Texto y fotografías: Fernando Destephen
Sindicalistas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) mantienen una protesta desde el lunes 10 de febrero porque «no se les ha respetado» el contrato colectivo, y las negociaciones se han alargado desde hace dos años. Según Edgar Padilla, miembro del sindicato, ya agotaron todas las instancias, lo que les llevó a convocar la huelga.
El martes 11 de febrero, en el noveno día de la protesta, los empleados en huelga escuchaban música cristiana mientras los militares custodiaban los accesos al edificio principal y otras áreas del Infop. Por ley, los militares son responsables de resguardar el material electoral para las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025. Algunos hangares dentro del Infop, ubicados en la colonia Miraflores de Tegucigalpa, han sido cedidos al Consejo Nacional Electoral (CNE) para actividades relacionadas con los comicios.
Sin embargo, esta medida ha restringido el acceso de los empleados a esos espacios, lo que se ha convertido en uno de los puntos de la huelga. Según la dirigencia sindical, el auditorio fue entregado a las autoridades del CNE y los militares antes de lo previsto, reduciendo el espacio disponible para las clases que imparte el Infop. A pesar de las protestas, la dirección de la institución sostiene que esta situación no afecta el desarrollo de los cursos de formación. Como resultado, dos años de negociaciones se estancaron y los empleados fueron llamados a huelga.
Desde entonces, ha habido algunos picos de violencia; por ejemplo, la noche del 11 de febrero colectivos de activistas del Partido Libertad y Refundación llegaron al lugar para hostigar e intimidar a los trabajadores.
Otro motivo de descontento entre los sindicalistas es la denuncia sobre un sobregiro en los viáticos para el director y su equipo ejecutivo, sin que esto haya resultado en mejoras para la institución. «Estos viajes no aportan nada a la institución, solo generan más deudas», señalaron.
Ante estas acusaciones, Carlos Suazo, director del Infop, explicó que las demandas del sindicato son «meramente administrativas» y que «no les compete a ellos como sindicato». Entre las exigencias, mencionó la restitución de una trabajadora a la que calificó como «paracaidista». También cuestionó la legalidad de la toma, afirmando que ocurrió «de la noche a la mañana».
«Tiene que haber todo un procedimiento, y ellos evadieron todo el proceso. Para mi sorpresa, el lunes amanecieron tomadas todas las regionales a nivel nacional», agregó. Sobre el tema de los espacios físicos cedidos al CNE, el director del Infop contestó que eso no ha impedido el desarrollo de las clases.
El jueves 13 de febrero se registraron tres despidos por abandono del puesto de trabajo. Sin embargo, Antonio Díaz, uno de los despedidos, quien es el presidente del Sindicato de Trabajadores del Infop (Sitrainfop), aseguró que estos fueron realizados al margen de la ley.
Aunque medios de comunicación informaron este jueves 13 de febrero que se estaban retomando actividades en la institución, el 14 de febrero por la mañana medios de comunicación informaron que 40 trabajadores habían sido citados a audiencias de descargo; sin embargo, las autoridades del Infop apuntaron que no hay audiencias de descargo, sino que llegó un inspector del Ministerio de Trabajo y levantó un acta de constatación para verificar que los empleados se encuentran en su puesto.
La crisis en el Infop se desarrolla en un ambiente de división: algunos empleados respaldan las medidas de protesta, mientras que otros se oponen; algunos estudiantes continúan recibiendo clases en medio de la confrontación y la música, mientras los militares custodian los accesos del instituto, que también es utilizado como parte de la logística para las elecciones primarias del próximo 9 de marzo.
