Funcionarios de gobierno y hasta la misma presidenta Xiomara Castro aplauden y comparten los mensajes pro Libre difundidos por un grupo de cuentas en redes sociales que se autodenominan como espacios de noticias. En uno de estos sitios, es moderadora de una entrevista una empleada de gobierno y un candidato del partido oficial. De fondo, el gobierno de Castro es señalado de desviar millones de lempiras para financiar la propaganda y, además, reparte más de 255 millones de lempiras en pauta publicitaria entre grandes medios, medios locales, comunicadores a título personal, incluyendo a un precandidato a diputado de Libre y una precandidata del Partido Liberal.
Texto: Luis Escalante
Portada: Donají Marcial
El 30 de mayo de 2024, 11 meses antes de las elecciones primarias en Honduras, la presidenta Xiomara Castro otorgó a Jorge Estrada Baca, «periodista» de UNE TV, un canal en señal abierta a nivel nacional, el premio «Roger Vallejo» por su «dedicación y valiosa contribución al periodismo de nuestro país», según publicó la cuenta oficial del gobierno en la red social Instagram. Lo que no se dijo en esa ceremonia es que entre febrero de 2023 hasta el mes de su reconocimiento, Estrada Baca había ganado cuatro contratos con el gobierno por un total de 115,000 lempiras por compra de «pauta publicitaria», según información oficial publicada por la Dirección General de Información y Prensa (DGIP), adscrita a la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) dirigida por el ministro Ricardo Salgado.
Once meses más tarde, los nexos entre este comunicador, el gobierno y el partido Libertad y Refundación (Libre) aumentaron. Ahora, en un rol de político y no de comunicador, Estrada Baca compite en las elecciones primarias del 9 de marzo por un cargo en el Congreso Nacional (CN) en la lista de la Fuerza de Refundación Popular (FRP), uno de los seis movimientos al interior de Libre que impulsa la precandidatura a la presidencia de Rixi Moncada, actual ministra de Defensa.
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Consultado por Contracorriente y Redacción Regional sobre estos pagos, el precandidato responde: «Soy licenciado en periodismo y tengo un programa que subsiste de la venta publicitaria, el cual está regido para los anunciantes de acuerdo a la oferta y la demanda».
Estrada Baca no es el único comunicador-candidato para las primarias de 2025 que ha recibido fondos de estas instituciones. En la nómina de pagos por pauta publicitaria del gobierno, también aparece Saraí Espinal, periodista de la radio HRN, quien justifica: «soy afín a ellos porque cubrí por muchos años al Partido Libre». Sin embargo, para las elecciones primarias competirá por una candidatura a diputada por el movimiento ¡Vamos, Honduras! del Partido Liberal, dirigido por el precandidato a la presidencia, Salvador Nasralla.
«Yo, a título personal, hice entrevistas, publicaciones en redes, información y cuestiones que ellos pedían. Ellos solicitan publicidad, entrevistas, y durante los meses que trabajé con ellos, solicitaban dependiendo del tema. A veces me pedían una entrevista o cubrir la entrega de becas de Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social)», dice Espinal.
La ahora precandidata asegura que ofrecer servicios de publicidad no es «algo incorrecto» y que la SPE le solicitó evidencias de los productos realizados. Según los registros disponibles en el portal de transparencia de la SPE, Espinal recibió cuatro pagos por un total de 69,000 lempiras cada uno, sumando 276,000 lempiras.
Estrada Baca y Espinal son solo dos de las piezas en el engranaje de una máquina mediática que impulsa el gobierno a través de esta secretaría desde la cual se destinan fondos a comunicadores a título individual o en representación de sus medios, y en la que también hay empleados y funcionarios que cruzan puentes que los vinculan con plataformas de contenidos en la web y las redes sociales a favor de Libre, el gobierno y sus precandidatos.
En ese primer engranaje, el de los comunicadores que reciben fondos públicos, estos candidatos forman parte de una lista de 147 beneficiaros de pagos de pauta publicitaria que entre 2023 y 2024 sumó 33,540,350 lempiras (1,312,601 dólares). Los pagos a estos «proveedores» van desde los 23,000 lempiras hasta los 2,185,000 lempiras (aproximadamente 87,400 dólares) en concepto de «pauta publicitaria».
Y aunque en la mayor parte de los fondos que reparte el gobierno para pagar pauta publicitaria se va para grandes medios de comunicación en Honduras, en la lista sobresalen comunicadores vinculados al oficialismo, como José Luis Galdámez, un exdiputado por el Partido Libre que en 2016 fue condenado por homicidio simple y sentenciado a 15 años de prisión por la muerte del taxista Marvin Sánchez Mejía, ocurrida el 16 de julio de 2014. No obstante, en 2021, una corte de apelaciones revocó su condena y fue liberado.
Según los portales de transparencia de la SPE, Galdámez recibió 29 pagos por contratos publicitarios que sumaron, entre 2023 y 2024, una cifra de 1,725,000 lempiras (más de 67,000 dólares). Actualmente, Galdámez dirige el programa Tras la verdad, transmitido por Radio Globo.
En la lista está además Jhonny Lagos, director del periódico El Libertador, que recibió pagos por 2,185,000 lempiras (aproximadamente 87,400 dólares) en concepto de «pauta publicitaria» en ese mismo periodo.
El pasado 22 de enero, El Libertador publicó un reportaje titulado «Millonaria transnacional de “sociedad civil”, ASJ, se convirtió en agente político», en el que cuestionó los supuestos vínculos de esa organización con el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández —sentenciado por delitos de narcotráfico en una corte federal estadounidense— y con sectores conservadores de Estados Unidos. En sintonía con El Libertador, ASJ es una de las organizaciones a las que funcionarios del gobierno tildan de «enemigas».
Lagos asegura que recibir pagos por publicidad del gobierno no influye en la línea editorial del medio que dirige y que, aunque su nombre aparece como beneficiario de los contratos de publicidad, esto se debe a que él es apoderado legal del medio. «Los contratos de publicidad no los gestiono yo, sino el departamento comercial de El Libertador. Mi nombre aparece porque soy socio y fundador de la sociedad mercantil», dice.
Lagos también fue honrado en 2023 por la presidenta Xiomara Castro con el premio periodístico «Pedro Magdiel»; y en mayo de 2024 el Congreso, cuya junta directiva es oficialista, le otorgó el premio «Rosario Sagastume».
La información sobre estos montos en el portal de la SPE no precisa qué tipo de publicidad ni qué servicios se pagaron. En la descripción del bien o servicio se establece únicamente el concepto de «pauta publicitaria» y que los procesos se realizaron a través de compra directa.
Entre los beneficiarios se encuentran comunicadores que provienen de medios corporativos, locales y aquellos que son dueños de sus propios medios. Algunos trabajan en medios locales distribuidos en departamentos como Olancho, Choluteca y Cortés, entre otros.
Para Jorge Andino, director del medio comunitario Play FM, y quien no aparece en la lista, el reparto de esta pauta hacia medios o comunicadores locales puede tener como objetivo generar influencia sobre los contenidos o la opinión pública, un mecanismo de premios y castigos para medios con reducidos espacios de financiamiento.
«Hay medios locales o comunitarios que son más afines al gobierno, y esos medios reciben apoyo, sobre todo en zonas donde los políticos tienen más influencia. Por otra parte, las radios más cercanas al gobierno pueden resaltar lo que el gobierno quiere que se sepa, mientras que las más críticas pueden verse afectadas», comentó Andino.
El 9 de febrero de 2025, durante un evento de campaña en Copán, Rixi Moncada declaró que, en caso de llegar a la presidencia, su gobierno se centraría en «defender la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información» desde los medios comunitarios.
«Los voceros de los medios han iniciado campaña, ahora andan delicadísimos por la libertad de prensa y expresión. Nosotros hemos defendido siempre la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información; las vamos a seguir defendiendo desde las emisoras comunitarias que no son de la élite, desde los espacios municipales y departamentales», afirmó Moncada.
Sin embargo, para Andino, este tipo de discursos resulta riesgoso, ya que pone en peligro la razón de ser de los medios comunitarios.
«Es preocupante que se pierda el enfoque original de los medios comunitarios, que deberían estar al servicio de la comunidad, no al servicio de un gobierno», manifestó Andino.
La pauta para los grandes medios
La pauta publicitaria pagada desde la DGIP hacia medios de comunicación y comunicadores de profesión está contemplada en el decreto ejecutivo 023-2022, que autoriza a la DGIP a suscribir contratos para pautas publicitarias con agencias publicitarias y medios de comunicación, tanto convencionales como alternativos, nacionales o extranjeros, bajo las normas de la estrategia de comunicación del gobierno.
Desde la llegada de Xiomara Castro al poder, algunos funcionarios, incluidos Rixi Moncada y Ricardo Salgado, han manifestado estar en contra de los «medios de la élite», pero en la práctica la actual administración también ha destinado, a través del Sistema de Información y Comunicación Estratégica (SICE) y la DGIP, 255.2 millones de lempiras (más de 10 millones de dólares) en contratos de pauta publicitaria.
El SICE fue instaurado en septiembre de 2022 y administró 962.7 millones de lempiras (37.7 millones de dólares) entre 2023 y 2024, más que la asignación presupuestaria dada en ese período a secretarías de Estado como Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Asuntos de la Mujer, Derechos Humanos y Turismo.
El reparto de pauta publicitaria desde los gobiernos debería de ser una práctica normal, equitativa y transparente. Y entre sus mejores usos destacan aquellos en los que los gobiernos la utilizan para proveer información útil y de interés para la ciudadanía y nunca para premiar, castigar o como «mecanismos de censura directa», según los Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entre 2023 y 2024, una de las sociedades de medios de comunicación más favorecidas fue Periódicos y Revistas S. A. de C. V., que maneja los periódicos La Tribuna, El País y el canal La Tribuna TV, con 59,627,500.00 lempiras (más de 2.3 millones de dólares). Le siguió Compañía Broadcasting Centroamericana S. A. de C. V., propietaria del Canal 6, que recibió 44,369,300.02 lempiras (más de 1.7 millones de dólares). Por su parte, Compañía Televisora Hondureña S.A., que gestiona marcas periodísticas como los noticieros Telenoticias, Hoy Mismo y el portal TuNota, obtuvo 35,899,404.91 lempiras (aproximadamente 1.4 millones de dólares).
Organización Publicitaria S.A. de C.V., responsable de marcas como La Prensa, El Heraldo y Go TV, sumó 19,070,000.00 lempiras (cerca de 746,000 dólares). Producciones Periodísticas Hable como Habla S. de R. L., encargada de HCH Televisión Digital, obtuvo 10,352,450.88 lempiras (cerca de 410,000 dólares). Finalmente, Global Telecom Enterprise S. A de C. V., propietaria de UNE TV, alcanzó un total de 5,066,000 lempiras (aproximadamente 200,000 dólares).
Contracorriente y Redacción Regional contactaron a Thelma Mejía, jefa de información del noticiero Telenoticias; Ninfa Arias, jefa de redacción de La Tribuna; y Carlos Mauricio Flores, director de El Heraldo, y todos coincidieron en que la contratación de publicidad es ajena a la producción editorial y está a cargo de los departamentos comerciales o de mercadeo de las empresas. En el caso de Telenoticias y La Tribuna, se intentó buscar una reacción de las áreas encargadas, pero no hubo respuesta. En El Heraldo, Flores indicó que «lo editorial está separado y distanciado de lo comercial».
También se enviaron mensajes de texto a Eduardo Maldonado, propietario de Producciones Periodísticas Hable como Habla S. de R. L., y a Mauricio Ramos, propietario de UNE TV, pero no respondieron. Ramos, quien fue ministro de Infraestructura y Transporte del gobierno de Xiomara Castro hasta el 31 de diciembre de 2023, es actualmente precandidato a ser vicealcalde de San Pedro Sula por el movimiento M-28, liderado por Rixi Moncada.
En la franja comercial de los canales televisivos de Compañía Televisora Hondureña S.A., por ejemplo, se han difundido anuncios audiovisuales en los que la presidenta Xiomara Castro anuncia la construcción de obras de infraestructura, como escuelas, carreteras o recintos deportivos, y en los que se utiliza la leyenda «Xiomara sí cumple».
Un reparto en la mira del CNA
En el contexto del crecimiento de las redes de propaganda vinculadas al oficialismo y del aumento de fondos en la pauta publicitaria pagada por el gobierno, han ocurrido irregularidades, según ha denunciado el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
El 22 de enero de 2025, la organización denunció ante el Ministerio Público (MP) al ministro de la SPE, Ricardo Salgado, y a Christian Duarte, de la Secretaría de Finanzas, por el supuesto desvío de fondos para financiar pagos de pauta publicitaria a medios de comunicación y periodistas. El señalamiento del CNA también implica a los exministros de Finanzas, Rixi Moncada y Marlon Ochoa.
La investigación, que analiza el uso de recursos en esta cartera entre 2022 y 2024, señala que se desviaron 85.7 millones de lempiras de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinado exclusivamente a infraestructura y subsidios a combustibles, para financiar propaganda gubernamental, y otros 222.5 millones de lempiras fueron desembolsados sin argumentos claros desde el Banco Central de Honduras (BCH) a la SPE, para hacer pagos de publicidad a empresas ficticias montadas entre 2022 y 2023 y a periodistas y comunicadores.
Según las conclusiones del CNA, las autoridades argumentaron que «los montos trasladados de la institución 449 fueron afectados a la estructura de “Contingencias” y la publicidad y propaganda no entra en esta categoría».
El día que se presentó el informe, el ministro Salgado calificó la denuncia de «chapuza» y acusó al CNA de parcialidad. Tras estas declaraciones, Contracorriente y Redacción Regional analizaron 12 perfiles de TikTok con indicios de ser inauténticos, los cuales replicaron solo minutos después las declaraciones de Salgado y emprendieron una campaña de descrédito contra la directora de la organización, Gabriela Castellanos, y las cuentas del CNA.
Castellanos y Luis Urbina, jefe de Investigaciones, señalan que el desarrollo de su investigación obligó a la SPE a publicar la información en su portal de transparencia. El CNA comentó que, al comienzo de la investigación, existió una renuencia de las autoridades para entregar dicha información que por ley debe ser pública, pero, tras varios requerimientos y reuniones con Ricardo Salgado, lograron obtenerla y presentarla como insumo para denunciar ante la fiscalía.
«No habían publicado nada, absolutamente nada, a pesar de que el decreto 01-2023 ya decía que debía ser obligatoria toda la información que publicaran. Pero fue con base en nuestros requerimientos y las reuniones que tuvimos con el ministro Salgado que decidieron publicar la información», explicó Urbina a esta alianza editorial.
El caso ahora está en manos del MP, controlado por un funcionario afín al oficialismo. Johel Zelaya fue elegido fiscal general de Honduras el 28 de febrero de 2024, tras ocupar el cargo de forma interina por más de dos meses. Su elección se dio después de negociaciones entre las bancadas de los partidos Libre, Nacional y Liberal, que cedieron en la repartición de cargos en otros órganos del Estado como el Consejo Nacional Electoral, la Unidad de Financiamiento y Fiscalización de Partidos Políticos, el Tribunal Superior de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública.
«No esperamos nada del Ministerio Público. Sabemos que tenemos una fiscalía de brazos caídos que responde a los intereses del gobierno de turno. Solo hay que recordar cómo fue la selección del fiscal general para entender la situación», señala Castellanos.
Esta nueva denuncia plantea la posible existencia de una vieja práctica en Honduras en la que se asemeja a una estrategia para silenciar o manipular la opinión pública del pasado. En 2021, al final del segundo gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) de la fiscalía presentó una serie de requerimientos fiscales en una trama que vinculaba a funcionarios de ese entonces y exfuncionarios del Poder Ejecutivo, un diputado suplente del CN y un exfuncionario del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en la entrega de contratos directos de publicidad por parte de Casa Presidencial.
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Estos contratos, según las investigaciones, excedían los límites establecidos por la Ley de Contratación del Estado y superaron los 106 millones de lempiras en pagos a comunicadores de manera directa o a través de empresas intermediarias. El 18 de junio de 2021, un juez natural designado por la Corte Suprema de Justicia dictó auto de formal procesamiento contra siete personas acusadas en esta causa penal y el 1 de julio de 2022 una corte de apelaciones desestimó las impugnaciones de las defensas legales. Sin embargo, a casi tres años de dicha resolución judicial, todavía no se ha desarrollado un juicio oral y público.
Las redes de la «revolución»: la otra propaganda
El 13 de enero de 2025, dos meses antes de las elecciones primarias, un portal de «noticias» a favor del gobierno reveló sin resquemores su simpatía por una de las candidatas en contienda. «@riximga es garantía de soberanía, la mujer que defenderá los intereses de nuestro país. ¡RIXI ES REVOLUCIÓN!», tuiteó la cuenta en X de MiNota, en alusión a la ministra de Defensa Rixi Moncada, la ungida por el clan Zelaya-Castro en la contienda interna del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).
El post, acompañado por un video en el que se escucha el estribillo de Lo que le pasó a Hawaii, una de las canciones del último álbum de Bad Bunny, fue compartido por las cuentas oficiales de altos funcionarios del gobierno Castro, incluidos el ministro de Relaciones Exteriores Enrique Reina, el ministro de Finanzas Christian Duarte, la ministra de Arte y Cultura Anarella Vélez y la misma precandidata Moncada. Ese intercambio de likes, retuits y compartidas parecerá un ejercicio casual, pero analizado con detenimiento es uno de los eslabones que acercan a instituciones del gobierno, funcionarios, empleados estatales y fondos públicos con una estrategia en la que un grupo de portales que se hacen pasar como espacios noticiosos, en realidad difunden propaganda a favor del gobierno o desinformación contra personajes de la oposición o voces disidentes.
Un análisis realizado por Contracorriente y Redacción Regional sobre cinco cuentas en X, Facebook e Instagram, revela que entre 2023 y 2024 en estas últimas dos redes sociales se invirtieron más de 40,000 dólares en publicidad a través de Meta para publicitar 76 publicaciones que contenían ataques a la oposición política, líderes religiosos, dirigentes de la sociedad civil e incluso a la embajadora de Estados Unidos en Honduras. Las plataformas como MiNota y sus redes sociales se han dedicado a difundir campañas de desprestigio contra figuras opositoras, mientras resaltan y apoyan los logros del gobierno y sus funcionarios, especialmente en el contexto de las elecciones primarias y generales de 2025.
El papel de MiNota como un un medio «que actúa como intermediario del gobierno para elogiar su gestión y atacar a detractores» fue identificado en 2024 por Honduras Verifica. Pero esta plataforma, en la que incluso se promueven temas como la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto del gobierno que busca eliminar varios regímenes fiscales, pero que no ha avanzado en el Congreso Nacional (CN) debido a la falta de consenso con la oposición, no es la única que inclina la balanza a favor del gobierno y sus figuras en detrimento de sus adversarios.
Al igual que MiNota, cuyos textos a favor del gobierno comenzaron a publicarse en su web a partir de septiembre de 2023, según los registros en dicha URL, hay al menos otras tres plataformas que también operan campañas de desprestigio coordinadas contra líderes de la oposición y promueven al oficialismo. Estas son: No te lo dicen, El Dardo HN y El Búnker 504 y se entrelazan en redes sociales con las cuentas de los funcionarios de turno, entre ellas la de la misma presidenta de la República.
En X, estas cuentas y una quinta, @PoliticoHN504, la única que no cuenta con página web, y que además se creó antes que las otras, registraron 365 reposteos por parte de 13 de altos funcionarios del gobierno, incluida la presidenta Castro. El análisis de datos también arrojó que solo @MiNotahn y @PoliticoHN504 concentraron el 93.15 % de los reposteos efectuados entre el 1 de julio de 2024 y el 28 de enero de 2025. Ricardo Salgado, de la SPE, fue quien tuvo mayor interacción con dichas cuentas. Le siguieron Fausto Cálix, Enrique Reina, Manuel Díaz y Rixi Moncada.
En X, después de @PoliticoHN504, @MiNotahn es con la que más interactúan al menos diez funcionarios de Castro con 83 publicaciones reposteadas entre el 1 de julio de 2024 y el 28 de enero de 2025, de acuerdo con datos de la red social.
Además de la cuenta de la presidenta Castro, MiNota es seguida por las cuentas del canciller Reina, la ministra y precandidata Moncada y los ministros de Seguridad, Energía y Finanzas ( Gustavo Sánchez, Erick Tejada y Christian Duarte, respectivamente), entre otros funcionarios. También figuran entre sus seguidores las cuentas oficiales de los vicepresidentes del CN, Hugo Noé Pino y Rasel Tomé, el jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento, así como otros diputados del oficialismo.
En su página web, MiNota no revela cuál es su planilla editorial ni sus periodistas y en diseño imita la paleta de colores, la tipografía e incluso algunas de las líneas informativas de TuNota, un portal de noticias de la Compañía Televisora Hondureña S. A., uno de los principales medios de comunicación de Honduras. Esta estrategia de crear sitios que se presentan como «noticiosos» es similar a una que en El Salvador fue protagonizada por allegados al presidente de facto Nayib Bukele.
Entre 2015 y 2017, cuando Bukele gobernaba la alcaldía de San Salvador, miembros de su círculo íntimo fueron acusados de clonar los sitios web de los dos impresos más grandes del país, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy para, a través de esas plataformas, difundir noticias falsas. Entre los acusados estaban Sofía Medina, la hoy secretaria de Comunicaciones de la Presidencia de Bukele y José Ricardo Navarro, hoy director de estrategia digital de dicha secretaría.
Los años de las «tropas digitales»
El surgimiento de la mayoría de estas cuentas en redes sociales coincidió con los primeros años de operación del SICE, dirigido por el ministro Ricardo Salgado y adscrito a la SPE. La estrategia de comunicaciones de la entidad incluye un batallón de empleados adscritos a la DGIP, entre coordinadores de redes sociales hasta comunicadores digitales estratégicos y comunicadores web. La planilla de la entidad creció de manera exponencial en los últimos dos años.
En 2023, Salgado manifestó a Contracorriente que el gobierno Castro enfrentaba «ataques de la oposición y actores de la sociedad civil como el CNA» y confirmó que, para contrarrestarlo, monitoreaban a medios de comunicación y redes sociales con un equipo de unas 30 personas, además de contar con un grupo de 5 diseñadores de mensajes. En esa entrevista, para el reportaje «Honduras, paraíso para los desinformadores», publicado en el especial Mercenarios Digitales del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), el funcionario destacó que también existían unas 7,000 a 8,000 personas no remuneradas, conocidas como «tropas digitales», que replicaban contenido del gobierno en todo el país. Ahora, oficialmente, la DGIP tiene en planilla a 314 empleados pagados con fondos públicos.
Entre estos, hay una que ejerce un doble papel como empleada gubernamental y como rostro de una de las plataformas que emiten propaganda pro gobierno y pro Libre. Es el caso de Alexandra Cáceres, una empleada de gobierno con cargo de community manager de la DGIP, pero que también ejerce como presentadora del podcast de No te lo dicen, desde donde se comentan asuntos políticos, sociales o económicos, según evidencia su página web.
En la edición del podcast publicada el 16 de enero de 2024, Cáceres contó con la presencia del exjuez español Baltasar Garzón como invitado. Garzón estuvo en Honduras entre el 17 y el 20 de diciembre de 2023 para ofrecer conferencias sobre soberanía y reunirse con altos funcionarios, como el canciller Enrique Reina, la entonces ministra de Finanzas Rixi Moncada y el procurador general Manuel Díaz. Según el diario El Heraldo, los gastos de su viaje fueron cubiertos por la SPE.
Los documentos oficiales de la SPE confirman que, desde enero de 2023, Cáceres formaba parte de la planilla de la DGIP, que en ese momento contaba con tres empleados en el cargo de community manager, dos de los cuales percibían un salario de 25,000 lempiras y uno recibía 43,000 lempiras. El otro presentador del podcast, Harold Ávila, se identifica en sus redes sociales como precandidato a la coordinación de juventud municipal de ese partido en el Distrito Central. En una edición del podcast, publicada el 16 de abril de 2024, Cáceres y Ávila elogiaron el trabajo de la SPE en cuanto al manejo de información y prensa. Los presentadores fueron contactados por esta alianza editorial a través de sus redes sociales, pero no se obtuvo respuesta.
Contracorriente y Redacción Regional también intentaron contactar al ministro Salgado en tres ocasiones, a fin de conocer la evolución que ha tenido la estrategia de comunicación digital del gobierno, los pagos por «pauta publicitaria» y los vínculos de las plataformas pro gobierno con funcionarios y empleados públicos, pero ignoró las constantes solicitudes de entrevista.
La redes se vuelcan a favor de Moncada
Aunque los contenidos de las páginas analizadas y de sus redes sociales han sido exclusivamente a favor del gobierno, al menos en el arranque de 2025 la prioridad cambió hacia la promoción de la precandidatura presidencial de la ministra de Defensa Rixi Moncada. Entre el 1 y el 28 de enero de 2025, las cuentas de MiNota, El Búnker 504 y No te lo dicen publicaron 17 contenidos favorables a Moncada, según registros de X y ninguno sobre su candidato en contienda al interior del partido Libre, Rasel Tomé.
Y es precisamente en redes sociales en donde esta propaganda crece. Entre el 1 de diciembre de 2024 y el 16 de enero de 2025, 13 cuentas en X vinculadas a cuentas oficiales del gobierno o de funcionarios del gobierno, repostearon contenido favorable a Libre, Castro o la precandidata, entre ellas, de nuevo, Político HN, No te lo dicen, El Búnker 504, MiNota y El Dardo HN. En total, se examinaron 2,309 perfiles en esa red social, que generaron 21,230 reposteos. La cuenta con mayor número de reposteos fue Político HN, seguida por MiNota, Espacio Consciente, LPH News, No te lo dicen y El Búnker 504. Aunque Espacio Consciente y LPH News no publicitan sus contenidos en Meta, algunas de sus publicaciones en X sí muestran coincidencias con todas las anteriores.
Dentro del análisis de estos perfiles se identificaron patrones, como que la mayoría de los perfiles de X son anónimos o tienen menos de 200 seguidores. Otra característica es que de los 10 perfiles que interactuaron con cuentas afines al oficialismo, ocho solo se dedican a hacer reposteos a favor del Partido Libre y de la gestión gubernamental, con un promedio de 444 reposteos en un período analizado de 46 días.
En paralelo, las plataformas como MiNota publicaron contenido basado en publicaciones de altos funcionarios del Estado en redes sociales. Por ejemplo, el 2 de enero de 2025, el ministro de Finanzas Christian Duarte difundió un informe en el que señalaba que la inflación de 2024 había sido la más baja de los últimos ocho años «gracias a los programas de subsidios ejecutados por el gobierno de Xiomara Castro». Poco después, la cuenta de X de MiNota replicó la publicación y etiquetó a Duarte, quien la compartió nuevamente.
Otro caso similar ocurrió el 12 de diciembre de 2024 con el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa —afín al oficialismo—, cuando las cuentas de MiNota y Político HN en X divulgaron un video generado por el estatal Canal 8. En el material, Ochoa afirmaba que en las elecciones primarias de 2025 se utilizarían por primera vez lectores biométricos. Posteriormente, el funcionario electoral reposteó ambas publicaciones.
Fuera de X, y en otras redes sociales, también se encuentran otros vínculos e intercambio de información. Por ejemplo, en Instagram. El 15 de noviembre de 2024, El Dardo HN, publicó un video cuya descripción indicaba que el audio provenía de la cuenta de la SPE.
Un experto en datos e inteligencia artificial, que pidió anonimato para no ser afectado en su trabajo, dijo a Contracorriente y Redacción Regional que aunque las publicaciones de estas páginas y cuentas en redes sociales se caracterizan por la clandestinidad, es sencillo identificar a quién atacan y a quién exaltan.
«Aunque no siempre podamos identificar a los responsables de estas páginas, sí podemos analizar quiénes se benefician de este tipo de campañas. Existe una coordinación evidente entre plataformas: el mismo mensaje que se promueve en Facebook se replica en Instagram, TikTok y otras redes. Esto hace cada vez más difícil negar el origen de estos mensajes. Cuando analizamos el alineamiento del mensaje de estas páginas con el de los funcionarios del gobierno, vemos que la coincidencia es del 100 %», dice.
Para esta investigación también se intentó contactar a las plataformas que difunden contenido a favor del gobierno y de Libre a través de llamadas a los números telefónicos registrados en sus perfiles en Facebook y se enviaron mensajes a través de WhatsApp. No obstante, no se obtuvo respuesta por la primera vía, y en la segunda, ni siquiera aparecía un perfil registrado en la aplicación de mensajería.
El crecimiento de estas redes también ha coincidido con una millonaria consultoría contratada desde la DGIP a favor de ISKRA Global, una agencia digital recién registrada en Honduras semanas antes de su contratación, a principios de 2024, según reportó el medio Expediente Público. La DGIP otorgó 5,932,422.34 lempiras (231,000 dólares) por cuatro meses por servicios de monitoreo, capacitación y comunicación estratégica al gobierno Castro.
ISKRA Global es liderada por el venezolano Jorge Luis Ladera, afiliado al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y cercano al oficialismo. Ladera también fue asesor en la Comisión por la Defensa de la Soberanía y promovió la salida de Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en 2024. Hasta antes de su salida, Honduras enfrentaba 15 demandas por 12,000 millones de dólares ante ese ente, según su página web.
Ataques clandestinos a la oposición reciben miles de dólares en publicidad
Detrás de la red de plataformas y redes sociales que alaban al gobierno y cuestionan a la oposición hay mecenas anónimos que invierten miles de lempiras. Según datos de Meta obtenidos para esta investigación a través de la biblioteca de anuncios de cada una de estas cuatro páginas, desde 2023 las cuentas MiNota, No te lo dicen, El Dardo HN y El Búnker 504 han recibido una inyección de 1,116,776 lempiras (más de 43,600 dólares) para promocionar publicaciones en redes sociales como Facebook e Instagram, y 76 fueron dirigidas a atacar a líderes opositores, dirigentes de la sociedad civil, líderes religiosos y representantes diplomáticos.
Entre los más atacados figuran dos precandidatos a la presidencia por el Partido Liberal: Jorge Cálix y Salvador Nasralla, así como el presidente del mismo partido, Yani Rosenthal.
Aunque el contenido de estas páginas favorece al gobierno y ataca a la oposición, es casi imposible detectar a quienes manejan las cuentas. En Facebook, en la sección de «transparencia de la página», solo se puede observar un número telefónico, una fecha de creación y la cantidad de administradores. No te lo dicen y MiNota poseen ocho administradores cada una, aunque no se puede confirmar si son los mismos. El Dardo HN tiene cinco administradores y El Búnker 504, cuatro.
El experto en datos e inteligencia artificial explicó a esta alianza editorial que la ausencia de un espacio físico para coordinar este tipo de campañas alienta la clandestinidad de las mismas.
«Las personas que están detrás de esto probablemente se están beneficiando de alguna manera, por lo que tienen un fuerte incentivo para no ser descubiertas. Este tipo de actividad, especialmente las campañas de desinformación y ataques, no busca convencer a nuevos votantes, sino polarizar aún más el ambiente. Lo que ocurre es que se refuerzan las “cámaras de eco”, donde las personas solo ven información que confirma sus creencias, aumentando la división. Esto debilita el debate democrático, porque en lugar de un diálogo serio y deliberativo, lo que tenemos es una guerra de gritos entre grupos enfrentados», expresó.
La guerra digital entre el oficialismo y la oposición
En el contexto de las elecciones primarias que se desarrollarán el 9 de marzo, la proliferación de campañas de desprestigio entre cuentas vinculadas al oficialismo y la oposición ha aumentado, especialmente en redes sociales.
El 16 de septiembre de 2024, el portal MiNota publicó un artículo que afirmaba que Cossette López, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), había tenido una relación sentimental con el expresidente Juan Orlando Hernández, con quien habría tenido una hija. Este artículo, sin verificación y tendencioso, se difundió pocos días después de que López y Ana Paola Hall, vinculadas a partidos opositores, evitaran que el oficialismo obtuviera la presidencia del CNE. López desmintió la noticia y denunció un daño psicológico provocado a su hija.
Posteriormente, Salvador Nasralla, precandidato presidencial del Partido Liberal, acusó al expresidente Manuel Zelaya y a Rixi Moncada de mantener una relación amorosa, lo que fue replicado por el portal @ElEspectadorHn. Esta página web y sus cuentas en redes sociales, aunque no están alineadas con un partido político específico, suelen visibilizar declaraciones de la oposición contra líderes o acciones del oficialismo.
Un grupo de cuentas vinculadas a candidatos de la oposición también juega un papel clave en esta guerra de desinformación y violencia política. Contracorriente y Redacción Regional analizaron la actividad entre diciembre de 2024 y enero de 2025 de 20 cuentas en X dedicadas a generar contenido favorable a líderes opositores y a atacar al oficialismo, que comparten similitudes con las cuentas afines al oficialismo analizadas.
Una de estas páginas es Al Filo News, creada apenas en agosto de 2024, que se ha dedicado activamente a criticar a funcionarios como Ricardo Salgado, ministro de la SPE, y José Carlos Cardona, ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre otros.
Otra cuenta es Alianza Republicana de Las Américas, que en X publica imágenes generadas con inteligencia artificial en las que la presidenta Xiomara Castro aparece tras unas rejas, estrechando la mano del narcotraficante mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán o siendo apuntada con un arma por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Estas cuentas también buscan posicionar a ciertos precandidatos previo a las elecciones primarias, una práctica similar identificada en el oficialismo. En X, Facebook, Instagram y TikTok, páginas como Al Filo News, VoxPopuliHN y El Espectador HN suelen dar espacio a eventos políticos organizados por Jorge Cálix, precandidato del Partido Liberal, o difundir declaraciones en las que este cuestiona a figuras del oficialismo.
Por otro lado, las cuentas de X @SinPajas_HN y @No_Politiqueros, a pesar de contar con apenas 607 y 46 seguidores, respectivamente, publican de manera recurrente contenido favorable a Salvador Nasralla, así como a figuras dentro de su movimiento político interno.
Según Aldo Salgado, ingeniero en sistemas y miembro de la iniciativa Laboratorio Ciudadano, esto ocurre debido a la falta de regulaciones específicas dentro del Estado, específicamente en el CNE, para controlar la desinformación electoral y las «campañas de contrapunto», donde un sector político responde con ataques a los de otro.
«En México o Panamá, por ejemplo, los órganos electorales han detectado información considerada ilegal o la distribución deliberada de desinformación, la cual denunciaron y las redes sociales como Facebook tomaron acciones», indica Salgado.
Contracorriente y Redacción Regional enviaron al CNE, a través de su Departamento de Comunicación Institucional y Relaciones, una solicitud de entrevista con las autoridades del órgano electoral para conocer qué estrategia utilizan para contrarrestar las campañas de difamación o desinformación entre los candidatos en redes sociales, pero no recibieron respuesta.
Aunque la Ley Electoral prohíbe la propaganda política en ciertos periodos, no hay normativas que regulen la desinformación ni auditen las campañas digitales. El artículo 220 de la ley establece que los partidos políticos son responsables de la propaganda, pero no contempla mecanismos para controlar la propaganda digital perjudicial.
En años anteriores, el Partido Libre había trabajado con la agencia mexicana Euzen Consultores, la cual ha dirigido campañas digitales para el Movimiento Ciudadano en México, para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y para el excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez.
El 3 de agosto de 2023, una fuente cercana a la administración actual aseguró que Euzen fue contactada para asesorar al Partido Libre en la precampaña que comenzó entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Sin embargo, no se ha obtenido mayor información actualizada y oficial al respecto.
La oposición también ha trabajado en aspectos de comunicación digital con agencias como la mexicana Wish and Win y la colombiana Estrategia & Comunicaciones, a través de las cuales se diseñaron y desarrollaron «campañas de contrapunto».
