no lo hagan, se designará un defensor público para garantizar su representación legal.
Te recomendamos leer: Millones sin transparencia: así se hace proselitismo desde el «Congreso del pueblo»
La Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos Sociales, conocida como el Fondo Departamental, fue derogada mediante el decreto 116-2019 en el Congreso Nacional el 2 de noviembre de 2023. Pese a que fue derogada, los actuales congresistas del hemiciclo legislativo continúan usando subvenciones.
Desde el año 2022 hasta el año 2024 el CN erogó 614.8 millones de lempiras en subvenciones para que los diputados realicen obras sociales. En el presupuesto general de 2023 se aprobaron también 950 millones de lempiras anuales para que los congresistas de todas las bancadas gestionen proyectos bajo el esquema de infraestructura menor, obras sociales, becas y canchas deportivas.
Para este año 2025, en febrero, el presupuesto aprobado para subvenciones asignadas a los congresistas asciende a 2,850 millones de lempiras. A cada congresista se le otorga un beneficio de 100 mil lempiras mensuales para que realice obras, pero los diputados no rinden informe ni del presupuesto ni de las obras realizadas.
