Los fallos logísticos durante las elecciones primarias del 9 de marzo afectaron a 20 centros de votación donde en procesos electorales anteriores el 72 % de los votantes fueron del Partido Nacional y Liberal. La empresa encargada del transporte, que fue adjudicada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) 12 días antes de las elecciones y que firmó contrato tres días antes, no estaba certificada como proveedora del Estado.
Texto: Luis Escalante, con reportes de Jennifer Ávila
Fotografías: Fernando Destephen
El descalabro logístico que marcó las elecciones primarias e internas del 9 de marzo afectó al 72 % de los votantes pertenecientes al Partido Nacional y al Partido Liberal en 20 de los centros de votación más afectados por los retrasos en la distribución de material electoral en el Distrito Central, según un análisis de datos realizado por Contracorriente. Por otra parte, la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V., encargada de transportar el material electoral, no contaba con el certificado de proveedor del Estado al momento de su adjudicación, según información verificada de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae).
Se analizó el padrón electoral correspondiente a las elecciones primarias de 2021 de los 20 centros de votación afectados, y se identificó que la mayoría tenía votantes registrados en el Partido Nacional y el Partido Liberal. Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) cotejados, 18,727 personas habían ejercido el sufragio en estos centros durante dichas elecciones primarias. De ellas, 8,925 (47.7 %) estaban censadas en el Partido Nacional, 5,288 (28.2 %) en el Partido Libertad y Refundación (Libre), y 4,514 (24.1 %) en el Partido Liberal.
Incluso en las dos escuelas donde las elecciones se realizaron hasta el 16 de marzo, el Centro Básico Educativo Maximiliano Sagastume y el Instituto Cultura Nacional, la mayoría de los votantes eran de los partidos Nacional y Liberal. Según los datos del CNE, en el primer centro de votación, la oposición representaba el 83.6 % del electorado, mientras que en el segundo alcanzaba el 69.9 %.
Podés leer: Los últimos de la democracia hondureña
Los datos analizados también arrojaron que, entre los 20 centros de votación en los que este medio de comunicación reportó afectaciones, siete de ellos habían registrado una carga electoral alta de entre 1,000 y 2,000 votantes durante las anteriores elecciones primarias. Estos centros de votación son los siguientes: Escuela República de Nicaragua, Escuela República del Perú, Escuela Oswaldo López Arellano, Centro Básico Educativo Maximiliano Sagastume, Escuela José Pineda Gómez, Escuela John F. Kennedy y Escuela Reino de los Países Bajos.
Un incumplimiento en una de las cláusulas del contrato suscrito entre el CNE y Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V., relacionada con el medio de transporte en el que se movilizaría el material electoral al Distrito Central, provocó que al menos el 40 % de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) con mayor carga electoral en la capital sufrieran retrasos de hasta 14 horas para recibir el material electoral, según un informe de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), que desplegó más de 1,200 observadores electorales en todo el país.
A pocas horas de las elecciones, y supuestamente sin notificar al pleno de consejeras y consejero del CNE, la empresa sustituyó camiones livianos de 12 pies por unidades de transporte de personas, lo que dificultó la organización del material electoral y su posterior distribución en los centros de votación capitalinos.
Declaraciones juradas presentadas por conductores de los autobuses ante el Ministerio Público (MP), que están bajo investigación de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), también indican que el día de las elecciones recibieron instrucciones para detenerse en diferentes puntos de la ciudad sin mayor información, y que hasta las 9:00 a. m. partieron 11 vehículos de las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) —las JRV tenían programado abrir sus puertas a las 7:00 a. m.—. Uno de los conductores declaró a la fiscalía que fueron «abandonados» por custodios electorales y de las Fuerzas Armadas.
Tres días después de las elecciones, el 12 de marzo, en una conferencia emitida por la consejera presidenta Cossette López, la consejera secretaria Ana Paola Hall y el secretario vocal Marlon Ochoa, se notificó acerca del despido de Joel Ramos, coordinador de Logística del CNE, una persona que, según fuentes que han trabajado en esa institución, es allegado al Partido Libre, aunque el pleno manifestó que solo se trataba de «un funcionario del CNE que había laborado en la institución durante 17 años».
Ramos era el encargado principal del transporte del material, y en las elecciones primarias y generales de 2021 trabajó bajo las órdenes de Ochoa, entonces director electoral y actual consejero del CNE, afín al oficialismo. Actualmente, el partido de gobierno también tiene a una persona clave en la dirección electoral, Allan Alvarenga, quien antes se desempeñó como director del Instituto Nacional de Migración (INM) entre 2022 y 2024 por designación de la presidenta Xiomara Castro. Alvarenga está casado con Angélica Álvarez, ministra por ley de la Secretaría de Derechos Humanos y virtual candidata a designada presidencial de Rixi Moncada de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.
La dirección electoral está compuesta, al igual que el pleno de consejeros del CNE, por tres personas designadas por los partidos Libre, Nacional y Liberal. Los otros directores electorales son Blanca Laínez, afín al Partido Liberal, y Carlos Chavarría, allegado al Partido Nacional. Sin embargo, a diferencia de Laínez y Chavarría, Alvarenga no tenía experiencia dentro del CNE. Laínez antes se desempeñó en la Unidad de Preintervención, mientras que Chavarría antes era coordinador de Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad.
Contracorriente intentó obtener una entrevista con la consejera presidenta del CNE, a fin de conocer los avances de la investigación interna que apunta a personal del Departamento de Logística, pero no se obtuvo respuesta. Por otra parte, uno de los consejeros del CNE que vacó en septiembre de 2024 nos confirmó la cercanía de Joel Ramos con el partido oficialista. También solicitamos a la directora de Comunicación y Relaciones Públicas de la institución, Lourdes Rosales, un listado de todos los centros de votación que registraron afectaciones en el Distrito Central durante las primarias, y nos contestó con un «vamos a averiguar».
La empresa encargada del transporte no está certificada ante la Oncae
Con base en información verificada en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae), Contracorriente identificó que la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V., que ofertó por un monto de 64,789,021.78 lempiras, no aparece registrada como proveedor certificado del Estado hondureño. Esto contrasta con la empresa Union Latin Cargo S. A., que durante el proceso de licitación presentó una oferta similar de 67,874,021.00 lempiras y que sí cuenta con la constancia de proveedor certificado.
El contrato fue suscrito entre el CNE y la empresa apenas el 6 de marzo —tres días antes de las elecciones— entre Cossette López y Carlos Fonseca, representante legal de la empresa. Sin embargo, la adjudicación fue resuelta por los tres consejeros desde el 25 de febrero, de acuerdo con la certificación 630-2025 del CNE. El lote que presentó incumplimiento por parte de la empresa ascendía a los 4,638,120.80 lempiras.
La empresa se comprometió a arrendarle al CNE 722 camiones distribuidos de la siguiente forma: 497 camiones de 24 pies, 143 furgones de 48 pies y 82 camiones livianos de 12 pies. Todo en tres días.
La única empresa registrada ante la Oncae es Ingeniería Logística S. de R. L. Contactamos a sus representantes el 14 de marzo, y nos manifestaron que son «una empresa dedicada a la construcción y supervisión de obras, y no al transporte»; también nos indicaron no tener ninguna relación societaria con Fonseca.
Según escrituras públicas que revisó este medio, Fonseca es socio accionista en otras empresas de transporte como Transportes Fonseca S. A. de C. V. y Transportes Terrestres de Centroamérica S. A. de C. V. Sin embargo, recibió el certificado de operación de transporte público de carga tipo remolque especial por primera vez apenas el 31 de julio de 2024, siete meses antes del comienzo de las elecciones primarias, según está consignado dentro de la documentación del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
Te puede interesar: ¿Renovación en el Congreso Nacional? 37 diputados actuales quedan fuera de contienda
El 11 de marzo, la consejera presidenta López negó que existieran irregularidades en la contratación de la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V. y que solo existía un incumplimiento en una de las cláusulas, mientras que ese mismo día el consejero vocal Ochoa minimizó el altercado y aseguró que las fallas de la empresa solo afectaron al 3 % de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Aunque el contrato establecía la posibilidad de que la empresa adjudicada pudiera realizar subcontrataciones bajo ciertas condiciones, que incluían avisar previamente al CNE, no se contemplaba la sustitución de las unidades que transportarían las maletas electorales hacia los centros de votación. El contrato suscrito entre el CNE y la empresa también precisaba que personal del CNE debía inspeccionar cada uno de los vehículos que serían utilizados. Tras el descalabro logístico, el Ministerio Público (MP), a través de la UECDE, tomó declaraciones de Carlos Fonseca.
En un comunicado emitido por la empresa el 11 de marzo, se atribuyó los retrasos a una «consecuencia de atrasos en la maquilación de la maleta electoral y confusión en la carga de vehículos». En el comunicado, la empresa se deslindó de «manipulación, carga y definición de rutas del material electoral», atribuyendo esas funciones al CNE y las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, la empresa en ningún momento se responsabilizó por haber incumplido con la condición de prestar transporte de carga y no transporte de personas para movilizar las maletas electorales desde el Infop, lo que complicó la organización del material electoral que sería distribuido en los centros de votación. El propio Marlon Ochoa confirmó que hubo maletas electorales que tuvieron que ser cargadas a través de las ventanas de los autobuses.
Contracorriente contactó a Jorge Lanza, propietario de unidades de transporte urbano en el Distrito Central y vicepresidente del Consejo Nacional del Transporte (CNT), a fin de obtener mayor información sobre los autobuses que fueron parte de la subcontratación. Se limitó a contestar que él ya había declarado ante el MP y que desconocía quiénes fueron las personas que se beneficiaron de la subcontratación efectuada por Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V. También se enviaron mensajes de texto y se llamó a Marvin Galo y Wilmer Cálix, propietarios de unidades de transporte urbano en la capital, pero no se obtuvo respuesta.
Por su parte, Carlos Fonseca dijo al medio HCH que «como hubo atrasos, nos quedamos sin flotas. Cuando pusimos los buses y los empezaron a cargar, no tuve reacción del CNE, que me dijera que el vehículo no servía. Ellos aceptaron utilizarlos».
Durante el domingo en que se desarrollaron las elecciones primarias, autobuses de transporte urbano fueron observados cargados de maletas electorales en calles del Distrito Central, mientras que Cossette López manifestó que incluso hubo personal del CNE que «corrió detrás de los autobuses». La consejera presidenta del CNE aseguró que se enteró de la sustitución de las unidades de carga por unidades de transporte de personas el mismo día de las elecciones.
«En elecciones generales, eso hubiera sido equivalente a un golpe de Estado»
Aunque las autoridades del CNE han intentado minimizar lo ocurrido el domingo 9 de marzo, al asegurar que solo el 3 % de las Juntas Receptoras de Votos se vieron afectadas, y justificar a la empresa contratada para efectuar el transporte del material electoral, a consideración del exfiscal general de la república y exministro de Defensa, Edmundo Orellana, deben deducirse responsabilidades penales y políticas.
«Los tres consejeros son responsables del desastre que hubo allí. Eso se llama responsabilidad política. En un mundo ideal, el Congreso debería estar estructurando desde ya un juicio político contra estas tres personas, que más que funcionarios parecen niños caprichosos y personas que no responden a los intereses del país, sino a sus partidos», expresó Orellana a Contracorriente.
Edmundo Orellana agregó que la actuación del CNE ha hecho perder confianza de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre y que lo ocurrido el 9 de marzo, en caso de repetirse en el proceso electoral venidero, constituiría «un golpe de Estado».
«En elecciones generales, eso hubiera sido equivalente a un golpe de Estado. Fue una ruptura del orden constitucional y el sistema republicano. Si se repite en las generales, no habría un presidente que declarar para el 27 de enero. Esto es gravísimo y debían entenderlo desde esa perspectiva. Porque lo están viendo como un asunto de los motoristas, que el contratista, que el encargado de transporte y no sé qué cosas más. Si solo fuera por un asunto administrativo, hay que sancionarlo y punto, pero la actuación de las máximas autoridades del CNE va más allá», dijo Orellana.
El exfiscal general agregó que el segundo responsable es la empresa y el tercero, el Congreso Nacional (CN).
«Uno de los responsables es la empresa, porque si no cumplió con lo que prometió al prestar un servicio, creo que ese es uno de los principales culpables. Pero tampoco se ha hablado del contexto de dificultad para que el CNE tuviera el presupuesto, y a la larga esto provocó que las cosas se hicieran prácticamente a la carrera. Un contrato de más de 60 millones de lempiras para este transporte, se aprobó con tan pocos días. Creo que desde ahí las cosas iban a salir mal», indicó.
El CN aprobó el presupuesto especial para las elecciones primarias el 7 de septiembre de 2024, un día antes de la convocatoria a elecciones. Los congresistas aprobaron el presupuesto por un monto cercano a los 1,500 millones de lempiras a ejecutarse entre 2024 y 2025 y después, el 5 de febrero de 2025, un mes antes de las elecciones, aprobaron una ampliación al presupuesto por un monto superior a los 561 millones de lempiras.
«El presupuesto se aprueba en el Congreso Nacional, y hasta hace poco no se había aprobado la ampliación al presupuesto especial. Había líos para aprobarlo, y bueno, se aprobó a última hora. El Congreso Nacional también es otro responsable», dijo Orellana.
- AA. sí tienen responsabilidad
El miércoles 20 de marzo, el diario El Heraldo publicó una investigación en la que se revela que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, el expresidente Manuel Zelaya Rosales y otras figuras políticas del oficialismo acordaron el 12 de marzo, en una reunión, sustituir y hasta eliminar dos informes de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas que señalaban a un general, dos coroneles y dos tenientes como responsables de los retrasos en la entrega del material electoral y de la violación de la cadena de custodia de dicho material.
Uno de los supuestos informes atribuía la responsabilidad al general Nahún Canales Cruz, comandante del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (Calfa), recomendando su relevo como supervisor de la distribución de los materiales electorales. Además, la investigación también mencionó a los coroneles Nicolás Edulfo Serrano Benítez, comandante del Comando de Operaciones Especiales (COES), y Alan Barahona Rosales, comandante del Primer Batallón de Infantería, quienes tenían responsabilidades sobre la distribución del material en Francisco Morazán y el Distrito Central, respectivamente.
El segundo, según la investigación periodística, sugería relevar y someter al Tribunal de Honor a los tenientes Ariel Oliva Benítez y Noel Adalid Osorio Barahona, quienes, según las pruebas en poder de la Inspectoría General, habían detenido autobuses en la capital.
La situación fue alertada por la consejera presidenta del CNE, Cossette López, a través de la red social X, acusando a «un expresidente, una candidata presidencial y el jerarca» de haber participado en la reunión. La ministra de Defensa y candidata presidencial del Partido Libre, Rixi Moncada, respondió calificando la declaración de López de «vil» e «irresponsable».
Fingiendo una subordinación que nunca ha existido y siguiendo con una coordinación que nunca ha dejado de existir, hoy el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió con un ex presidente y una candidata y decidieron sustituir los informes que ya existían, donde se señalaban…
— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) March 20, 2025
El MP tomó declaraciones un día después de las elecciones a Hernández, quien desde un inicio se desligó de los señalamientos al desmentir que custodios designados por el ejército habían abandonado la custodia de los autobuses que transportaban las maletas electorales, como declaró uno de los conductores de los autobuses ante la fiscalía.
El 11 de marzo, la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado en el que responsabilizó al CNE y a la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R. L. de C. V. de lo sucedido durante la jornada electoral, diciendo que si existió un abandono por parte del personal de custodios del material electoral «no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas», y pidió al MP «realizar la investigación y presentar a la o las personas culpables de estos actos, que atrasaron el desarrollo de los comicios electorales».
Sin embargo, para Edmundo Orellana, que también se desempeñó como ministro de Defensa durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, es evidente que ese día hubo material electoral que no contaba con custodia y que hay personas del ejército que tienen que responder.
«Entonces, no sé cómo van a sostener eso las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, porque así lo dice la Constitución, pasan bajo las órdenes del CNE, incluyendo al jefe del Estado Mayor Conjunto. Eso significa que, una vez que el CNE ordenó que salieran los buses, a partir de ahí, la responsabilidad única y exclusiva es de las Fuerzas Armadas garantizar que ese material llegue a su destino a tiempo», indicó Orellana.
Leé también: Subvenciones y gestión de proyectos catapultaron a candidatos del oficialismo en las elecciones internas en Honduras
El exministro de Defensa también manifestó que la consejera presidenta del CNE, Cossette López, deberá sostener ante la fiscalía que hubo personal del órgano electoral que le daba instrucciones a los conductores de los autobuses para que se movieran de un punto a otro.
«La consejera presidenta dijo: “Mientras yo llamaba para decir que persiguieran esos buses, y que los identificaran y los agarraran, había alguien aquí en el CNE”, e incluso mencionó el nombre, “que les llamaba y les decía: ‘Mire, los van a seguir, escápense, escóndanse’”. Por Dios, si eso ocurrió, ahí hay un delito que no es posible que no se sepa porque ella lo declaró», señaló el exfiscal general de la república y exministro de Defensa.
Durante las elecciones primarias y generales de 2021, fueron las Fuerzas Armadas las que se encargaron de la logística, el transporte, la custodia y distribución de material electoral, y que contrataron empresas para tal fin, algo que, según el analista político Joaquín Mejía Rivera, debió repetirse.
«Hay que preguntarnos por qué se contrata transporte privado cuando eso le corresponde a las Fuerzas Armadas y, además, al CNE se le dio un presupuesto especial para que cumpliera a cabalidad», indicó Mejía.
Las consejeras del CNE Cossette López y Ana Paola Hall, y el consejero Marlon Ochoa, estaban citados para rendir declaración ante el MP el 14 de marzo, pero hasta la fecha de publicación de esta nota no lo habían hecho. López declaró a los medios de comunicación que se está llevando a cabo una investigación interna antes de comparecer ante la fiscalía. Además del MP, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) también inició de oficio una investigación contra el órgano electoral.
