El gobierno ha declarado una lucha contra las élites económicas, pero el Servicio de Administración de Rentas (SAR) ha suspendido desde 2022 las auditorías de fiscalización tributaria, a pesar de que mantiene un costoso Departamento de Auditoría Tributaria, con más de 90 empleados. Esta medida, adoptada bajo la gestión de Marlon Ochoa, genera preocupación en expertos en derecho tributario, pues deja a las empresas en una especie de «amnistía factual» y pone en duda la efectividad de las transformaciones del sistema fiscal prometidas por la administración de Xiomara Castro.
Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC
Aunque el gobierno que preside Xiomara Castro ha promovido una narrativa contra las élites económicas y la falta de transparencia fiscal, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) ha suspendido desde 2022 todas las auditorías de fiscalización tributaria, mientras mantiene un Departamento de Auditoría Tributaria con más de 90 empleados en su planilla y una erogación mensual de tres millones de lempiras en salarios.
El 22 de marzo de 2022, una de las primeras medidas adoptadas durante la gestión de Marlon Ochoa como director del SAR fue suspender las órdenes de inicio de fiscalización y auditorías, según consta en el memorando SAR-DAT-DNCT-118-C-2022, al que tuvo acceso Contracorriente. La suspensión de estas auditorías fue confirmada por varias fuentes, incluido un exfuncionario del SAR, un representante del sector privado y abogados especializados en derecho tributario. Una de las fuentes manifestó que la institución recaudadora de tributos ha dejado de efectuar las auditorías bajo el argumento de que la fiscalización debe ser «voluntaria y no coercitiva».
Según indicaron otras fuentes, incluyendo abogados especializados en derecho tributario y representantes del sector privado, otro argumento utilizado por el SAR para suspender estas auditorías fue que debían esperar a que el Congreso Nacional (CN) aprobara la Ley de Justicia Tributaria —que no ha sido dictaminada desde abril de 2023—, con el objetivo de enfocarse en las empresas amparadas en regímenes de exoneración fiscal. De acuerdo con el SAR, alrededor de 1,600 empresas se encuentran dentro de estos regímenes.
Sin embargo, la suspensión de estas auditorías o fiscalizaciones ha dejado en una «amnistía factual» a medianas y grandes empresas, de acuerdo con los expertos consultados. «Esto es totalmente contradictorio a lo que el gobierno ha expresado sobre estar en contra de las élites», indicó otra fuente, que igualmente solicitó anonimato y cuestionó la «doble narrativa gubernamental».
El decreto ejecutivo 084-2015 —mediante el cual se creó el SAR—, en su artículo 3, establece que esta institución tiene entre sus atribuciones fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como requerir de terceros públicos o privados la información contable, financiera, bursátil, registral y de cualquier índole necesaria para el cumplimiento de funciones investigativas, de control y fiscalizadoras establecidas en el Código Tributario y demás leyes.
Por otro lado, el artículo 125 del Código Tributario faculta al SAR para realizar auditorías de fiscalización tributaria mediante notificaciones al sujeto tributario, asegurando un proceso detallado que incluye cronologías, hallazgos y la resolución de objeciones. Estas auditorías permiten identificar posibles irregularidades, como la existencia de activos no registrados, lo que faculta a los auditores a solicitar autorización judicial para garantizar el resguardo de documentos bajo la supervisión de un juez competente.
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El proceso de auditoría tributaria debe concluir en un plazo máximo de ocho meses, aunque puede extenderse en casos complejos, o si se descubre que el sujeto tributario ha ocultado actividades económicas, según el código referido.
Para el economista Obed García, el hecho de que el SAR mantenga en suspenso las auditorías de fiscalización tributaria o cualquier acción de fiscalización atenta contra su razón de ser, además de que viola el Código Tributario y atenta contra el Estado de derecho.
«El SAR está obligado a tener un rol fiscalizador a través de las auditorías a las distintas instituciones del sector privado que declaran ingresos, producen renta y deben cumplir con las leyes y demás marcos normativos», manifestó.
García agregó que la decisión de suspender las auditorías tributarias se tomó a pesar de que no se ha reformado el Código Tributario, cuyo artículo 125 establece qué consecuencias conlleva el incumplimiento. Dicho artículo estipula que, además de sanciones económicas, el sujeto tributario puede enfrentar ajustes fiscales y la pérdida de beneficios legales. Si los auditores obtienen pruebas contundentes, se emite un acta final que el fiscalizado debe firmar. En caso de que el sujeto tributario no la firme, el acta deberá ser notificada por vías físicas o electrónicas, sin que ello afecte su validez.
«¿De qué sirve tener un código, una ley, una Constitución, si nadie vigila su cumplimiento? Es simple», cuestionó García.
Contracorriente envió el 19 de diciembre de 2024 un cuestionario a la directora del SAR, Mariana Ríos. Además, el 10 de enero de 2025 efectuó la solicitud de información SOL-SAR-908-2025 y trató de contactar a la directora del Departamento de Auditoría Tributaria, Nelsy Rivera, para conocer los resultados de las auditorías realizadas a empresas sujetas tributarias entre 2022 y 2024, además de conocer qué labores hace este departamento mientras las auditorías están en pausa. Hasta la fecha de publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta por ninguna vía.
Robusta planilla salarial
A pesar de que se ha retirado a los sujetos tributarios la obligatoriedad de ser fiscalizados, el Departamento de Auditoría Tributaria sigue funcionando con una planilla numerosa. Según verificó Contracorriente en el portal de transparencia del SAR, dicho departamento, cuya directora es Nelsy Rivera, cuenta con 80 analistas de auditoría tributaria, con salarios que oscilan entre 27,000 y 32,500 lempiras, ocho especialistas con sueldos de entre 32,000 y 38,000 lempiras, y seis jefes de departamento, con remuneraciones que van de 40,500 a 57,500 lempiras. La directora del departamento percibe un salario de 67,000 lempiras.
Obed García cuestionó que el Departamento de Auditoría Tributaria represente una erogación anual de aproximadamente 42.3 millones de lempiras, incluyendo salarios y beneficios adicionales como decimotercero y decimocuarto salarios, para una oficina que no está fiscalizando adecuadamente a las empresas.
«Debemos reflexionar sobre la productividad del gasto público. ¿Cómo es posible tener un presupuesto destinado a oficinas de auditoría que no cumplen con su labor de fiscalización?», señaló García.
Según información conocida por Contracorriente, el equipo del Departamento de Auditoría Tributaria del SAR se ha limitado desde 2022 a realizar auditorías de gabinete o escritorio y, en caso de encontrar irregularidades, efectuar auditorías in situ. También han elaborado manuales y guías para la Dirección Nacional de Cumplimiento Tributario (DNCT).
«Si bien la política de fiscalización es una atribución discrecional del SAR, resulta inaudito que en tres años no se haya ejecutado una de sus funciones principales. Además, se está incurriendo en un posible mal uso de los recursos públicos al destinar fondos al pago de salarios de auditores que, durante este período, han permanecido prácticamente inactivos y se han limitado a elaborar manuales. Esta situación no genera ningún aporte productivo al país ni contribuye a modificar los patrones de comportamiento de los contribuyentes evasores», señaló otra de las fuentes consultadas.
¿Y la Ley de Justicia Tributaria?
El 9 de enero de 2025, tras anunciar que en 2024 se obtuvo una recaudación tributaria superior a los 98,000 millones de lempiras, la directora del SAR, Mariana Ríos, exigió al Congreso Nacional (CN) la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, cuyo anteproyecto de decreto no ha sido dictaminado desde que el Ejecutivo lo remitió el 26 de abril de 2023.
«Este 2025 seguiremos exigiendo al Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, no solo para aumentar significativamente la recaudación, sino también para impulsar un modelo progresivo de tributación justo y equitativo, en el que quienes tienen mayores ingresos paguen más impuestos», dijo la funcionaria.
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La propuesta de la Ley de Justicia Tributaria busca eliminar 10 regímenes de exoneración fiscal de los 18 actualmente vigentes. Entre los regímenes que desaparecerían se encuentran zonas libres, régimen de importación temporal, call centers, energía renovable, energía térmica, agroindustrial, fomento al turismo, transporte terrestre, Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (Zolitur) y alianza público-privada. Las empresas inscritas en estos regímenes podrán mantener los beneficios otorgados hasta completar el período previamente acordado, pero no se admitirán nuevas incorporaciones.
En contraste, la ley propone la creación de dos instrumentos para fomentar, según el gobierno, la inversión local y extranjera. El primero es el régimen de incentivos para las inversiones para el desarrollo, administrado por el SAR, y el segundo, el régimen de zonas francas, a cargo de la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas), diseñado para fomentar la competitividad y atraer inversión directa bajo términos específicos.
Sin embargo, el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria no ha sido dictaminado en el CN, mientras el Gobierno y la empresa privada mantienen una confrontación. El primero asegura que los regímenes de exoneración fiscal ponen a Honduras en riesgo de convertirse en un «paraíso fiscal», mientras el segundo argumenta que la eliminación de la mayoría de ellos desalienta la inversión local y extranjera.
