A nueve años del asesinato de la defensora del medioambiente Berta Cáceres, aún falta hacer justicia, con uno de los autores intelectuales prófugo y otros cuya responsabilidad en el crimen no ha sido esclarecida ante la justicia hondureña. Mientras tanto, el Gobierno hondureño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que, según indicó a Contracorriente uno de sus miembros, trabajará de manera técnica y legal con el Ministerio Público (MP) para presentar nuevos casos relacionados con el expediente ante los tribunales hondureños.
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen
El 14 de febrero de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un acuerdo para la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ampliará la investigación del crimen contra la defensora del medioambiente Berta Cáceres, en busca de esclarecer la autoría intelectual detrás de su asesinato.
Ricardo Guzmán Loyo, uno de los integrantes del GIEI, explicó a Contracorriente que trabajarán conjuntamente con el Ministerio Público (MP) en asistencia y colaboración técnica y legal, tal como quedó acordado con el fiscal general Johel Zelaya y demás funcionarios del MP, antes de la suscripción del acuerdo.
«La recepción de funcionarios y fiscales que tienen cada uno de los expedientes del caso Berta Cáceres fue de apertura hacia esta colaboración», dijo Guzmán Loyo. Agregó que, aunque el GIEI trabajará durante seis meses y tendrá acceso al expediente del crimen contra Cáceres, será el MP «el responsable de presentar luego los casos ante los órganos correspondientes».
La instalación del GIEI se produce semanas antes de que se cumplan nueve años del asesinato, el próximo 4 de marzo. Cáceres, quien contaba con medidas cautelares de protección otorgadas por la CIDH, era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), y lideraba la oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, llevado a cabo por la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en territorio lenca, a orillas del río Gualcarque.
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A nueve años, la justicia aún tiene deudas por el caso de Berta Cáceres; sus familiares y las organizaciones señalan que aún faltan responsables. Desde 2018, la fiscalía hondureña ha logrado sentencias condenatorias de entre 16 y 50 años de prisión contra ocho personas que participaron material e intelectualmente en el asesinato, incluidos sicarios, un militar del ejército hondureño y exempleados de la empresa DESA —entre ellos su expresidente ejecutivo David Castillo, cuya sentencia fue inicialmente de 22 años de prisión y luego se redujo a 20 años—, pero otros siguen prófugos de la justicia.
Uno de los principales señalados por la fiscalía es Daniel Atala Midence, exgerente financiero de DESA y miembro de la familia Atala, uno de los grupos de poder económico más importantes del país. El 1 de diciembre de 2023 se emitió un requerimiento fiscal en su contra y existe una orden de captura emitida por un juez nacional del circuito de corrupción, criminalidad organizada y medio ambiente, girada ese mismo día. Sin embargo, su ubicación es desconocida desde hace más de un año.
Además de Atala Midence, dentro de la junta directiva de DESA figuraban otros integrantes de esa familia, como José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah, José Daniel Atala Zablah y el banquero Jacobo Atala Zablah, quien hasta el 19 de diciembre de 2024 se desempeñó como presidente ejecutivo del banco BAC Honduras.
El 18 de mayo de 2021, el Copinh publicó la grabación de una conversación entre Jacobo Atala Zablah y David Castillo ocurrida después del crimen. Sin embargo, la fiscalía no ha presentado ningún nuevo requerimiento como parte de la investigación. En reiteradas ocasiones, el Copinh y la familia de Berta Cáceres han señalado a la familia Atala como el «siguiente eslabón» en el crimen contra la defensora del medio ambiente.
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Otras personas que han sido condenadas por el asesinato son Elvin Rápalo, Henry Hernández, Edilson Duarte, Óscar Torres Velásquez, Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez. Aunque algunas de estas sentencias condenatorias han sido apeladas o sus defensas han buscado amparos, las cortes de apelaciones y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia las han desestimado.
Tras la instalación del GIEI, Berta Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres y representante del Copinh, reprochó al Estado hondureño por lo que consideró una justicia incompleta, a casi nueve años de la muerte violenta de su madre.
«Las comunidades no han sido reparadas y los autores intelectuales no han sido investigados ni judicializados», manifestó Zúniga Cáceres, mientras miembros del Copinh exclamaban: «Faltan los Atala».
GIEI, una esperanza en el «país más peligroso» para las y los ambientalistas
El GIEI instalado para el caso de Berta Cáceres es el cuarto en Latinoamérica, explicó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés).
«Le anteceden los grupos conformados para investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México; los crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2018 en Nicaragua; y los hechos de violencia en Bolivia en 2019. En estos casos, los GIEI han posibilitado investigaciones independientes que han permitido revelar la verdad detrás de violaciones a derechos humanos y la responsabilidad de los actores involucrados, aun cuando estos han sido el gobierno y el ejército», indicó CEJIL en un comunicado.
De acuerdo con el informe Voces Silenciadas, publicado el 10 de septiembre de 2024 por la ONG Global Witness, Honduras es el país con más muertes per cápita de personas defensoras del medio ambiente, con 149 muertes contabilizadas entre 2012 y 2023, y el «país más peligroso del mundo para las y los defensores del medio ambiente».
Solo unos días después de la publicación de dicho informe, el 14 de septiembre, fue asesinado Juan López, un defensor del medio ambiente y regidor municipal de Tocoa, Colón, cuando salía de un evento religioso. Al igual que Berta Cáceres, López contaba con medidas cautelares de protección de la CIDH desde 2023.
Por el asesinato de Juan López se ha capturado a cuatro personas, quienes actualmente enfrentan un proceso judicial ante el Juzgado Penal de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente. Según la fiscalía hondureña, estas cuatro personas participaron en la vigilancia, planificación y ejecución del crimen, según pruebas periciales, testimoniales y documentales recabadas por la fiscalía.
El 16 de febrero de 2025, el medio argentino Infobae publicó un reportaje que apunta a Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, Colón, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y defensor de proyectos extractivistas en esa región, como uno de los implicados en el asesinato de López. Lo señala, basándose en información clasificada que corroboró con fuentes judiciales y del Ejecutivo, de haberse reunido con uno de los sicarios apuntados por la fiscalía el mismo día del crimen.
La instalación del GIEI y la acusación contra Fúnez se produjeron solo unos días después de que el Congreso Nacional (CN) aprobara el 11 de febrero la reforma a seis artículos de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales, Operadores de Justicia y Defensores Ambientales.
El Legislativo también declaró el 24 de enero como el Día del Defensor de los Bienes Naturales y Comunes de Honduras, en «reconocimiento a la labor del defensor ambientalista Juan López», y decretó que ese día debe considerarse como «fiesta nacional sin suspensión de labores». Sin embargo, según informes previos obtenidos por Contracorriente a través de fuentes en Tocoa, Colón, Fúnez, uno de los principales señalados por el crimen de López, mantiene estrechos vínculos con Edson Argueta, secretario privado del presidente del CN, Luis Redondo.
